Sentencia 7618 de septiembre 11 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

RENUENCIA A LA INSPECCIÓN JUDICIAL

CONSTANCIA SOBRE EL DESACATO

EXTRACTOS: «El artículo 56 del Código de Procedimiento Laboral que regula la “renuencia de las partes a la práctica de la inspección judicial”, preceptúa:

“Si decretada una inspección, ésta no se llevare a efecto por renuencia de la parte que deba facilitarla, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar, en los casos en que sea admisible la prueba de confesión; si no fuere admisible la confesión, se le condenara sin más actuación al pago de una multa no superior a mil pesos”.

Según el recurrente, de la simple lectura de la norma empleada por el Tribunal no se colige que para su aplicación se requiera que “se dicte auto, o se deje constancia de la renuencia”, porque sólo basta que ésta se dé y que los hechos que se pretendan demostrar sean admisibles de prueba de confesión, para tenerlos como probados.

Las partes en el proceso laboral deben actuar de buena fe, con probidad y lealtad para el logro del cometido esencial del total esclarecimiento de los hechos materia de debate. Corolario de lo anterior es su obligación de facilitar la práctica de las pruebas decretadas, sin acudir a disculpas carentes de veracidad o a procedimientos indebidos que tiendan a dilatar u obstruir el normal desenvolmiento de las mismas

Manifestación concreta de estos postulados y de las consecuencias que prevé la ley para su efectividad es el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo que en tratándose de la inspección judicial no se limita simplemente a contemplar la hipótesis de la renuencia, sino que consagra dos tipos de consecuencias concretas, diferentes y excluyentes, para el evento de que la inspección ocular no pueda llevarse a cabo total o parcialmente como consecuencia de reticencia o repugnancia de una de las partes a su práctica.

Pero en desarrollo del principio de la inmediación, es obvio que sólo compete al juez del conocimiento encargado de la instrucción de los procesos la calificación de la conducta renuente, porque además por ser él quien practica la prueba puede observar con mayor posibilidad de acierto si esas circunstancias que impiden la cabal evacuación de la diligencia son imputables a una de las partes.

Si bien es cierto que literalmente la disposición en comento no contempla expresamente la declaratoria de renuencia, es lógico que tal calificación o la constancia de los hechos que la estructuran deben quedar plasmados explícitamente en las actas de las audiencias de trámite antes de la clausura del debate probatorio, por cuanto en primer lugar dicha renuencia, en estricto sentido, más que una valoración probatoria, es parte integrante de la etapa instructiva de los procesos, toda vez que se trata de definir si la práctica de la prueba cumplió su derrotero o no, debido a la actuación de una de las partes, y como tal debe quedar dilucidada antes de la audiencia de fallo. Obviamente tal declaración o constancia no reviste carácter sacramental alguno, ni su única forma de expresión es un “auto”, pues también puede exteriorizarse mediante una constancia expresa en el acta de una audiencia anterior a la de juzgamiento.

De otra parte, como lo tiene adoctrinado esta Sala, de no hacerse dicho pronunciamiento sobre el desacato y la calificación de renuencia en esa etapa procesal, y se pospusiera para la sentencia, se sorprendería al afectado y se le cercenaría la posibilidad de controvertirla (sentencia de octubre 27 de 1993)(*).

Naturalmente también son presupuestos para la renuencia, que la parte que la solicita haya concretado los hechos cuya demostración pretende con la inspección y que éstos sean susceptibles de prueba de confesión porque así se desprende del tenor de la norma en mención y de su finalidad. Mas no es indispensable que la individualización de los hechos objeto de la presunción de certeza, susceptibles de confesión, exija un previo pronunciamiento del juzgador, toda vez que este aspecto también puede ser materia del fallo, que es cuando el juez analiza el acervo probatorio y expresa los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, conforme a los principios de la sana crítica y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes (CPL, art 61).

Obsérvese cómo por virtud de la última reforma del procedimiento civil hubo un acercamiento al laboral al disponer aquél que si en la inspección judicial “alguna de las partes” se muestra poco dispuesta a permitir la diligencia, o impide u obstaculiza su práctica, el “juez dejará testimonio de ello en el acta y le impondrá multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales y apreciará tal conducta como indicio en contra de aquélla”. (D.E. 2282/89, art. 1º, num. 114, ord. 2º).

Sin embargo, mientras que la disposición que regula la conducta obstructiva en el procedimiento civil consagra como consecuencia un indicio en contra del responsable y una multa, en materia laboral el artículo 56 del Código de Procedimiento Laboral, ordena tener probados, en contra del renuente, los hechos que la otra parte se proponía demostrar, en aquellos casos en que fuera admisible la prueba de confesión.

En ese orden de ideas, el Tribunal no aplicó indebidamente, como lo pregona la acusación, el artículo 56 del CPL al exigir un pronunciamiento del a quo, previo a la sentencia de primer grado, sobre la renuencia de la demandada».

(Sentencia de casación, septiembre 11 de 1995. Radicación 7618. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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