Sentencia 7695 de noviembre 29 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EXTRACTOS: «Se discute en esta instancia la legalidad del artículo 7º numeral 2º del Decreto 196 de 1996, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de su facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y mediante el cual se reglamentan los artículos 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246 y 247 de la Ley 223 de 1995.

Acusa el actor que el decreto reglamentario vulnera la norma superior contenida en el artículo 240 de la Ley 223 de 1995 que establece el beneficio del saneamiento para los contribuyentes que han cumplido con su obligación de declarar, también, el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política afirmando que el Presidente de República excedió las facultades reglamentarias a él otorgadas por la norma constitucional en mención, al limitar el beneficio establecido en la ley y señalar que los contribuyentes que corrijan sus declaraciones, con posterioridad a la vigencia de la ley se entienden que renuncian a tal beneficio.

Por otra parte, la demandada afirma que el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 196 de 1996 no está viciado de nulidad, pues desarrolla la Ley 223 de 1995, haciéndola efectiva, eficaz y operante.

En efecto el artículo 240 de la Ley 223 de 1995 establece:

“ART. 240.—Saneamiento de contribuyentes que han cumplido sus obligaciones. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que hubieren presentado las declaraciones de renta y complementarios correspondientes a los años gravables de 1993 y 1994, con anterioridad a la vigencia de esta ley y hayan pagado el impuesto a su cargo determinado en las respectivas declaraciones privadas con anterioridad a la misma fecha, tendrán derecho a que se les exonere de liquidación de revisión por los años gravables 1994 y anteriores y a que las declaraciones por tales períodos queden en firme, sin perjuicio de la práctica de la liquidación de corrección aritmética, cuando ella sea procedente”.

Leído el artículo anterior, observa la Sala que esta norma estableció de manera general, el beneficio del saneamiento para aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que con anterioridad a la vigencia de la Ley 223, presentaron sus declaraciones privadas por los años 1993 y 1994, los cuales quedarán en firme si han cancelado el impuesto a cargo, liquidado en éstas, en dicha oportunidad.

La citada disposición, en ningún momento excluye de este beneficio a los contribuyentes que corrijan o presenten solicitudes de corrección de las declaraciones de renta mencionadas, después del 21 de diciembre de 1995, ni menciona los casos en que se entiende que los contribuyentes renuncian al beneficio del saneamiento ni determina en qué casos no procede el beneficio del saneamiento, sino qué en forma general establece el saneamiento para los contribuyentes que han cumplido sus obligaciones como sí lo hace el decreto acusado.

Para la corporación es claro que el Presidente de la República, no podía, en ejercicio de las facultades reglamentarias a él otorgadas por el constituyente primario, incluir en el decreto reglamentario elementos nuevos, no previstos en la norma superior, tampoco podía modificar las condiciones establecidas en el artículo 240 de la Ley 223 de 1995 como en efecto lo hizo en el acto acusado.

Como lo ha dicho la corporación en las jurisprudencias que la misma demandada trae a colación en la demanda, “el decreto reglamentario no puede crear situaciones nuevas, ni crear derechos, ni extinguir derechos por que la propia no ha creado o extinguido, pero sí puede dictar todas las medidas de ejecución necesaria para que lo que la ley quiere que se haga, se pueda hacer”.

En conclusión, para la Sala son de recibo los cargos formularios por el actor por encontrar el decreto acusado contrario a las disposiciones constitucionales y legales mencionadas procediendo en consecuencia a declarar la nulidad impetrada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del numeral 2º del artículo 7º del Decreto Reglamentario 196 de 1996, cuyo texto es el siguiente:

DECRETO 196 DE 1996 

“ART. 7º—Casos en los cuales no procede el saneamiento para los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones. Este beneficio no será aplicable a:

“(...).

“2. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que corrijan o presenten solicitudes de corrección de las declaraciones de renta por los años gravables de 1993 y 1994 después del 21 de diciembre de 1995, se entenderá que renuncian al beneficio”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(Sentencia de noviembre 29 de 1996. Expediente 7695. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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