Sentencia 7673 de febrero 14 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7673

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada sociedad Cooperativa Santandereana de Transportes Ltda., “Copetrán”, contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, dentro del proceso ordinario promovido por Carlos Orejarena Mantilla contra la recurrente y Orlando Pardo Sánchez, al que fue llamada en garantía la sociedad Aseguradora de Vida Colseguros S.A.

(...).

Consideraciones de la Corte

En la demanda (fl. 127, cdno. 1) se pidió de manera nítida y rotunda se declarara que la demandada incumplió el contrato de transporte celebrado el 13 de abril de 1992 y que como consecuencia se dedujera la responsabilidad del transportador. Como en el mismo texto inaugural del proceso se citó el número de tiquete y adherido vino el documento respectivo, la existencia del contrato de transporte se tomó como un dato fáctico que no hacía necesaria una declaración especial, pues la existencia del contrato no ofrecía duda al demandante, tampoco suscitó oscuridad en el demandado, que apenas reclamó que los hechos segundo y tercero, que describen la compra del tiquete y el abordaje, fueran demostrados, sin objetar el documento aportado para acreditar el contrato.

Juzga la Corte que cuando se demanda la declaración de responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato, no es menester que se haga una solicitud especial para que sea declarada previamente la existencia del contrato, pues la pretensión que afirma el incumplimiento de un contrato comprende naturalmente la existencia del negocio incumplido, dado que en el contexto, el juicio de reproche que se hace al demandado de haber incumplido una de las obligaciones contractuales, no puede menos que suponer la existencia del contrato. Por lo mismo, la sentencia que declara al demandado responsable de haber desatendido las obligaciones que tienen fuente en tal convenio, está edificada sobre la premisa fáctica de que hubo un contrato.

Así, la sentencia de primera instancia —confirmada por el tribunal— en cuanto hizo eco a la demanda y declaró a la demandada “contractualmente responsable de los perjuicios ocasionados” (fl. 296), nada dejó por definir pues ahí quedó agotada a plenitud la controversia sometida al examen de la jurisdicción, en tanto, repítese, la declaración de incumplimiento de un contrato lleva implícita la afirmación de su existencia, pues resultaría absurdo declarar incumplido un contrato que no existió.

A lo anterior se añade que la sentencia judicial debe tomarse como un todo, pues su parte resolutiva depende lógicamente de las premisas fácticas y jurídicas expuestas en el segmento de las motivaciones, si en estas hubo extensas deliberaciones sobre la relación contractual, la cual se dijo fue incumplida, es evidente que la sentencia dictada por el tribunal no peca por deficitaria frente a las pretensiones.

El cargo por tanto no prospera.

Segundo cargo

En este cargo denuncia el impugnante la sentencia de violar directamente los artículos 1080 y 1077 del Código de Comercio, así como los artículos 1608, 1615, 1617, 1626 y 1727 del Código Civil “en la equivocada omisión de fijación de intereses a la llamada en garantía”.

Tras recordar que la sentencia del tribunal resolvió condenar a Copetrán al pago del daño emergente, lucro cesante y daño moral, y transcribir la condena que se le impuso a la llamada en garantía, de restituir a Copetrán la suma de $ 500.000, resalta el recurrente que el tribunal pretermitió el rubro que gobierna los intereses a cargo del asegurador según las previsiones del artículo 1080 del Código de Comercio.

Consideraciones de la Corte

La parte demandada al momento de llamar en garantía a la aseguradora, hizo una escueta mención sobre la existencia del contrato de seguro y su derecho a recuperar parte de aquello a que pudiera ser condenada. En su momento, la sentencia, numeral 6º, condenó a la firma aseguradora a pagar a la demandada la suma de $ 500.000 y guardó total silencio sobre los intereses a cargo de la llamada en garantía.

Se sigue de la anterior descripción que si algún reparo podía hacerse a la sentencia, lo sería por su cortedad, es decir por haber dejado de decidir algo que la ley manda o resolver aun sin petición de parte, como sería el tema de los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Puestas las cosas en esta perspectiva el error del tribunal no sería in judicando sino in procedendo, más exactamente tendría anclaje en la causal segunda de casación y no en la primera como viene planteado impropiamente en esta demanda de casación.

Por lo dicho, se desecha el cargo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 18 de marzo de 1999, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario promovido por Carlos Orejarena Mantilla contra la Cooperativa Santandereana de Transportes Ltda., “Copetrán”, y Orlando Pardo Sánchez, dentro del cual fue llamada en garantía la sociedad Aseguradora de Vida Colseguros S.A.

Condénase en costas del recurso a la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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