Sentencia 764-01 de junio 18 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 25-000-23-24-000-1999-0764-01

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actora: Ana Rosa Díaz de Zárate

Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de junio de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «5. Consideraciones de la Sala.

Conforme lo resaltó el tribunal, en el expediente obran las distintas comunicaciones dirigidas por la actora a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante los años 1995 y 1996, solicitando que se tomen las medidas correctivas del caso y se inicien las investigaciones pertinentes a fin de establecer por qué si el pago del servicio presentaba tantos meses de mora se le seguía suministrando el agua al arrendatario.

En efecto, a folio 126 obra escrito de 26 de septiembre de 1995 en el que la actora, aduciendo la calidad de propietaria del inmueble ubicado en la carrera 3ª Nº 15-52/64 de esta ciudad, solicitó que se iniciara una drástica investigación para establecer por qué a dicho inmueble se le sigue suministrando el servicio cuando adeuda más de $ 7.000.000.

De igual manera a folio 129 consta que el 23 de febrero de 1996 se practicó inspección al inmueble y se constató que el predio en cuestión se encuentra sin medidor, con servicio directo, razón por la que se ordenó el taponamiento de la acometida; y que la deuda asciende a $ 10.115.180.

A folio 123 a 124 obra el escrito de 19 de abril de 1996 a través del cual la actora insiste ante la demandada para que se suspenda el servicio señalando que si el mismo está suspendido, no puede haber cargo por consumo e insiste en que se abra investigación.

A folio 125 obra el escrito de 21 de junio de 1996 a través del cual la actora nuevamente le solicita a la empresa de acueducto que tome las medidas conducentes para establecer a través de qué medios el arrendatario está tomando el servicio de agua; y se suspenda dicho servicio pues desde junio de 1992 no se ha cancelado el mismo, lo que le acarrea perjuicios.

A folio 132 obra el oficio de 18 de junio de 1996 por el cual la empresa de acueducto nuevamente manifiesta que encontró “servicio directo” y que solicitó el 7 del mismo mes y año el taponamiento de la acometida; que el servicio fue suspendido desde el 17 de junio de 1992 empero que de acuerdo con los decretos 1842 de 1991 y 951 de 1989 la empresa factura consumos promedio cuando no existe medidor y el predio continúa con servicio.

A folio 134 obra el oficio de 19 de diciembre de 1996 por el cual la empresa de acueducto le informa a la actora que el predio tiene una deuda de 56 meses; que en visita efectuada al mismo se constató que se surte mediante servicio directo, que se ordenó taponar la acometida.

Lo anterior pone de manifiesto que la actora en septiembre de 1995 era conocedora de que los arrendatarios del inmueble de su propiedad se encontraban en mora en el pago del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo que en las diversas oportunidades, que se dejaron reseñadas, solicitó que se cancelara dicho servicio y se iniciaran las investigaciones correspondientes. En el expediente no hay prueba de que conociera antes de la fecha indicada la situación de incumplimiento del inquilino.

En relación con el tema objeto de discusión resulta oportuno traer a colación lo sostenido por esta sección en sentencia de 22 de noviembre de 2001 (exp. 1587, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, actores: Ida Escobar Quintero y otros), en la que se dejó claramente establecido que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de suspender el servicio trascurridos tres períodos de facturación no pagados, y siempre y cuando el propietario del inmueble ignore que el mismo se encuentra en mora en el pago, o cuando conociendo esta circunstancia, a pesar de las solicitudes elevadas en el sentido de que la empresa suspenda o corte el servicio, no logre tal cometido:

Al efecto, se transcriben los apartes pertinentes de la precitada sentencia:

... 5.1. La Ley 142 de 1994 y el deber que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de suspender su prestación en caso de falta de pago como máximo de tres períodos de facturación. Reiteración de jurisprudencia.

El problema jurídico que debe decidirse en el caso presente es si los propietarios que no son usuarios están obligados a pagar las facturas de servicios públicos cuando los usuarios dejan de pagar más de tres períodos sin que la empresa los suspenda.

Según el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario responden solidariamente de las obligaciones que se derivan del contrato de prestación de servicios públicos.

Al tenor de lo preceptuado por el artículo 140 ídem, el incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en el contrato de condiciones uniformes y, en todo caso, en los de falta de pago por el término que fije la entidad prestadora “sin exceder de tres períodos de facturación” o de fraude a las conexiones, medidores o líneas.

El artículo 141 del mismo estatuto establece que en los casos de incumplimiento del contrato en forma repetida o de acometidas fraudulentas, la empresa puede tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio.

De acuerdo con lo anterior, las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de suspender el servicio a un usuario que no ha pagado la facturación correspondiente a tres períodos; su omisión desconocería el régimen legal y vulneraría los derechos constitucionales del propietario que no ha utilizado el servicio, al obligarlo a responder solidariamente por aquellas facturas de servicios públicos que sean posteriores al tercer período de facturación, es decir, por aquellas cuentas que se originan después que la empresa de servicios públicos ha incumplido su obligación de suspender el servicio.

Al respecto, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia señaló:

“De allí que cuando la empresa desatienda la responsabilidad que le impone el inciso segundo del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, vulnere entonces los parámetros del derecho a la prestación del servicio público domiciliario amparado por la Carta Política, sin perjuicio de que se acuda a las acciones ordinarias pertinentes. En efecto, cuando este precepto señala que hay lugar a la suspensión en caso de “la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin que exceda en todo caso de tres períodos de facturación”, inequívocamente está consagrando una regla de equilibrio contractual entre la empresa y los usuarios (o suscriptores y responsables solidarios). De un lado, para que la empresa obtenga y satisfaga el derecho al cobro oportuno; y, del otro, para garantizar a los usuarios el derecho a obtener igualmente la prestación del servicio correspondiente. Luego, se trata igualmente de una regla en beneficio de los propietarios —no usuarios del servicio— del inmueble, que a pesar de catalogársele como deudor solidario (L. 142/94, art. 130, inc. 2º), también tienen derecho a que el servicio del cual se benefician los usuarios sean suspendidos a las tres (3) facturaciones (art. 140 ibíd.), a fin de no resultar afectados por el suministro voluntario adicional de la empresa. De allí que si esta norma imperativa obliga a la empresa a proceder a la suspensión del servicio, su omisión, además de indicar la asunción de los riesgos de no pago posterior, si bien no le impide suspender posterior y tardíamente el servicio prestado en forma condescendiente y tolerada sin pago del mismo; no es menos cierto que en manera alguna puede alegar su demora o desidia, para exigir en la reinstalación de los servicios no solo el pago de las tres facturas iniciales sino también las demás posteriores. Porque estas últimas obedecen a una omisión de la suspensión imputable solo a la empresa, cuya alegación, al ser injustificada, parece constituir en principio un abuso de su posición dominante en el contrato, prohibido expresamente por la ley (L. 142/94, art. 133, 23), al no proceder a la reinstalación de los servicios, al parecer, por fuera del marco legal y, por tanto, de las prescripciones constitucionales. Por ello, en tal evento debe ampararse al propietario en su derecho, protegido por la Constitución y la ley, consistente en obtener la reinstalación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, cancelando (sic) únicamente la deuda causada durante las tres facturaciones iniciales, con los gastos de reinstalación o reconexión (L. 142/94, arts. 142 y 140) y los recargos durante ese período (art. 96, ibíd.), en vista de que las restantes facturas obedecen a una omisión de la empresa en su deber imperativo de suspensión” (1) .

Y la Corte Constitucional, en la Sentencia T-1016 de 1999 reiteró:

“Aunque no corresponde a un enunciado constitucional, puede en el plano legal estimarse plausible la tesis según la cual las empresas de servicios públicos pierden su derecho a exigir del propietario el pago total de la deuda causada por la prestación de un servicio cuando han omitido suspenderlo luego de que el usuario ha incumplido en el pago de tres facturas. La ley impone a las empresas la obligación de suspender el suministro, a más tardar, en ese momento. Y si la empresa no lo hace, debe asumir los riesgos que ello le genera. Pero, obviamente, esta salvaguardia para los propietarios opera únicamente en los casos en los que el propietario ignora que su inmueble se encuentra en mora en el pago, o cuando, conociendo esta circunstancia, no ha logrado que la empresa proceda a suspender el servicio, a pesar de las solicitudes elevadas en este sentido.

La mencionada garantía tiene por fin proteger a los propietarios no usuarios que han sido asaltados en su buena fe por parte de los arrendatarios. En la práctica colombiana, el propietario pone a la disposición de los arrendatarios el inmueble con todos los aditamentos básicos que posee, entre los que se encuentran las conexiones a los servicios públicos domiciliarios. Además, corrientemente se acuerda que el arrendatario debe pagar las facturas originadas en el consumo de los servicios públicos domiciliarios con los que cuenta la residencia. Así, el propietario deposita su confianza en que el arrendatario cumplirá con esta obligación contractual y no cuenta con mecanismos que le permitan controlar fácilmente si el arrendatario honra su deber de pagar las facturas. Es por eso que la tantas veces mencionada norma del artículo 140 de la ley de servicios públicos puede ser entendida como una “regla de equilibrio contractual”, tal como lo asegura la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que tiende a proteger tanto a la empresa como a los propietarios y a establecer la base sobre la cual se prestará el servicio a los usuarios” (2) .

La Sala prohíja en esta oportunidad las anteriores precisiones para concluir que los actos acusados vulneran el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, pues, como quedó visto, la actora solicitó en reiteradas oportunidades que la empresa encargada de la prestación del servicio de acueducto cancelara el servicio, la cual simplemente se limitó a informar los taponamientos de la acometida ante la reiterada conducta del usuario de reconectarse directamente.

Conforme lo advirtió la Sala en sentencia de esta misma fecha (Exp. 0871, actora: Ana Rosa Díaz de Zárate) al ser conocedora la empresa prestadora del servicio del fraude continuado de los arrendatarios del inmueble de propiedad de la actora, era su deber legal cortar el servicio, dar por terminado el contrato y poner en conocimiento de la justicia penal la comisión del delito; y según el alcance que se ha dado al artículo 141 de la Ley 142 de 1994, la actora solo debe responder solidariamente con los usuarios del servicio por los tres primeros períodos de facturación dejados de pagar, pues, de acuerdo con lo que aparece en el expediente, adelantó gestiones para evitar que se incrementara la mora en el pago del servicio de acueducto a finales de 1995, fecha a partir de la cual, como ya se dijo, comenzó a elevar diversas solicitudes para que se adoptaran las medidas pertinentes, sin que la demandada las atendiera.

Ahora bien, es tan cierto que la intención del legislador fue la de que hubiera un equilibrio contractual entre la empresa que presta el respectivo servicio público y los usuarios o suscriptores responsables solidarios, que en la Ley 689 de 2001, al modificar su artículo 130, expresamente previó:

“ART. 18.—Modifícase el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

“ART. 130.—Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial. Lo prescrito en este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado acarrea para los responsables la aplicación del artículo que trata sobre los “deberes especiales de los usuarios del sector oficial”.

PAR.—Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma” (el resaltado no es del texto).

Ahora, qué sucede cuando la empresa suspende el servicio pero el usuario no propietario se reconecta de manera fraudulenta. ¿Será que en tal evento la solidaridad de que tratan las normas examinadas se mantiene? En principio, podría pensarse que tal solidaridad permanece incólume pues la empresa adoptó la medida (suspensión) que de acuerdo con el texto respectivo permite tal consideración.

Pero, será correcto sostener que hubo suspensión si el usuario continúa facturando agua en virtud de que tuvo oportunidad de reconectarse fraudulentamente. Si esto último acontece bien podría sostenerse que la medida de “suspensión” no resultó efectiva, pues, en la práctica, las cosas continuaron como si la misma no se hubiera efectuado.

Si la suspensión no es real o no se hace efectiva por un acto doloso del usuario en concurrencia con una actitud ineficiente de la empresa —consistente en que no se aseguró de que la medida de suspensión realmente se cumpla—, se pregunta la Sala: ¿Se justifica acaso que en esas condiciones la solidaridad del propietario se mantenga? Al responder el interrogante encuentra que esa no sería una exégesis racionalmente justa. Ello en razón de que los fraudes del inquilino no se le pueden atribuir al propietario como tampoco la falta de diligencia de la empresa al no procurar que la suspensión se verifique cabalmente, esto es, que produzca el efecto que le es propio.

De manera pues que la medida de suspensión no puede ser formal o aparente sino que debe acompañarse de las previsiones necesarias que impidan absolutamente el abastecimiento del servicio público y, por ende, la facturación por consumo. Cuando dicho efecto no se produce la adopción de la medida resulta cuestionable, al punto de que puede conllevar el rompimiento de la solidaridad que predica la ley entre el inquilino y el propietario del inmueble, bajo el entendido de que, en realidad, la misma no se produjo.

La carga que se impone a las empresas de servicios públicos de que la suspensión del servicio resulte real y efectiva no constituye una exigencia irracional ni tampoco imposible de cumplir, a efectos de mantener la solidaridad comentada.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, como en efecto dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, no sin antes precisar que la parte demandante se conformó con lo decidido por el a quo en la medida en que no impugnó la sentencia de primer grado la cual, por lo mismo, en lo que a ella respecta, no podía ser modificada en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2004».

(1) Sentencia C-5439 de 6 de octubre de 1998 (M.P. Pedro Lafont Pianetta).

(2) Expediente 243757 de 13 de diciembre de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes).

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