Sentencia 9336 de mayo 7 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 76001-23-25-000-22724-01-9336.

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Actor: Fibroinfinita de Colombia Ltda.

Impuesto ventas - Vl BIM. 1990.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., mayo siete de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Se debate si la liquidación oficial de revisión practicada a la actora por el sexto bimestre de 1990, quedó legalmente notificada por el hecho de su introducción al correo dirigido a la última dirección informada por la actora y si el acto liquidatorio fue oportuno o extemporáneo.

En materia de la notificación de los actos administrativos expedidos por la administración tributaria, las normas que regulan el procedimiento tributario para surtirla, los artículos 563, 564, 565, 566, 567 y 568 del estatuto tributario, disponen:

“ART. 563.—Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

(...)”.

“ART. 564.—Dirección procesal. Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración deberá hacerlo a dicha dirección”.

“ART. 565.—Formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

(...)”.

“ART. 566.—Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”.

“ART. 567.—Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada. Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta.

En este último caso los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en debida forma.

La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y otros comunicados”.

“ART. 568.—Notificaciones devueltas por el correo. Las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

Sea lo primero advertir que la discusión planteada en torno a si fue “correcta” la dirección tomada por la administración para efectos de la notificación del acto liquidatorio, es asunto superado conforme a la conducta procesal asumida por la sociedad en la vía gubernativa, puesto que en el memorial del 5 de diciembre de 1994, en el que solicitó la restitución de términos para recurrir el acto liquidatorio, expresamente adujo que “la liquidación oficial que impugnó, a pesar de llevar dirección correcta, no fue entregada en la dirección anunciada en la liquidación privada ... sino en la inspección de policía de Candelaria...”.

Además de lo precisado, estima la Sala que la administración en principio observó las normas procedimentales que gobiernan la notificación de los actos administrativos en cuanto dirigió el envío a la dirección correcta, pues se tiene por acreditado en el proceso que el envío contentivo de la liquidación oficial fue dirigido a la última dirección informada por la sociedad, esto es, a “Hacienda Villagorgona-Candelaria”, vale decir, a dirección correcta, como ella misma lo alegó en la solicitud de restitución de términos para recurrir, y que era la única a la cual podía la administración remitirle el acto, pues el hecho de que la sociedad adicionalmente citara el número de su apartado aéreo, no implicaba para la administración la obligación de notificar el acto a “toda” las direcciones, como quiera que dirigido el envío a una de las suministradas satisface la previsión del artículo 566 del estatuto tributario.

Como pasa a verse, asunto distinto es la eficacia que pueda otorgársele a la notificación, por irregularidades surgidas en el procedimiento de entrega del envío que impiden el conocimiento oportuno del administrado del acto materia de notificación y sus efectos jurídicos vinculantes.

Se encuentra acreditado en autos y constituye un hecho no discutido por la demandada, que el acto liquidatorio fechado el 13 de enero de 1994, e introducido al correo Planilla 10 del mismo día, para el 23 de mayo de 1994, conforme al sello que ostenta, aún se encontraba en poder de las oficinas del correo y que el mismo fue dejado no en la dirección a la que estaba dirigido sino en sitio diferente, la inspección de policía del municipio de Candelaria, conforme lo certificó el inspector así:

“Que este despacho con fecha aproximadamente mayo 30 de 1994 recibió un correo postal procedente de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali en el mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con destino a la sociedad Fibroinfinita de Colombia; Ltda.

Como aquí no se acostumbra a recibir correo para ninguna empresa, el citado documento permaneció en esta oficina hasta el día 4 de octubre de 1994, fecha en que un empleado de la sociedad lo recogió”.

De acuerdo con lo anterior, cabe deducir que si bien es cierto el envío no fue devuelto por el correo, no lo es menos que la notificación del acto liquidatorio no se surtió en la fecha de su introducción y que tal irregularidad no se originó en circunstancias atribuibles a la sociedad actora, sino a las oficinas de correo.

La sección en varias oportunidades se ha pronunciado sobre el tema de la eficacia de la notificación postal, en el sentido de que la ley crea una presunción “juris tantum” susceptible de ser desvirtuada con prueba contraria.

En el sub lite, los hechos son contundentes en demostrar la imposibilidad de la notificación en la fecha de introducción al correo del envío contentivo de la liquidación oficial del 13 febrero de 1994 y por ende en la inaplicabilidad del precepto que enseña “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” (art. 566). En efecto, mal puede conferirse efecto jurídico de presunción de notificación hecha el 13 de febrero de 1994, día de la introducción al correo del acto liquidatorio practicado por la DIAN, pues si bien es cierto la administración atendió la obligación de efectuar el envío a la dirección correcta, en realidad no se cumplió la finalidad de la diligencia de notificación, esto es, que el administrado se enterara del acto proferido y por ende desde tal fecha creara vínculo jurídico sobre la contribuyente y que desde tal momento ésta pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

No resultan válidos los motivos y el criterio de la administración al expresar que “si bien pudo ser cierto que la demandante no recibió la liquidación de revisión, este hecho se produjo no por ser incorrecta la dirección, sino porque según información del contribuyente fue dejada en una inspección de policía, circunstancia imputable exclusivamente al contribuyente, o a la oficina de correos pero no a la administración”, para concluir que como “los documentos no fueron devueltos por el correo y sí fueron recibidos por la actora” no fue desvirtuada la presunción de notificación de la liquidación de revisión, porque si la remisión por correo hacía presumir la notificación, la tardanza y entrega irregulares por causa no imputable a la sociedad, desvirtuaba aquella presunción, de donde resulta obligado concluir que la misma sólo pudo efectuarse con posteridad al 23 de mayo de 1994, en la fecha que certificó el inspector de policía como retirado el acto liquidatorio por un dependiente de la sociedad.

De esta forma sin mayor dificultad, se advierte desvirtuada la presunción de notificación en la fecha de introducción al correo del acto liquidatorio del 13 de enero de 1994, para tener como tal la del 4 de octubre de 1994, trayendo como consecuencia que el transcurso del tiempo obrara sobre la declaración privada de la sociedad correspondiente al VI bimestre de 1990, presentada el 13 de febrero de 1991, con su consiguiente firmeza, por disponerlo así la ley.

De esta forma la Sala da prosperidad al cargo de nulidad por extemporaneidad del acto liquidatorio y consecuencialmente previa revocatoria del fallo apelado, declarará a nulidad de los actos administrativos acusados y la firmeza de la liquidación privada de la sociedad actora.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, proferida por el tribunal administrativo del Valle del Cauca el 19 de junio de 1998.

2. DECLÁRASE la nulidad de la liquidación oficial de revisión 002 de enero 13 de 1994 y de las Resoluciones 043 de marzo 17 de 1995 y 012 de febrero 8 de 1996, expedidas por la Administración de Impuestos Nacionales de Santiago de Cali, mediante las cuales se liquidó oficialmente el impuesto sobre las ventas correspondiente al sexto bimestre de 1990 a cargo de la sociedad Fibroinfinita de Colombia Ltda., y se tomaron otras determinaciones.

3. DECLÁRASE LA FIRMEZA de la liquidación privada presentada por la sociedad Fibroinfinita de Colombia Ltda., por el sexto bimestre de 1990.

4. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Amparo Merizalde de Martínez para representar a la Nación.

5. CANCÉLASE la póliza judicial 991159-1 contentiva de la caución prestada en este proceso.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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