Sentencia 7667 de junio 7 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR INEXACTITUD

COSTOS Y DEDUCCIONES NO PROBADOS

EXTRACTOS: «La controversia en el presente proceso se contrae únicamente a la inconformidad de la apoderada judicial de la entidad demandada en lo referente a la sanción por inexactitud, pues en su concepto, contrario a lo que manifestó el Tribunal, la circunstancia de no haberse demostrado los costos y deducciones por las irregularidades contables establecidas por su representada, hace que los mismos sean “inexistentes” y que se configure causal de inexactitud, consistente en incluir en la declaración tributaria datos “equivocados e incompletos”.

La sanción por inexactitud en las declaraciones tributarias se encuentra establecida en el artículo 647 del estatuto tributario, en los siguientes términos:

“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable (...)”.

Del texto de la norma transcrita surge con meridiana claridad que las causales de inexactitud se hallan referidas a la inclusión en las declaraciones tributarias, de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, etc., “inexistentes”, y en general a la declaración de datos falsos, incompletos o desfigurados que conduzcan a la determinación de un menor impuesto a cargo del contribuyente o un mayor saldo a favor, que no es presupuesto legal para su configuración la obligación de la administración de impuestos de probar “maniobras fraudulentas” como lo pretende el demandante, y que además frente aquellos conceptos, es el contribuyente el obligado a probar que tiene derecho a los mismos, por lo que, si no lo hace, queda incurso en esta infracción.

En efecto, en cuanto a esto último, no debe pasarse por alto, que el artículo 632 del estatuto tributario (D. 2503/87, art. 22) consagra el deber de conservar informaciones y pruebas que dan derecho o permiten acreditar, entre otros, los costos y deducciones, “para efectos del control de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales”, pruebas que para los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, como es el caso de la demandante, están constituidas por los libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los registros contables correspondientes (E.T., art. 632, num. 1º).

Por tanto, si como ocurrió en el sub lite, la contribuyente no acreditó los costos y deducciones solicitados en su declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1990, toda vez que ante la petición de prueba de los mismos por parte de la administración, se acompañó una simple relación de los mismos olvidando que por su condición de “comerciante” estaba obligada a llevar libros de contabilidad “en debida forma”, vale decir, con los respectivos comprobantes de contabilidad y demás requisitos legales, y a conservarlos para efectos del control fiscal por parte de la administración tributaria, cuyas deficiencias contables y probatorias dieron lugar a la aplicación del costo presunto a instancias de la contribuyente, resulta claro, que en tal evento los libros de contabilidad de la actora (libro de ingresos y egresos) no son prueba suficiente, y por ende, ello daba lugar no sólo al desconocimiento de los costos y deducciones, sino también a la aplicación de la sanción por inexactitud e incluso a la sanción por libros de contabilidad.

Al respecto, vale la pena reiterar la reciente jurisprudencia de la Sección de fecha 8 de marzo de 1996, dictada dentro de los procesos radicados con los números 7545 (actor José Luis Wiesner González) y 7503 (actor Gustavo Adolfo Botero Isaza), con ponencia de la magistrada doctora Consuelo Sarria O., en la cual sobre idéntico punto al debatido en el presente proceso, la Sala expresó:

“Ahora bien, dado que para el reconocimiento de un derecho, es necesaria la prueba del mismo, se colige que aducir un derecho no probado implica, necesariamente, la petición de lo inexistente, por el principio de que no probar el derecho, es tanto como carecer del mismo (“idem es nom esse aut non probari”); de donde, si la respectiva pretensión no se acredita, también habrá lugar a que los ítem en que ésta consiste, se tengan por “equivocados” o “incompletos”, así no sean objetivamente falsos.

Es claro, por tanto, en el caso, que la solicitud de costos que habían excedido el margen de los oficialmente estimados o presumidos y que no habían sido objeto de prueba por el contribuyente, y dadas las graves deficiencias de su contabilidad y la ausencia de otros medios probatorios, no solamente constituía base suficiente para la desestimación de los mismos, sino que daba lugar a la aplicación de la controvertida sanción por inexactitud e, incluso, a la legalmente prevista por libros de contabilidad, estando así llamado a prosperar el recurso de la administración”.

Adicionalmente, la Sala advierte, que la sentencia de marzo 16 de 1990, que invoca la demandante en apoyo de sus argumentos, no sirve de criterio auxiliar en el presente caso, toda vez que ella, si bien hace referencia a la sanción por inexactitud, el hecho debatido es totalmente diferente, no sólo por la situación misma debatida (incumplimiento de requisitos formales) sino por las normas que consagraban tal sanción (D. 3803/87, art. 49) las cuales fueron subrogadas por el Decreto 2503 de 1987, que posteriormente codificó el Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario) en cuyo procedimiento además se eliminó la obligación de presentar informaciones y pruebas con las declaraciones tributarias, y se estableció como se dejó visto, el deber de conservarlas para efectos del control por parte de las oficinas de impuestos.

De tal suerte, que la situación fáctica y jurídica de los hechos discutidos en el presente proceso, es distinta, y por lo mismo la decisión de la Sala, pues como ya lo tiene dicho la Sección con base en las mismas normas que invoca la demandante (E.T., art. 647) solicitar costos y deducciones sin acreditarlos, equivale a solicitar lo inexistente y por ende hay lugar a que los ítem correspondientes, se tengan por “equivocados” o “incompletos”, así, no sean objetivamente falsos.

Las consideraciones anteriores son suficientes para dar prosperidad a las pretensiones de la administración en cuanto a la sanción por inexactitud se refiere».

(Sentencia de junio 7 de 1996. Expediente 7667. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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