Sentencia 7688 de junio 7 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DOMICILIO FISCAL

PERSONAS NATURALES

EXTRACTOS: «La litis se contrae en determinar la legalidad de la actuación administrativa en cuanto rechazó la solicitud de compensación formulada por el contribuyente, habida cuenta que el ente oficial estableció como asiento principal de los negocios del actor la ciudad de Cúcuta y tuvo por no presentadas las declaraciones tributarias del impuesto sobre la renta por los años gravables de 1990 y 1991 bajo la consideración que los respectivos denuncios debieron presentarse en la Administración de Impuestos Nacionales de Norte de Santander y no en la de Santafé de Bogotá.

Se observa que las normas tributarias no reconocen efectos legales a las declaraciones presentadas en lugar diferente al que pertenece el declarante, e impiden que se dé por cumplido el deber legal, en la forma como lo consagró el artículo 580, literal a del E.T. en concordancia con el Decreto 2503 de 1987, que señaló en su artículo 16 que “la presentación de las declaraciones tributarias...deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para el efecto señale el Gobierno Nacional”.

En la legislación tributaria el domicilio fiscal de los “declarantes que tengan la calidad de comerciantes y no sean personas jurídicas” está determinado como el “lugar que corresponda al asiento principal de sus negocios”.

La norma civil, (art. 76 C.C.) define que el domicilio consiste en “la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”, determinándose el domicilio civil, como el “lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio” (art. 78).

El domicilio fiscal es el lugar de localización del sujeto pasivo, el sitio en donde se encuentran los contribuyentes para el ejercicio de la función tributaria y determinante de la sede del cumplimiento de las obligaciones impositivas, esto es, corresponde al sitio en el que se deben cumplir los deberes y obligaciones, marca el lugar en el cual se desarrollan las relaciones fisco-contribuyente y cumple una función delimitadora de la competencia de los órganos de la administración.

Fiscalmente el domicilio es un informe no patrimonial que permite ubicar al sujeto pasivo y a través de él verificar la correcta determinación de los impuestos, de manera que considerado en sí mismo no tiene efectos materiales sobre el tributo.

Respecto de las personas físicas, el Código Civil trae como criterio para establecer el domicilio la permanencia habitual y la intencionalidad. El estatuto tributario sin excluir tal criterio tiene en cuenta “el asiento principal de los negocios del contribuyente”, y desde este punto de vista el domicilio tributario o fiscal es un concepto especial y autónomo, respecto del domicilio establecido con carácter general por la ley civil. Especialidad que se deriva de las funciones que cumple desde el punto de vista tributario, en cuanto fija la sede jurídica de los sujetos pasivos de la relación tributaria.

A juicio de la Sala es evidente que establecido en la ley como domicilio el “asiento principal” de los negocios, tal previsión implica entender también que respecto de un mismo contribuyente puedan darse diferentes circunstancias que permiten la atribución de domicilio, con el consiguiente aspecto relativo a su pluralidad, pues lo cierto es que la movilidad geográfica de las personas físicas, por razones profesionales o comerciales, etc., puede dar lugar a que tengan permanencia y habitualidad en diferentes lugares a lo largo del período, a cuyo efecto, en la determinación del domicilio principal juega papel decisivo el criterio que para su clasificación se adopte, esto es, que el asiento principal de los negocios, o centro de intereses económicos puede ser el lugar donde la persona tiene sus principales inversiones, o aquél desde el cual administra sus bienes, o el sitio en el cual tiene oficinas o establecimientos, o el lugar donde desarrolla su actividad profesional, o aquél en el cual obtiene la mayor parte de sus rentas, ubica sus activos, etc., aspectos que no están determinados en la ley.

En este orden de ideas, a juicio de la Sala no existe objeción jurídica ni lógica alguna que impida considerar que situaciones como la planteada deben resolverse atendiendo a factores como la voluntad exteriorizada del sujeto pasivo de la obligación, apoyada en datos objetivos y elementos de juicio como la permanencia, la intencionalidad, el hecho de realizar su actividad económica en ese territorio, tener allí centralizada la gestión administrativa y la gestión de los negocios, y en general todos los aspectos que reflejan el domicilio económico y empresarial principal, que en ocasiones puede coincidir con el privado, en el cual la persona posee su vivienda, se halla domiciliada con su familia, etc.

Se observa, que el motivo fundamental que tuvo la administración para tener como no presentadas las declaraciones del actor por los años gravables de 1990 y 1991, fue la circunstancia de que al efectuar la investigación previa dentro del trámite de devoluciones y/o compensaciones, encontró que el contribuyente estaba matriculado en la cámara de comercio de la ciudad de Cúcuta, y que ante la misma fueron registrados sus libros de contabilidad, de donde concluyó que allí se ubicaba el asiento principal de sus negocios.

Sobre el particular, cabe precisar que en el evento de un comerciante persona natural que no ejerce su actividad mercantil en la jurisdicción de la cámara de comercio de su domicilio, sino que la ejerce a través de un establecimiento de comercio que posee bajo la jurisdicción de otra cámara de comercio, se genera en esta última jurisdicción la obligación de matricular el establecimiento y concomitante con ella la de inscribir sus libros de contabilidad en esta cámara, lo cual no significa que por esta circunstancia se cambie el domicilio fiscal antes determinado, ni ello incide en sus obligaciones fiscales, pues éstas son diferentes de las mercantiles, máxime cuando las personas naturales no siguen el tratamiento de los entes con personalidad jurídica.

De manera que el hecho de que el actor tenga establecimiento de comercio en Cúcuta y sus libros registrados en la cámara de comercio de esa ciudad, no incide en su domicilio fiscal, pues tal circunstancia no puede modificar su domicilio preestablecido para efectos impositivos, pues son diferentes las obligaciones frente a la cámara de comercio bajo cuya jurisdicción posee el establecimiento mercantil, y en la cual inequívocamente deben cumplirse, pues no cabría pensar que dichas inscripciones pudiesen efectuarse en la cámara con jurisdicción en el domicilio del contribuyente.

En este orden de ideas estima la Sala desacertada la perspectiva bajo la cual analizó y sustentó la providencia recurrida el tribunal, a quo, ya que se advierte que no se requería “demostrar lo contrario a lo que se afirma en los certificados de la Cámara de Comercio de Cúcuta”, ni desvirtuar la presunción de ejercicio del comercio contenida en el artículo 13 del C. de Co., o efectuar modificaciones de acuerdo con el artículo 33 ibídem, ya que estos aspectos no eran determinantes en la litis, no incidían en el domicilio fiscal, ni tampoco fueron negados o controvertidos por el actor.

La controversia giraba alrededor de determinar el domicilio fiscal del contribuyente a partir del sitio donde se ubicaba el asiento principal de sus negocios, y sin que el hecho de que hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones mercantiles en el sitio que le correspondía, tuviera las consecuencias pretendidas por la administración y prohijadas por el a quo.

Los efectos equivocadamente atribuidos a la citada certificación, en el fallo apelado, llevaron a desestimar el abundante material probatorio traído por el actor, que demostraba feha-cientemente su domicilio fiscal, en la forma como lo precisó el señor Procurador ante el Tribunal, y fue correctamente consignado y apreciado en los salvamentos de voto, pruebas que conforme lo anotado en párrafos anteriores considera la Sala innecesario volver a analizar.

Así mismo, se advierte que resulta contrario al espíritu de justicia utilizar dichas disposiciones, artículos 13 y 33 del C. de Co., como sustento jurídico de una actuación abiertamente inequitativa e ilegal, y que pretende exigir del contribuyente más de lo que la ley ha fijado a su cargo, como lo invoca la demanda, como lo es que la administración pretenda obligar al contribuyente, que ha satisfecho oportunamente el objeto de la obligación sustancial en su domicilio predeterminado, a soportar la carga de una sanción por extemporaneidad, o llegar incluso a sancionarlo por no declarar, por el hecho de que figurase inscrito ante la cámara de comercio de dicha localidad, circunstancia que no era el criterio a seguir para determinar que allí se encontraba ubicado “el asiento principal de los negocios del contribuyente”, pues como éste lo manifestó reiteradamente, su domicilio fiscal principal, habitual y real conforme a sus denuncios rentísticos de años anteriores y el aviso de cambio de dirección obrante a folio 60 del expediente, presentado en mayo 22 de 1987, es la ciudad de Bogotá.

Por las anteriores consideraciones estima la Sala que los denuncios rentísticos presentados en la ciudad de Santafé de Bogotá, por los períodos gravables de 1990 y 1991, fueron presentados en el domicilio fiscal del contribuyente y tuvieron el efecto jurídico y legal de dar por cumplida la obligación formal.

Por lo precedente, la Sala, previa revocatoria de la sentencia apelada, accederá a las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de junio 7 de 1996. Expediente 7688. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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