Sentencia 7712 de octubre 3 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

NEGOCIACIÓN DEL RETIRO

LIBERTAD DEL TRABAJADOR PARA DISCUTIR CONDICIONES

EXTRACTOS: «El Tribunal no pudo incurrir en una mala apreciación de la carta de terminación del contrato en la medida en que se limitó a transcribirla textualmente, para con tal fundamento afirmar, sin error alguno de su parte, que fue el patrono quien terminó el contrato invocando como justa causa una violación a las obligaciones de “lealtad y fidelidad” que consagra el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo y “una grave indisciplina”.

Como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia, la carta de terminación del contrato de trabajo sólo sirve para probar que se invocó un determinado hecho como causa o motivo por el contratante que tomó la decisión, sin que jamás, por sí mismo, dicho documento permita acreditar la justificación de la determinación.

c) La Carta de Arias Suárez del 12 de mayo de 1992 (fls. 23 y 90) únicamente contiene la contrapropuesta que al acuerdo para negociar su retiro que le propuso el patrono, en su condición de trabajador, y estando en todo su derecho, él a su vez le hizo, presentándole las condiciones en las cuales estaba dispuesto a terminar por mutuo acuerdo el contrato.

Partiendo del supuesto de ser el contrato de trabajo un acuerdo de voluntades, y de que el trabajador como sujeto de derecho tiene capacidad para celebrarlo e igualmente para terminarlo, ni su celebración ni su terminación puede ser entendida como un acto en el cual él es mirado como un objeto que pasivamente se somete a las decisiones de aquél con quien contrata. La dignidad que como ser humano tiene el trabajador obliga a rechazar cualquier concepción doctrinaria que dé base para concluir que el trabajador no está en condiciones de deliberar en un momento dado si le conviene o no permanecer bajo un determinado vínculo contractual, y mucho menos que tiene la obligación de aceptar cualquier propuesta, por bien intencionada que ella sea, de su patrono, y que no le es lícito discutirla o proponer fórmulas de acuerdo diferentes, bien sea para seguir trabajando o para dejar de hacerlo y terminar por mutuo consentimiento el contrato.

Inclusive el mismo “plan de incentivo para el retiro voluntario” propuesto por la Federación Nacional de Algodoneros a Arnulfo Arias, contempla en su parte final la posibilidad “para trabajadores próximos a cumplir la edad de la prestación económica por vejez” de estudiar “entre las partes el acuerdo para el retiro voluntario” (fl. 31). Es de anotar que esta previsión además resultaba superflua, pues el mismo hecho de que se partiera de un “retiro voluntario”, pero cuya iniciativa provenía del patrono, implicaba necesariamente un acuerdo con cada uno de los trabajadores.

Que a la hoy recurrente le pudiera parecer inconveniente a sus intereses la propuesta del trabajador, no significa que por ello estuviera legitimada para considerarla como “una expresión más de su sistemática conducta de enfrentamiento” y “de obstaculización a las políticas” por ella concebidas, “incluyendo las que se han diseñado en procura de favorecer a los mismos trabajadores”.

Se repite que una propuesta de acuerdo que haga un patrono puede estar inspirada por la mejor de las intenciones y ser en verdad la más benéfica para los trabajadores; sin embargo, en la medida en que el trabajador no la acepte, por no considerarla conveniente a sus propios intereses —y así su juicio pueda resultar a la postre equivocado—, no puede serle impuesta. Si el patrono estuviera en condiciones de imponer su voluntad sobre la del trabajador, sin que a éste le fuera lícito expresar su propio punto de vista so pena de incurrir en un acto de grave indisciplina, o de deslealtad o infidelidad hacia su patrono, se le estaría negando su condición de ser racional, libre y digno. El trabajador tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y si se equivoca sufrirá las consecuencias de su error; pero, y en la medida en que el patrono no representa sus intereses, a él, como asalariado, siempre le será legalmente posible discutir las condiciones de empleo o de retiro del trabajo».

(Sentencia de casación, octubre 3 de 1995. Expediente 7712. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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