Sentencia 7622 de julio 12 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

ANTIJURICIDAD E IMPUTACIÓN

EXTRACTOS: «a) El artículo 90 (C.N.) no convirtió en objetiva toda la repsonsabilidad patrimonial del Estado.

b) La antijuridicidad se predica del daño causado y no de la conducta de la administración, la que puede ser legal o regular o ilícita.

c) El daño causado debe imputársele a una persona pública determinada (autoridad en sentido lato), para que ésta responda patrimonialmente (imputabilidad patrimonial).

d) No es indiferente que el sujeto activo sobre correcta o incorrectamente, ya que si el obrar fue regular la antijuridicidad del daño, que puede calificarse de objetiva, surgirá de la existencia del mismo y no de la conducta administrativa. En cambio, cuando esa conducta sea irregular y produzca un perjuicio, éste seguirá siendo antijurídico y objetivo, pero su prueba se facilitará con la constatación de esa irregularidad. En dicho evento nada impide que se hable, frente a la conducta misma, de anti-juridicidad subjetiva. Pero la calificación, cabe reconocerse, es más de tono académico que práctico.

e) Una cosa es la antijuridicidad del daño y otro es el criterio para definir la imputación. El daño es el efecto de una conducta (regular o irregular). La imputación es el elemento o vínculo que permite evidenciar la relación causal entre ese daño y el sujeto que lo produce, prescindiendo en esa relación de la calificación de la ilegalidad de la conducta de un funcionario determinado o del servicio objetivamente considerado.

f) La imputación patrimonial, aun tratándose de la responsabilidad objetiva, no impide la operancia de las causales de exoneración conocidas como fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de tercero igualmente exclusivo y determinante; y no las impide, porque estas causales debidamente probadas destruyen la imputación que se le hace a la administración, para mostrar que ésta no tuvo nada qué ver con el resutlado dañoso; que no fue, en otras palabras, su causa.

g) La antijuridicidad del daño es siempre objetiva (no tenía el sujeto lesionado por qué sufrirlo); pero no sucede igual con la antijuridicidad de la conducta, la que siempre mostrará una actividad por fuera del ordenamiento. Esta es la razón para que se entienda por qué, en ciertos eventos, la administración resulta responsable pese a que actuó regularmente”.

(Sentencia de julio 12 de 1993. Expediente 7622. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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