Sentencia 2792 de marzo 31 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. núm. 76001 331000200002792 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Circo Mexicano de Fieras

Bogotá, D.C., marzo treinta y uno de dos mil cinco.

La Sección Primera procede a dictar sentencia de segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 16 de enero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Entra la Sala al estudio de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda.

La Resolución 268 de 5 de mayo de 2000, por medio de la cual se decomisaron definitivamente un tigre de bengala (hembra) y un elefante asiático (hembra) fue proferida por la jefe de la división administrativa del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, acto contra el cual procedía el recurso de apelación ante el director de la citada Institución, el cual fue interpuesto por el actor dentro del término legal y, según lo dicho en la demanda, hasta la fecha de presentación de la misma no había sido resuelto, lo cual fue confirmado por la demandada en su contestación.

Fundamento jurídico

La resolución acusada fue expedida por el Director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con base en las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, por medio de la chal “se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones” y los acuerdos municipales 18 de 1994 y 01 de mayo de 1996, los cuales crean y reestructuran respectivamente el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, como máxima autoridad ambiental en área urbana y suburbana de la ciudad de Santiago de Cali y consagra que podrá imponer y ejecutar sanciones a prevención sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 99 de 1993 en caso de violación de las normas de protección ambiental.

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 que se aplicó en la resolución acusada para señalar la competencia del Dagma a fin de imponer la sanción de decomiso del elefante (hembra) y el tigre (hembra) propiedad del Circo Mexicano de Fieras, establece:

“ART. 66.—Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cupo población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechas sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento ydescontaminación.

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las corporaciones autónomas regionales la obligación de trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de efluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento” (negrillas fulera de texto)

Igualmente, el Dagma aplicó la Ley 99 de 1993 en cuanto a las sanciones previstas por violación de las normas sobre protección ambiental, cuyos artículos pertinentes prevén:

“TÍTULO XII

“De las sanciones y medidas de policía

“ART. 83.—Atribuciones de policía. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

ART. 84.—Sanciones y denuncias. Cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las corporaciones autónomas regionales impondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se inicia la investigación penal respectiva.

“ART. 85.—Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:

1. Sanciones:

a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

b) Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;

c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión:

d) Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables:

e) Decomiso definitivo de individuas o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción.

2. Medidas preventivas:

a) Amonestación verbal o escrita;

b) Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o productos e implementos utilizados para cometer la infracción;

c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización,

• Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

PAR. 1º—El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados;

PAR. 2º—Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar;

PAR. 3º—Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya;

PAR. 4º—En el caso del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos 28, 29 y 35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en este artículo.

ART. 86.—Del mérito ejecutivo. Las resoluciones que impongan multas y sanciones pecuniarias expedidas por las corporaciones, a que hacen referencia estas disposiciones, y que cumplan con la ley y disposiciones reglamentarias, prestarán mérito ejecutivo “.

El artículo 80 de la Constitución Política señala:

“ART. 80.—El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los danos causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”..

La definición de medio ambiente está muy relacionada con el concepto de “ecosistema” el cual se tiene como un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, etc.

En el caso concreto de un decomiso singular de un elefante (hembra) y un tigre (hembra) propiedad del Circo Mexicano de Fieras por un supuesto maltrato de estos animales, la Sala no encuentra aplicables las disposiciones de la Ley 99 de 1993 que se refieren a la protección del medió ambiente y los recursos naturales no renovables puesto que resulta claro que se trata de dos animales aislados que no forman parte de un ecosistema que pudiera afectar el medio ambiente.

El decomiso de animales por maltrato no es un tema que se regule en la Ley 99 de 1993 ya que, se repite, esta ley está encaminada a la protección del medio ambiente, es decir, los ecosistemas y recursos naturales que posee el territorio colombiano.

Para la protección de los animales está vigente una ley especial que rige la materia en el territorio colombiano, la Ley 84 de 1989, que no fue derogada por la Ley 99 de 1993. En efecto la vigencia de la Ley 99 de 1993 está establecida en el artículo 118 así:

“ART. 118.—Vigencia. La presente ley rige a partir de la ficha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el artículo 12 de la Ley 56 de 1981, y los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto Legislativo 2811 de 1974 y el artículo 23 de la Ley 47 de 1993”.

La Ley 84 de 1989, ley especial sobre el tema de protección de animales, enumera lo que se entiende por actos de crueldad y señala las sanciones a imponer por el maltrato de los animales e igualmente establecen la competencia para conocer de las contravenciones señaladas en la ley.

Los apartes pertinentes de dicha ley se transcriben a continuación:

“LEY 84 DE 1989

(diciembre 27)

“Por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.

“El Congreso de Colombia,

“DECRETA:

“CAPÍTULO I

“ART. 1º—A partir de la promulgación de la presente ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.

“PAR.—La expresión “animal” utilizada genéricamente en este estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes v los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad.

“ART. 2º—Las disposiciones de la presente ley, tienen por objeto:

a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales;

b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia:

c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales;

“(...)”.

Esta ley contiene un capítulo relativo a las penas por actos de crueldad contra los animales, así el artículo 10 consagra:

“De las penas y agravantes.

“ART. 10.—Los actos dañinos y de crueldad descritos en el artículo 6º de la presente ley, serán sancionados con pena de arresto de uno (1) a tres (3) meses y multas de cinco mil pesos ($ 5.000.00) a cincuenta mil ($ 50.000.00) pesos.

“PAR.—Cuando como consecuencia del daño o acto cruel se produzca la muerte o se afecte gravemente la salud del animal o este quede impedido por pérdida anatómica o de la función de uno o varios órganos o miembros o con deformación grave y permanente, la pena será de arresto de quince (15) días a cuatro (4) meses y multas de diez mil ($ 10.000.00) a cien mil pesos ($ 100.000.00)

“ART. 11.—Cuando uno o varios de los hechos sancionados en el artículo 6º se ejecuten en vía o sitio público, la pena de arresto será de cuarenta y cinco días (45) a seis (6) meses y multas de siete mil quinientos ($ 7.500.00) a cincuenta mil pesos ($ 50.000.00).

(...)

“ART. 16.—Cuando tino o varios de los hechos sancionados por este estatuto, en especial los descritos en el artículo 6º se ejecuten o realicen en establecimientos dedicados a la explotación, comercio, espectáculo o exhibición de animales vivos, tales cobro expendios, circos, zoológicos, depósitos o similares, el responsable será castigado conforme con lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 11 de este estatuto”.

“(...)

“CAPÍTULO X

“Competencia y procedimiento.

“ART. 46.—Corresponde a los alcaldes o a los inspectores de policía que hagan sus veces y en el Distrito Especial de Bogotá a los inspectores penales de policía conocer en primera instancia de las contravenciones de que trata la presente ley.

“De la segunda instancia conocerán, los gobernadores de departamento, el Consejo de Justicia de Bogotá, y los intendentes y comisarios según el caso”.

Ahora bien, la prelación de la disposición especial se encuentra bien compendiada en Sentencia C-078 de 1997 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, así:

“La Carta Política prescribe que la Constitución es norma de normas y gire en todos los casos en los que exista incompatibilidad entre la Constitución y la ley cu otra norma jurídica debe aplicarse la Constitución (CP, art. 4º). De allí la existencia del control de constitucionalidad de las leyes y de las demás normas jurídicas. Sin embargo, en este caso el conflicto existente no se presenta entre una norma constitucional y una ley, sino entre dos disposiciones de rango legal, razón por la cual no se puede acudir a la normativa constitucional para la resolución del conflicto y no es viable la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de uno de los preceptos.

“Ahora bien, con el objeto de contribuir a la solución de las contradicciones o antinomias que puedan presentarse entre las diferentes normas legales, las leyes 57 y 153 de 1887 fijaron diversos principios de interpretación de la ley, que en este caso pueden ser de recibo.

“Entre los principios contemplados por las dos leyes mencionadas se encuentra el de que cuando en los códigos adoptados se hallen disposiciones incompatibles entre sí “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general” (numeral 1º del artículo 5º de la Ley 57 de 1887). Esta máxima es la que debe aplicarse a la situación bajo análisis (...).

De lo anterior se concluye que al existir norma especial vigente aplicable al caso concreto, cual es la Ley 84 de 1989, debió ser esta la aplicable para fundamentar el acto acusado.

La competencia que corresponde a la alcaldía no es incompatible con la competencia que tomó el Dagma en la resolución acusada, ya que esta institución es parte de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. La situación de hecho que sirvió de fundamento al acto administrativo acusado está prevista en el literal h) del artículo 6º de la Ley 84 de 1989 que establece:

“CAPÍTULO III

“De la crueldad para con los animales

“ART. 6º—El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso.

“Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes.

(...)

h) Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo. animales ciegos, heridos, deformes, o enfermos gravemente o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo no se hallen en estado, físico adecuado”.

La empresa Circo Mexicano de Fieras tenía al momento de proferirse el acto administrativo acusado dos animales de su propiedad: uno herido y parcialmente ciego (el elefante) y el otro igualmente con una ceguera parcial y, en ese orden de ideas, a la luz del artículo anteriormente trascrito se incurrió en un acto de crueldad en razón a que continuaron siendo parte de su espectáculo. No se encuentra dentro del expediente prueba que demuestre que el circo tuviera alguna intención de venderlos o dejarlos en al algún sitio protegidos, ya que las enfermedades de estos animales son irreversibles, en cuanto a los ojos, y, en relación con la herida del elefante, tal y como se establece en las declaraciones, esta se abrirá de nuevo si le siguen colocando la cadena, cosa que sería inevitable si se tiene en cuenta que los circos van de ciudad en ciudad. Igualmente, de las declaraciones y de los hechos de la demanda se evidencia que la lesión de los animales venía por lo menos de un año atrás antes de proferir el acto administrativo acusado.

Para sustento de lo anteriormente dicho se traen apartes de los testimonios recepcionados dentro del procedimiento administrativo los cuales fueron tenidos en cuenta en la parte motiva de la resolución acusada y son del siguiente tenor:

“a) Declaración recibida a Ferney Farfan Silva, el 10 de marzo de 2000, médico veterinario zootecnista: “he tratado hace más de un año un elefante del Circo Mexicano de Fieras, que fue tratado por medio de desinflamantes y antineuríticos, a los cuales el animal se le presentaron síntomas similares a los anteriores, volviendo aplicar el mismo tratamiento, anotando que estaba respondiendo a el, cuando fue decomisado, aduciendo mal trato y falta de comida que no la cree. Destaca que siempre ha realizado trabajo relacionado con elefantes y otras fieras. En cuanto al tigre expresa que presenta un leucoma en uno de sus ojos que es crónico e incurable con cualquier clase de medicina, la única solución es una cirugía de córnea y vuelve a su estado normal, cirugía muy costosa. El elefante también presenta igual lesión y es el mismo tratamiento. Cuando lo revisó fisiológicamente lo encontró en buenas condiciones. Las cusas las atribuye a traumatismos, como la edad del elefante, que pasa de la juventud. Por último dice que el trato dado a estos animales es bueno pero lo afecta el estrés por el traslado de un lugar a otro.

b) La declaración recibida a Jorge Alberto Gardeazabal Delgado, el 15 de marzo del 2000, médico veterinario zootecnista, de la Fundación Zoológica de Cali: “en inspección general a los animales de circo encontró “Una elefante con un problema en la cara interna inferior de la pata izquierda en donde se halló una peladura, como consecuencia a un aumento de volumen crónico por el roce permanente con el miembro opuesto en donde se le acostumbra a colocarle la cadena, adicionalmente el animal se hallaba flaco, su piel tenía mal aspecto y se encontró un problema de ceguera irreversible, creo que el ojo derecho, también se halló que una tigre de Bengala se hallaba en mal estado de carnes e igualmente con la ceguera en uno de sus ojos, inicialmente por un trauma de etiología desconocida para mi, pero además posiblemente relacionada con un glaucoma. Acerca de los problemas que presentaba el animal, en cuanto al miembro posterior de la elefante atribuye sea causa a constantes lesiones, que aumentaron el volumen y predispusieron a futuras laceraciones, le es imposible definir la causa inicial, esto es si fue por un trauma. Con relación a los ojos de los animales lo atribuye a un problema por trauma inicial relacionado con la opacidad que presenta. Agrega que en su visita al circo, dos felinos se hallaban en mal estado de carnes y los demás animales en buen estado de salud. Observa que el problema de la pata del elefante en términos generales no era grave, sin embargo la continuidad del roce mantendría la cronicidad de la misma pata”.

c) Declaración recibida a Jesús Ernesto Ocampo Prado, el 23 de marzo del 2000, biólogo marino, trabaja en subdirección de protección ambiental del Dagma, “cuando llegó al Circo Mexicano de Fieras a Cali, lo visitó para observar el cumplimiento de los requisitos legales como su estado físico general y encontró que estaba en buenas condiciones físicas y locativas, luego en razón de denuncias ciudadanas se hizo otra visita, y a partir de conceptos verbales y escritos de los dos veterinarios, del circo y del Zoológico de Cali y ante la evidencia encontrada ese día, inflamación severa de la extremidad del elefante, se procedió al decomiso del animal y que el decomiso del tigre se había realizado tres días antes por parte de la policía ecológica. a solicitud de la Fundación Paz Animal. En cuanto a las causas de las lesiones: la elefante encadenamiento(sic) de las extremidades, las cadenas limitan movimiento y hace que las dos extremidades se froten hasta llegar a la laceración. Del tigre, piensa que la lesión pudo deberse aun golpe accidental, agrega que los animales se encuentran en buenas condiciones actuales, locación de salud, de alimentación. Opina que no hubo oportuna atención veterinaria. Observa que la elefante si bien tenía una atención médico veterinaria la lesión prosperó, que dicha clase de atención no garantiza una mejoría, por sí la opción de acudir a otra clase de tratamiento. Que conoció la atención a los animales de parte del veterinario Farfán. Que los veterinarios de la Fundación Zoológica de Cali, en la ciudad son los más idóneos en cuanto a estas enfermedades y lesiones. Que el hecho de un animal estar flaco o regular de carnes, no implica mal trato. Que nunca vio hechos ni evidencias de maltrato, excepto lo de la lesión de la extremidad inferior de la elefante.

d) Declaración recibida a Ana Julia Torres, el 10 de abril de 2000, en calidad de directora de la Federación para la Defensa, Amor, Vida y Protección de los Animales Zoológico Villa Lorena (Fundapaz) “en razón del decomiso del Circo Mexicano de Fieras le solicitó el cuidado del elefante, el cual fue traído por dicho circo a Villa Lorena en el compromiso de enviar dineros para su sostenimiento y del cuidador. Expresa que cuando Kwinny llegó a Villa Lorena llegó con una herida muy fea en la pata izquierda trasera, la cual según prescripción del veterinario doctor Gardeazabal se debía a la cadena la cual permanecía amarrada, llegó muy faca y es ciega del ojo derecho. En este momento se encuentra sin la herida aunque el veterinario argumenta que tiene artritis y deformación del hueso de su pata izquierda trasera y si se llegase a encadenar como permanecen en los circos volverá a abrirsele la herida. Luchamos mucho y logramos sanarle la herida y engordarla. Es un animal maravilloso, muy consentida ya que en Villa Lorena, recibe no solo cuidados sino mucho cariño, pido que las autoridades competentes tengan en cuenta en su decisión primando sobre todo el bienestar del animal, teniendo en cuenta el estado físico ylas condiciones en que se encuentra actualmente. Explica además el procedimiento que se adelanta el Dagma en cuanto a la entrega a la fundación de los animales decomisados”.

Es claro que los dos animales en cuestión presentan problemas de salud ocasionados, si bien no por el maltrato, sí en razón de la actividad desarrollada en el circo, por lo menos en cuanto al elefante (hembra) se refiere.

No obstante la Sala encuentra que la sanción de decomiso no está prevista en la Ley 84 de 1989 por lo que, si bien debe sancionarse al circo propietario de los animales, la sanción que se impugna debe corresponder a las señaladas en los artículos 10 y 11 de la citada Ley 84 de 1989, norma especial aplicable para el efecto.

Por lo anterior, se revocará la sentencia del tribunal, y se decretará la nulidad del acto demandado, ordenando al Dagma realizar los trámites a fin de devolverle los animales decomisados al Circo Mexicano de Fieras consistentes en un tigre de bengala (hembra) y un elefante asiático (hembra).

En cuanto hace al reconocimiento de perjuicios, la Sala no se pronunciará sobre ellos ya que dentro del proceso no se probaron ni la cuantía fue razonada ni se aprobó en el transcurso del proceso la pérdida monetaria del circo por el decomiso de los animales. Adicionalmente, de conformidad con la ley vigente, los animales enfermos no se hubieran podido usar en las labores del circo y tampoco se podrían predecir las ganancias del circo si los animales hubieran seguido laborando en las condiciones en que se encontraban.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 16 de enero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar DECRÉTASE la nulidad de la Resolución 268 de 5 de mayo de 2000 expedida por el director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma.

2. ORDÉNASE al Dagma realizar los trámites necesarios a fin de devolver los animales decomisados al Circo Mexicano de Fieras consistentes en un tigre de bengala (hembra) y un elefante asiático (hembra).

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 31 de marzo de 2005.

SALVAMENTO DE VOTO

Mi discrepancia con la decisión de mayoría obedece a lo siguiente:

Resulta a todas luces evidente, tanto que la sola lectura de la parte introductoria del fallo disipa con creces cualquier duda que pueda subsistir al respecto, que los cargos de violación del “debido proceso” enarbolados por la parte demandante se circunscriben a lo siguiente:

i. No se le indicaron al Circo Mexicano de Fieras las normas legales que sirvieron de sustento a la sanción que se le impuso, concretamente, que no se le indicaron los artículos de las Leyes 99 de 1993 y 84 de 1989 consagratorios de la atribución de sancionar por los motivos que fueron aducidos; y que lo propio ocurrió en relación con los decretos 2811 de 1974 y 1608 de 1978.

ii. En modo alguno se probó que los animales hubiesen estado sometidos a un trato indebido o a condiciones de mantenimiento inadecuadas.

iii. Se prolongó por más de dieciséis meses la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el acto que ordenó el decomiso de los animales.

iv. Se revocó el acto particular que ordenó la disolución de los animales sin el consentimiento escrito del beneficiario de dicha medida.

Adicionalmente adujo el demandante que se configuró la causal de nulidad denominada “desviación de poder”, por cuanto los actos acusados dieron por demostrado el maltrato de los animales no obstante que en la actuación administrativa quedó demostrado todo lo contrario.

Como puede verse, en ningún aparte de los resultandos de la demanda se planteó como cargo el de que el Dagma careciera de competencia para imponer en el caso planteado la sanción de decomiso. Tal consideración ni por asomo aparece esbozada en la demanda. Es por ello que el a quo para nada se refirió al punto. Si bien negó las pretensiones de la demanda lo hizo bajo la consideración de que no se refutaron los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaron los actos acusados, en otras palabras, que no se desvirtúo su presunción de legalidad.

Es de anotar que en la sustentación del recurso de apelación la parte demandante tampoco se refirió en lo más mínimo a la supuesta falta de competencia del Dagma para imponer la sanción de “decomiso” frente a conductas atentatorias de la vida, la salud y la integridad física de los animales. En dicha oportunidad el aludido aspecto tampoco se puso en tela de juicio.

En el acto acusado el Dagma sí reivindicó expresamente ser titular de la atribución de “decomisar” a aquellos animales que están siendo sometidos a maltratos, como una expresión inherente al ejercicio de las funciones policivas que legalmente se le reconocen. Sin embargo, como ha quedado reseñado, ningún reparo se formuló en la demanda contra esa expresa manifestación de la demandada, lo cual tampoco se hizo en la sustentación del recurso de apelación.

Demostrado como ha quedado que el concepto de la violación se circunscribió a los precisos puntos atrás señalados no encuentro acertado que en el fallo de mayoría, una vez se refutaron las censuras que sí fueron argüidas, sorpresivamente se concluyera que los actos acusados están afectados de nulidad por falta de competencia del Dagma para imponer la sanción “decomiso” en las actuaciones adelantadas por violencia y maltrato a los animales.

Respetuosamente estimo que este desenlace no debió darse por cuanto no solo desconoce el principio de rogatividad propio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino porque, además, y es lo que estimó mayormente inaceptable, resulta abiertamente atentatorio del derecho de defensa de la demandada quien no contó con la posibilidad de argumentar en contra de semejante consideración, que no fue tema de discusión a lo largo del proceso.

Si se analizan detalladamente las razones que expuso la parte demandante al interponer el recurso de apelación contra el fallo de primer grado que le resultó adverso, las cuales aparecen reseñadas claramente en la hoja 9 del documento que lo contiene, claramente se advierte que ninguna de ellas concierne a la falta de competencia que inesperadamente se dedujo echando mano, por demás, a una exégesis que me resulta inadmisible, como es la que sostiene que el maltrato o la violencia contra los animales nada tiene que ver con las situaciones atañaderas al medio ambiente, reguladas por la Ley 99 de 1993.

En efecto, como los argumentos de la apelación tampoco se refieren en lo más mínimo a la incompetencia que la mayoría —sin ser tema de debate— encontró tipificada, se está en presencia de un claro desbordamiento de sus atribuciones como juez de segunda instancia, limitado por los alcances del recurso como inequivocadamente se infiere del hecho de que el mismo requiera sustentación lo que constituye la materia objeto de análisis por el superior.

Por lo demás, discrepo de la tesis del fallo de mayoría, según la cual el Dagma no tenía facultades para disponer del decomiso de animales sometidos a violencia y malos tratos, pues es claro que dichas entidades sí gozan de tal competencia conforme a los términos claros y precisos del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 que en este preciso aspecto debe entenderse como modificatoria de la Ley 84 de 1989, pues, a no dudarlo, la salvaguarda e integridad de los animales sometidos a violencia o malos tratos se realiza de mejor manera si se decomisan y ponen al buen cuidado de entidades especializadas que arrestando o multando a sus dueños o tenedores, pues esas medidas en modo alguno garantizan el bienestar de las especies víctimas de esta clase de desmanes.

Mi perspectiva del medio ambiente, a términos de la Ley 99 de 1993, debe ser integral, por tanto, hacen parte de dicho concepto tanto la flora como la fauna considerada como conjunto o como individuo, ello explica el por qué el artículo 85, literal e) de dicha ley, permita el “decomiso de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción”.

De otra parte, me parece indiscutible que lo atinente a la violencia contra los animales (individual o conjuntamente considerados) no escapa al tema relacionado con el medio ambiente, por el contrario, es parte inescindible del mismo, por tanto desligarlos con una visión huérfana de toda eficacia y utilidad, resulta desacertado en la medida en que resquebraja el capital propósito que persigue la Ley 99 de 1993.

De manera que los temas que regulan las leyes 84 de 1989 y 99 de 1993 no pueden tratarse de forma antagónica y excluyente como lo pretende el fallo de mayoría, sino, por el contrario, en términos articulados y complementarios, máxime si se tiene en cuenta que las atribuciones sancionatorias reconocidas a las autoridades ambientales, son de naturaleza policiva y es dentro de este contexto que se asignan y ejercen, sin las escisiones de que da cuenta la decisión mayoritaria. La sanción de decomiso sí está prevista en el artículo 33 de la Ley 84 de 1989.

Creo que el fallo del tribunal a quo debió ser confirmado.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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