Sentencia de casación 7582 de marzo 11 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO O CONTRATO

RECONOCIMIENTO OFICIOSO

EXTRACTOS: «1. Cuando en la formación de un contrato se han subestimado exigencias legalmente impuestas para dotarlo de validez, cuya inobservancia se sanciona con la nulidad absoluta del respectivo pacto, el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, atribuye al juez no solo la potestad, sino el deber de privarlo de la eficacia normativa que por principio le corresponde, declarando la nulidad absoluta del mismo, aun sin petición de parte, siempre que “...aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, según lo declara textualmente la norma.

La previsión legal en comentario consagra una aplicación particular del principio inquisitivo, en tanto autoriza la oficiosidad del juez, atribución cuya justificación se halla en el fundamento mismo de tal especie de nulidad, establecida como se sabe en interés de la moral, el orden público y el respeto debido a las normas de carácter imperativo, postulados cuya protección no puede quedar sometida exclusivamente a la iniciativa particular, como ocurriría si el aniquilamiento de los negocios jurídicos que los contrarían solo pudiere declararse a ruego suyo.

Empero, como desde antaño lo ha venido exponiendo la doctrina de la Corte, ese poder excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad negocial, está sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra y que la corporación ha identificado así: “... 1) Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, demuestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 2) Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derecho u obligaciones para las partes; y 3) Que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron” (G.J. t. CLXVI, pág. 631). Criterio que ha reiterado entre otras, en sus sentencias del 10 de octubre de 1995, 10 de abril de 1996 y 20 de abril de 1998.

2. En el asunto sub exámine, el Tribunal declaró oficiosamente la nulidad absoluta de la promesa de compraventa materia de la pretensión resolutoria, pues consideró que en ella se ignoró el requisito exigido por el artículo 89-4 de la Ley 153 de 1887, porque el contrato prometido no se determinó plenamente, habida cuenta que el inmueble objeto del mismo no se identificó por sus linderos generales y especiales.

Expuso al efecto que de acuerdo con lo estipulado en su cláusula primera, “...los comparecientes a ese acto estructuraron el negocio jurídico sobre una bodega” cuya alinderación consignaron sin tener en cuenta los puntos cardinales. Agregó que “...de atender al certificado de tradición esos límites no corresponden a los que aparecen inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria que figura al folio 6 del cuaderno principal”, verificación a partir de la cual dedujo que “...lo prometido en venta fue una porción de un lote de mayor extensión en el cual se había construido la mencionada bodega, lo que se reafirma al leer el contexto de la respuesta a la demanda y específicamente al fundamentar el medio exceptivo propuesto”.

Sobre esa base concluyó que “...la promesa carece de una de las condiciones requeridas para su validez al omitirse la ubicación del bien por sus linderos generales y especiales, por lo que no produce obligación alguna y deviene, por consiguiente, absolutamente nula, (...) como así será declarado con las consecuencias que tal declaración apareja”.

3. Como se aprecia sin dificultad, olvidando que el poder legalmente reconocido al juzgador para declarar la nulidad absoluta de un negocio jurídico está supeditado a que el vicio que la origina “...aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, es decir, se perciba a simple vista, el sentenciador declaró la nulidad absoluta de la promesa de compraventa materia de la pretensión resolutoria por un vicio que no aparece manifiesto, ya que para verificarlo hubo de acudir a otras piezas probatorias y procesales, como el certificado de tradición del inmueble prometido en venta y la respuesta a la demanda, circunstancia que de suyo descartaba la procedencia de la declaratoria ex officio, por ausencia de las condiciones positivamente requeridas para habilitarla.

Por tal razón, como anota la censura, al proceder en la forma indicada el Tribunal infringió por falta de aplicación el artículo 1742 del Código Civil, norma que reglamenta el ejercicio del poder que viene considerándose, y como adicionalmente tal yerro fue determinante de la decisión, pues es indubitable que de haber acatado el régimen legal señalado, no habría declarado la ineficacia del susodicho pacto.

4. Ahora bien, con independencia de considerar si el inmueble objeto del contrato se encuentra determinado, punto que ni siquiera las partes discutieron en el proceso, lo cierto es que en el evento de tenerse que examinar la validez y eficacia del contrato de promesa de compraventa objeto de la pretensión, tampoco era dable, no obstante la presencia de todas las partes en el proceso, dar paso oficioso a la excepción de mérito, porque como quedó explicado, aun para esta opera la exigencia de que el defecto debe aparecer “de manifiesto en el acto o contrato”, pues no existe razón jurídica que justifique un tratamiento diverso, dado que el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 no hace ninguna distinción. Por lo demás, para efectos del presente análisis es importante tener en cuenta que el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, mantuvo la limitación al poder oficioso del juez para reconocer excepciones de mérito que establecía el artículo 343 del Código Judicial (L. 105/31). De suerte que el juez contaba con esta facultad oficiosa, pero limitada en cuanto a la prescripción que debía ser alegada, según los términos del artículo 343, y la nulidad absoluta del acto o contrato, que solo podía reconocerse de oficio cuando aparecía de manifiesto el motivo en el acto o contrato, según el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que en el punto mantuvo la potestad que había sido restablecida por el artículo 15 de la Ley 95 de 1890, ya que el artículo 90 de la ley 153 de 1887, había suprimido la facultad que originalmente había sido consagrada por el señor Bello en el artículo 1742 del Código Civil.

Por supuesto que la limitación en cuanto se refiere a la nulidad absoluta sobrevivió en el Código de Procedimiento Civil, no solo porque el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, no fue derogado, sino porque el artículo 306 de este estatuto en términos generales guarda correspondencia con su homólogo del Código Judicial (art. 343), en tanto estatuye por vía de principio general la oficiosidad del juez para reconocer excepciones de mérito probadas mas no alegadas, salvo los casos expresamente exceptuados.

En conclusión, tratándose de la nulidad absoluta de un acto o contrato, su reconocimiento oficioso solo procede, si el motivo aparece de manifiesto en el acto o contrato, como lo indica el artículo 2º de la Ley 50 de 1936. En caso contrario, es decir, cuando la causal de nulidad se construye al margen del acto o contrato, o sea mediante el auxilio de otras pruebas, su prosperidad procesal pende de la alegación de la parte interesada, bien para que el juez se pronuncie expresamente en la sentencia sobre la anomalía, con todas las consecuencias que le son propias, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en el acto o contrato, ora para que en caso contrario solo dé cabida a la declaración de la excepción como lo expone el inciso final del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

En igual sentido se expresa la doctrina:

“En efecto, se repite que la actuación oficiosa de los jueces para pronunciar en concreto la declaración de las nulidades absolutas está circunscrita a los casos en que estas aparezcan de manifiesto en el acto o contrato, lo que supone, en primer lugar, que dicho acto o contrato esté sub judice, o sea, que haya sido traído a un proceso en el que se pretenda su validez, pues sería extravagante pensar que la facultad y el deber de los jueces pudiesen llegar hasta imponerles a estos la obligación de pesquisar extrajuicio los actos con objeto o causa ilícitos, con deficiencias formales, o celebrados por incapaces absolutos. En segundo lugar, la causal de nulidad absoluta debe ser manifiesta, vale decir, patente, ostensible, evidente, de modo tal que para establecerla el juez no tenga que ocurrir a otros actos o medios probatorios distintos” (Ospina Fernández Guillermo, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, Ed. Temis, 6ª edición, págs. 452-453, destacado fuera del texto).

5. En este orden de ideas, como se anotó, claramente se verifica el yerro jurídico del Tribunal, puesto que para proceder al decreto oficisioso de nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa, no se detuvo en el contrato, sino que procedió a integrar para los efectos del análisis correspondiente, otros medios de prueba que fueron los que lo llevaron a concluir que el bien objeto de la negociación no había sido identificado. De manera que el error determinante de la decisión se radicó en la inaplicación del artículo 2º de la Ley 50 de 1936, pues haciendo caso omiso de la exigencia de que la nulidad debe aparecer “de manifiesto en el acto o contrato”, el Tribunal procedió a integrar con el cuerpo del contrato los citados medios probatorios (certificado de registro del bien y respuesta a la demanda), para así descubrir la nulidad que a la postre declaró.

6. El cargo, en consecuencia, resulta fundado».

(Sentencia de casación, 11 de marzo de 2004. Expediente 7582. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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