Sentencia 7680 de junio 27 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR INEXACTITUD

RECHAZO DE COSTOS Y DEDUCCIONES

EXTRACTOS: «Dispone el artículo 647 del estatuto tributario:

“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior (...).

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos” (subraya la Sala).

Respecto de la norma transcrita la Sala ha precisado que:

Cuando el motivo de la desestimación de determinados derechos o beneficios de orden fiscal, como costos, deducciones, descuentos o pasivos, obedece a la falta de prueba, contable o no, o al incumplimiento de requisitos formales, esto no implica que el respectivo ítem fuera inexistente o falso o que proviniera de operaciones simuladas y que, se hubieran utilizado en la declaración tributaria “datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados”, según la expresión del primer inciso del artículo 647 ibídem, y, por consiguiente, que aunque resulten procedentes el rechazo del aludido ítem y la aplicación de multas por falta de información tributaria o por informalidades contables, cuando así se establezcan, no procede inexorablemente la sanción por inexactitud, a menos que, para el caso específico se establezca la inexistencia, falsedad o simulación, quedando así desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración tributaria (Cfr., entre otras, las siguientes sentencias de la Sala: Exp. 1983, Sent. mar. 16/90, C.P. Jaime Abella Zárate; Exp. 2574, Sent. sep. 21/90, C.P. Jaime Abella Zárate; Exp. 2986, Sent. mar. 15/91, C.P. Jaime Abella Zárate; Exp. 3217, Sent. abr. 19/91, C.P. Guillermo Chahín Lizcano; Exp. 4068, Sent. jul. 24/92, C.P. Consuelo Sarria Olcos y Exp. 4797, Sent. mayo 27/94, C.P. Jaime Abella Zárate).

Si bien en las sentencias del 14 de octubre de 1994, expediente 5756, actor Julio César Posada Gómez; del 8 de marzo de 1996, expediente 7545, actor José Luis Wiesner González; del 8 de marzo de 1996, expediente 7503, actor Gustavo Adolfo Botero Isaza y del 7 de junio de 1996, expediente 7667, actor Julia Wiesner González, algunas invocadas por la recurrente, se mantuvo la sanción por inexactitud sobre el valor de los costos declarados y no aceptados, como consecuencia de la falta de comprobación de los mismos por la parte actora y la necesidad de aplicar costos presuntos, tal interpretación no implica que proceda la aplicación de la sanción por inexactitud siempre que la administración exija la prueba específica de los costos y el contribuyente no la presente o establezca, ni que pueda ésta imponer sanción por inexactitud cuando se inadmita, por cualquier causa, un costo o deducción. Será necesario en cada caso, luego del análisis probatorio establecer si hay o no verdadera inexistencia de los costos rechazados.

De esta manera precisa la Sala el alcance de la jurisprudencia contenida en los fallos anotados, pues legalmente, para que proceda la sanción por inexactitud, se requiere que se den las circunstancias previstas en forma taxativa por la ley, sin que pueda la administración, por vía de interpretación, extenderla a hechos no previstos en ella, como son los rechazos de costos o deducciones, que siendo reales no son aceptables en las cuantías solicitadas por disposición legal, o por incumplimiento de los requisitos formales o por defecto en su comprobación, evento éste que se da en el caso de autos.

En cuanto a la estimación de costos o su determinación presuntiva, en los términos del artículo 82 del estatuto tributario, cabe resaltar que la sustitución oficial del costo real por el estimado o presunto, no altera significativamente los elementos fundamentales de la tesis expuesta, toda vez que, por sí, la estimación o presunción no demuestra la inexistencia material, falsedad o simulación del costo real, como bien lo apunta el Ministerio Público, de suerte que cuando el inciso final de la citada disposición dice que el procedimiento estimatorio o presuntivo en cuestión, opera “sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar(se) debidamente los libros de contabilidad”, es de entender que la procedencia de tales sanciones no deriva del solo hecho de la estimación o presunción oficial, sino que debe ser consecuencia inmediata del establecimiento claro de la inexistencia material, la falsedad o la simulación del costo real.

Por lo mismo, no se da la “cierta incongruencia” advertida por el Tribunal entre la aplicación del método estimatorio o presuntivo y la imposición de la sanción por inexactitud, ya que, según lo explicado antes, ésta no es consecuencia inmediata de la estimación o presunción.

Por último, es del caso precisar que la legislación tributaria prevé sanciones, diferentes a las aquí cuestionadas, para el caso de irregularidades o fallas en materia contable (E.T., arts. 654 y ss.), o en el suministro de información y expedición de facturas (E.T., art. 651 y ss.), y por ello en estos casos no es discrecional para la administración escoger entre estas sanciones y la sanción por inexactitud, decisión que puede resultar desfavorable para el contribuyente dada la diferente cuantía que la ley le asigna a cada una de ellas, sin que ello implique la imposibilidad de imponer simultáneamente las sanciones mencionadas, cuando se configuren las causales consagradas para ello, en la ley.

Puesto que, en el caso en examen, la sanción por inexactitud se fundó en el rechazo de los costos y deducciones, y éste, a su vez, en la ausencia de contabilidad registrada y de soportes contables, fue correcta la decisión del a quo, en cuanto a la anulación de la aludida sanción, por lo que, debe mantenerse dicha decisión».

(Sentencia de junio 27 de 1996. Expediente 7680. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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