Sentencia 1235 de noviembre 3 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 76001-23-31-000-2005-01235-01, nov. 3/2006

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Actor: Rafael Rengifo Delgado y Otro

Demandado: Alcaldía Municipal de Cali y otros

Referencia: Acción de cumplimiento

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil seis.

Fallo

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por los demandantes contra la sentencia de 10 de mayo de 2005, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, rechazó por improcedente la acción de cumplimiento.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Los señores Rafael Rengifo Delgado y Edgar Ernesto de Jesús Robayo Castillo, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de cumplimiento presentaron demanda contra la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el concejo municipal, con el objeto de que dichas autoridades den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º, 10, 19, 164, 165, 173, 177, 178, 185 literales a) y c), 187 parágrafo y 236 del Acuerdo Municipal 69 de 26 de octubre de 2000, mediante el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Cali; el artículo 11 del Acuerdo Municipal 31 de 1998 y el artículo 1º, inciso octavo del Acuerdo Municipal 0126 de 2000, y con fundamento en ello se ordene a la administración municipal de Cali y a las dependencias antes citadas que elaboren el “plan de protección patrimonial” para ser presentado al concejo municipal, al igual que: “Obtenido el antes dicho (sic) “plan especial de protección patrimonial”, ordénese asimismo sea aprobado mediante acuerdo municipal por parte del Concejo de Santiago de Cali, para que con todo lo anterior se cumpla con el mandato establecido en el plan de ordenamiento territorial (POT)”.

1.1. Hechos.

Como fundamentos fácticos de la solicitud, se indican en resumen los siguientes:

1. Mediante Acuerdo Municipal 69 del 26 de octubre de 2000, se adoptó el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Cali, y en algunas de sus disposiciones se estableció lo referente al plan de protección patrimonial y ambiental, se indicaron las áreas de interés patrimonial, se definió el patrimonio urbano arquitectónico, entre otras disposiciones sobre la materia.

2. El artículo 11 del Acuerdo Municipal 31 de 1998, determinó que los predios que fueran calificados como patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y reservas naturales, la tarifa correspondiente al impuesto predial se reduciría en un 50%, y mediante Acuerdo 126 de 2000 se estableció ampliar en seis meses el término previsto en el artículo 164 del POT, en lo referente al Plan especial de protección patrimonial.

3. Que el 8 de noviembre de 2004, formularon derecho de petición ante el Director Administrativo de Hacienda Municipal de Cali, con el fin de que se les informara qué normas declararon como patrimonio histórico, arquitectónico y cultural los inmuebles ubicados en el sector del Barrio San Antonio y San Cayetano, qué procedimientos se han establecido para la exoneración del 50% de los predios ubicados en ese sector y sí se está llevando a cabo la exoneración del 50% del impuesto predial y complementarios a los inmuebles que fueron calificados como tal, solicitud que fue resuelta mediante Oficio DAHM-J-786 de 30 de noviembre de 2004 por parte de la Directora de Hacienda del Municipio.

4. El 9 de diciembre de 2004 presentaron sendos derechos de petición ante el Presidente del concejo municipal y el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, al primero de los cuales le solicitaron que informara por qué no ha constituido los elementos necesarios para la debida calificación e identificación del inmuebles que deben ser catalogados como patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los barrios San Antonio y San Cayetano, para que una vez hecho ello se les pueda aplicar la tarifa especial del impuesto predial unificado, y al segundo funcionario le requirieron para que informara por qué el departamento administrativo no ha cumplido con lo ordenado en el artículo 117 del plan de ordenamiento territorial, que ordenó reglamentar las áreas de interés patrimonial urbano a través del plan especial de protección patrimonial, respecto de aquellos sectores de la ciudad que han mantenido calidades técnico-ambientales y en los cuales sus estructuras tiene valores arquitectónicos o tipológicos.

5. Mediante oficio de 18 de enero de 2005, el Presidente del concejo municipal de Calí dio respuesta a la anterior petición, precisando que la Corporación Edilicia no es un ente legislativo; agrego que el Alcalde del Municipio de Cali, por tener la iniciativa, presentó a la Corporación el proyecto de Acuerdo 66 “Por medio del cual se adopta el plan especial de protección patrimonial para el Municipio”, lo cual tuvo ocurrencia en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre, para lo cual la comisión de plan y tierras del concejo solicitó y acordó aplazar su apertura, en consideración a la complejidad de aquel y al poco tiempo que tenía la comisión y la plenaria para su aprobación.

6. Que ante la falta de respuesta de la petición por parte del Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se impetró acción de tutela, y en virtud de este mecanismo, aquel funcionario dio respuesta mediante oficios 62 de 20 de enero de 2005, 13229 de 18 de noviembre de 2004; 12701 de 5 de noviembre de 2004; 11523 de 8 de octubre del mismo año y SGA-985 de 3 de noviembre de 2004, señalando que el plan de especial de protección patrimonial fue contratado con la Universidad del Valle que lo elaboró y entregó al Departamento Administrativo y, éste a su vez envió el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta el Plan especial de protección patrimonial” a la dirección jurídica de la alcaldía, para que el alcalde lo presentara para su discusión y aprobación al concejo municipal.

2. Contestación de la demanda.

El municipio de Santiago de Cali, por intermedio de apoderada, contestó la demanda, solicitando que no se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo como razones de defensa las siguientes:

1. Que el artículo 164 del plan de ordenamiento territorial (Ac. 69/2000), otorgó un plazo de un año para expedir el Plan especial de protección patrimonial, para lo cual la administración municipal, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación Municipal dio inicio a la elaboración de aquel plan, el cual se vio truncado por la reforma administrativa del año 2001, y fue así como mediante Acuerdo 89 de 31 de diciembre de 2001, se concedió un nuevo plazo de ocho meses para la aprobación del plan patrimonial.

2. Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal no poseía la estructura administrativa para elaborar los estudios necesarios tendientes a adelantar el proceso de planificación del municipio de Cali, como tampoco los recursos necesarios, formuló los correspondientes proyectos de inversión, y fue así como dicha entidad procedió a suscribir en el primer semestre del año 2002 el convenio de cooperación interinstitucional 001 con la Sociedad de Mejoras Públicas, a través del cual se aportaba el dinero requerido para la elaboración, entre otros, del plan especial de protección patrimonial, ambiental y paisajístico para el municipio.

3. Que para el mes de diciembre de 2003, la administración municipal ya contaba con el proyecto de acuerdo para ser presentado ante el concejo municipal para su estudio y aprobación, procedimiento que no se llevó a cabo debido al cambio de la administración municipal y al cronograma de trabajo con que cuenta la Corporación Edilicia.

4. En el año 2004 el Departamento Administrativo de Planeación Municipal remitió a la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Cali el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta el plan especial de protección patrimonial”, con el fin de que fuera conocido y presentado al concejo para su debate y aprobación en las sesiones del segundo semestre de 2004.

5. Que con base en lo anterior, se evidencia que la administración municipal ha sufrido varios inconvenientes de carácter administrativo, laboral y fiscal, que le han retrasado la aprobación de los estudios y proyectos complementarios del plan de ordenamiento territorial.

6. Finalmente, sostiene que de las pretensiones de la demanda se evidencia que los demandantes requieren de la aprobación y elaboración del plan especial de protección patrimonial, no con el objeto de lograr el cumplimiento de un deber legal, sino la consecución de un beneficio monetario, como lo es el descuento del impuesto predial.

3. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, mediante sentencia de 10 de mayo de 2005, rechazó por improcedente la acción de cumplimiento, para lo cual consideró que no le asiste razón a los demandantes en cuanto a que las autoridades han sido renuentes a dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 69 de 2000, porque de las pruebas allegadas se desprende que si bien el plan de protección patrimonial no ha sido aprobado en el plazo que fue establecido para tal efecto, las autoridades han realizado las gestiones encaminadas a tal fin, empero, las mismas se han dificultado debido a las diversas situaciones que se han presentado (carencia de recursos, la reforma administrativa efectuada en el año 2001, el cambio de administración, entre otras).

Que al no encontrarse demostrada la renuencia por parte de las autoridades demandadas, tal como lo exige el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, la acción debe rechazarse por improcedente.

4. La impugnación.

Los demandantes impugnaron la sentencia de primer grado, expresando como motivos de inconformidad los siguientes:

— Que las razones justificativas que fueron esgrimidas por la administración municipal por las cuales no fue posible adoptar el plan especial de protección patrimonial y que fueron acogidas por el tribunal, no son de recibo, porque en lo que respecta a la reforma administrativa que se efectuó en el año 2001, nada tiene que ver, ni puede erigirse como justificación para la sustracción de un deber estatal que se encuentra previsto dentro de los fines del Estado.

— Que frente a la carencia de recursos, es una justificación que también carece de asidero, porque según se desprende de la contestación de la demanda, la administración si contó con ellos.

— En lo que respecta al tema del “cambio de administración”, tampoco puede considerarse como una causal exonerativa, porque si ya existe el estudio por parte de la Universidad del Valle y del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, tal circunstancia no puede menos preciarse por parte de la actual administración.

— Concluyen diciendo que no existe justificación legal para que la administración municipal cumpla con sus funciones constitucionales y legales, y al estar desvirtuados los argumentos por ella planteados, lo procedente es revocar la sentencia proferida por el tribunal.

II. Consideraciones de la Sala

La Constitución Política en el artículo 87 dispuso que toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, para que mediante sentencia se ordene a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

Mediante la Ley 393 de 1997, se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política, y en su artículo 1º establece que toda persona podía acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

Así, para que la acción de cumplimiento tenga vocación de prosperidad es necesario que se cumplan con dos presupuestos: El primero, la consagración de una obligación jurídica que está contenida en una norma con fuerza de ley o en un acto administrativo y, el segundo, la existencia de un deber jurídico omitido.

Con fundamento en lo anterior, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos cuyo cumplimiento se reclama, contienen obligaciones claras, y por ende, si los deberes jurídicos allí establecidos fueron omitidos por parte de la entidad demandada.

En el presente caso se pretende el cumplimiento de los artículos 2º, 10, 19, 164, 165, 173, 177, 178, 185 literales a) y c), 187 parágrafo y 236 del Acuerdo Municipal 69 de 26 de octubre de 2000, mediante el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Cali; el artículo 11 del Acuerdo Municipal 31 de 1998 y el artículo 1º, inciso octavo del Acuerdo Municipal 126 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

Acuerdo 69 de 2000 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali”

“ART. 2º—Objetivos. Los objetivos del plan de ordenamiento territorial, establecen con carácter indicativo los propósitos generales que se busca y espera concretar a través de la gestión del gobierno municipal, del sector privado y las comunidades. Se formulan con base en la visión y el propósito general enumerado en el presente acuerdo y su adopción representa un conjunto de directrices básicas cuya observancia es indispensable para que la administración municipal formule estrategias, políticas y programas mediante un proceso continuado de planeación, cuyos logros en función de telas objetivos deben ser evaluados, revisado y retroalimentados periódicamente, particularmente al término de los diferentes períodos del plan y de cada uno de los programas de ejecución. Los objetivos adoptados por el plan de ordenamiento territorial, se refieren por lo tanto, a los resultados que se espera obtener:

— En los diferentes períodos de vigencia del plan.

— En el manejo de los grandes ámbitos que conforman o con los cuales se relaciona el territorio municipal: Lo regional, lo rural y lo urbano.

— En el ordenamiento y regulación de los usos del suelo así como de los procesos que determinan su aprovechamiento y transformación al interior del ámbito urbano delimitado por los suelos clasificados como urbanos y de expansión.”

“ART. 10.—Noción de políticas generales. Se entiende por políticas generales el conjunto de directrices y acciones específicas que la administración municipal se propone ejecutar en el horizonte de planeación del plan de ordenamiento territorial, a fin de concretar los objetivos y estrategias que lo determinan. Dichas directrices y acciones deben ser ejecutables, requieren asignación de recursos y deben traducirse progresivamente en metas, programas y proyectos. Estas políticas se seleccionan y adoptan tomando en consideración dimensiones de carácter sectorial sobre las cuales se requiere intervenir prioritariamente para resolver problemas o debilidades básicas que afectan al territorio y para incidir estratégicamente en su aprovechamiento. Su desarrollo requiere coordinación interinstitucional; en sus programas de ejecución puede concurrir el sector privado, y al final de cada período de vigencia del Plan deben ser evaluadas para ajustarlas, revisar sus metas y, si es necesario, complementarlas.”

“ART. 19.—Política de competitividad territorial y fomento turístico. Objetivo. Mejorar y potenciar la productividad del territorio, buscando:

— Un aprovechamiento más eficiente de la ciudad construida, propiciando intervenciones de consolidación y renovación que mejoren su calidad y propicien la implantación de actividades de alta jerarquía.

— Fortalecer y crear oportunidades para la ampliación y reordenamiento de la zona especializada de actividad industrial, resolviendo al mismo tiempo los conflictos entre usos no compatibles.

— Prever la disponibilidad de espacios para equipamientos y actividades terciarias como comercio, turismo y demás servicios complementarios.

— Una mejor utilización de los recursos paisajísticos con claras directrices de educación ambiental y propósitos de recreación ecoturística en el área rural del Municipio, en el borde noroccidental.”

“ART. 164.—Plan especial de protección patrimonial, ambiental y paisajística. El municipio de Santiago de Cali contará con un plan de protección patrimonial y para ello elaborará el diagnóstico ambiental y paisajístico del suelo urbano con su respectiva reglamentación paisajística tanto del suelo urbano como de las áreas de expansión. Este plan especial será adoptado por acuerdo del concejo municipal a partir de la propuesta que elabore la administración municipal en un plazo no mayor de un año después de adoptado el presente acuerdo.”

“ART. 165.—Componentes del patrimonio cultural en el municipio de Santiago de Cali. Lo integran los bienes de interés cultural sean estos inmuebles, sectores, espacios públicos declarados patrimonio por la Nación, el municipio y las disposiciones posteriores derivadas del plan de protección patrimonial.”

“ART. 173.—Patrimonio urbano arquitectónico. El patrimonio urbano-arquitectónico lo constituye el conjunto de inmuebles y/o espacios públicos que representan para la comunidad un valor urbanístico, arquitectónico, documental, asociativo, testimonial, tecnológico, de antigüedad, de autenticidad, histórico y/o afectivo y que forman parte de la memoria urbana colectiva. Se encuentran dentro de esta categoría las áreas de interés patrimonial, los inmuebles aislados de interés patrimonial (los recintos, hitos urbanos), las estatuas, monumentos y fuentes…”.

“ART. 177.—Normas generales para las áreas de interés patrimonial. Se entiende por áreas de interés patrimonial urbano-arquitectónico, aquellos sectores de la ciudad que han mantenido calidades técnico-ambientales y en los cuales sus estructuras originales tienen valores arquitectónicos o tipológicos, o bien cuentan con valores como conjunto urbano que han presentado estabilidad ante los procesos de transformación de la ciudad, mereciendo por ello ser protegidos, preservados y mantenidos. Los siguientes aspectos serán reglamentados a través del Plan especial de protección patrimonial, dentro del término de dieciocho (18) meses.

preservación de áreas de interés patrimonial, construcciones nuevas o reformas en zonas de interés patrimonial, avisos y tableros, requisitos para proyectos, normas generales para los inmuebles aislados de interés patrimonial y requisitos para construcciones.”

“ART. 178.—Preservación de áreas de interés patrimonial. Las áreas de interés patrimonial conservarán sus condiciones urbano-arquitectónicas y ambientales, buscando su mantenimiento, revitalización y desarrollo. Se prohíben las ampliaciones viales, retrocesos de fachadas o cualquier intervención que implique la mutilación de los inmuebles, la alteración del tejido urbano antiguo o el moderno ya consolidado, del espacio público o de su arborización pública o privada.”

“ART. 185.—Definición. Se entiende por intervención la acción tendiente a preservar y mantener piezas o conjuntos de la estructura urbana, y muebles o parte de ellos que por su capacidad testimonial o documental, sus valores arquitectónicos, tipológicos, morfológicos, artísticos, culturales o ambientales, merecen ser protegidos, al tiempo que se promueve y facilita su mejoramiento y adecuación. De acuerdo al grado de intervención, éste se clasifica de la siguiente manera:

a. Preservación urbanística: Se aplica a los sectores más antiguos y tradicionales de la ciudad y a aquellos que por sus características morfológicas tienen unidad formal, con valor histórico o representativo de una época, en el que se incluyen las edificaciones y tratamientos del espacio público que conforman el área.

Tratamiento para soluciones de conjunto por manzana o parte de ella como el 505 del área en el cual se pueden proponer nuevas fachadas que se integren con las alturas del sector. Deberán efectuarse los estudios urbanísticos correspondientes de la manzana y colindantes, con el fin de integrar y preservar el patrimonio urbano-arquitectónico en estos casos especiales.

(…).

c. Preservación arquitectónica, artística y cultural: Se aplica a los inmuebles declarados o que se proponen declarar patrimonio, localizados en la totalidad de la ciudad, cuyos valores culturales y representativos de determinada época son parte de la memoria cultural de los habitantes.

Los inmuebles arquitectónicos representativos de una época que poseen valores arquitectónicos de organización especial y de localización, las manifestaciones artísticas que se encuentran en el espacio, al interior de un predio privado o bien, forman parte de una edificación, las cuales constituyen testimonios representativos del desarrollo artístico y aportan manifestaciones valiosas de arte en la memoria colectiva artística de la ciudad, forman parte de esta clasificación

Tratamiento en el cual se permiten modificaciones menores o medianas internas, pero conservando la estructura espacial, tipológica, la cubierta y la fachada; las acciones permitidas son: Mantenimiento, consolidación, liberación, reconstrucción, reintegración, adecuación funcional, subdivisión, ampliación, remodelación y demolición parcial. Así como también se podrán hacer intervenciones por predio individual actualmente sin edificaciones. Se pueden proponer nuevas fachadas que se integren con las fachadas y alturas colindantes, permitiendo al interior nuevas volumetrías que no sobrepasen dos pisos como máximo.

En conjunto de fachadas de un piso, deberán mantenerse estas alturas y la volumetría de dos pisos a partir de 9 metros de la línea de paramento.”

“ART. 187.—Compensaciones. Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados como de preservación urbanística, ambiental, arquitectónica, artística y cultural, deberán ser compensados mediante la aplicación de derechos transferibles de construcción y desarrollo, compensaciones económicas, beneficios y estímulos tributarios, los contemplados en el Decreto 151 del 22 de enero de 1998, y otros sistemas que se reglamenten.

PAR.—La administración municipal desarrollara los instrumentos y mecanismos de compensación para efectos de dar aplicación al artículo anterior.”

“ART. 236.—Naturaleza y objetivos. Las políticas urbanas de corto y mediano plazo definen un conjunto de actuaciones urbanísticas que pueden ser ejecutadas tanto por iniciativa privada, pública o mixta, las cuales se apoyan en las reglamentaciones urbanísticas sobre uso y tratamiento del suelo urbano y de expansión, urbanizable y construido.

Las políticas de corto y mediano plazo se promoverán y ejecutarán a través de un proceso de transformaciones continuas y progresivas, pero controladas sobre las diferentes porciones del territorio que utilizan la competencia constitucional del municipio de regular los usos y tratamientos del espacio urbano, fundamentándose en la función pública del urbanismo y en los efectos de sus acciones urbanísticas, para orientar las actuaciones de urbanización y edificación hacia el logro de los objetivos adoptados por el plan de ordenamiento territorial. Igualmente mediante reglamentaciones especiales que incorporan los distintos instrumentos de gestión autorizados por la Ley, facilitarán la ejecución de programas, proyectos y operaciones destinadas a optimizar el aprovechamiento de la ciudad construida, a mejorar su competitividad y la calidad del espacio urbano.

Estas políticas se tipifican tomando en consideración el uso y la clase de actuación que el plan de ordenamiento territorial busca promover en las diferentes porciones del territorio urbano.”

Acuerdo Municipal 31 de 1998 “Por el cual se dictan normas sobre el impuesto predial unificado”

“Artículo décimo primero. Para los predios que sean calificados como patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y reservas naturales, la tarifa correspondiente se reducirá en un cincuenta por ciento (50%).”

Acuerdo Municipal 126 de 2004 “Por el cual se conceden nuevamente unos plazos fijados en el Acuerdo 69 del 26 de octubre de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali.”

“ART. 1º—Concédase nuevos plazo a los siguientes artículos del Acuerdo 69 del 26 de octubre de 2000 “Por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali”, así:

(…)

Artículo 164 en seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.”

Un primer análisis de los preceptos antes transcritos, permite evidenciar a la Sala que los artículos 2º, 10, 19, 165, 173, 178, 185 y 236 del Acuerdo 69 de 2000, por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Cali, establecen parámetros de carácter general, en la medida en que algunos de ellos fijan los objetivos, las directrices y las políticas generales del ordenamiento del territorio de aquel municipio, y otros se encargan de conceptualizar y precisar los aspectos que constituyen el patrimonio urbano-arquitectónico, las áreas de interés patrimonial y su forma de preservación, pero en suma, ninguna de esas disposiciones contienen un deber jurídico claramente impuesto a las autoridades del municipio de Cali.

Por tanto, puede colegirse, entonces, que en cuanto a esas disposiciones del plan de ordenamiento territorial cuyo cumplimiento se reclama, la acción de cumplimiento no tiene vocación de prosperidad, pues como ya se indicó, aquellas contienen aspectos de contenido general y abstracto, en la medida en que hacen parte del denominado componente general (1) y urbano (2) del plan de ordenamiento territorial, sin que allí se determine con claridad la exigibilidad del deber que se dice omitido.

Ahora bien, comoquiera que dentro del anterior análisis no quedaron comprendidos los artículos 164, 177 y 187 del plan de ordenamiento territorial, corresponde a la Sala determinar si estos preceptos si contienen una obligación o un deber jurídico que ha sido omitido.

En criterio de los demandantes tales normas han sido incumplidas por la autoridad accionada, porque la administración municipal y el concejo municipal de Cali no han adoptado el plan especial de protección patrimonial que allí se consagra, pese a que el plazo concedido inicialmente para tal efecto y sus respectivas prorrogas ha vencido, lo cual no ha permitido que se pueda aplicar la reducción del 50% de la tarifa del impuesto predial para aquellos bienes que sean declarados o calificados como patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

Del contenido del artículo 164 del plan de ordenamiento territorial (Ac. 69/2000), se evidencia que allí se estableció de manera perentoria que el municipio de Santiago de Cali contará con un “plan de protección patrimonial”, el cual debe ser adoptado por acuerdo del concejo municipal, a partir de la propuesta elaborada por la administración municipal, otorgándose para ello un plazo inicial no mayor a un año, a partir de la adopción del Acuerdo de plan de ordenamiento territorial, término que posteriormente fue prorrogado mediante Acuerdos 89 de 31 de diciembre de 2001 y 126 de 2004.

A su vez, el artículo 177 del POT establece que aquellos aspectos relacionados con la preservación, protección, construcciones nuevas y reformas atinentes a las áreas de interés patrimonial deben ser reglamentados a través del plan de protección patrimonial, lo cual debía ocurrir dentro del término de 18 meses.

Surge con meridiana claridad de lo consignado en los artículos precedentes, que allí se consagró un mandato imperativo e inobjetable, mediante el cual se otorgó una obligación compartida a las autoridades municipales en lo que respecta a la adopción del plan de protección patrimonial, así: i) Corresponde a la administración municipal (alcalde y Departamento Administrativo de Planeación Municipal) elaborar y presentar al Concejo la propuesta o proyecto de plan de protección patrimonial, es decir, que en aquella autoridad quedó radicada la iniciativa y, ii) a la Corporación Edilicia le compete discutir y aprobar el proyecto de plan sometido a su consideración.

De las pruebas allegadas al expediente se observa que el plan de protección patrimonial fue contratado con la Universidad del Valle quien lo elaboró y lo entregó al Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, tal como se afirma expresamente en las comunicaciones obrantes a folios 57 y 132 vto.

Mediante Oficio 11523 de 6 de octubre de 2004 (fl. 134), el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali remite al Director Jurídico de la Alcaldía el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se adopta el plan de protección patrimonial”, a fin de que sea presentado al concejo municipal.

A través del Oficio 13229 de 18 de noviembre de 2004, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal remitió nuevamente al Director Jurídico de la Alcaldía el Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el plan especial de protección patrimonial, con los ajustes que fueron requeridos (fl. 135).

Según lo manifestó el Presidente del concejo municipal de Santiago de Cali, en la respuesta dada al requerimiento efectuado por uno de los demandantes, el Alcalde de la ciudad presentó al concejo municipal en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre de 2004 el Proyecto de Acuerdo 66 “Por medio del cual se adopta el plan especial de protección patrimonial para el municipio de Santiago de Cali”, frente a lo cual la comisión del plan y tierras de la Corporación Edilicia acordó aplazar su apertura, en consideración al poco tiempo que tenía esa corporación, y debido la estudio y análisis exhaustivo que se debía realizar, para lo cual quedó a la espera de que el alcalde presentara nuevamente dicho proyecto en la sesiones ordinarias del mes de marzo de 2005 (fls. 21 y 22).

Del acervo probatorio reseñado se tiene que la administración municipal (alcalde y director del departamento administrativo de planeación municipal) ha realizado las gestiones pertinentes tendientes a cumplir con la obligación que le fue impuesta en el artículo 164 del acuerdo de plan de ordenamiento territorial, pues elaboró el plan especial de protección patrimonial y lo presentó a consideración del concejo municipal para que éste lo aprobara. No obstante, se encuentra acreditado que el concejo municipal de Cali, en la época en que le fue presentado el correspondiente proyecto de acuerdo para su discusión y aprobación, se abstuvo de impartirle el trámite pertinente.

En las circunstancias anotadas en precedencia, la Sala considera que a pesar de que las autoridades municipales han adelantado ciertas actuaciones tendientes a adoptar el plan especial de protección patrimonial, las mismas no han sido eficaces para lograr aquel cometido, pues como se advierte, ha transcurrido en exceso el plazo que se les ha otorgado, sin que aún se haya proferido el acuerdo mediante el cual se adopte aquel plan especial.

Los anteriores elementos indicativos permiten a la Sala colegir sin hesitación alguna que se ha incumplido con la obligación impuesta en los artículos 164 y 177 del POT, razón por la cual, habrá de revocarse la sentencia apelada, y en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda, ordenándose al alcalde del municipio de Santiago de Cali, que en el término máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, presente al concejo el proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta el plan especial de protección patrimonial, al igual que se ordenará al concejo municipal que en el término máximo de tres meses, posteriores a la presentación del proyecto, deberá estudiar, discutir y aprobar dicho proyecto.

III.(sic)

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCASE la sentencia de 10 de mayo de 2005 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, en cuanto rechazó por improcedente la acción de cumplimiento.

2. En su lugar, se ordena al alcalde y al Concejo del municipio de Santiago de Cali el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 164 y 177 del Acuerdo 69 de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial, para lo cual, el alcalde municipal deberá en el término máximo de un (1) mes presentar a consideración del concejo el proyecto de acuerdo por el cual se adopta el plan especial de protección patrimonial, y a su vez la Corporación Edilicia deberá, en un término máximo de dos (2) meses darle el trámite respectivo; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá, Presidente—María Nohemí Hernández Pinzón—Filemón Jiménez Ochoa—Darío Quiñones Pinilla.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

(1) El artículo 11 de la Ley 388 de 1997 al consagrar los componentes que conforman el plan de ordenamiento territorial, estableció el denominado componente general del plan “el cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo”.

(2) La norma antes citada determinó que el componente urbano “estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano”.

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