Sentencia 7627 de junio 20 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente 7627

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete.

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El argumento toral a través del cual el tribunal absolvió en esta causa de responsabilidad civil extracontractual al demandado Víctor López Niño radicó en que como él fue el sujeto pasivo de la acción penal, en contra de quien se dictó sentencia y se le impuso la obligación de pagar perjuicios, cuantificados por el procedimiento previsto en el artículo 26 de Decreto 409 de 1971, en razón a que en ese fallo se le impuso en abstracto condena al pago de daños, debía advertir que por esa sola circunstancia él no debió ser demandado en esta causa, por haber sido ya sometido a las resultas de la condena penal, pues le correspondía el procedimiento allí señalado. Agregó que por esa circunstancia él en este proceso no era sujeto de obligaciones, por lo que aquí no estaba legitimado debido a que a su favor militaba el principio de derecho de que nadie podía ser castigado dos veces por el mismo hecho.

2. Por su lado la censura le enrostra haber quebrantado, fundamentalmente, los artículos 26 del Decreto 409 de 1971 y 308 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación indebida, y 332 de este ordenamiento jurídico, por interpretación errónea, al considerar el recurrente que el sentenciador estimó que López Niño se sujetó a un proceso penal culminado.

3. Al concatenar una y otra argumentación, rápidamente se advierte que las normas que se aducen como quebrantadas, ciertamente no fueron infringidas por el fallador, en el caso de los artículos 308 y 332 citados, sencillamente porque no los aplicó, al expresar tajantemente que esta discusión “resultaba superflua”, por cuanto no conducían “a nada práctico”, por las otras razones que a continuación entró a señalar. Obsérvese que del contexto de las consideraciones del sentenciador, en los apartados donde se dedica a resolver la situación del aludido demandado, apenas tangencialmente se mencionan tales mandatos, pero por otros aspectos, razón por la cual no se ajusta a la verdad que se sostenga, como equivocadamente lo hace el censor, violación por aplicación indebida, en el caso de la primera de las referidas, o interpretación errónea, en el de la segunda.

Es así como el llamado que hizo el juzgador del artículo 26 del Decreto 409 de 1971 fue apenas para significar que la condena impuesta a Víctor López en el juzgado penal fue cuantificada por el procedimiento de la disposición aludida, pero no para imponer un criterio a través del cual estuviera sosteniendo que la suerte que con relación a los perjuicios demandados por el actor debía dilucidarse inevitablemente a lo que dijera la norma que contenía esa disposición. En otras palabras, cuando citó este artículo lo hizo tomando como referencia el contexto dentro del cual se dictó la providencia por la que el Juzgado Octavo Penal Municipal desató la instancia contra el sindicado, entendimiento este que a la vez permite aducir que sobre el particular no se pudo presentar la falta de aplicación que el casacionista exhibe como soporte del cargo tercero. Precisamente por ello tampoco se presentó la violación de las restantes disposiciones involucradas en los cargos.

4. Desde esta perspectiva, resulta claro que al quedar por fuera del ataque los demás argumentos del fallo con base en los cuales el tribunal igualmente desató la controversia en lo tocante con López Niño, los cargos así planteados devienen incompletos, cerrándoles toda posibilidad de éxito, pues, como lo ha sostenido la corporación, cuando el fallo impugnado se halla apoyado en diferentes fundamentos probatorios, en orden a destruir la presunción de verdad y acierto de las conclusiones fácticas con que llega a casación, es deber del censor presentar un ataque panorámico, esto es, “una impugnación que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisión, porque si esta es parcial, así se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunción de acierto continuaría vigente” (G.J., T. CCLXI, pág. 882).

En este asunto se incurrió en la señalada deficiencia técnica puesto que no fueron atacados todos los pilares en que el fallo se encuentra soportado, como aquellos a través de los cuales el tribunal consideró que por habérsele impuesto a López Niño una condena en abstracto, este no podía ser demandado, pues al haber sido sometido “a las resultas legales de la condena penal, le correspondía el procedimiento señalado en la ley”, razón por la cual su intervención en este asunto no era legal, careciendo, por tanto, de legitimación en la causa, a más que lo atinente a la cuantificación de los perjuicios le correspondía al aludido juez penal dilucidarlo, puesto que en su momento ese funcionario debió concretar su cuantía, debido a que para ese entonces la condena en abstracto ya estaba abolida y, por consiguiente, aquella liquidación no le correspondía a la justicia civil.

5. Al margen de las consideraciones precedentes, es de verse que la providencia de 27 de febrero de 1984, dictada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Bogotá, en punto a los perjuicios que aquí se reclaman, se limitó a señalar simplemente que se condenaba a López Niño “in generi, (sic) a pagar los perjuicios ocasionados por el delito”, sin que esa determinación la hubiere condicionado a un plazo procesalmente establecido, situación que permite afirmar, como lo hizo el tribunal, que por esa sola circunstancia toda reclamación atinente a la cuantificación de esos daños necesariamente debía articularse en esa instancia judicial, con mucha mayor razón si, como el casacionista lo pregona, las normas aplicables para la época eran las contenidas en los artículos 103, 106 y 107 del Decreto 100 de 1980 (C. Penal), las cuales para el establecimiento del monto indemnizatorio, afirma el censor, no preveían la adopción en esa esfera de la jurisdicción del procedimiento que para el trámite incidental regulaba el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil en la norma que estuvo vigente antes de que entrara a regir el Decreto 2282 de 1989; situación que permitía sostener, entonces, que a la regulación o tasación de los perjuicios referidos en dicho fallo penal podía acudirse aun después de alcanzados los dos meses que el precepto legal último aludido incorporaba.

Esta es justamente la razón por la cual el tribunal consideró que López Niño en este proceso no podía ser sujeto de obligaciones, y que por lo mismo no estaba legitimado para afrontar las demandas que aquí se le hicieron, puesto que al efecto ya se había determinado su responsabilidad, sobre la cual no hay desacuerdo, e impuesto la condena a pagar los susodichos perjuicios.

En este orden de ideas, no se trata de que el fallador hubiera sostenido que el proceso penal terminó o que se produjo el agotamiento de la liquidación, como lo sostiene la censura, significando con ello que el ad quem se refirió a la cosa juzgada, sino simplemente que por la circunstancia expuesta “ese aspecto correspondía dilucidarlo al juez competente para la cuantificación del daño, como quiera que ya para la época de esta demanda el juez penal ha debido señalar” (fl. 270), el monto de los perjuicios.

Tal aserto resulta admisible si se tiene en cuenta que, inclusive con asidero en las disposiciones legales promulgadas con posterioridad a la ocurrencia del hecho dañoso, las cuales, a decir del casacionista, obligaban a condenar en concreto al responsable penal y que, por no haberse procedido así, surgía la posibilidad para el afectado de poner en movimiento la especialidad civil a fin de obtener la cuantificación de los perjuicios causados con el delito, la Corte consideró que luego, “tratándose de un asunto sometido a la legislación sustancial procedimental penal vigente en 1990, será necesario tener presente que ejercida la acción civil dentro del proceso penal resulta imperativo que, en caso de condena, sea el juez penal quien establezca la condena en concreto al pago de los perjuicios en favor de dicha parte, cuando se encuentren probados su existencia y monto, a iniciativa de la parte civil o de dictamen pericial oficioso (CPP/87, arts. 46 y 50, inc. 1º), y/o cuando, tratándose de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente, el juez fije prudencialmente, según el caso, la indemnización en sumas equivalentes hasta en mil o cuatro mil gramos oro (CPP, art. 50, inc. 2º y C.P., arts. 106 y 107)” (G.J., T. CCXXXI, pág.181).

6. Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

Cargo segundo

Con respaldo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente acusa la sentencia por quebrantar directamente los artículos 2346 del Código Civil, por aplicación indebida; y 1494, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1614, 2070, 2071, 2072, 2341 2344, 2347 y 2349 del Código Civil; 103, 105, 106 y 107 del Decreto 100 de 1980; 983, 984 y 991 del Código de Comercio; 1º, numeral 75, del Decreto 1809 de 1990; 9º, 10, 11, 23 y 34 de la Ley 336 de 1996; y 3º, numeral 6º, inciso 2º, de la Ley 105 de 1993; así como la Ley 5ª de 1979 y los decretos 1344 y 1393 de 1970, 1147 de 1971 y 0491 de 1996, por falta de aplicación, por cuanto el tribunal admitió a Sidauto S.A. como empresa de transportes de servicio público y tuvo por establecido el contrato de afiliación del vehículo con el cual se atropelló al actor pero no reconoció los efectos propios otorgados por la ley aplicable al caso controvertido.

1. Al desarrollar la crítica sostiene que evidenciado como tuvo el ad quem “la prueba de la afiliación, quiebra este la inmediata consecuencia, de la responsabilidad civil de la transportadora, acuñando al propietario como eslabón que falta en la cadena según dicho tribunal y con quien no se sabe si correspondía o no la labor de vigilancia y cuidado sobre sus agentes”, duda que según el sentenciador “borra la obligación de indemnizar por parte de Sidauto S.A.” (fl.15).

2. Tras citar los artículos 2071 y 2072 del Código Civil anota que tales preceptos imponen la responsabilidad solidaria del transportador por el hecho de sus dependientes al disponer que el empresario de transporte es responsable del daño no solo por su propio hecho sino por el de sus agentes y determinan la responsabilidad del transportador como tal y como obligado a velar por las condiciones personales, de conocimiento y pericia de sus agentes.

3. Señala que con arreglo al artículo 983 del Código de Comercio, las empresas de transporte tienen obligaciones como la de vincular los vehículos mediante los cuales prestan el servicio público, situación que genera la responsabilidad civil directa como si fuera el propietario; agrega que esta responsabilidad directa del transportista la reitera el artículo 984 ibídem, al indicar que el transportador podrá encargar a terceros la conducción contratada bajo su responsabilidad.

4. Para el casacionista los alcances de la responsabilidad de Sidauto S.A. surgen del contrato de afiliación, es decir, de la vinculación del bus a esa transportadora, con dos efectos manifiestos: la responsabilidad directa e inmediata de la sociedad, y la de vigilar, constatar, controlar, manejar y contratar al personal a su disposición con el cual presta el servicio, obligaciones que el tribunal desconoció.

5. Con base en el artículo 991 del Código de Comercio, asegura que cuando la persona jurídica no sea propietaria o arrendataria del vehículo o no tenga a otro título el control efectivo del rodante, el propietario o quien lo hubiere afiliado y la transportadora responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte y que la empresa tiene el control efectivo del automotor cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar al personal que lo opera directamente y sin intervención del propietario.

6. Remata el acusador anotando que las normas relacionadas en la acusación aluden a la responsabilidad de la transportadora bajo dos puntos de vista legales: la solidaridad entre esta y el conductor, y la directa que funda en el desenvolvimiento de las actividades contraídas al ejercicio de su objeto social. En otras palabras, si hubiera aplicado las normas que involucra en el cargo, habría declarado la responsabilidad civil de la sociedad demandada, pero por aplicación indebida recurrió al artículo 2346 del Código Civil para hablar de vigilancia y cuidado como contraposición a negligencia, circunstancia predicable de los actos de los menores de diez años; igualmente erró el fallador, prosigue, “porque además de presumirse la culpa, el servicio público de transporte es una actividad sometida por las leyes invocadas que definen la obligación de la empresa de transporte ... de designar el personal adecuado, verificando desde el principio las condiciones personales y técnicas necesarias”.

Cargo quinto

AI amparo de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el casacionista acusa la sentencia por violación directa de la ley, “por aplicación indebida de un precepto legal inexistente al momento de fallar el juez penal municipal el proceso penal respectivo, por falta de declaración de responsabilidad del tercero civilmente responsable” y en consecuencia, falta de aplicación de los artículos 1494, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 2341, 2344, 2347 y 2349 del Código Civil, la Ley 5ª de 1979 y el Decreto 100 de 1980, 103, 105, 106 y 107 (C. Penal), 983, 984 y 991 del Código de Comercio, Ley 336 de 1996, artículos 9º, 10, 11, 23 y 36, por cuanto para 1980 y aun al momento del fallo de primera instancia no existía en el derecho penal la figura procesal del tercero civilmente responsable, quebranto que se consolida en el numeral tercero de la parte resolutiva cuando absolvió a la sociedad demandada.

1. Una vez relató la evolución que en el derecho colombiano ha tenido la figura penal del tercero civilmente responsable, y tras considerar que el Decreto 409 de 1971 no la previó, pues ella vino a tener vida jurídica desde 1991, y por tal motivo antes de esta época no existía la posibilidad de vincular al pago de los perjuicios a personas obligadas por el hecho de otros, expresó el censor que por ello mismo, por los hechos aquí comprometidos, para cuando se tramitó el proceso penal no podía vincular allí a la sociedad demandada, punto a partir del cual estima errada la consideración que en esa dirección produjo el tribunal.

2. Argumenta el recurrente que el tribunal expuso que debió obrar pronunciamiento penal sobre la responsabilidad de la persona jurídica accionada, con lo cual, además de desconocer aquella evolución, dejó de aplicar los artículos 2070, 2071, 2341, 2344, 2347 y 2349 del Código Civil, 983, 984 y 991 del Código de Comercio y 36 de la Ley 336 de 1996, preceptos de los cuales se establece que la persona natural como la jurídica responden del daño causado con el delito o culpa “por existir solidaridad legal (responsabilidad directa)”, de lo que se deduce la posibilidad de demandar a cualquiera de los obligados, “sean propietarios, empleadores, empresa transportadora o autores”, y que, por tanto, “la marginalidad que pueda alegarse no tiene base legal al punto de que inmediatamente se debe negar cualquier validez a la prédica del tribunal sobre la ausencia de demanda contra el propietario del vehículo para sostener que no es válida la pretensión directamente contra la empresa transportadora” (fl. 31).

3. Finalizó indicando que “lo más grave de la posición asumida por el tribunal, es tratar de intercalar con la aplicación de una norma inexistente para el caso de la figura del 3º civilmente responsable en 1991 cuando ocurrió el accidente o en 1994 cuando el Juzgado Octavo Penal Municipal falló, una circunstancia considerada por el mismo como óbice u obstáculo legal suficiente para impedir la declaración de responsabilidad de la empresa transportadora significando trasgresión inmediata y evidente del precepto contenido en el artículo 991 del Código de Comercio que consagra la solidaridad de la empresa transportadora y el propietario del vehículo e incluso, considerando la responsabilidad directa de la empresa transportadora dispone que el control efectivo y contratación del conductor o personal sin intervención del propietario corresponde a la misma, texto que definitivamente entierra el pretexto para absolver a Sidauto S.A.” (fls. 31 y 32).

Consideraciones de la Corte

1. Con el propósito de destruir la argumentación con base en la cual el ad quem negó las pretensiones frente a la sociedad demandada, el censor sostiene que pese a haber tenido aquel a Sidauto S.A. como empresa de transportes de servicio público y admitido la existencia del contrato de afiliación del vehículo con el cual se atropelló al actor, el tribunal finalmente no reconoció los efectos que sobre ese particular prevé la ley, pues desconoció que las disposiciones legales acopiadas en los cargos le imponen a las transportadoras la responsabilidad solidaria por el hecho de sus dependientes al señalar que son responsables del daño que causen no solo directamente sino a través de sus agentes, es decir, que así como ellas tienen la obligación de vincular los vehículos mediante los cuales prestan el servicio, les imponen una responsabilidad civil directa como si fueran propietarias; es por ello, dice, que la responsabilidad de aquella persona jurídica nació de la vinculación del bus mediante el contrato de afiliación con la obligación directa e inmediata de vigilar, constatar, controlar y manejar al personal a su disposición con el cual presta el servicio; agrega que esas disposiciones legales establecen una responsabilidad solidaria entre el conductor y la transportadora y al mismo tiempo directa de esta, la cual surge como consecuencia del desarrollo de las actividades inherentes a su objeto social. Con esa base afirma que si el fallador hubiera aplicado las normas involucradas en los cargos, habría declarado la responsabilidad civil de la nombrada opositora.

2. Con ese marco de referencia es de observarse que el artículo 2356 del Código Civil, al tiempo que regula lo atinente a la responsabilidad que surge del desarrollo de las actividades peligrosas, reglamenta, al lado del supuesto previsto en el artículo 2347 ibídem, la llamada responsabilidad directa, predicable, como se sabe, no solamente del autor material del hecho dañoso sino también de las personas, naturales o jurídicas, que ostentaren la condición de guardianas de la cosa inanimada con la cual se produjo el daño, desde luego que como la responsabilidad atribuible al autor material del suceso y la que se deriva de la ejecución de una labor considerada de riesgo no se excluyen “la presunción de culpabilidad en contra de quien ejercita una actividad peligrosa afecta no solo al dependiente o empleado que obra en el acto peligroso, sino también al empleador, dueño de la empresa o de las cosas causantes del daño” (G.J., T. LXI, pág. 569).

Ha de decirse, entonces, que como esa presunción necesariamente se extiende a todos aquellos a quienes pueda tenérseles como responsables de la actividad en cuyo desarrollo se produjo el evento causante del daño, ella es predicable, por lo mismo, del guardián de la actividad, es decir, de quien en ese ámbito tenga o ejerza “la dirección, control y manejo, como cuando a cualquier título se detenía u obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el cual se realizan actividades caracterizadas por su peligrosidad” (G.J., T. CXCVl, pág. 153), ya que, como también lo ha señalado la corporación, la mera circunstancia de que la cosa “se halle al momento del accidente en manos de un subordinado y no del principal, no es obstáculo para que con apoyo en el artículo 2356 del Código Civil la obligación resarcitoria pueda imputársele al segundo directamente”, lo cual de paso da ocasión para puntualizar que la responsabilidad demandada al amparo del citado precepto legal no necesariamente debe estar ligada a la titularidad de un derecho sobre la cosa, puesto que, como ya se expuso, bajo la concepción de guardián de la actividad con la cual se produce la lesión “será entonces responsable la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder”, de donde se desprende que para llevar a la práctica el régimen de responsabilidad del que se viene hablando, entre otros sujetos, adquieren la mencionada condición “los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoratarios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados” (G.J., T., CCXVI, págs. 505 y 506).

3. Dentro del contexto que se viene desarrollando es de verse, por consiguiente, cómo las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestación regular del servicio a su cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del vehículo respectivo, ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las cuales ejecutan las actividades propias de su objeto social, no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado.

En el sentido que se acaba de exponer la corporación dejó sentado, teniendo como punto de referencia las normas incorporadas en el Decreto 1393 de 1970, “vigente para la época de ocurrencia de los hechos, que las empresas de transporte son, por definición, una unidad de explotación económica permanente, con los equipos, instalaciones, y órganos de administración adecuados para efectuar el acarreo de personas o bienes de un lugar a otro (art. 9º), que las mismas deben poseer un sistema adecuado de mantenimiento de los vehículos, bien que lo hagan por cuenta propia o faciliten a los demás los medios para hacerlo (art. 21); que deben forzosamente contratar los conductores y les asignan los honorarios (arts. 2º, 47 y 51); que son las que elaboran tanto el reglamento de funcionamiento como el interno de trabajo (arts. 9º y 24); las que, cuando no son propietarias de todos los vehículos, los vincula por cualquier forma contractual legalmente establecida (art. 9º), y en fin, la de que una vez obtenida la licencia de funcionamiento, que la acredita encontrarse en posibilidad de prestar el servicio público de transporte terrestre automotor (art. 23), obtiene la tarjeta de operación de los vehículos” (G.J, T. CXCVI, pág. 155).

Esas particulares características, que brotan como consecuencia de la ejecución del negocio a través del cual las sociedades transportistas asumen la función de operar y explotar los vehículos que de otras personas vinculan, “legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo ‘... es acertado, ha dicho esta corporación, que se le repute culpable de todo detrimento ocasionado por su obrar...’ …” (Sent. 021 de feb. 1º/92, no publicada aún oficialmente), ya que, como en otra ocasión igualmente lo sostuvo, “el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que esta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo” (G.J.; T. CCXXXI, 2º Vol., pág. 897).

4. En este orden de ideas, es palmario que cuando como consecuencia de la realización de la actividad de transporte, con el instrumento mediante el cual ese servicio es cumplido, se ejecuta un hecho que causa daño a otros, la acción a través de la cual se reclame la reparación de la consiguiente indemnización puede intentarse involucrando como contradictor, aparte de otras personas como, verbi gratia, al conductor o al propietario, únicamente a la compañía transportadora en la cual el vehículo se hallaba afiliado para la época del accidente, pues, por efecto del principio de solidaridad que campea en la materia, del que trata el artículo 2344 del Código Civil, al decir que si un hecho como el que involucra este proceso ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo, “la víctima o acreedor queda facultado para exigir la totalidad del crédito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente, o igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que estos puedan oponerle el beneficio de división” (G.J., T. CLXXX, pág. 280).

5. En el presente asunto se encuentra que el demandante reclama la indemnización de los perjuicios sufridos a raíz de los daños que padeció al ser atropellado por el vehículo de servicio público conducido por el opositor Víctor López Niño y afiliado, para la prestación de la respectiva actividad, a la Sociedad Importadora y Distribuidora Automotora S.A., también demandada.

Para resolver la pretensión que en ese sentido edificó el actor, el tribunal, no sin antes dar por probados los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual, vale decir, los hechos relativos al accidente, la culpa de la contraparte, el daño y la relación causal, apoyándose al efecto, además, en las providencias a través de las cuales la jurisdicción penal le impuso al nombrado conductor las sanciones típicas de esa especialidad de la justicia ordinaria y la condena a pagarle a aquel los perjuicios causados, dio por evidenciada la afiliación a la sociedad demandada de la cosa con la que se produjo el hecho dañoso, pero determinó, con todo, que la situación en relación con ese sujeto procesal debía definirla a la luz del artículo 2347 del Código Civil, endilgándole una responsabilidad indirecta, con lo cual dejó de aplicar los artículos 2341 y 2344 ejusdem, que debió hacer actuar, por cuanto al estar aquel bien afiliado a esa persona jurídica, para la prestación del servicio en cuyo desarrollo devino el suceso dañino, por esa misma relación, como atrás quedó ampliamente analizado, ostentaba la condición de guardiana, la que, valga recalcarlo, no fue desvirtuada dentro del proceso, situación que permitió el surgir de la responsabilidad no solo solidaria entre Sidauto S.A., el chofer vinculado y el propietario del bien —que aunque no fue demandado, ello no constituye obstáculo para la imposición de una condena contra aquellos— sino directa de la sociedad transportadora.

Al aplicar aquella disposición que no venía al caso, y dejar de hacer actuar estas, que eran las normas legales con base en las cuales debió definir la controversia frente a la susodicha empresa transportista, el ad quem cometió error de juicio, el que, por ende, lo condujo a desestimar las súplicas en relación con la citada demandada, cuando debió haber dispuesto todo lo contrario, máxime si se toma en consideración que advirtió que el chofer Víctor López fue condenado penalmente por los mismos hechos y que por adelantado había dado por demostrado el accidente, la culpa de los opositores, el daño y la relación de causalidad, como elementos estructurales de la responsabilidad aquiliana, prevista en el artículo 2341 citado.

No ha de perderse de vista, adicionalmente, que si bien es cierto en la demanda se adujo una relación de dependencia entre el chofer y la persona moral, no lo es menos que allí también se sostuvo que esta ostentaba la condición de afiliadora del automotor con el que fue arrollado el actor (fl. 15, cdno. 1), situación que permite sostener, como en otra oportunidad lo expuso la Corte, que la susodicha subordinación no se exige “para las acciones impetradas con base en el artículo 2356 ibídem, como aquí acontece, ya que en este caso no interesan las relaciones entre el conductor y el guardián o propietario, puesto que, repítese, la presunción de culpa emerge es de la obligación de mantener o conservar las cosas, del control de mando, dirección y aun del goce sobre ellas, en forma tal que nadie reciba daño alguno, con abstracción de su conductor” (G.J., T. CXCVl, pág. 154).

Se impone, pues, el quiebre del fallo, pero únicamente en lo tocante con lo que el juez de segundo grado resolvió en relación con la nombrada empresa transportadora.

6. Por tanto, prosperan los cargos.

IV. Sentencia sustitutiva

Al imponerse el quiebre de la sentencia combatida, compete a la Corte, en sede de instancia, resolver sobre la apelación que el demandante planteó contra la sentencia de 3 de octubre de 1996, dictada por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá; con todo, no se seguirá a ello inmediatamente sino que, previamente a su expedición, se ordenará de oficio, con fundamento en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, el decreto y práctica de algunas pruebas.

V. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 18 de noviembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso identificado en esta providencia, y en sede de instancia, previamente a proferir el fallo de reemplazo, DISPONE, de oficio, la práctica de las pruebas siguientes:

1. Al tenor de lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por el Instituto de Medicina Legal ríndase informe sobre los siguientes puntos: a) Si José Farfán Calderón, como consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito de que da cuenta este proceso, quedó con deformaciones o secuelas de carácter permanente; de ser así, especificará las mismas; y b) si dichas lesiones determinaron para Farfán Calderón la pérdida de su capacidad laboral o la disminución de la misma; de ser lo segundo, indíquese en qué porcentaje.

Con tal fin, ofíciese a la citada entidad con remisión de copia de la historia clínica del demandante y del informe a su vez rendido por el mismo Instituto de Medicina Legal, departamento de neurología, obrante a folios 118 a 122 y 154 a 159 del cuaderno 1.

2. Por los auxiliares de la justicia César Augusto Moya Colmenares y Jairo Moya Rodríguez, que actuaron en la primera instancia, compleméntese su dictamen pericial en el siguiente sentido: a) Adecuando la estimación que hicieron del valor de los perjuicios materiales sufridos por el demandante al informe que, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral anterior, rinda el Instituto de Medicina Legal; y b) calculando tales perjuicios con proyección de seis meses posteriores a cuando presenten su trabajo.

Para la presentación de su trabajo, concédese a los citados auxiliares de la justicia el término de veinte días, contados a partir de cuando se allegue el informe por parte del Instituto de Medicina Legal y se les notifique esta orden.

Los costos que ocasione la práctica de las pruebas ordenadas, serán de cargo, en proporciones iguales, de ambas partes.

Sin costas en casación al haber prosperado parcialmente el recurso.

Cópiese, notifíquese, y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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