Sentencia 7716 de noviembre 29 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EXTRACTOS: «Se discute en esta instancia la legalidad de la expresión “que hubieren interpuesto los recursos contra estos actos”, contenida en el inciso primero del artículo 14 del Decreto Reglamentario 196 de 1996.

Para resolver se considera:

El Decreto 196 de 1996, mediante el cual se reglamentan los artículos 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246 y 247 de la Ley 223 de 1995, fue expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades reglamentarias establecidas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.

El aparte acusado, reglamenta concretamente el artículo 245 de la ley mencionada, que fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-511 de 1996 del 8 de octubre de 1996, con ponencia del magistrado, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

A juicio de la Sala, el acto acusado ha perdido su fuerza ejecutoria al desaparecer, producto de inexequibilidad declarada, su fundamento de derecho, de conformidad con el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, el cual señala:

ART. 66.—Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezca sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierda su vigencia (resalta la Sala)”.

En este sentido la corporación ha sentado el siguiente criterio jurisprudencial:

“...La facultad reglamentaria se encuentra influida mediatamente por la Constitución e inmediatamente por la propia, de tal modo que si la ley desaparece deviene en ejecutable el reglamento, independientemente de su conformidad o inconformidad con la ley o con la Carta: fenómeno que se conoce como el de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo y que contempla el número 2 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

El Decreto-Ley 1660 de 1991 fue objeto de acusación de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la cual en sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992 lo declaró inexequible en todas sus partes, por ser contrario a la Constitución; es decir, por razones de fondo y de ese momento en adelante no ha modulado la Constitución y son inejecutables las previsiones legales afectadas.

En tal virtud, el acto administrativo reglamentario ha decaído y perdido su fuerza ejecutoria desde la fecha del fallo de inexequibilidad de la ley que reglamentaba, hasta esa fecha, como no había sido anulado ni suspendido, rigió como presuntamente legal.

Se hallaba vigente para el momento de la presentación de la demanda en su contra, pero en el momento se encuentra afectado de inconstitucionalidad en forma independiente del eventual vicio de exceso de poder reglamentario, por lo cual se impone la declaración de nulidad por la misma inconstitucionalidad (CCA, art. 84, inc. 2º) al tener que seguir la suerte de la ley a la cual se encontraba ligada, como habrá de declararlo la Sala...”(1).

La Sala acogiendo la jurisprudencia transcrita al considerarla aplicable al asunto debatido, declarará la nulidad del acto acusado, por la misma inconstitucionalidad de la norma superior, al tener que seguir la suerte de la norma que reglamentaba.

(1) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de septiembre de 1993, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, Exp. 6196. Autoridades nacionales. Actor: Jorge Eliud Villa Taborda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “que hubieren interpuesto los recursos contra esos actos”, contenida en el artículo 14 del Decreto Reglamentario 196 de 1996.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(Sentencia de noviembre 29 de 1996. Exp. 7716. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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