Sentencia 12371 de febrero 8 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Radicación: 76001-23-24-000-1998-0960-01-12371

Actor: Leading Technologies Corporation

Devolución - IVA IV bimestre 1992

Fallo

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde en la instancia decidir sobre la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la Administración de Impuestos Nacionales delegada de Palmira, impuso a la sociedad Leading Tecnologies Corporation, sanción por improcedencia de la devolución del saldo a favor determinado en su declaración de ventas correspondiente al 4º bimestre de 1992.

Advierte la Sala en primer término, que la objeción hecha por la recurrente respecto a la insuficiencia del poder otorgado por la parte demandante como impedimento para un pronunciamiento de fondo, no sólo resulta extemporánea al no haber sido propuesta en la oportunidad procesal prevista para el efecto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, sino que además evidencia un desconocimiento de la realidad fáctica del proceso, pues de una parte, las resoluciones que son objeto de la demanda corresponden a los números 0047 de febrero 13 de 1997 y 0010 de febrero 26 de 1998, y no a las resoluciones 00167 y 000252 que cita la apelante, y por otra, porque el escrito contentivo del poder obrante a folio 1 del cuaderno principal, es expreso en cuanto al señalamiento de los actos sobre los cuales versa la acción incoada.

Sobre el análisis de fondo proceden las siguientes consideraciones:

Dispone el artículo 8º del Decreto 971 de 1993, por el cual se modifica parcialmente el régimen de zonas francas:

"ART. 8º—Definición de exportación: Salvo en lo relativo a los incentivos crediticios aplicables a las exportaciones, para efectos de los incentivos tributarios se considera exportación la introducción a las zonas francas industriales, de bienes de capital, materias primas, elementos de dotación y en general toda clase de bienes que se encuentren en libre disposición en el resto del territorio nacional, con destino a ser utilizados o procesados dentro de la respectiva zona.

Solo para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o crédito para exportar, se considera exportación final la venta y salida a mercados externos de los bienes y servicios producidos en las zonas francas industriales del país.

(…).

PAR. 3º—La introducción de los bienes de que trata el presente artículo requiere del documento de exportación para zona franca industrial expedido por la aduana. Este documento se legalizará siguiendo el procedimiento simplificado que para tal efecto se establezca".

De acuerdo con los términos de la norma parcialmente transcrita, está claro que la definición de exportación tratándose del régimen aplicable a las zonas francas industriales, está referida a las operaciones consistentes en la introducción a dichas zonas, de bienes ubicados en el resto del territorio nacional, con el fin de ser utilizados o transformados en ellas. Es decir, que quien realiza la operación que la norma define como exportación, es el proveedor ubicado en el territorio nacional y no el usuario aduanero industrial, por lo que no tiene este último el carácter de exportador en las operaciones destinadas a introducir a las zonas francas industriales, bienes que se encuentran en libre disposición en el resto del territorio nacional.

De otra parte, según la misma norma, se considera exportación definitiva la operación en virtud de la cual el usuario de zona franca vende con destino a los mercados externos, los bienes producidos en zona franca, pero sólo para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o crédito para exportar.

Ahora bien, según el artículo 481 del estatuto tributario, "Únicamente conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución de impuestos:

a) Los bienes muebles corporales que se exporten;

b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado", y

c) (...)".

Como se observa, de acuerdo con la ley, tienen la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, todos los bienes corporales muebles destinados a la exportación, ya sea directamente o a través de sociedades de comercialización internacional, una vez transformados. De manera que, atendiendo a lo que la norma aduanera define como exportación, son exentos del impuesto sobre las ventas los bienes exportados por los proveedores ubicados en el territorio nacional con destino a las zonas francas industriales.

En concordancia con la anterior disposición está el artículo 850 del mismo estatuto, en cuanto reza:

"ART. 850.—Devolución de saldos a favor. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldo a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor.

PAR.—Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas la devolución de saldos a favor originados en la declaración del impuesto sobre las ventas, sólo podrá ser solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de que trata el artículo 481, y por aquellos que hayan sido objeto de retención".

Según la norma, dos son los eventos en que surge el derecho a solicitar devolución del impuesto sobre las ventas, el primero hace relación a los saldos a favor que se originan en las declaraciones tributarias, en cuyo caso, sólo puede ser solicitada por los responsables de los bienes de que trata el artículo 481, es decir, por quienes tienen la calidad de exportadores, que para el caso de las operaciones de exportación con destino a las zonas francas industriales, es el proveedor ubicado en el territorio nacional. El segundo se refiere al derecho que asiste a los contribuyentes de solicitar los pagos en exceso o de no debido, efectuados por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera fuere el concepto de pago.

Según la misma recurrente, no era procedente el cobro y pago del impuesto sobre las ventas sobre los bienes exportados por los proveedores nacionales con destino a la zona franca industrial de la que es usuaria la actora, en virtud del carácter exento que a tales bienes atribuye el artículo 481, luego si está demostrado, que el IVA generado en tales operaciones fue efectivamente cobrado por el proveedor, y pagado por la sociedad actora, en su calidad de usuaria de la zona franca industrial, aun cuando, el saldo a favor que fuera objeto de devolución se hubiera originado en una declaración de ventas presentada por el cuarto bimestre de 1992, no por ello puede negarse el derecho sustancial que asistía a la actora para solicitar la devolución del IVA pagado, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 850, procede igualmente la devolución del pago de lo no debido, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor.

En efecto, sin que se reconozca a la actora la calidad de exportadora con derecho a devolución, en relación con las operaciones que dieron origen a impuesto a las ventas descontado por ella, pues está claro que en virtud de las disposiciones aplicables al régimen de zonas francas industriales aplicable a la época de los hechos, no tiene tal carácter, si debe aceptarse, porque así lo prevén las normas tributarias, el derecho que le asiste a que le sea reintegrado a través del mecanismo de la devolución, el IVA pagado, máxime cuando no está en discusión la realidad del pago, ni la ausencia de otros requisitos formales que hagan viable tal reconocimiento.

Ahora bien, ante la ausencia de reglamentación del parágrafo 3º del artículo 8º del Decreto 971 de 1993, en la que se señalará el procedimiento aplicable a la introducción de bienes a las zonas francas industriales, no puede argumentarse válidamente, que por no reunir tales operaciones los requisitos previstos para las exportaciones de bienes destinados a mercados externos, deba desconocerse el carácter de exportación de aquellas, toda vez que es por disposición de la misma norma, que tales operaciones se definen como exportaciones, independientemente de que se sujeten o no a un procedimiento simplificado que difiera en cuanto a los requisitos formales previstos para las demás operaciones de exportación. Además, de acuerdo con lo antes expuesto, tal argumentación resulta irrelevante, tratándose de definir la viabilidad de la devolución que diera origen a la sanción objeto de discusión.

Tampoco se trata de hacer extensivos al impuesto sobre las ventas los beneficios tributarios consagrados en los decretos 2131 de 1991, artículos 53 a 58 y 971 de 1993 artículos 27 a 33, para los usuarios de zonas francas industriales en relación con las operaciones de venta a mercados externos, los cuales se concretan al impuesto de renta y complementario de remesas y retención en la fuente, pues en lo referente a los bienes destinados a la exportación, como se dejó precisado, son las normas tributarias las que consagran la exención del impuesto a las ventas, y es en virtud de dicha exención que se otorga a los exportadores el derecho a la devolución del gravamen.

Acerca de la definición de exportación contenida en el artículo 39 del Decreto 2233 de 1996, por el cual se establece el régimen de las zonas francas industriales de bienes y servicios, si bien asiste razón a la recurrente, en cuanto a que tal disposición no es aplicable al caso bajo análisis, no por ello se justifica el proceder administrativo al calificar de improcedente la devolución que diera origen a la sanción discutida.

En efecto, según consta en el proceso, las operaciones que generaron el impuesto a las ventas objeto de la devolución, fueron realizadas en los meses de agosto y septiembre de 1992, esto es antes de que entrara en vigencia el Decreto 2233 de diciembre 7 de 1996, luego mal podrían considerarse las definiciones allí contenidas, tratándose de establecer la procedencia o no de la devolución.

Así las cosas, si bien el artículo 39 del citado decreto, "…considera exportación, para efectos de las normas de origen, de los convenios internacionales, del crédito para exportar y para la exención contenida en el estatuto tributario en los artículos 479, 481 literales a) y e), la venta y salida a mercados externos de los bienes producidos, transformados, elaborados o almacenados, por los usuarios industriales de bienes y comerciales, o la prestación de servicios a mercados externos, según el caso, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente decreto", no podría en el caso bajo análisis acogerse tal definición para atribuir a la sociedad actora la calidad de exportadora y con base en ella, el derecho a solicitar la devolución del impuesto a las ventas originado en las operaciones que antecedieron a la vigencia de dicha disposición, en virtud del principio de irretroactividad de la ley.

En conclusión, estando demostrado el derecho que asistía a la actora para solicitar la devolución del IVA pagado con ocasión de la introducción de bienes y servicios a la zona franca industrial, en su calidad de usuaria de la misma, resulta improcedente la sanción impuesta mediante los actos acusados, debiendo en consecuencia declararse la nulidad de los mismos, tal como se decidió en el fallo objeto de apelación. Por ello, procede en la instancia su confirmación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Se reconoce a la doctora Martha Liliana Campos Peña como apoderada de la Nación, en los términos del poder que obra a folio 172 c.p.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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