Sentencia 7603 de noviembre 18 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Civil y Agraria

M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Decide la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 1999 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, por medio de la cual concebió la solicitud de amparo constitucional formulada por la abogada Martha Lucía Dimey Galindo contra la Cámara de Comercio de esa ciudad.

Antecedentes

1. Reclamó la accionante la protección de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, al trabajo y al buen nombre personal y profesional; que afirma le fueron vulnerados por la entidad accionada, según los hechos que así se resumen:

a) El 9 de marzo de 1999, la Cámara de Comercio le informó a la accionante que había sido designada como árbitro para integrar el Tribunal de arbitramento que decidirá las diferencias surgidas entre Gustavo Rodríguez Díaz —-Grodco SCA Ingenieros Civiles y el municipio de Ibagué— valorización municipal, aceptando el cargo mediante comunicación del día 15 siguiente, no obstante que su esposo adelanta proceso judicial contra el municipio, en el que ella es apoderada, pues entendió que este hecho no era motivo de impedimento, ya que el nombramiento se produjo por acuerdo entre las partes.

b) El 18 de marzo de 1999, luego de enterarse de que el apoderado del municipio desconocía esta circunstancia, le comunicó al centro de conciliación y arbitraje la situación mencionada, dejando a su consideración la declaración del impedimento, petición que nunca fue resuelta. Al día siguiente, el municipio presentó recusación con fundamento en tales hechos, frente a la cual la accionante mantuvo su posición, enfatizando en que éstos no eran sobrevinientes como lo exige el artículo 130 del Decreto 1818 de 1998. No obstante, reiteró que se acogía a la decisión del centro.

c) La recusación fue resuelta favorablemente al municipio el 31 de marzo pasado, sin tener en cuenta que el Tribunal de arbitramento ni siquiera se había instalado.

d) El primero de julio del año que cursa, le fue comunicado a la accionante que la junta directiva de la Cámara de Comercio, en reunión celebrada el 14 de abril anterior, la había excluido de la lista de árbitros y de conciliadores, “por incumplimiento de los deberes y requisitos establecidos en la ley o reglamento del centro”, debido a la recusación aludida, sin que se le hubiere ofrecido oportunidad para defenderse (fl. 54), motivo por el cual solicitó la revocatoria de la decisión, que fue ratificada según se le informó el 2 de septiembre que pasó.

2. A la solicitud se le dio trámite por auto de fecha septiembre 15 de 1999, enterándose al accionado, quien se opuso al amparo aduciendo que el trámite de exclusión no tiene carácter administrativo, pues la Cámara es una entidad sin ánimo de lucro de origen gremial. En todo caso, señaló las razones por las cuales resultaba viable la sanción que impuso.

La sentencia impugnada

Luego de establecer que las decisiones proferidas por el trámite de un proceso arbitral son jurisdiccionales, pues de esa naturaleza es la función que cumple la entidad accionada, según normas que refiere, señaló el tribunal que la determinación de excluir a la accionante de la lista de árbitros también merece ese calificativo, pues se trata de un acto “inescindible” de aquel (fls. 118 y 119).

Sin embargo, tras dejar claro que no cuestionaba “si se daba o no la causal” de recusación (fl. 119), acometió el análisis de la competencia para resolver sobre ésta, concluyendo, con fundamento en el artículo 135 del Decreto 1818 de 1998, que ella corresponde al Juez Civil del Circuito, por lo que dedujo que la actuación estaba viciada por falta de jurisdicción.

A partir de esta afirmación, consideró que la sanción de exclusión quedaba sin piso legal, agregando que se había violado el debido proceso a la accionante, cuyas “intervenciones ... deberán calificarse por quien corresponda previa a la imposición de la sanción respectiva, si a ello hubiera lugar” (fl. 120). Finalmente, precisó que no se violaban los derechos al buen nombre ni al trabajo, porque no se le impidió el ejercicio profesional.

Como consecuencia de estos y otros argumentos, concedió el amparo decretando la nulidad de todo lo actuado en el proceso arbitral, a partir del auto a través del cual se resolvió la recusación, ordenando que, para esos efectos, se remitiera el expediente al funcionario competente. De la misma manera, ordenó incluir nuevamente en la lista de árbitros a la accionante.

La impugnación

Ambas partes impugnaron la sentencia, sólo que de manera parcial la accionante, replicándola también el municipio de Ibagué.

La abogada peticionaria adujo como argumentos, que la nulidad debió declararse a partir del escrito de recusación, protestando porque nada se dijo sobre la violación del debido proceso en el trámite de imposición de la sanción y porque se omitió ordenar su inclusión en la lista de conciliadores. Controvirtió igualmente el hecho de que no se hubieren amparado los derechos al buen nombre y al trabajo, pues con la sanción afirma, se cuestiona su profesionalismo y se menoscaban sus oportunidades laborales.

La Cámara de Comercio, por su parte, tras reiterar los argumentos que expuso al pronunciarse sobre la solicitud de tutela, manifestó que el tribunal aplicó una norma derogada, pues el competente para decidir sobre los impedimentos y recusaciones es el director del centro de arbitraje. Así mismo, sostuvo que no existe vía de hecho porque la Cámara no es una entidad pública, y que, si en gracia de discusión se aceptara que la decisión de la junta es un acto administrativo, la accionante debió acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio para agotar la vía gubernativa.

En cuanto al municipio, afirmó su apoderado que el fallo del tribunal es una vía de hecho, pues no sólo irrumpe en un proceso arbitral afectando gravemente su desarrollo, sino que también desconoce que la directora del centro sí tenía competencia para resolver la recusación.

Consideraciones

1. Es evidente —porque así aflora ad initio— que el tribunal equivocó su juicio para despachar esta acción de tutela, cuyo único propósito es la protección de los derechos al debido proceso, al buen nombre y al trabajo de la accionante, supuestamente vulnerados con la decisión tomada por la Cámara de Comercio de Ibagué, de excluirla, sin previa fórmula de juicio, de la lista de árbitros y conciliadores del centro de conciliación y arbitraje.

El error de esa corporación nació de una desafortunada aprehensión de los hechos, porque si bien es cierto en los fundamentos de la solicitud de amparo y en los documentos que le sirven de soporte, igualmente de la autoría de la recurrente, se cuestiona la determinación adoptada por la directora de dicho centro en el sentido de aceptar la causal de recusación propuesta contra la accionante en el trámite del proceso arbitral de Gustavo Rodríguez Díaz SCA Grodco contra el municipio de Ibagué, inadvirtió el juzgador de primer grado que se trata de un argumento más de los varios que pretenden sustentar la afirmación de la peticionaria según la cual, con fundamento en esa recusación, no podía separársele de las listas aludidas. En otras palabras, los derechos fundamentales cuya protección demanda la accionante, no se afirman lesionados por habérsele separado del conocimiento del proceso arbitral —tanto así que ella misma y desde un comienzo manifestó acogerse al pronunciamiento del centro (fl. 3)—, sino por las consecuencias que a nivel administrativo dedujo la junta directiva de la Cámara de Comercio.

Por eso, entonces, al haber decretado la nulidad de toda la actuación surtida en el proceso arbitral en cuestión, a partir del auto de fecha 31 de marzo de 1999, que resolvió la recusación (num. 3.2 de la parte resolutiva de la sentencia), el Tribunal desbordó el ámbito de la tutela, afectando a quienes ni siquiera fueron parte en su tramitación, concretamente a las personas jurídicas que, ad libitum, se sometieron a la justicia de los árbitros en procura de una pronta solución del litigio que las enfrenta.

2. No puede pasar la Corte inadvertido, que ciertamente el Tribunal aplicó una norma modificada, pues a partir de la vigencia del Decreto Ley 2651 de 1991, los impedimentos y recusaciones que se presenten en el arbitramento institucional, que es el que se adelanta entre las referidas personas jurídicas, “serán resueltos por el director del centro de arbitraje” (subraya la Corte, art. 19), precepto que fue adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1998 (art. 162).

Si bien es cierto el artículo 135 del Decreto 1818 de 1998, señala que es al juez civil del circuito a quien corresponde la definición de aquéllos, reproduciendo de esa manera el artículo 15 del Decreto 2279 de 1989, es evidente que esa disposición no tiene el efecto de revivir una norma que, como ésta, fue modificada por la regla de descongestión aludida (L. 153/887, arts. 3º y 14), máxime si se tiene en cuenta que el mencionado estatuto de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, no tiene fuerza material de ley, sino que apenas es un decreto ejecutivo, cuyo único alcance es el de sistematizar y compendiar las normas vigentes sobre la materia, tal como se dispuso en el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, que concedió las facultades al Gobierno Nacional para que “compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido...” (resalta la Corte).

En efecto, siendo claro que la expedición y reforma de los códigos es función exclusiva del Congreso (C.P., art. 150, num. 2º), quien no puede conceder facultades al Presidente de la República para tales efectos (inc. 3º num. 10 ib.), tiénese que las que fueron otorgadas en virtud del artículo 166 mencionado, no pueden entenderse como útiles para ese propósito y, por ello, las normas expedidas a su amparo no tienen la fuerza que es inherente a los decretos leyes que el gobierno dicta en uso de las facultades extraordinarias propiamente dichas. Por eso el estatuto aludido no puede derogar ninguna disposición jerárquicamente superior, y mucho menos revivir preceptos que, como el artículo 15 del Decreto Ley 2279 de 1989, fueron separados del ordenamiento jurídico patrio por normas que, siendo idóneas para ello, el Decreto 1818 de 1998 no puede desconocer, pues su única función es —valga la pena reiterarlo—, “compilar unas normas legales sin cambiar su redacción y contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Tienen entonces únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales. En tal sentido, esos decretos son actos administrativos al servicio de la consulta de las leyes, pero no constituyen una nueva disposición legal autónoma”(1).

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-508 de octubre 8 de 1996.

Llama la Corte la atención en el sentido de que la Ley 446 de 1998, en lo pertinente, refleja la experiencia dimanante del Decreto Ley 2651 de 1991, cuya señalada motivación fue la de “descongestionar los despachos judiciales”, tal como lo quiso el constituyente de 1991 (C.P., art. trans. 5º, lit. e)). Y con ese específico objetivo se fortaleció la denominada justicia arbitral —también conocida como justicia alterna o alternativa—, no sólo modificando el procedimiento sino también la competencia que hasta ese momento tenían los jueces civiles del circuito para pronunciarse sobre algunos aspectos —entre ellos la decisión de las recusaciones—, de suerte que con la única excepción del recurso de anulación —en todo caso posterior al agotamiento de la competencia de los árbitros—, puede afirmarse sin hesitación alguna que éstos —en el arbitraje institucional—, cumplen hoy por hoy con la función de administrar justicia sin que en el desarrollo del proceso intervengan los jueces ordinarios. A esta realidad, que no es nueva, pues, se repite, se vino evaluando desde el decreto de descongestión aludido, responden entonces los esquemas normativos utilizados por el legislador para materializar en el ordenamiento jurídico la voluntad del constituyente, primero a través de una disposición transitoria o con eficacia limitada en el tiempo, más no por ello de menor grado— cuyo efecto fue, realmente, suspender la vigencia del precepto hasta entonces imperante—, y luego por medio de una ley (446/98) sin condicionamiento temporal alguno —a partir de cuya promulgación se produjo la derogatoria tácita de aquél (cesación extrínseca de la vigencia de la ley)—, cumpliendo así el derecho con una función que le es connatural, “pues si éste se basa en la voluntad colectiva, ésta tiene que hallarse también en situación de modificarlo (derogarlo)”(2). Al fin y al cabo “el derecho positivo no es más que un ensayo gradual de realización de las reglas de derecho ideal. Las leyes, por consiguiente, son la obra de un día, la expresión de necesidades que pasan; ellas desaparecerán más temprano que tarde para ser reemplazadas por otras. Nada es pues más natural y de suyo más necesario que la abrogación o el retiro de las leyes” (3), “a fortiori”, si se reconoce —parafraseando a don Andrés Bello—, que al legislador, cualquiera que él sea, no puede exigírsele más que el beneficio de una legislación temporaria.

(2) Ennecerus-Kipp-Wolff. Tratado de Derecho Civil. T. I-1º. Parte General. Bosh. Barcelona, pág. 171.

(3) Beudant, Robert. Cours de Droit Civil Francais. T. I. Rousseau, Editeurs, París, Pág. 167. En el mismo sentido Karl Larenz. Metodología de la Ciencia del Derecho. Ariel Madrid, págs. 138 y 139.

Y se habla de derogatoria tácita (C.C., art. 71), puesto que la disposición —hoy permanente— del artículo 19 del Decreto 2561 de 1991, conforme a la cual “los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director del centro de arbitraje”, no puede conciliarse con las contenidas, en este respecto, en los artículos 14 a 16 del Decreto 2279 de 1989 —concebido con arreglo a una política legislativa diferente—, que asignaban dicha función al juez civil del circuito. Ella riñe, en efecto, con una norma que es especial “a fuer” que posterior a aquella (L. 153/887, art. 3º), al mismo tiempo que conspira abiertamente con la diáfana teleología que inspiró al legislador del año 1991, refrendada en el año 1998 con la promulgación de la referida Ley 446, hija del loable propósito de descongestionar la justicia ordinaria, igualmente apellidada estática o tradicional, aún urgida de la adopción de mecanismos y herramientas que, con análoga pretensión, contribuyan a que sea aún más eficiente y expedita, en pro de los justiciables y, en general, de la sociedad toda, según inexorable mandato constitucional vertido en los artículos 2º y 228 de la Carta Política.

Es claro, entonces, que si la derogatoria tácita se genera cuando “la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior” (C.C., art. 71, inc. 3º), al amparo de la situación fáctica descrita en el aparte que antecede, debe admitirse que la facultad que otrora tenían los jueces civiles del circuito de conocer de las recusaciones formuladas contra los árbitros, hoy por hoy, merced a los conocidos efectos extintivos que fluyen de la figura o instituto de la derogatoria preceptiva, está radicada en cabeza del director del centro de arbitraje, quien dentro del marco del arbitramento institucional (D. 1818/98, art. 116), juega un protagónico papel, específicamente en lo que concierne al trámite prearbitral. Al fin y al cabo derogar, como lo reseña el profesor español José Puig Brutau, “es privar de eficacia a una norma válida por medio de otra norma posterior”(4), efecto que, en lo pertinente, se produjo respecto de los artículos 14 a 16 del Decreto 2279 de 1989, en virtud del artículo 19 del Decreto 2651 de 1991, hoy dueño del atributo de la estabilidad legislativa, gracias a los dictados de la Ley 446 de 1998, ley ésta, sin duda alguna, de mayor prosapia que el Decreto 1818 de 1998, en lo que a la estructura jerárquica se refiere.

(4) Introducción al derecho civil. Bosch, Barcelona, pág. 177.

Por su importancia, es útil reseñar que el Consejo de Estado, con motivo del examen de legalidad de otras disposiciones del referido decreto 1818, entre ellas el artículo 138, declaró su nulidad mediante sentencia del 8 de abril de 1999, precisamente por haber reproducido una norma sin vigencia, de suerte que frente a iguales supuestos debe el intérprete adoptar el mismo sentido de argumentación.

En síntesis, el Tribunal no sólo desbordó el ámbito de su potestad decisoria, inmiscuyéndose en un proceso desde todo punto de vista ajeno al tema constitucional propuesto por la accionante (thema decissum), sino que también aplicó un precepto “insubsistente”, como ha quedado señalado, razón por la cual se impone revocar la sentencia en punto tocante con la declaración de nulidad de la actuación arbitral, obligándose el análisis sobre el asunto que debió ocupar la atención del Tribunal, según se precisó en el introito de estas consideraciones.

3. Se ha manifestado en repetidas ocasiones que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, a la par que subsidiario y residual de protección de los derechos fundamentales de raigambre constitucional. Lo es frente a las autoridades públicas, y también frente a los particulares, ya que el juez constitucional no es el llamado a definir las controversias que se presentan cotidianamente en una sociedad, para las cuales, de antiguo, se tienen previstos en las leyes, procedimientos ordinarios que tramitan los jueces competentes.

De ahí que la Constitución Política, consciente de que las autoridades públicas, en puridad, no eran las únicas que podían pretermitir derechos de estirpe constitucional, en forma excepcional habilitó la acción de amparo “contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” (C.P., art. 86, inc. 5º), atendidos los eventos que desarrolla el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, pero sólo como reconocimiento de la posibilidad de violación de los derechos fundamentales por parte de aquéllos. Pero aún en tales hipótesis, por cierto taxativas, no se puede perder de vista que dicha acción es de naturaleza subsidiaria, resultando improcedente si existe otro medio de defensa judicial, a menos que se proponga como mecanismo transitorio (D. 2591/91, art. 6º), conforme lo ha reiterado una y otra vez la jurisprudencia sobre la materia.

4. En este orden de ideas, corresponde entonces analizar la procedencia de la solicitud de protección constitucional frente a una entidad que, como la Cámara de Comercio accionada, es persona jurídica de derecho privado, que cumple algunas específicas y singulares funciones públicas (C. de Co., arts. 78 y 86), sin desmedro de su indiscutida y anunciada calidad.

Se sabe que los particulares, válida y legítimamente, pueden ser investidos pro tempore de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros (C.P., art. 116, inc. 5º), y que esa función es pública por mandato expreso del artículo 228 de la Carta, como desde vieja data se ha considerado en la esfera nacional e internacional. Desde esta perspectiva, aunque es claro que las cámaras de comercio rigurosamente no administran justicia, en el sentido de desatar un conflicto o controversia interpartes —resulta importante esta clarificación—, sirven a ese elevado propósito a través de sus centros de conciliación y arbitraje, cuyo reglamento debe aludir, entre otros aspectos, a la manera de conformar las listas de árbitros, sus requisitos, causas de exclusión, trámite de inscripción, forma de hacer su designación, tarifas de honorarios y demás pormenores que contempla el artículo 93 de la Ley 23 de 1991.

Ahora bien, como entidades privadas facilitadoras de la estructura necesaria para que los árbitros administren justicia y para que correlativamente los interesados tengan acceso a ella, con mayor razón desde que la Ley 23 de 1991 prohijó y reguló el denominado arbitramento institucional, esto es, “aquel en que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje” (art. 90, modificado por la L. 446/98, art. 112), cumplen un específico rol estrechamente vinculado —desde su concreta óptica—, a la función hermenéutica asignada a los árbitros, que trasciende los aspectos de simple organización del centro propiamente dichos y que atañe, en sí mismo, a la preparación del proceso arbitral, específicamente dirigido a la integración del Tribunal, trámite que la propia ley, con el alcance consignado en el artículo 4º del Código Civil, denomina “prearbitral” y que va desde el proveimiento sobre la solicitud de convocatoria, pasando por la eventual designación de los árbitros, hasta la entrega de la actuación surtida una vez aquél se instala (arts. 91 y ss., L. 23/91, 15 D. 2651/91, 119 a 122 L. 446/98), labores todas inherentes y, por ende, conectadas con la función pública de que se viene hablando, las más de las veces de naturaleza administrativa, es cierto, pero no por ello ajenas al ceñimiento y al respecto que reclama el debido proceso, cabalmente entendido, esto es, no sólo circunscrito a la esfera judicial, stricto sensu. Tanto es así que la ley, con carácter imperativo, reguló el aducido trámite, como se precisó de tipo preparatorio del proceso arbitral (fase antecedente).

A este respecto expresó la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento: “en particular, la etapa pre-arbitral aunque sea conducida por los directores de los centros de arbitraje, es objeto de estricta regulación por parte de la ley, que como se ha visto proyecta en ella un conjunto de normas imperativas que no pueden dejar de ser aplicadas por aquéllos. Esta fase inicial está compuesta por una serie de actos de carácter procesal, a los que se adicionan otros de naturaleza puramente material u operativa, necesarios unos y otros para la conformación ulterior del Tribunal”. Y más adelante agregó: “no es posible negar la importancia jurídica y procesal de la etapa pre-arbitral, dado que si bien en ella no se decide la controversia, si se hace patente el ejercicio de una función pública que debe cumplirse conforme a un procedimiento legal vinculante tanto para el centro como para las personas convocadas. Pese a que en esta etapa no se decide la controversia, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa pueden resultar comprometidos cuando se violan los preceptos legales que la gobiernan(5) (subraya la Corte). Por eso, entonces, al igual que sucede en los jueces adscritos regularmente a la administración de justicia del Estado, lo relativo a la organización y funcionamiento del arbitramento institucional es, mutatis mutandis, asunto de interés general que no deja de ser menos relevante por el hecho de que sean los particulares, en concreto los árbitros, los encargados —dentro de ese marco— de prestar el servicio de justicia. Por ello mismo, lo que es preparatorio de éste, como acontece con el trámite prearbitral que se comenta, es necesariamente función pública y, por contera, pasible de control constitucional.

(5) Sentencia SU-600 de agosto 18 de 1999.

De ahí que no le sirva de rodela a la Cámara accionada su alegado carácter gremial y de derecho privado —los que no se ponen en duda—, para sustraerse de la aplicación de la arraigada, a fuer que plausible garantía constitucional del debido proceso a las actuaciones que adelante en orden a excluir a un árbitro o a un conciliador, con mayor razón si se atiende la arquetípica naturaleza sancionatoria que inviste la prenotada actuación que, en lo venidero, le impedirá desarrollar una gestión de suma importancia: la de administrar justicia, en guarda de lo establecido por el citado artículo 116 de la Carta Política. Ese derecho, que se concreta en la regla según la cual “nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (C.P., art. 29, inc. 2º), tiene plena vigencia en las relaciones entre particulares(6), máxime si se trata de aplicar un reglamento con efectos sancionatorios, por parte de una entidad que, con arreglo a lo señalado en líneas precedentes, cumple una función pública vinculada a la de administrar justicia, merced a las peculiares facultades y prerrogativas conferidas por la propia ley, según se acotó.

(6) Corte Constitucional. Sentencia T-022/93.

No se olvide, sólo para avalar la tipología de facultades otorgadas a un particular, concretamente a la Cámara de Comercio, que el legislador de la década que se apresta a expirar le confirió al director del centro de arbitraje y conciliación, vale decir a un particular, en lo atinente a la resolución de las recusaciones formuladas, la misma facultad que, en el pasado, tenía un juez de la República, razón por la cual la naturaleza de la función que aquél debe adelantar no se modifica por la simple sustitución orgánica, de suerte que dicha tarea —así como otras similares—, debe adelantarse con respeto de la preciada garantía del debido proceso, tanto más si se trata de una facultad de inobjetable trascendencia material y funcional. Al fin y al cabo ella se refiere, nada menos, que al examen y decisión acerca de un instituto cuyo propósito es preservar la imparcialidad del juzgador.

Sobre el mismo particular precisó la Corte Constitucional, que “en cuanto se trate de adoptar decisión que implique la imposición de sanciones, tiene aplicación el artículo 29 de la Carta, que plasma el derecho al debido proceso, por lo cual normas generales previamente definidas y conocidas por los asociados deben indicar las conductas sancionables, o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías para la defensa de quien sea sindicado” (subraya la Corte)(7).

(7) Sentencia T-543 del 23 de noviembre de 1995.

Resalta la Sala que no debe existir controversia sobre el carácter público de la función que, a este respecto, cumplen las Cámaras de Comercio, pues —centrados en las tareas propias del trámite prearbitral—, cabe recordar que esa asignación responde a la denominada descentralización por colaboración, que se caracteriza, en opinión del doctrinante Gabino Fraga, “por no constituir parte integrante de la organización administrativa, por realizarse mediante organismos privados que al ejercitar una función pública colaboran con aquella organización, constituyen, según la expresión de B. Geny, instituciones colocadas en los límites del derecho público y del derecho privado, que descargan a la administración de una parte de sus tareas, sin atenuar de manera apreciable su energía y su autoridad sobre los administrados”(8).

(8) Derecho Administrativo, Editorial Porrua S.A. México, pág., 234. En sentido similar puede consultarse a Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, T. I. Civitas, Madrid, 1993. Págs. 41 y 42.

En este orden de cosas, concluye la Corte que la exclusión de un árbitro o de un conciliador de las listas de un centro organizado para los efectos señalados, por traducirse en una decisión unilateral llamada a generar trascendentes consecuencias de variado orden, debe estar precedida de un procedimiento —o de la observancia de precisas reglas—, que le permita a aquellos ejercer el derecho de defensa y, en general, ser escuchado, así como atendidas y valoradas sus pruebas y alegaciones, respetando siempre el principio de legalidad, así como las demás garantías que consagra el artículo 29 de la Constitución, el que se torna, en tal virtud, en precepto de insoslayable aplicación.

5. Por tanto, cuando la junta directiva de la entidad accionada decidió excluir a la accionante de la lista de árbitros y conciliadores del centro (fls. 17 a 19), sin previa fórmula de juicio —que además no está ni contemplada ni mucho menos desarrollada en su reglamento (fls. 22 a 35)—, y sin garantizarle previamente el derecho de su defensa —con independencia de la decisión final que se hubiere adoptado—, vulneró de manera puntual el debido proceso, aquilatada garantía de linaje constitucional, al mismo tiempo que de incontrovertible significado supranacional, dado el reconocimiento que, al unísono, los tratados y convenciones internacionales le otorgan.

Nótese, para la comprobación del anunciado aserto, que en la comunicación 026249 del primero de julio pasado (fl. 16), la Cámara de Comercio se limita a informar la decisión tomada inaudita parte, sin que pueda decirse que la actuación surtida para definir la recusación cumple con ese propósito, pues una cosa es el cumplimiento de las tareas propias del centro de arbitraje en el trámite prearbitral y dentro de un específico conflicto, y otra bien diferente la que dio lugar a la interposición de la acción de amparo. En el primer caso, la directora del centro, efectivamente, le dio traslado a la accionante del escrito de recusación, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 133 del Decreto 1818 de 1998, según se aprecia en la comunicación 024849 del 19 de marzo del corriente año (fl. 78), pero en la segunda hipótesis, la misma persona, invocando ahora la calidad de secretaria de la junta directiva, se limitó a “anexar copia de la decisión” que tomó ese órgano, refiriendo brevemente cuál fue la razón que motivó la determinación (fl. 86).

Tampoco sirve como elemento justificativo la actuación posterior a la decisión adoptada, que solamente refleja el propósito de solucionar la controversia constitucional sin necesidad de acudir a la jurisdicción del Estado. Menos aún se puede invocar como argumento la posibilidad de presentar recursos en la vía gubernativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales, para los efectos de la acción de tutela, no tienen, como es obvio, naturaleza judicial. Además, el acto cuestionado no está sujeto al control de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no está vinculado a la función de llevar el registro mercantil u otras afines que la ley le ha asignado (C. de Co., arts. 87 y 94). Más aún, la propia accionada reconoció en comunicación del 6 de julio anterior, que el agotamiento de la vía gubernativa no estaba formalmente consagrado (fl. 21).

De otro lado, resulta importante subrayar —dada la tipología, a la par que el marco referente a las funciones asignadas al juez de constitucionalidad, de suyo diferentes a las del juez natural—, que la Sala no cuestiona o controvierte si la sanción, en su momento impuesta, es viable o no y, por ende, si resulta ajustada a derecho, toda vez que ella es del resorte privativo de la entidad accionada, según lo contemplan sus reglamentos. Simplemente se reprocha que para adoptarla, la Cámara debió adelantar, ex ante, un debido proceso, a fin de salvaguardar la vigencia de tan acrisolado principio, demostrado, como ha quedado, que es un particular calificado, no ayuno del prenotado control de constitucionalidad, en atención a la función pública en su momento conferida, ministerio legis, la que en tal virtud no puede ser desatendida y, menos aún, relativizada, so pena de desvirtuar el “rol” que desempeña en el trámite prearbitral, como se sabe de factura legal.

A ello, exclusivamente, se circunscribe el juicio constitucional y, por eso mismo, la Corte confirmará la sentencia en cuanto concedió el amparo solicitado, sin entrar a analizar las razones que motivaron aquella determinación que, se insiste, son del ámbito propio de la Cámara de Comercio de Ibagué, en concreto de su junta directiva, al tenor de lo estatuido en el artículo 19 in fine del reglamento del centro (fl. 31). De ahí que resulte innecesario verificar si se violó el derecho al buen nombre o al trabajo, ya que desapareciendo el acto provocador de la supuesta amenaza o lesión por irregularidades en su trámite y expedición, como se anotó, queda sin fundamento todo alegato en torno a los efectos que pudiera tener en cuanto al crédito profesional y el desempeño laboral de la accionante, que ciertamente podrían, en determinadas circunstancias ligadas a hechos ajenos y no propios del árbitro, resultar afectados por gracia de la información que sobre la exclusión se hace al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior y a los demás centros, según se prevé en la norma del reglamento aludida.

6. Fluye de todo lo expuesto, que el Tribunal desbordó su competencia con la declaración de nulidad de la actuación adelantada en el proceso arbitral, pronunciamiento que no consulta la pretensión de amparo constitucional elevada, ni el ordenamiento jurídico sobre la materia.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada en lo concerniente a esa determinación, pero, consecuente con lo expresado en líneas anteriores, se confirmará en cuanto concedió la tutela del derecho al debido proceso, para lo cual se dispondrá dejar sin efecto las decisiones de la junta directiva de la entidad accionada, que excluyeron a la abogada peticionaria de la lista de árbitros y conciliadores de su centro de conciliación, arbitraje y amigable composición, así como la que mantuvo esa determinación, a consecuencia de lo cual se le incluirá nuevamente en los referidos listados, todo sin perjuicio, claro está, de las decisiones y providencias que ulterior y autónomamente pueda adoptar por la pretendida infracción al reglamento, eso sí, con ajustado respeto de la garantía constitucional al debido proceso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

1. CONFIRMA los numerales 3.1, 3.4, 3.5 y 3.6 de la sentencia impugnada.

2. REVOCA el numeral 3.2 relativo a la nulidad de lo actuado en el proceso arbitral y, en su lugar, dispone como medida de protección del derecho tutelado, dejar sin efectos la decisión de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, que excluyó a la accionante de la lista de árbitros y conciliadores de su centro de conciliación, arbitraje y amigable composición, así como la que mantuvo esa determinación.

3. MODIFICA, para adicionar, el numeral 3.3, en el sentido de que también se incluirá a la accionante en la lista de conciliadores, otorgando, para tal efecto, el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.

Notifíquese telegráficamente a los interesados y, en oportunidad, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

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