Sentencia 7625 de agosto 5 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN RESUELTOS A FAVOR

EXTRACTOS: «Para la Sala el asunto en discusión se limita a determinar si el rechazo de gastos correspondientes a otras vigencias fiscales por valor de $ 2.211.000, que planteó la administración desde la etapa de fiscalización, quedó o no amparado por el silencio administrativo de efectos positivos. Para el efecto la Sala ve la necesidad de transcribir los artículos 711, 722, 723 y 732 del estatuto tributario.

Una interpretación armónica del texto literal de los artículos transcritos permite deducir:

1. Que el requerimiento especial y su respuesta enmarcan el contenido de la liquidación de revisión y de su discusión, de tal suerte que esta no puede contener hechos que no hubiere propuesto la administración al contribuyente.

2. El contribuyente al dar respuesta al requerimiento debe controvertir las glosas que le formula la administración que no acepte, pero si acepta los hechos que ella le propone se coloca en imposibilidad de objetarlos con ocasión del recurso de reconsideración.

3. Exige la ley, para garantizar el derecho de audiencia y defensa del contribuyente que éste al interponer el recurso, cumpla entre otros, con el requisito de formulación escrita, “con expresión concreta” de los motivos de inconformidad.

4. Sólo a partir de la interposición del recurso, con el lleno de los requisitos legales empieza a correr el término de un año para que la administración falle y haga conocer su decisión al administrado so pena de que éste se entienda fallado a favor del contribuyente.

5. Lo anterior implica que vencido el año sin que la administración haya notificado su decisión, cada una de las inconformidades que contra el acto administrativo alegue el contribuyente (expresión concreta de los motivos de inconformidad) se consideran resueltos a favor sin necesidad de cumplir con formalidades y pruebas.

Pero si efectuado un rechazo de gastos para efectos fiscales de un ejercicio impositivo, el contribuyente no sólo no expresa su inconformidad, sino que con anterioridad, al dar respuesta al requerimiento, acepta el hecho, no puede pretender que sobre el mismo opere el silencio administrativo de efectos positivos.

Analizado el memorando explicativo de la liquidación de revisión (fls. 36 a 46 del expediente), observa la Sala que en él la administración consigna las irregularidades que dieron origen a la modificación de la liquidación privada presentada por el contribuyente, entre ellas el rechazo del valor de $ 2.211.000 por concepto de compras que aunque contabilizados en 1987, correspondían a otras vigencias gravables, respecto de las cuales, según se advierte en la motivación escrita del acto administrativo, la contribuyente expresó en la respuesta al requerimiento especial: “aceptar el rechazo por la suma de $ 198.070, ya que consideran que el valor restante, corresponde al ejercicio contable de acuerdo con el artículo 16 numeral 2º del Decreto 2053 de 1974”.

Es decir, que es la propia sociedad la que destruye la presunción de veracidad que ampara los hechos consignados en su declaración tributaria, al admitir que los gastos allí consignados, por lo menos en la suma de $ 198.070 no eran costos del ejercicio 1987.

Mal puede pretender entonces que la ocurrencia del silencio administrativo positivo ampare absolutamente toda la declaración de renta y la liquidación privada presentada, menos aun cuando al interponer el recurso de re-consideración (fls. 94 a 99) sólo se refirió a las glosas propuestas por ingresos omitidos por $ 25.179.720, rechazo de compras sin soporte por $ 9.532.348, facturas sin requisitos por $ 593.843 y a las sanciones por inexactitud y libros de contabilidad.

Es decir, no expresó el motivo de inconformidad con el rechazo de compras por corresponder a vigencias fiscales distintas, de tal suerte que éste no podía ser objeto de decisión de fondo por parte de la administración y por ende del silencio administrativo positivo, como acertadamente reclama la apoderada de la administración».

(Sentencia de agosto 5 de 1996. Expediente 7625. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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