Sentencia 7692 de diciembre 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERIODISMO

DIVULGACIÓN DE HECHOS QUE IMPLICAN IMPUTACIONES PENALES

Ref.: Expediente 7692

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 8 de abril de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de mayor cuantía adelantado por Gabriel Enrique Torres Gaona, Mary Landínez de Torres, Gabriel Enrique, María Andrea y Alexandra Torres Landínez contra la Sociedad TV 13 Limitada (Noticiero QAP) y Víctor Javier Solano.

I. El litigio

1. Los demandantes invocan la responsabilidad civil de los demandados por causa de las difamantes emisiones de los noticieros de televisión realizadas los días 6 de abril, 7 de junio y 29 de julio de 1993, a fin de que reparen los siguientes perjuicios: a favor de Gabriel Enrique Torres la suma de $500.000 por concepto de daño emergente y $90''000.000 por concepto de lucro cesante; a favor de Mary Landínez de Torres y Gabriel Enrique Torres Gaona las sumas de $200.000 y $1.500.000, respectivamente, por concepto de daño emergente; y una suma equivalente a 1.000 gramos oro por concepto de perjuicios morales para cada uno de los nombrados demandantes.

2. En resumen, la demanda relata los siguientes hechos:

a) El demandante Gabriel Enrique Torres Gaona es abogado de profesión y como tal fue contratado por Henry Angarita y José Manuel Camelo para que los asesorara en un negocio de finca raíz que culminaría con el otorgamiento de la correspondiente escritura e hipoteca en la Notaría 33 de este círculo notarial.

b) El 3 de abril de 1993, cuando dicha negociación se llevaba a cabo, el citado abogado y sus clientes fueron capturados y conducidos a las instalaciones de la estación 40 de policía en cumplimiento de la orden impartida por el Fiscal 164 del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.

c) El 5 de abril siguiente, el demandante Torres Gaona, sin estar vinculado formalmente a investigación, fue filmado junto con sus compañeros de reclusión por el noticiero perteneciente a la programadora QAP, el cual proyectó las imágenes al día siguiente junto con un texto en el que se le señaló como jefe de una banda de antisociales dedicada a la estafa en asuntos relacionados con finca raíz.

d) Esa noticia produjo en la familia Torres Landínez un profundo dolor que fue causante de graves enfermedades de algunos de sus miembros; además, los amigos les retiraron la confianza y los clientes de Torres Gaona los negocios, con lo cual se les causaron los perjuicios por cuya reparación ahora propenden, toda vez que el noticiero demandado no rectificó la información a pesar de que cuando se emitió el citado demandante no había sido ni siquiera oído en indagatoria y de que pasada esta diligencia, la cual fue practicada al día siguiente de la filmación, se le otorgó la libertad incondicional.

3. Los demandados se opusieron a las pretensiones; en su defensa adujeron que la información publicada fue suministrada por autoridades adscritas a la Fiscalía General de la Nación, es decir que la fuente de la misma era oficial, de allí que propusieran como excepciones de fondo las siguientes: “No se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en cabeza del demandado”; “inexistencia de nexo causal entre el daño y la conducta del demandado, por la actuación surtida por la Fiscalía General de la Nación”, es este organismo investigativo el que adelanta dos procesos en contra del demandante por los delitos de estafa y falsedad, por lo que dicha entidad responde de la información que suministró a los medios de comunicación y debe “asumir las posibles consecuencias jurídicas derivadas de su actuación”; “ausencia de culpa por el demandado”, “justificación de la conducta del demandado” y “prejudicialidad en materia penal”.

4. Cumplido el trámite, el juez de conocimiento dictó sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones, pues no reconoció perjuicios materiales pero condenó a los demandados a pagar, solidariamente, perjuicios morales. Contra dicho fallo apelaron ambas partes, concediéndole el tribunal la razón a los demandados quienes resultaron absueltos íntegramente.

II. El fallo impugnado

1. En lo de fondo, el tribunal alude a las diversas clases de responsabilidad civil extracontractual y a sus fuentes, examina la que cabe aplicar a las personas jurídicas, y excluye la posibilidad de atenerse a lo decidido en acción de tutela interpuesta por los mismos hechos, fundado en que dicho mecanismo agotó el tema exclusivamente en la órbita de los derechos fundamentales que allá fueron denunciados como quebrantados.

2. En esas condiciones, después de hacer mención de la responsabilidad civil que dimana del ejercicio del periodismo y de los presupuestos que deben concurrir en materia de responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2341 del Código Civil, afirma que los elementos que la integran y particularmente la culpa de los demandados debe ser demostrada por los demandantes; en ese sentido, con vista en la prueba testimonial concluye “que la conducta desarrollada por los demandados no puede catalogarse como dolosa o culposa”, por cuanto fueron las autoridades encargadas de la investigación penal las que permitieron dar al conocimiento del público una información de carácter restrictivo, de donde se infiere que “fue la intervención de un ente estatal quien vulneró los derechos del actor al permitir la filtración de información reservada o secreta, sin el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales”.

3. En cuanto a la conducta desplegada por los demandados, el sentenciador señala que la información trasmitida al público se dio indicando la fuente de donde proviene y con la seriedad debida, lo que descarta una acción culposa; empero, aun de aceptarse la existencia de una conducta negligente del informador, lo cierto es que no hay en el expediente “prueba que establezca la causación de perjuicios por daño emergente, ni menos que el lucro cesante sea a consecuencia de la conducta de la demandada”; en fin, estima igualmente que no puede el juez civil aplicar normas penales para valorar el daño moral, cuya existencia, además, no aparece acreditada en el expediente; todo para concluir, como ya se anotó, en la absolución de los demandados.

III. La demanda de casación

Cargo único

1. Con fundamento en la causal primera de casación, se acusa la sentencia, en un primer segmento, de violar indirectamente, por falta de aplicación, como consecuencia de error manifiesto de hecho en la apreciación de la demanda y de las pruebas que más adelante se singularizan, los artículos 55 de la Ley 29 de 1944; 2341 y 2344 del Código Civil; 331 y 332 del Código de Procedimiento Civil; y en la segunda parte, de haber violado directamente el artículo 11 de la Ley 51 de 1975, por falta de aplicación de los artículos 15, 20, 21 y 29 de la Constitución Nacional, pues “le bastó al periodista informar que su fuente era “la fiscalía”, para que el tribunal lo considerara exento de responsabilidad”.

2. Para sustentar la tesis, el recurrente explica en relación con la primera parte de la censura, que la violación medio consistió en la evidente apreciación errónea de la demanda, la preterición de la prueba documental consistente en el videocasete y la sentencia de tutela, el desconocimiento de la confesión de la parte demandada y la falta de apreciación de los testimonios rendidos por Eliseo Benítez, Arturo Landínez, Mario Medina, Gabriel Parada, Carlos Rojas, Ricardo Velásquez, Héctor Ramírez, Álvaro Ramírez, Yesid Ramírez, Mario Guevara, Hernando Neisa, Rosa Herley González y Elizabeth Pacheco.

a) El tribunal “cambió inexplicablemente el fundamento de la acción”, de manera que en lugar de apreciar que la indemnización se intenta por la publicación de una noticia “calumniosa e inexacta”, la hizo figurar como el permiso para filmar y el suministro de la versión publicada, sin que en el expediente obre prueba alguna que permita confrontar “la noticia difundida al aire con la supuesta versión de la fiscalía”, variando el hecho culposo que se endilga a los demandados y omitiendo considerar, de paso, la solidaridad que en tal hipótesis se generó, porque “no basta indicar la fuente, es necesario acreditar que lo publicado por la prensa corresponde fielmente a lo informado por la fuente”.

b) Dicho error lo llevó igualmente a no apreciar las versiones rendidas por los testigos relacionados atrás, quienes comparecieron para dar fe de la preanotada publicación, de los perjuicios causados y del nexo causal existente entre uno y otro.

c) El tribunal desconoció el contenido de los videocasetes que acreditaban, por sí solos, la existencia del daño y sus responsables; no tuvo en cuenta los documentos que contienen el texto de la noticia, la sentencia de tutela dictada a favor de Torres Gaona, la confesión dimanante de la contestación dada a los hechos 4 y 5 de la demanda y de la proposición de las excepciones, ni la falta de comparecencia de los demandados al interrogatorio de parte.

d) Adicionalmente se equivocó porque confundió la cuantía del daño con la existencia del mismo y porque dejó de apreciar la presencia del daño moral a pesar de que se conjugan los presupuestos requeridos para darlo por reconocido, de manera que al encontrar ausencia de prueba en cuanto a la cuantificación de los perjuicios, ha debido decretar pruebas de oficio para esclarecer el monto de los mismos.

Añade que la información transmitida por los demandados es causa evidente de responsabilidad por cuanto fue mentirosa y contraria a la ley, sin que, de otra parte, se haya probado en ninguna parte que la fiscalía suministró la noticia “tal y como se transmitió”, porque una es la demostración de la fuente de la información y otra cosa es el contenido de lo que finalmente constituye la noticia al público.

La publicación televisiva hizo énfasis en que el demandante Torres Gaona tenía en su poder veinticinco cédulas falsas, en que comandaba una banda organizada de bandidos y en la falsificación de escrituras públicas, hechos por los cuales jamás fue sancionado aquél.

e) Para complementar la sustentación de la primera parte del cargo, el recurrente sostiene que se vulneró el principio de la cosa juzgada porque no se tuvo en cuenta la decisión de tutela “que tuvo por demostrado el hecho dañoso y su autor, y dispuso la rectificación de la noticia y la remisión, a voluntad de las partes, a los procedimientos ordinarios para el resarcimiento de los perjuicios”.

f) De otro lado, según lo dispuesto en el 2341 del Código Civil, la responsabilidad del demandado se configura cuando además de probarse el daño causado, se demuestra por el demandante la culpa en que incurrió el demandado y la relación de causalidad entre uno y otro elemento; pero sucede que en virtud de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 29 de 1944, la culpa se presume en el responsable y, por ende, debe en este caso el demandado entrar a desvirtuar tal presunción.

3. Situado el impugnante en la segunda parte del cargo, hace radicar la violación directa denunciada en el cargo en que el tribunal consideró suficiente que los demandados hubieran manifestado que la información les había sido suministrada por la fiscalía para eximirlos de responsabilidad, cuando la interpretación correcta del artículo 11 de la Ley 51 de 1975 permite advertir que la facultad que se le concede al periodista “de revelar o no su fuente, no afecta en forma alguna la responsabilidad que personalmente le corresponde”; la interpretación contraria, añade el censor, consagra la impunidad “para la calumnia, la injuria, la divulgación de mentiras con graves consecuencias como crear pánico económico, etc.”; además, se dio un alcance contrario a la Constitución que concibe la libertad del periodista pero para informar en forma veraz e imparcial, respetando con ello los derechos fundamentales de las personas que priman “sobre la libertad de prensa”.

IV. Consideraciones de la Corte

1. En caso semejante al que ahora ocupa la atención de la Corte, se dijo lo siguiente, aplicable a la situación fáctica y probatoria que arroja este proceso, lo que amerita la reiteración de sus términos:

“Como quiera que toda noticia o información que incrimine a una persona o colectividad determinada o determinable, puede ser fuente de daños, se impone para los medios de comunicación social el deber profesional de extremar la diligencia y cuidados especiales que, además de obedecer al ejercicio responsable de la libertad de información, también evite preventivamente el eventual daño a tales personas. Esta diligencia se alcanza, entre otras, cuando se actúa prudentemente en el manejo de la fuente directa u oficial pertinente, como cuando a la noticia o información incriminatoria determinada, le ha precedido el esfuerzo periodístico profesional necesario y la verificación razonable indispensable para la conformación de su veracidad y exactitud; e igualmente cuando se funda en datos que en el mismo sentido suministre o haya suministrado la autoridad competente, basada en decisiones o actuaciones no sometidas a reserva legal. En tanto que se incurre en responsabilidad civil por los daños morales y materiales ocasionados a la persona, entre otros, cuando dicha divulgación no guarda correspondencia con la referida fuente, o se produce a sabiendas de su falsedad o confiando imprudentemente en su exactitud, o bien se trata de una inexcusable interpretación distorsionada de la mencionada fuente” (G. J. Nº 2497, pág. 501, Sent. 015, mayo 24/99).

2. Dicho pronunciamiento resulta perfectamente armónico con las disposiciones reguladoras de las distintas especies de prensa, incluida hoy la televisiva, entre las cuales se destaca el artículo 55 de la Ley 29 de 1944, aún vigente, según la cual, “independientemente de la responsabilidad penal (...), todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusión o del cinematógrafo, cause daño a otro, estará obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurrió en culpa”; precepto que sin duda alguna, impone el cumplimiento de un deber profesional a cargo de los medios de comunicación social que se traduce en que han de obrar con diligencia, cuidado y prudencia a fin de no inferir daño a otro en ejercicio de su actividad, deber que en innumerables casos resulta quebrantado ante el notable afán de dar una primicia, sea por el prurito de superar la competencia con los demás medios o simplemente de ganar una mayor audiencia.

3. De allí que la Corte, en el texto arriba trascrito, haya delineado en términos generales y en algunos aspectos específicos el comportamiento que deben asumir los medios de comunicación social con miras a obrar de modo responsable y que, en esa medida, haya procurado porque ellos actúen de manera prudente en el manejo de la fuente directa u oficial, particularmente cuidándose de conservar una fiel correspondencia entre lo que ella les dice o comunica y la versión que finalmente se divulga.

En verdad si bien es cierto que no puede exigirse en todos los casos la demostración verídica e indefectiblemente fiel de que la noticia corresponde con la información recibida de la fuente oficial, no lo es menos que debe obrarse con prudencia y previa valoración de aquélla a fin de evitar que se cause un daño al divulgarla.

En ese sentido, se exige la realización de un esfuerzo periodístico si no plenamente exacto, sí suficiente para verificar la veracidad y exactitud de la noticia, de modo tal que tratándose de un hecho que implique una imputación en el orden penal o criminal en lo posible se anteponga, cuando sea del caso, la presunción de inocencia de las personas que se relacionan en la información o el real estado de la actuación judicial, a fin de evitar que se caiga en el abuso de calificar, sin bases ciertas la conducta de los implicados, o en el de condenarlos con anticipación a las definiciones judiciales previas o definitivas que cada caso requiera.

Naturalmente que si la información proviene de una fuente oficial, la misma debe ser objeto de un análisis crítico ponderado que impida causar daño a los afectados con ella; ciertamente que cuando denota el incumplimiento del deber profesional de informar, ya por la falta de tal análisis o ya porque se confía imprudentemente en su exactitud, o ya porque se transmite de modo imprudente, o sea sin precaver las consecuencias que de la misma se pueden deducir contra las personas a que se refiere la noticia, adviene la responsabilidad civil consiguiente.

4. Hechas las anteriores reflexiones, pronto se observa que sobresalen en la sentencia impugnada varios aspectos que son relevantes para hallar la presencia de los errores de hecho denunciados, particularmente en torno al establecimiento de la culpa de los demandados, según pasa a verse enseguida.

a) El sentenciador se equivocó al concluir que no se hallaba probada la culpa de los demandados, trasladándola, sin más, a la fuente oficial que supuestamente autorizó dar la reprochable información de que aquí se trata; en verdad, con vista en el solo texto de la noticia empleada para sustentar las imágenes, se verifica de inmediato que no medió reparo alguno del informador para denominar como “estafadores” a las personas a que tales imágenes se referían, ni para calificar de jefe de la organización criminal a Torres Gaona, denotando con ello una conducta notoriamente imprudente, dado lo incipiente de la investigación a la que había de darse curso; como tampoco se hizo un análisis crítico de la información recibida y sin hacer observaciones de ninguna índole se asomaron al público calificativos que causaron daño, per se, a las personas sobre las cuales se estaba informando, cuando menos en punto de la integridad moral de las mismas.

b) Haber confundido la autorización dada al periodista por el ente oficial encargado de la incipiente investigación penal de informar sobre los hechos, con la posibilidad de dar la noticia que a su modo y según el propio texto del informador realmente emitió, de donde erróneamente el sentenciador dedujo un eximente de responsabilidad de los demandados solamente con apoyo en la mención de la fuente oficial, lo que no muestra, per se, el cumplimiento de los deberes profesionales propios de todo medio informativo, en los términos explicados atrás.

c) Haber desconectado completamente la decisión de tutela por medio de la cual en su momento se estimaron vulnerados los derechos fundamentales del demandante, no obstante que los mismos hechos constituyen el eje central de la presente actuación desplazada al campo de la responsabilidad civil.

d) Haber advertido que no hay ninguna demostración de los daños materiales y morales supuestamente padecidos por los demandantes, ni de la relación causal de los mismos con la noticia difundida, cuestión en la que acertó respecto de la primera especie, mas no en los de la segunda, según se explicará más adelante.

5. En efecto, según los hechos objeto de análisis, la sociedad demandada, por conducto del periodista aquí también demandado, difundió una noticia televisiva teniendo la imagen de Gaona como fondo permanente, cuyos apartes, después de anunciarse la captura de una banda dedicada a estafar con propiedad inmueble, fueron del siguiente tenor:

“Estafadores.

El grupo de 8 personas del que hace parte una mujer está sindicado por la Fiscalía como una de las bandas de estafadores de finca raíz más organizada de Bogotá.

Hasta ahora los investigadores cuantifican en 300 millones de pesos las estafas a varios ciudadanos.

El abogado Gerardo Torres Gaona es señalado por los agentes de la Fiscalía como el jefe de la organización.

Su detención y la de sus compañeros se produjo en una Notaría cuando autenticaban documentos de propiedad raíz por 100 millones de pesos. 25 cédulas falsas les fueron incautadas...””.

Los términos en que se dio la noticia, denotan la afirmación de una imputación contra los afectados no acorde con la real situación jurídica de estos, en tanto que los señala, sin atenuantes, como los autores de los delitos allí descritos, no obstante que para ese momento únicamente habían sido capturados por orden previa de autoridad y no se les había escuchado en indagatoria, ni, por ende, tenían definida su situación jurídica; es evidente que la noticia así difundida, fue dada de modo imprudente y sin mediar ningún análisis crítico de la sindicación, amén de que en efecto se desconoce aquí en qué términos se manifestó la fuente oficial en la que repetidamente se respalda el informador.

6. El tribunal no sólo dejó de apreciar dichas circunstancias, sino que, además, dio una connotación diferente al hecho de que los periodistas tuvieran acceso a la misma con la autorización previa de las autoridades adscritas a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, como lo hace ver el recurrente, la misma no los eximía de responsabilidad dada la forma en que se tradujo y emitió la información, a menos, claro está, que el texto o contenido de la noticia revelara por sí mismo un ejercicio mínimo de valoración crítica de la información o que denotara la debida prudencia, lo cual en este particular caso no sucedió.

7. En esas condiciones, o sea emitida la noticia sin mediar una valoración crítica de la información suministrada por la Fiscalía, y de modo imprudente según los calificativos empleados en ella contra las personas afectadas, fluye la demostración de la culpa derivada del incumplimiento del deber profesional de informar, traducido en no haberse observado la prudencia que debe emplearse cuando se trata de dar noticias que suponen la imputación de un delito, sin que fuera dable escapar de ella, en los términos expresados, desplazándola a la fuente oficial de información, la cual, en resumen, no puede ser recibida sin beneficio de inventario.

8. Soporte aún mayor a lo dicho, lo brinda el hecho de haberse desatado la acción de tutela interpuesta por el demandante y concluida en su favor, tras de haberse encontrados vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra con apoyo en los mismos argumentos que aquí se retoman como claro reflejo de la certeza que otorga la misma situación fáctica y la aplicación del principio de la seguridad jurídica.

Dijo a la sazón el juez de tutela: “Así las cosas, se tiene que la información entregada a la comunidad por el Noticiero QAP, en relación con el petente Gabriel Enrique Torres Gaona, el día 6 de abril de 1993, no fue veraz, por la potísima razón de que no había sido vinculado legalmente a la actuación penal ni se había sindicado de delito alguno en ese momento” (fl. 13, cdno. ppal.).

9. Ahora bien, como el tribunal además de hallar que no hubo culpa de los demandados fincó la decisión absolutoria de estos en la ausencia de prueba de los perjuicios materiales y morales, y del nexo causal entre la conducta imputada a aquellos y el daño padecido por los demandantes, importa examinar si también existen los yerros de apreciación denunciados a esos respectos, para lo cual la Corte se referirá a aquéllos en su orden, como pasa a verse enseguida.

10. Sobre el particular se observa que de la prueba testimonial a la que alude el recurrente, únicamente se deriva el sentimiento de dolor que particularmente embargó al demandante Torres Gaona y a su familia inmediata compuesta por su cónyuge y sus hijos a raíz de los hechos informados, dejando en el campo meramente hipotético el aspecto relacionado con el biforme daño material y lucro cesante que a título de perjuicios materiales deprecan.

En efecto, varios de los testigos, como Hernando Eliseo Benítez Medina (fl. 146, cdno. 1), Carlos Guillermo Rojas Vargas y Carlos Arturo Landínez Pinzón, entre otros, hacen referencia a comentarios en torno a las dificultades económicas derivadas de la sindicación que se le causó a Gaona Torres en razón del noticiero televisivo, y aunque algunos otros como Álvaro Ramírez Castaño, con quien el afectado constituyó una sociedad que tuvo que ser disuelta por los hechos referidos, Germán Yesid Alfonso Ramírez, Mario Guevara Peñalosa y Luis Hernando Neisa Bustamante, clientes de éste que también tuvieron que rescindirle los contratos, detallan aspectos que alcanzan a ser más concretos que los anteriores, con todo siguen campeando en el ámbito de las suposiciones en cuanto a la concreción del daño material, pues ni siquiera estaban en posibilidad de medir exactamente los resultados económicos previstos de las negociaciones selladas con ellos.

Por tal razón, porque con la prueba regularmente aportada al plenario para efectos de demostrar el daño material no es factible establecerlo, justamente porque en la mayoría de los casos dependía de la efectiva gestión que desplegara el abogado Torres Gaona; porque en la forma en que fue descrito y se trató de demostrar el daño, éste califica apenas en la categoría de incierto, en tanto se basa en simples conjeturas, no es advertible entonces el error evidente en la tajante conclusión del tribunal consistente en que no hay una demostración efectiva de los daños materiales, ni un nexo causal que ligue la noticia dada con las consecuencias patrimoniales que aducen los demandantes.

Nótese no más que buena parte de los contratos supuestamente rescindidos tenían pactadas comisiones que se liquidarían de acuerdo con los resultados de la referida gestión, por consiguiente imposibles de verificar dentro del concepto de daño cierto; que otra parte fue aportada directamente a los peritos y para que estos los tuvieran en cuenta, sin haberse incluido previamente dentro del elenco de pruebas documentales decretadas en la oportunidad debida; que es notoria la estructuración de perjuicios con la mera afirmación de las personas que dijeron romper sus vínculos con Torres Gaona, curiosamente expresada en términos casi idénticos a pesar de provenir de diferentes personas y en los que se revela la intención de dejar explícito el supuesto nexo causal, sin que del mismo modo se haya especificado en la demanda a fin de poder establecerlos después, todo lo cual deja en perfecta incertidumbre el establecimiento del daño material e incluso del nexo causal, por lo que el asunto sometido a la definición judicial no se reduce, como sostiene el recurrente, a la cuantificación del mismo, ni se suple en esos términos por no haber comparecido los demandados a los interrogatorios de parte.

11. Otra, en cambio, es la situación referida a los perjuicios morales que también fueron objeto de la demanda y que sin duda se causaron directamente al abogado Torres Gaona en virtud de la difusión de la noticia suministrada por los demandados, en la que además de formularse una incriminación que no correspondía a la verdad, como quiera que se dio por sentada la dirección —y participación— de Torres Gaona de la acción delictuosa, se produjo de modo imprudente frente a la real situación jurídica del mismo, de donde es fácil deducir que vista la noticia por sus allegados y clientes, como muchos de los testigos lo declaran sin ambages, y habiendo comportado ella un ataque contra su integridad que por sí misma genera desazón y la mengua del ánimo del afectado, amerita, de acuerdo con las reglas de la experiencia, la existencia cuando menos del daño moral de carácter subjetivo padecido por él.

Del mismo modo, se verifica el daño moral en relación con los otros demandantes que por la condición de cónyuge e hijos de aquél, respectivamente, también recibieron el impacto de la imprudente información que les causó no sólo dolor sino que interfirió en los últimos en los resultados académicos o por el hecho, dada su edad adulta y la convivencia, de ser tocada en tales términos la figura paterna, motivos por los cuales se abre paso la reparación deprecada en ese sentido. De allí que quepa deducir al rompe el error de apreciación probatoria en que incurrió el tribunal por no haber hallado demostrado el daño moral de los demandantes ante la agresión informativa.

12. Síguese de todo lo dicho que hay motivos más que suficientes para casar el fallo impugnado, puesto que en las circunstancias explicadas dimana la responsabilidad civil solidaria de los demandados, aunque restricta al reconocimiento de los perjuicios morales padecidos por el abogado Torres Gaona, su esposa y sus hijos demandantes, cuanto que, como se dijo, son los únicos que aparecen demostrados, y ante la ausencia de prueba de un daño cierto, sea presente o futuro en el orden material; por consiguiente, la Corte procederá a casar la sentencia, y en su lugar se dictará un fallo sustitutivo parcialmente confirmatorio de la sentencia del a quo que extrajo conclusión semejante, aunque se dispondrá el pago de perjuicios en dinero, haciendo uso del arbitrio judicial, en cuantía de $ 10''000.000, para Gabriel Enrique Torres Gaona; $ 5''000.000 a favor de Mary Landínez de Torres, cónyuge de aquél, y $ 2''000.000 para cada uno de los hijos de ambos, Gabriel Enrique, María Andrea y Alexandra Torres Landínez; sumas ninguna de las cuales sobrepasa los límites trazados en la demanda.

V. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 8 de abril de 1999 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia y, en sede de instancia,

RESUELVE:

1. Confirmar los numerales 1º, 2º, 4º y 5º de la sentencia recurrida en apelación, esto es, la proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá el día 9 de septiembre de 1996, por los motivos explicados en el despacho del cargo.

2. Modificar el numeral 3º, en el sentido de condenar a los demandados, solidariamente, a pagar, a la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicio moral subjetivo, la suma de $ 10''000.000 en favor del demandante Gabriel Enrique Torres Gaona; la suma de $ 5''000.000 a favor de Mary Landínez de Torres; y la suma de $ 2''000.000 para cada uno de los demandantes Gabriel Enrique, María Andrea y Alexandra Torres Landínez.

3. Condénase en costas de ambas instancias a los demandados, aunque reducidas a un 30%, dado el éxito parcial de la demanda.

No hay lugar a costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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