Sentencia 9750 de febrero 4 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 76001-23-24-000-23695-011-9750

Actor: Emcali-ElCE. C/Sena

Aportes vigencias de 1991 a 1994

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., febrero cuatro de dos mil.

EXTRACTOS:«Se debate la oportunidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (CCA, art. 85) instaurada por las empresas municipales de Cali, y que a juicio de los recurrentes, debió culminar con decisión de fondo, al estimar que el conteo del término de caducidad debió efectuarse a partir de la ejecutoria del acto acusado, al resultar fallida por extemporánea la interposición del recurso facultativo de reposición indicado allí como procedente.

En relación con el término de caducidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 136 ibídem, (conforme a su texto antes de la modificación introducida por la L. 446/98), dispone que “la de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto según el caso .... Si el demandante es una entidad pública la caducidad será de dos años”. (Destaca la Sala).

Respecto del conteo de términos para el ejercicio de la acción de que se trata, de la disposición se desprende que no todos los actos administrativos susceptibles de ser impugnados en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se dan a conocer de la misma forma, esto es, indistintamente a través de la notificación, publicación y ejecución, sino que por el contrario, el código de la materia regula tales fenómenos y que el legislador distingue para cada evento la forma en que respecto de los actos se deba cumplir el principio de la publicidad.

Desde luego que no es lo mismo “ejecución” del acto que “ejecutoria” del acto, fenómenos que son distintos, pues el primero hace relación al medio de publicidad y el segundo a su firmeza. Sobre el primero, es sabido que hay algunas decisiones que no se notifican, ni se publican, sino que directamente se ejecutan, por ejemplo los actos de insubsistencia dictados en desarrollo de facultades de libre nombramiento y remoción.

Resulta claro entonces, que el artículo 136, vincula el conteo del término de caducidad al medio por el que se haya dado a conocer al interesado la decisión, en el sub lite, a través de su “notificación”, noción que no puede extenderse a la de su “ejecutoria”, como lo pretende el recurso.

Aplicado lo anterior, a juicio de la Sala, la decisión del Tribunal deberá ser confirmada, en tanto se advierte que no le asiste la razón a los recurrentes al contar el término de caducidad para el ejercicio de la acción, desde la ejecutoria del acto liquidatorio, y no desde el día siguiente de su notificación, como lo dispone la norma, error en el cómputo de términos que los conduce a concluir el cumplimento del citado presupuesto procesal de la acción.

En efecto, en el asunto concreto, observa la Sala que al no haber sido atendida la citación efectuada al representante legal de la hoy actora, para surtir en forma personal la notificación de la Resolución 327 del 16 de mayo de 1995, la misma quedó notificada por edicto fijado el 26 de mayo y desfijado el 9 de junio, ambas fechas de 1995, (fl.2, vto.) pues cuando se utiliza este medio de notificación, ésta se entiende surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Como el acto disponía la procedencia del recurso de reposición y éste resultó interpuesto extemporáneamente y por tal motivo fue rechazado (Res. 537 jul.16/95), en decisión por demás no controvertida ante la jurisdicción, el término de caducidad empezó a correr al día siguiente de la notificación del acto definitivo, ésto es, el día 10 de junio de 1995.

Como quiera que la demanda fue interpuesta ante el Tribunal el 13 de junio de 1997, resulta obligado concluir que su presentación no fue oportuna, vale decir, dentro de los dos años siguientes a la notificación de dicho acto y atendiendo al término de caducidad consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, el que la demanda haya sido admitida por inadvertencia, cuando debió inadmitirse, no implica que por ello el juez quede atado indefectiblemente a proferir decisión de fondo, pues el incumplimiento del presupuesto procesal de la acción, como es el de la caducidad, si bien por economía procesal debe ser valorado desde el principio, para evitar el desgaste de jurisdicción que implica un fallo inhibitorio y que en ocasiones, cuando es punto de litis que (no es el evento en este asunto), no puede definirse al resolver sobre la admisibilidad formal de la demanda, no habilita al juez para decidir de fondo, máxime si se recuerda que la caducidad, puede ser declarada de oficio o a petición de parte en la sentencia, pues su alegación constituye un medio defensivo que debe decidirse en esta oportunidad, como ha acaecido en este asunto.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería al doctor Gustavo Median Huertas para representar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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