Sentencia 7715 de noviembre 8 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

INDEXACIÓN DE CONDENAS LABORALES

APLICACIÓN AL PAGO DE PENSIONES

EXTRACTOS: «En relación con el ajuste del valor impetrado por la demandante, pretensión que fue formulada por ella y negada por el a quo, y que como se dijo, fue objeto de la apelación interpuesta por la actora, la Sala considera necesario hacer las siguientes reflexiones:

a) La corporación ha accedido ya en varias oportunidades a decretar el ajuste de valor cuando lo reclamado por los demandantes ha sido una suma fija, que ha quedado congelada en el tiempo; tal el caso de las sentencias del 3 de marzo y del 18 de agosto de 1995 proferidas con ponencia de quien redacta el presente fallo, dentro de los procesos 5936 y 7363 instaurados por Carmen Alina Piedrahíta de Ucrós y Mariela Medina Tovar, respectivamente, incluso ha decretado de manera oficiosa el ajuste de sumas fijas, como lo hizo en la sentencia de fecha julio 13 de 1995 proferida dentro del proceso 6301 con ponencia del Dr. Diego Younes Moreno y en el proceso 8887 mediante sentencia del 27 de julio del mismo año, con ponencia de la doctora Dolly Pedraza de Arenas.

Empero, hasta ahora se ha abstenido de decretar tal reajuste cuando lo reclamado es el pago de sumas que por mandato de la ley se reajustan periódicamente, como es el caso de las prestaciones sociales, tales como las pensiones de invalidez, de jubilación y de vejez.

b) Al examinar la situación de las aludidas prestaciones, la Sala observa que cuando su pago se posterga en el tiempo más allá de la oportunidad en que de acuerdo con la ley deben cancelarse, también son afectadas por la devaluación, y quienes las reciben tardíamente, ven menguada su capacidad de compra de bienes y servicios y, por ende, empobrecido su patrimonio.

c) El ajuste de valor o indexación de las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo que acontece por ejemplo dentro de la jurisdicción laboral ordinaria que carece de una norma legal que faculte expresamente al juez para decretarlo, sí tiene una norma jurídica que le da sustento legal a una decisión de esta naturaleza, cual es el artículo 178 del Código de la materia, que autoriza al juez administrativo para decretar tal ajuste, tomando como base el “índice de precios al consumidor, o al por mayor”. De manera que esta norma despeja cualquier duda que pudiera surgirle al juez administrativo en relación con la fuente legal que le sirva de sustento a una decisión de esta naturaleza.

d) El ajuste de valor autorizado para el caso por la ley, obedece al reconocimiento del hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que tratándose de servidores del Estado, fustiga y disminuye en forma continua su poder adquisitivo.

Por lo anterior, decretar el ajuste de valor no es sólo una decisión ajustada a la ley, sino un acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del juez tiene soporte al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico, como lo consagra expresamente la Carta en su artículo 230.

e) No acceder a decretar dicho ajuste en casos como el presente, en el que el valor de una prestación social como lo es la pensión de invalidez, que por el efecto de la devaluación en términos reales la viene a recibir disminuida quien ha logrado demostrar dentro del proceso no sólo la equivocación de la administración al haberle negado su derecho, sino la ilegalidad de su decisión, no sólo sería un agravio a la integridad patrimonial de quien ha resultado triunfante en el ejercicio de la acción judicial, sino un enriquecimiento sin causa de quien con su negativa en reconocer oportunamente sus obligaciones, resulta haciendo a la postre una erogación menor a la que debía efectuar si hubiere cancelado en tiempo su obligación. De esta forma se estaría premiando la decisión ilegal de la administración.

f) Al obligar a la parte condenada a pagar el valor real de lo adeudado, en verdad no se le está imponiendo una sanción por su conducta renuente, ni se le está ocasionando un empobrecimiento, como tampoco un enriquecimiento a la parte gananciosa de la contención; se está obligando sí a la parte que debe, a pagar lo que en su oportunidad se abstuvo de reconocer asumiendo como consecuencia lógica de su conducta omisiva, los efectos que la devaluación ha producido en el poder adquisitivo del dinero adeudado y que en forma injustificada paga tardíamente.

Por las razones anteriores, la Sala habrá de revocar en esta parte la sentencia apelada, para en su lugar acceder a ordenar el ajuste de valor solicitado por la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 4 de septiembre de 1992, en el proceso promovido por Rosmary Clavijo Morales contra el municipio de Medellín, mediante la cual se accedió a las peticiones de la demanda, con excepción del numeral 3º que se revoca.

En su lugar se dispone:

El valor adeudado hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, será ajustado en los términos del artículo 178 del CCA., dando aplicación a la fórmula

 

en la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de la pensión de invalidez desde el 9 de febrero de 1986, con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el Dane (vigente en la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial.

La demandada dará cumplimiento a esta sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del CCA.

Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y devuélvase al Tribunal de origen».

(Sentencia de noviembre 8 de 1995. Expediente 7715. Magistrado Ponente: Dr. Joaquín Barreto Ruiz).

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