Sentencia 7741 de febrero 14 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

La Sala no le dará prosperidad a la excepción de inepta demanda formulada por la entidad demandada, la cual concretó en la omisión de demandar el oficio 93041918-8 de octubre 21 del 1993, que a su juicio constituye una “unidad jurídica inescindible” con los actos acusados, toda vez que, en oposición a lo afirmado por la demandada, entre el citado oficio y la actuación demandada no existe la alegada unidad jurídica, debido a que el primero se originó en la revisión de los estados financieros de la actora a 30 de junio de 1993, y la actuación acusada (el oficio 95030725-4 de noviembre 3 de 1995 y la Resolución 071 de enero 15 de 1996, expedidos por el superintendente delegado para seguros y capitalización) surgió del análisis de los estados financieros a 30 de junio de 1995, y aunque versan sobre el mismo tema, por referirse a diferentes estados financieros correspondientes a períodos también diferentes, cada uno de dichos oficios constituyen actos administrativos independientes que producen sus propios efectos jurídicos y por lo tanto sí es posible su cuestionamiento ante esta jurisdicción, de manera independiente, sin que se configure una inepta demanda.

En cuanto al fondo del asunto, la controversia que debe resolver la Sala se concreta en determinar la legalidad o no de la actuación acusada, contenida en algunos apartes del oficio 95030725-4 de noviembre 3 de 1995 y en la Resolución 71 de enero 15 de 1996, mediante los cuales el superintendente delegado para seguros y capitalización ordenó a la sociedad capitalizadora Colpatria S.A. “... suspender la realización de la actividad relacionada con el desarrollo de proyectos de construcción...” y el “desmonte total de las inversiones originadas en los mencionados proyectos, ...” (Fl. 27).

En relación con las sociedades de capitalización, los artículos 4º, 36 y 182 numerales 1º literal i) del estatuto orgánico del sistema financiero (D. 663/93), establecen que:

(...).

1. La Superintendencia Bancaria mediante el oficio demandado no limitó el objeto social de las sociedades de capitalización, ya que dichas sociedades, en su calidad de entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 numeral 2º literal a) del estatuto financiero, tienen restringido su objeto social por la propia ley, esto es, el estatuto orgánico del sistema financiero, el cual, en sus artículos 4º y 36, prevé que las sociedades de capitalización tienen por objeto “estimular el ahorro mediante la constitución, en cualquier forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos”, sin referirse a que puedan adelantar proyectos de construcción, como lo pretende la actora.

No son aceptables las afirmaciones expuestas por la demandante, en el sentido de que el artículo 182, numeral, 1º literal i) del estatuto tributario financiero, al establecer dentro de las “inversiones admisibles” las que se realicen en “bienes raíces”, está autorizando la inversión en proyectos de construcción, debido a que no pueden confundirse las inversiones en los citados proyectos, con las inversiones “autorizadas” en “bienes raíces situados en la República, asegurados por su valor destructible contra incendio”, puesto que dichos conceptos son diferentes.

En efecto, de acuerdo con lo definido en el artículo 656 del Código Civil, “inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles”, concepto diferente al de “proyecto de construcción”, teniendo en cuenta la definición que de “proyecto” se encuentra en el Diccionario de la Lengua Española, referente al “conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser una obra de arquitectura o de ingeniería”, por lo que debe concluirse que el estatuto financiero no autorizó a las sociedades de capitalización para que inviertan en proyectos de construcción, sino que, como ya se dijo, limitó las inversiones admisibles de dichas sociedades a las previstas en el numeral 1º del citado artículo 182 del estatuto financiero.

Por otra parte, y así como lo indicó el apoderado de la entidad demandada en la contestación de la demanda, si se aceptara que las inversiones en proyectos de construcción hacen parte de las inversiones en bienes raíces, la superintendencia hubiera ordenado el desmonte de todas las inversiones en bienes raíces y no sólo las relativas a la realización de proyectos de construcción.

De acuerdo con lo anterior, tampoco son de recibo las argumentaciones de la actora, referentes a la violación de los artículos 99 y 110 numeral 4º del Código de Comercio, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el mismo artículo 99 del Código de Comercio, la capacidad de la sociedad se circunscribe al “desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto”, y en este caso, las sociedades de capitalización como la actora, tienen enmarcado su objeto social en los artículos 4º y 36 del estatuto financiero, de acuerdo con lo señalado en el punto anterior, y en forma específica, de acuerdo con el certificado de la cámara de comercio, el objeto social de la sociedad capitalizadora Colpatria S.A., está delimitado a la realización de las siguientes actividades:

(...).

Dentro de los cuales no se encuentra la realización de proyectos de construcción.

2. En relación con la alegada violación del artículo 4º del Decreto 1691 de 1960 y de la Resolución 2690 de 1983, mediante la cual, con fundamento en el citado Decreto 1691 de 1960, se autorizó a las compañías de seguros de vida y a las sociedades de capitalización para desarrollar directamente planes y programas de vivienda, la Sala observa que, así como lo advirtió la entidad demandada en la contestación de la demanda y al alegar de concusión, dichas normas fueron derogadas tácitamente por el estatuto financiero (D. 663/93), que al regular en forma íntegra la materia referente a las sociedades de capitalización, estableció en los artículos 4º y 36, el objeto de dichas sociedades, y en el artículo 182, el régimen de inversión de las mismas, sin autorizar en la referidas normas la realización de proyectos de construcción, como ya se dijo en el primer punto.

3. Con respecto a las cuentas del PUC, contenidas en los códigos 17 “bienes realizables y recibidos en pago”, subcuentas 1705 “bienes realizables” y 170515 “construcciones en curso y 4 “ingreso”, subcuenta 4130 “venta bienes realizables”, no es cierto que de la existencia de dichas cuentas se derive la posibilidad de que las sociedades de capitalización inviertan en proyectos de construcción, ya que, por una parte, el estatuto financiero no autoriza a las sociedades de capitalización la realización de dichas inversiones, como se dijo en los puntos anteriores, y por otra, en la Circular Externa 07 de 1996 la Superintendencia Bancaria señaló, en relación con las inversiones en bienes inmuebles y demás activos fijos, que las instituciones financieras están facultadas para “adquirir y mantener bienes raíces donde estén construidos o se vayan a construir los edificios necesarios para el acomodo de sus negocios”, sin que en manera alguna se autorice la realización de proyectos de construcción en desarrollo de su objeto social.

4. No se presentó la alegada violación de las normas constitucionales invocadas por la actora, contenidas en los artículos 113, 121, 122 y 150 numeral 2º, ni de los artículos 325 numeral 3º, 327 y 329 del estatuto orgánico del sistema financiero, porque en oposición a lo afirmado por la actora, al expedir el acto acusado la Superintendencia Bancaria actuó en desarrollo de las facultades atribuidas en el estatuto financiero, en especial, en el artículo 325 numeral 3º-19 del mencionado estatuto, el cual establece que la entidad de vigilancia debe “emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento cuando la superintendencia considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria observancia, o esté manejando sus negocios en forma no autorizada o insegura...” (se subraya) como ocurrió en este caso, en relación con la realización de proyectos de construcción por parte de la sociedad capitalizadora Colpatria S.A. actividad que de acuerdo con la normatividad aplicable (Estatuto Financiero, arts. 4º, 36 y 182) no está autorizada para las sociedades de capitalización, y teniendo en cuenta que dentro de los objetivos de la Superintendencia Bancaria se encuentran el asegurar la confianza pública en el sector financiero, velar por la adecuada prestación del servicio financiero haciendo cumplir las normas que lo rigen y prevenir situaciones que deriven en la pérdida de confianza del público, con el fin de proteger el interés general, de conformidad con lo establecido en el artículo 325 numeral 1º del estatuto financiero.

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que el acto demandado se ajustó a la legalidad, toda vez que fue expedido por la Superintendencia Bancaria en uso de sus facultades legales, en desarrollo de las cuales ordenó la suspensión y desmonte de la actividad relacionada con el desarrollo de proyectos de construcción que venía realizando la actora en contravención a la normatividad aplicable, por lo que la Sala procederá a denegar las pretensiones de la demanda.

(C.E., Sec. Cuarta, Sent. feb. 14/97. Rad. 7741, C.P. Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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