Sentencia 7742 de febrero 25 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ROMPIMIENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

RESPONSABILIDAD ESTATAL

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Expediente 7742

Consulta. Actor: Rodrigo Rivera Coronel.

Santafé de Bogotá, D.C., febrero veinticinco de mil novecientos noventa y tres.

Conoce la Sala en grado de consulta la sentencia de junio 11 de 1992 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se dispuso:

“1. Declárase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional administrativamente responsable por los daños materiales en los conceptos de daño emergente y lucro cesante causados a Rodrigo Rivera Coronel y Sara Coronel de Rivera, con motivo de la acción militar llevada a cabo por la patrulla “Caimán Tres” del Ejército Nacional Batallón José Hilario López de Popayán, en hechos sucedidos el 20 de marzo de 1990, sección La Depresión, municipio de La Sierra de ese departamento.

2. En consecuencia, condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a los demandantes los siguientes perjuicios:

a) Perjuicios materiales “in genere’’ a favor de Rodrigo Rivera Coronel y Sara Coronel de Rivera por partes iguales (50% a cada uno) por concepto de daño emergente y lucro cesante, por la pérdida del vehículo camión carrotanque marca Sisu, modelo 1968, doble troque de 10 llantas, motor 650298 con placas XZ-2099.

b) Condénase igualmente a pagar a los actores citados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, por la pérdida de combustible y otros que resulten probados mediante el trámite incidental y según las pautas dadas en esta misma providencia.

3. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

4. Para la tramitación incidental ordenada en este fallo se señala un término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, término que se dispone en acatamiento del artículo 119 del Código de Procedimiento Civil.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Envíese copia de este fallo con las constancias de notificación y ejecutoria al señor comandante del Ejército Nacional, al señor Ministro de Defensa, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Procurador General de la Nación y al señor procurador regional (agente del Ministerio Público en este proceso).

7. Consúltese si no fuere apelada”.

En la demanda el aspecto fáctico se narra de la siguiente manera:

“Dicen los actores que el señor Rodrigo Rivera Coronel es negociante en la comercialización de combustibles y accesorios para automotores como gasolina, aceite, filtros, llantas, bujías, etc, que expende en la estación de servicio para vehículos de su propiedad, ubicada en “El Estrecho”, municipio del Patía, departamento del Cauca.

Los combustibles son adquiridos para su distribución en Yumbo (Valle) a la Compañía Colombianos Distribuidores de Combustibles S.A. “Mobil”. El transporte de estos elementos los hacía en el vehículo de su propiedad, haciendo dos y hasta tres viajes semanales.

El día 20 de marzo de 1990 cuando hacía uno de sus acostumbrados viajes en el carrotanque de su propiedad, y siendo más o menos las 10:30 p.m., su vehículo conducido por José Javier Erazo y cargado con 5.100 galones de gasolina corriente, aceite y llantas, fue detenido por un grupo de 6 sujetos en el paraje de Esmita, vía Panamericana (municipio de La Sierra) y obligado a transportarlos con rumbo desconocido. En momentos en que era abordado por los sujetos, pasaba por el mismo lugar, el último de los 4 camiones del Ejército Nacional que repletos de soldados y bajo la dirección del teniente Javier Hernando Sánchez, cumplían misión de orden público en el suroriente caucano.

Percatados los militares de lo que estaba sucediendo, permitieron el paso del carrotanque en la pendiente de La Depresión, haciendo el ascenso en medio del convoy del Ejército Nacional, integrado por 4 camiones dotados de poderosas armas de fuego. Terminada la pendiente, en el kilómetro 62 de la carretera Panamericana, los camiones esperaron la llegada del carrotanque y sin mediar ningún aviso, comenzaron a disparar contra el vehículo, situación que ocasionó el incendio de la gasolina que transportaba. El conductor del vehículo, temiendo más a la posible explosión que a las balas de los militares, desaseguró el carro y se lanzó de la cabina logrando salvar su vida. Los delincuentes que habían abordado el carrotanque murieron en la acción, quedando unos heridos.

No aceptan la versión de los uniformados en el sentido que los militares fueron atacados en principio por los delincuentes, con bombas incendiarias y granadas, y menos que los soldados fueran heridos a causa de ese ataque, puesto que en su sentir, al quedar en medio de los dos carros del ejército y en semicurva y haber cruce de disparos, sumada la oscuridad de la noche se hirieron mutuamente, ya que los delincuentes sólo llevaban una escopeta y un arma de juguete, cuya única preocupación era en esos momentos defenderse de las llamas”.

Cumplido el trámite de la instancia el a quo decidió en la forma indicada atrás.

Conformes las partes con la decisión, guardaron silencio por lo que la sentencia fue enviada a esta corporación para efectos del grado de consulta.

Tramitada esta segunda instancia, es oportuno decidir. Para ello, se considera:

En esta nueva etapa procesal alegó la entidad demandada. En su alegato que obra a folios 306 y siguientes observa:

“Es de fundamentación jurisprudencial el hecho de tenerse en cuenta las causales de exoneración de responsabilidad, cuando estas obran a favor del Estado, con lo que lógicamente, se viene a obtener igualmente la exoneración de responsabilidad patrimonial por parte de la Nación, como en este caso y de manera concreta el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional de Colombia, lo que se virtúa en consideración de unos postulados coexistentes como son el presentarse el hecho justificado en una conducta desarrollada por parte de elementos pertenecientes a la Fuerza Pública Ejército Nacional, la producción de un resultado y consecuencialmente producirse el daño alegado, con lo que se deja de lado que el resultado obtenido es igualmente de restablecimiento del orden, en una actuación donde hubo intervención de individuos antisociales cuya participación obligó en justicia el actuar de la Fuerza Pública y cuya presencia no desborda principios constitucionales al tenerse de autos la situación de orden público reinante en el lugar de los acontecimientos, razones que se han dejado de lado teniendo en cuenta que la intervención anotada es el resultado de motivos de fuerza mayor, motivada por las circunstancias claras en autos y aquí expuestas.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo irrefrenable del accionar de la fuerza, cuyo caso contrario hubiera generado sólo la omisión de un deber constitucional, se fundamenta una causal de exoneración patrimonial en favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, dado el caso de no ser atendidas las peticiones de la Nación, es de considerar las condiciones de uso y desgaste del vehículo objeto de reparación, teniendo en cuenta que el mismo data del año de 1968 y el ocurrimiento de los hechos data de 1990, por lo que a la fecha del ocurrimiento soportaba 22 años de servicio, lo que deberá considerarse dentro de su oportunidad correspondiente, insistiéndose en que las alegaciones pertinentes deberán estar acompañadas de su fuerza probatoria correspondiente a fin de prever la figura del enriquecimiento sin una causa justificada”.

Para la Sala la sentencia deberá confirmarse en lo fundamental, aunque con algunas precisiones en cuanto a la condena impuesta.

Coincide con el a quo en que la participación de miembros del ente demandado en los sucesos que culminaron con la destrucción del vehículo, está fuera de toda duda, no sólo porque así lo puso en evidencia la prueba testimonial, sino porque ésta resultó corroborada con la aceptación misma de la entidad pública, la que en la práctica no niega el hecho sino que justifica la conducta por ella cumplida durante el operativo.

Para la Sala aunque la declaración del conductor del vehículo automotor, señor José Gabriel Erazo Pasaje (a fls. 142 y ss. del cdno. ppal.) por sí sola no demuestra el extremo que se deja anotado, ya que puede estimarse como sospechosa por razones de dependencia y por falta de coherencia, existen otros medios, documentales, que corroboran los hechos fundamentales narrados en la demanda y que sitúan el problema en el campo de saber si el administrado tenía o no por qué soportar el daño. En otras palabras, si el daño que se causó puede estimarse como antijurídico o no.

Para la Sala, y en esto coincide con el tribunal, el asunto no debe enfocarse desde la perspectiva de la falla del servicio. No; la administración actuó y debía hacerlo. Pero lo que sí es evidente es que los hechos rompieron el principio de la igualdad ante las cargas públicas e impusieron al administrado un gravamen excepcional que no tiene por qué sufrirlo. La fundamentación de la responsabilidad en casos como el presente se venía manejando con fundamento en el riesgo especial o excepcional. Y hoy puede con mayor facilidad apoyarse en el mandato contenido en el artículo 90 de la nueva Carta constitucional, el que desarrolla la responsabilidad estatal dentro de estos supuestos: a) Que se cause un daño a una persona; b) Que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autoridad pública (la administración en sentido anónimo o a un funcionario determinado); y c) Que ese daño sea antijurídico.

Así, la norma, como se ha dicho en otras oportunidades, respeta los extremos de toda relación de responsabilidad, como que señala los sujetos activo y pasivo de la misma (la administración y el tercero lesionado), el perjuicio y la relación causal.

El daño, como es obvio, debe sufrirlo alguien. Con él se rompe el principio de no hacer daño a nadie. Y el daño tiene que ser antijurídico, o sea causado por el comportamiento irregular de la administración (irregularidad o falla que se puede dar por acción u omisión) o por una conducta que, aunque regular, sea lesiva del principio constitucional de la igualdad frente a las cargas públicas, derivación del principio general de la igualdad ante la ley.

En otros términos, el daño es antijurídico no sólo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esa conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.

Pero decir daño antijurídico no quiere significar que la noción de falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó.

En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume. En ambas hipótesis ese primer supuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falta o falla de la administración, pero que el que lo sufre no tenía por qué soportarlo, el acreedor, como es apenas evidente, deberá demostrar el daño y el porqué, pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo.

En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender.

Aplicando las ideas al caso concreto cabe, entonces, concluir que la Nación resultó comprometida en los hechos debidamente probados, pero no porque hubiera actuado irregularmente, sino porque al hacerlo rompió el principio de la igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución.

Los perjuicios

Hizo bien el a quo cuando denegó los morales solicitados. Sólo por excepción y con pruebas de gran poder de convicción podría llegarse a reconocer esta clase de perjuicios por la pérdida de un bien material.

Frente a los materiales, se observa:

Los actores probaron ser los dueños del vehículo a la fecha de los sucesos aquí analizados. De la prueba documental que obra en el expediente se desprende esa titularidad, ya que fuera de los certificados del Intra (Putumayo) que obran a folios 2 y 3, figura a folios 4 la fotocopia autenticada de la matrícula correspondiente.

Estas pruebas legitiman por activa a los demandantes y respaldan la pretensión de que se reconozca dentro del monto de la indemnización el valor del vehículo destruido en su totalidad.

Para la demanda el valor comercial del vehículo a 20 de marzo de 1990 era de $ 20.000.000. Pero este extremo, como bien lo dice el Tribunal, no resultó probado y deberá establecerse pericialmente durante el incidente, sin desconocer lo afirmado en la demanda en cuanto al valor en la fecha indicada.

El valor que así se determine deberá reajustarse con sujeción a la fórmula:

 

de donde vp o valor presente; vh el que se determine a 20 de marzo de 1990; ind.f o índice final a la fecha de este fallo; e ind. i o índice inicial correspondiente a marzo de 1990.

Se seguirá el mismo procedimiento para establecer el valor de los 5.100 galones de gasolina perdidos en el incendio del carrotanque, sin exceder el valor indicado en la demanda de $ 1.304.151; y del aceite que igualmente se destruyó, sin exceder dicho valor de la suma de $ 239.254.72. En este extremo también procederá la indexación.

En cuanto al lucro cesante, la Sala no comparte la decisión del Tribunal, porque esta pretensión estimada en $ 42.520.000 es incompatible con la formulada como daño emergente por la pérdida del vehículo productor de la renta. No es lógico ni razonable pedir, por un lado, que se indemnice el valor del carrotanque (evento en el cual el dinero reemplazará al bien perdido y será un factor nuevo productor de renta de capital) y por el otro, que se reconozca lo que ese vehículo seguirá produciendo hasta el año 2000, como si no se hubiera destruido y siguiera en su poder.

De reconocer la indemnización así pedida los actores percibirán un capital (el valor del vehículo) y seguirían obteniendo frutos, como si el vehículo continuara en actividad bajo su poder.

Se impone en ese orden de ideas como solución y a título de lucro cesante, dado el carácter comerciante de los actores, que el valor comercial del vehículo a marzo de 1990 (valor histórico) devengue intereses comerciales hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia. En otras palabras, el valor del vehículo que deberá reconocerse y el lucro comercial de ese capital hacia el futuro, reemplazarán aproximativamente la explotación del mismo durante su vida útil.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 11 de junio de 1992, pero en el entendido de que las condenas impuestas por el Tribunal tendrán sólo el alcance indicado en esta segunda instancia tanto para el daño emergente como para el lucro cesante, según las precisiones hechas en el capítulo“Perjuicios” de la parte motiva de esta providencia.

Expídanse las copias para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Esta providencia fue aprobada por la Sala en su sesión de fecha 25 de febrero de 1993.

Juan de Dios Montes Hernández, Presidente de la Sala—Carlos Betancur Jaramillo—Daniel Suárez Hernández—Julio César Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.