Sentencia 7748 de junio 4 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7748

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., cuatro de junio de dos mil cuatro.

Decídese el recurso de casación formulado por las partes contra la sentencia de 23 de marzo de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario promovido por Natalia López Cortés, representada legalmente por Gilma Estela Cortés, contra Inversiones Santo Domingo Ltda. “Inverdingo Ltda.”.

I. Antecedentes

Por la demanda introductoria solicitó la actora que se decrete la resolución del contrato de promesa de compraventa que celebró con la demandada el 17 de julio de 1992; y, en consecuencia, que a esta se condenara a restituir los bienes objeto de dicho contrato junto con sus frutos, así como a pagar la suma de $ 156.000.000, pactada como cláusula penal.

Para sustentar las precedentes peticiones, narra en el acápite de hechos que el contrato en cuestión fue incumplido por la demandada, quien no pagó en su totalidad la suma de dinero referida en el literal “c)” de su cláusula tercera, y se halla así mismo en mora de sufragar la cantidad de $ 208.000.000 que debió cubrir el 10 de enero de 1993.

No obstante haber renunciado la demandada a los requerimientos para ser constituida en mora, se la ha reconvenido privadamente en varias ocasiones, con resultados negativos.

A la par con la admisión de la demanda, el a quo, invocando el artículo 83 del estatuto procesal civil, ordenó citar al proceso a Yudy Viviana López Suárez y al menor Luis Santiago López Arango, quienes concurrieron, el segundo de ellos representado por su madre Gloria Mercedes Arango, y dijeron coadyuvar los hechos y pretensiones de la demanda incoativa (fl. 57 del cdno. 1).

Se opuso la sociedad a las pretensiones deducidas en su contra, aduciendo haberse presentado a la notaría en el día y hora señalados con el ánimo de correr la escritura y constituir hipoteca sobre los predios objeto del contrato para garantizar el pago, conforme a lo pactado en el parágrafo 3º de la cláusula sexta de la promesa, que modificó las cláusulas precedentes en lo relativo a la forma de pago. Con base en tal circunstancia, formuló las excepciones perentorias que denominó “carencia de legitimación en la causa para demandar” y “contrato no cumplido”.

De otro lado, presentó demanda de reconvención por la que pidió declarar, básicamente, que fue Natalia López la incumplida y que por consiguiente de ese lado pesa la cláusula penal.

La primera instancia terminó por sentencia mediante la cual declaró resuelto el contrato y ordenó, en consecuencia, lo que sigue: a la demandada, restituir los predios objeto de la promesa, y al actor reintegrar la parte del precio recibido junto con su corrección monetaria; por lo demás, denegó la condena al pago de frutos y perjuicios solicitados por la actora, y en sentencia complementaria hizo lo propio con la cláusula penal. En lo atinente a la demanda de reconvención denegó sus pretensiones.

Apelaron las dos partes, y el tribunal, al desatar la alzada, reformó el fallo impugnado para condenar a la demandada a pagar a la actora la cláusula penal y autorizando la compensación hasta concurrencia de los valores de las sumas mutuamente adeudadas. En todo lo demás, la decisión resultó confirmada.

II. La sentencia del tribunal

Luego del resumen litigioso y de las verificaciones de rigor respecto de los presupuestos procesales, concluye el juzgador que la validez de la promesa no merece reparo alguno. Despejado ese punto, observa que el artículo 1546 del Código Civil debe entenderse en armonía con el 1609 ibídem, de manera que solo el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir está legitimado para demandar la resolución o cumplimiento de la convención.

Pasando en concreto a dicho punto, anota que la demandada no comprobó haber pagado la suma de dinero que debía solucionar en fecha anterior a la prevista para otorgar la escritura pública, lo cual “constituye el incumplimiento”; según el literal “b)” de la cláusula 3ª del contrato, en efecto, la sociedad debía abonar $ 208.000.000, el 10 de enero de 1993, al paso que la escritura prometida había de firmarse a las 10:00 a.m. del 10 de julio de 1993 en la Notaría 34 de Bogotá, de donde, “infiérese el incumplimiento enrostrado a la demandada, lo cual le abre paso a la acción de resolución invocada en la demanda inicial, dado el orden de ejecución que para las diferentes prestaciones se acordó en el contrato de promesa”.

Por allí mismo, el fallador descarta la prosperidad de las excepciones denominadas “carencia de legitimación en la causa para demandar” y “contrato no cumplido” formuladas por el inicial demandado, así:

La primera porque el cumplimiento de las prestaciones no era simultáneo y correspondía inicialmente a la compradora pagar los montos señalados en la cláusula tercera de la promesa; solo después de verificado aquello se pasaría a suscribir la escritura.

La segunda, por cuanto la demandante no estaba en mora de cumplir. Frente a la falta de pago, esta no tenía que acudir a la notaría. La cláusula sexta del contrato de promesa no modificó la forma de pago acordada, toda vez que allí se estableció “la opción y no la obligación” de que, en el evento de estar pendiente parte del precio al momento de suscribir la escritura, se podía ‘garantizar su cancelación con hipoteca de primer grado sobre los mismos inmuebles por cuenta del prometiente comprador’; de manera que, tratándose como era de una opción, que “es el derecho a elegir entre dos o más cosas... no estaban entonces los demandantes obligados a acudir a la suscripción del contrato prometido”.

Aborda de esta suerte el fallador el tema de las restituciones debidas en virtud de la resolución, efectos que operan retroactivamente; “entre las partes —dice—, la resolución sigue las reglas generales, así: debe restituirse todo lo entregado bajo tal condición, el vendedor debe entregar al comprador el precio recibido, el comprador debe restituir el bien objeto del contrato; el contratante cumplido puede reclamar la indemnización de perjuicios y los frutos naturales y civiles... siempre y cuando la ley, el testamento, el donante o los contratantes, lo hayan dispuesto así”.

Resuelve entonces que la demandada devuelva a los demandantes los bienes objeto de la promesa, sin frutos por cuanto no se probó su cuantía.

De otro lado, “la demandante debe restituir a la demandada el dinero recibido como parte del precio, con el ajuste monetario, pues las restituciones mutuas no están condicionadas al cumplimiento o incumplimiento de las partes, sino que son una mera consecuencia lógica de la supresión del contrato, y deben disponerse consultando la justicia y la equidad”.

En lo que hace a los perjuicios, destaca que la actora estaba exenta de probarlos y el juez de cuantificarlos, ya que los contratantes por mutuo acuerdo lo hicieron. Verificado entonces el incumplimiento de la sociedad, debe condenársele a pagar el monto de la cláusula penal.

III. Las demandas de casación

Dos cargos formula la demandante Natalia López Cortés contra la sentencia, ambos con fundamento en la causal primera de casación y por violación directa de la ley sustancial, de los cuales solo se despachará el primero que, como adelante se verá, al devenir próspero excusa por sustracción de materia el estudio del segundo, que de rebote cobija el mismo punto controvertido en el otro.

La demandada, a su turno, se apoya en la misma causal primera para deducir un único cargo, el que se resuelve delanteramente porque el alcance impugnativo que posee es respecto del litigio todo.

Cargo único de la demandada

Con fundamento en la causal primera, denuncia la violación de los artículos 1551, 1557, 1558, 1620, 1621 y 1622 del Código Civil, por falta de aplicación, y de los preceptos 1546, 1602 y 1609 del mismo estatuto, por aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la promesa de compraventa, especialmente de su cláusula 6ª.

Desarrolla así la acusación:

El parágrafo tercero de la cláusula sexta de la promesa de contrato, reza: “en caso de que cuando se suscriba la escritura prometida, se encuentre pendiente el pago de alguna suma relativa al precio, las partes podrán optar por garantizar su cancelación mediante hipoteca de primer grado sobre los mismos inmuebles por cuenta del prometiente comprador”.

Al interpretar esa estipulación, el tribunal entendió que por ella se “establecía la opción y no la obligación, de en caso de estar pendiente el pago de alguna suma relativa al precio “garantizar su cancelación con hipoteca””. Esta conclusión es totalmente contraevidente, replica el censor, pues lo pactado fue una obligación alternativa, en las que, conforme al artículo 1556 del Código Civil, “se deben varias cosas, “... de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera el pago de la ejecución de las otras””.

En este caso, insiste, el prometiente comprador “se le otorgó la alternativa de, en caso de no alcanzar a pagar su precio total, poder cumplir su obligación constituyendo gravamen hipotecario de primer grado...”. De esta manera, se incurrió en un yerro evidente por el tribunal, pues la forma de pago pactada en la cláusula tercera del contrato, constituía una alternativa de pago que tenía el deudor, “y su no cumplimiento no lo hacía incurrir en incumplimiento contractual”.

Por último reiteró que en la promesa se acordaron dos plazos para el pago del precio, el uno expreso, en su cláusula tercera, el otro tácito, en su cláusula sexta, entendido este último como el indispensable para cumplir (C.C., art. 1551), que se extendía hasta el día en que se otorgara la escritura, momento en el cual el prometiente comprador podía, ya entregar el saldo del precio en dinero, ora constituir la hipoteca.

Consideraciones

Como es evidente, se trata entonces del entendimiento que al sentenciador le mereció la promesa de compraventa objeto de este proceso, especialmente en lo atinente a sus cláusulas tercera y sexta —par. tercero—, y a la manera en que, conforme a ellas, habría de verificarse el pago del precio.

En la cláusula tercera de dicho contrato se lee que el precio acordado fue de $ 520.000.000, que el prometiente comprador habría de pagar así: $ 156.000.000 que se pagarían $ 10.000.000 en dinero efectivo a la firma del documento, $ 46.000.000 en un cheque para el 2 de agosto siguiente y 100.000.000 mediante otro cheque para el 17 de ese mismo mes; $ 208.000.000, pagaderos el 10 de enero de 1993; y el saldo, $ 156.000.000, el 10 de julio de 1993, fecha esta última en la que así mismo se acordó suscribir la prometida escritura pública.

A su turno, el tercer parágrafo de la estipulación sexta, en cuyo entendimiento forja el acusador su cargo, dice así: “En caso de que cuando se suscriba la escritura prometida, se encuentre pendiente el pago de alguna suma relativa al precio, las partes podrán optar por garantizar su cancelación mediante hipoteca de primer grado sobre los mismos inmuebles por cuenta del prometiente comprador”.

Véase ante todo que allí no hay sitio para las obligaciones alternativas que proclama el casacionista. Por ningún lado, en efecto, se descubre que en el punto objeto de discusión fuesen dos cosas las adeudadas. Por modo que si se alega que existía la opción de hipotecar, no es que propiamente surja otra cosa a deber, pues la deuda siempre será la misma, solo que en su caso se caucionaría con garantía real.

Mas si con olvido de ello se pasara la mirada no más que en lo que va envuelto en el planteamiento del censor, esto es, la pretendida posibilidad que por el contrato se le proporcionó de, en vez de pagar, hipotecar, tendríase por decir lo que sigue:

Ya se sabe que según lo entendió el juzgador, lo allí estipulado no fue el compromiso de los acreedores —prometientes vendedores— de aceptar, a cambio del dinero, una garantía real que asegurara el pago del mismo, sino apenas una posibilidad de escoger esto último si aquello no se cumplía; en otros términos, estimó que nunca fue pactado que el acreedor cumplía así mismo su obligación otorgando hipoteca sobre el bien.

Y apreciada desprevenidamente la cláusula en cuestión, fácil es notar que la inteligencia que le dio el tribunal es bien razonable, especialmente si se remarca la circunstancia de que la facultad de cambiar por la hipoteca se otorga “a las partes”, que “podrán optar” por ello; no aparece, pues, que se hubiese acordado —y menos en forma indubitable— que acogerse a la constitución de la hipoteca para solucionar la obligación fuese asunto dejado al arbitrio del solvens —prometiente comprador—.

Cabe pensar, así, siguiendo la línea de pensamiento del ad quem, que la forma de pago se dejó definida en la cláusula tercera, pero que aun así los promitentes dejaron abierta la posibilidad de arribar a un acuerdo posterior para el caso de que llegado el tiempo de firmar escritura no se hubiese satisfecho cabalmente la prestación dineraria.

Lo que sí ofrece serias dudas, en cambio, es el entendimiento que para el impugnador tiene la cuestionada cláusula. Recuérdese que la exégesis que él pretende imponer es la de que lo allí ajustado fue una obligación alternativa, esto es, una de aquellas en que, según la definición del Código Civil, “se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras” (art. 1356); en este orden de ideas, en criterio del censor, a términos de la aludida cláusula 6ª el prometiente comprador habría asumido alternativamente una prestación de dar —suma de dinero— y otra de hacer —suscribir documento constituyendo hipoteca—, cumpliendo cualquiera de las cuales satisfaría su obligación (art. 1558, ibíd.).

Inferencia esta asaz forzada, como puede observarse nada más leyendo las antes aludidas cláusulas; y más que forzada, audaz, si se pretende que es esa la única interpretación posible del contrato.

Pero, más allá de esto, lo importante para los efectos de este recurso es destacar cómo el recurrente limítase a exponer el entendimiento que la promesa de contrato le merece, y a proclamar que, frente a la del sentenciador, es la suya la comprensión correcta en torno a ella; pasa, pues, por alto la presunción de certeza que ampara la providencia, queriendo aniquilarla nada más que con afirmar que él está en lo correcto y el tribunal, en cambio, está equivocado. Y allí se echa de menos la demostración del manifiesto error de hecho endilgado al fallador, demostración imprescindible para hacer prevalecer el propio criterio sobre el de la corporación, como que sin ella el cargo no puede menos que fracasar.

Así las cosas, se tiene, de un lado, una razonable interpretación —amparada por una presunción de certeza— que el juzgador ha realizado del alcance del contrato objeto del litigio; de otro lado, se halla el criterio encontrado —bien discutible, por cierto— del censor a ese respecto; y no se trata de escoger entre una y otra cosa, pues, se insiste, el criterio del juez se impone, salvo que la razón dada al contrato atente contra la lógica y el sentido común, o esté refutada por otros medios probativos. Cosa que, según lo estudiado, no encuentra puntal en el expediente.

Por lo que el cargo es frustráneo.

Primer cargo de la demandante

Alégase violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 1932 del Código Civil e indebida aplicación del artículo 1544 de esa codificación.

Refiere el acusador la decisión del tribunal de ordenar a la actora que, como consecuencia de la resolución del contrato, restituya al demandado, con su corrección monetaria, la suma abonada como parte del precio. Considera que para el efecto aplicó el tribunal la regla general contenida en el artículo 1544 del Código Civil, y no, como debió hacerlo, el precepto 1932 de esa codificación, “que en un tratamiento específico de las prestaciones mutuas en la resolución por no pago, prescribe en su inciso segundo que “el comprador, a su vez, tendrá derecho para que se restituya la parte que se hubiere pagado del precio”. Declarada como fue —asegura— la resolución del contrato a causa del incumplimiento del comprador, la situación se sustrae de los lineamientos del artículo 1544, para insertarse en las previsiones del 1932.

Dice el recurrente acoger como propios los razonamientos plasmados por la Corte en sentencia sustitutiva de 21 de marzo de 1995, en donde sentó doctrina sobre la aplicación del inciso 2º del artículo 1932 y su interpretación respecto a las restituciones mutuas en contratos resueltos judicialmente por el no pago del precio, decisión de la cual hace una extensa trascripción, uno de cuyos apartes que para una cabal compresión de la situación se reproduce: “Si la restitución a que tiene derecho el comprador incumplido se limita a “la parte que hubiere pagado del precio” (...) mal puede el intérprete (...) adoptar una regla diferente de restituciones mutuas, como sería aquella que incluyera una restitución del precio con corrección monetaria. De allí que el derecho del comprador incumplido por no haberse pagado el precio, solo se límite, en caso de resolución judicial, a la restitución de “la parte que hubiere pagado del precio” en la representación nominal del pago, porque eso fue lo que pagó (...)”.

De otro lado, alega el recurrente que a los precedentes argumentos ha de agregarse el de la variación de las condiciones económicas en los últimos años, invirtiendo la desproporción entre el valor de un bien y el del dinero, pues es el de tales bienes el que se ha envilecido, desapareciendo así o quedando al menos en suspenso la aplicación de los principios de equidad orientadores de la corrección monetaria como mecanismo para mantener el equilibrio en las restituciones mutuas.

El punto de referencia para llevar las cosas al estado inicial, agrega, “es la posibilidad del comprador de adquirir el bien que fue objeto del contrato frustrado, con el mismo, mayor o menor dinero, en el momento de desaparición del contrato, y no la simple y aislada preservación del poder adquisitivo de la moneda en relación con la economía en general (...). El estudio comparativo de la liquidación del dinero que debe restituirse con corrección monetaria frente al valor del inmueble que constituyó objeto del contrato, arroja necesariamente un resultado de total y absoluto desequilibrio para el contratante que recibe el bien enfrente del que recibe el dinero”.

Consideraciones

En trasunto del cargo en estudio se encuentra, según permite verlo prontamente el resumen que antecede, la corrección monetaria que el ad quem dispuso respecto de la parte del precio que ha de restituir la actora a la demandada; y, justamente, es ese mismo objetivo —aunque planteado desde un ángulo diferente—, por el que propugna el segundo de los cargos levantados contra el fallo impugnado, en el que, fustigándose la compensación que autorizó el juzgador, cumplidamente en cuanto al momento en que esta debe hacerse operar reclámase la extinción de las obligaciones materia de aquella.

Así, es patente que si el cargo analizado, que como se dijo, llamado se encuentra a prosperar, arrasa con la fórmula de actualización prevista en la sentencia, nada justifica entonces abordar la temática relativa a la compensación, pues cualquiera que sea el momento en que esta se verifique, el resultado será idéntico; esto desde luego, porque ni la cláusula penal ni la parte del precio a restituir habrán de sufrir alteración, de donde los criterios para compensar han de ser también invariablemente los mismos.

Ahora, ya en lo que toca con el despacho del cargo, denótase cómo incólume la sentencia en lo relacionado con las condenas deducidas contra la sociedad demandada, preciso es entonces partir para cualquier efecto de que fue el incumplimiento por parte de esta a su obligación de pagar el precio, lo que dio lugar, a petición de la prometiente vendedora, a la resolución del contrato de promesa de compraventa objeto del presente litigio.

Situación de la que pueden extraerse varias conclusiones:

La una, relacionada con la naturaleza del contrato prometido y el motivo de resolución del mismo; pues acaecido este fenómeno, como antes se dijo, en virtud de no haberse pagado el precio, la normatividad que ha de aplicarse al tema de las restituciones entre las partes que de ello se derivan, no será la que en general regula el evento del cumplimiento de la condición resolutoria —C.C., arts. 1544 y 1545—, sino el 1932 de dicho ordenamiento, aplicable por interpretación extensiva, dado que la composición fáctica encaja plenamente en las previsiones de este último precepto.

Asunto bien conocido es, en efecto, que la resolución del contrato, a la vez que apareja como principal consecuencia la extinción del conjunto de obligaciones surgidas del mismo —efectos ex nunc—, tiene además eficacia retroactiva — ex tunc— en aquellos eventos en que, no siendo negocios de tracto sucesivo, verifícanse actos de cumplimiento entre las partes; se trata, pues, de colocar a los contratantes, en cuanto sea posible, en la posición en que se hallaban antes de celebrar el contrato. Es así como el artículo 1544 establece como principio general el de que “cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición...” (véase al respecto Cas. Civil Sent. 081, jun. 15/93).

Por este último aspecto de la retroactividad, sin embargo, como se señalara en casación de 6 de julio de 2000 —Exp. 5020—, dada la esencia de la condición resolutoria —ordinaria o tácita— se presentan algunas singularidades, por ejemplo la de que verificada la misma y salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes hayan dispuesto otra cosa, no se deberán los frutos percibidos en el espacio intermedio —art. 1545 ibíd.—.

Lo que no ocurre en el evento de resolución del contrato de venta por no haberse pagado el precio, pues en este caso, el vendedor tendrá derecho, según el artículo 1932, “para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada”; resolución esta que, a su turno, repercutirá seriamente en el derecho que, a su vez, tiene el comprador “para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio” —art. 1932, inc. 2º—, punto este, por cierto, que en el caso sub examen constituye la espina dorsal de la acusación.

No es entonces ciertamente indiferente el colocar el asunto bajo la égida del artículo 1544 o bajo la del 1932; y, se repite, es esta ultima la disposición que, por vía de interpretación extensiva, rige la materia de las restituciones en el presente evento, en donde, a más de la obligación de hacer, “los contratantes se obligaron a ejecutar anticipadamente algunas de las prestaciones del contrato de compraventa prometido, como la entrega del inmueble objeto del mismo y el pago del precio, siendo esta última la obligación que parcialmente incumplió el prometiente comprador y se instituye en causa de la pretensión resolutoria (...)”, de manera que “el factum objeto de análisis se subsume en la hipótesis legal descrita por la regla citada. Porque el principio que en ella aparece implícito, que no es otro que el de la compensación entre frutos y réditos del precio no pagado (de ahí el criterio de la proporcionalidad), cobra vida en el caso examinado, esto es, para cuando la resolución versa sobre un contrato de promesa de compraventa donde las partes convinieron anticipadamente el pago del precio de la cosa vendida y esta es precisamente la obligación incumplida que realiza la condición resolutoria tácita” (providencia de jul. 6/2000 atrás citada).

Y, a la verdad, cual alégase en la protesta impugnativa, el correcto entendimiento del precepto 1932, en cuanto concierne a la restitución de la parte del precio pagado al comprador incumplido, difiere ostensiblemente de la que podría admitirse entratándose de la aplicación del artículo 1544; el criterio constante de la Corte, habida cuenta de las circunstancias que generan la ruptura del vínculo negocial es el de que la devolución de esa cifra ha de ser en estos específicos eventos nominal; criterio que por lo demás es el que ha prohijado la corporación en distintas ocasiones, particularmente los aludidos fallos de 15 de junio de 1993 y 21 de marzo de 1995, expediente 3328, precisada posteriormente en la predicha sentencia de 6 de julio de 2000, y últimamente reiterada en fallos de 15 de enero y 12 de marzo de 2004 (Exps. 6913 y 6759), decisiones donde el criterio expuesto fue el de que, en caso de resolución de una promesa de compraventa, el comprador incumplido “debe recibir en su valor histórico o nominal, esto es, sin reajuste, debido a que, al serle imputable el incumplimiento contractual que propició la resolución del contrato, no puede beneficiarse de él, porque de ser así, además de prohijarse el incumplimiento contractual, se atentaría contra los principios de justicia y equidad, razón por la cual, la doctrina de la corporación ha sido constante en señalar, que el contratante incumplido debe soportar ‘... los efectos dañosos de la inflación...’ y que en la misma eventualidad, tampoco hay lugar a reconocer ‘... deudas por intereses de origen legal...’ (Cas. Civil, jun. 15/93)” (G.J. T. CCXXXIV, pág. 453).

Poco, entonces, es lo que puede agregarse para concluir que el cargo, a cuenta de este criterio, que por cierto es el que esgrímese como base de la acusación, ha de medrar; pues proscrito el reajuste del precio ordenado por el ad quem, el error jurídico denunciado salta de ahí irrecusable.

Sentencia sustitutiva

Más que claros resultan los linderos dentro de los cuales ha de proferirse la sentencia de reemplazo, si en ese propósito se tiene en cuenta, como no podría ser de otra manera, que el cargo victorioso conlleva el quiebre del fallo impugnado apenas en cuanto toca, conforme quedó visto, con la “corrección monetaria” de la parte del precio recibido por el actor de manos de la demandada, cuyo pago ordenó sin consultar la restricción que en la materia establece el artículo 1932 del Código Civil.

En otras palabras, si el error jurídico del tribunal estuvo en haber dispuesto el reajuste de la suma en cuestión por el anotado sistema de revalorización, dando de mano con la regla que sobre el particular establece el aludido precepto, la enmienda que acá se haga no tendrá más alcances que, justamente, eliminar la prenombrada determinación, circunscribiendo entonces dicho ordenamiento del fallo a lo que prevé la normatividad. Así que la decisión del tribunal se reproducirá en todo lo demás que, es elemental, resulta intangible para la Corte.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de procedencia y fecha anotadas, y en su lugar,

RESUELVE:

Modificar el numeral 5º de la sentencia dictada en este proceso por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá el 19 de diciembre de 1997, en cuanto hace a la orden impartida allí al actor, de restituir a la demandada los dineros recibidos como parte del precio, junto con la “corrección monetaria”; fórmula de reajuste esta que por ser improcedente se suprime del preindicado numeral.

En lo demás, queda vigente la sentencia dictada en el presente proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de marzo de 1999, cuyas resoluciones, en lo pertinente, se transcriben a continuación para mayor claridad:

“1. REFORMAR la sentencia materia de apelación para CONDENAR a la demandada a pagarle a las demandantes la suma de ciento cincuenta y seis millones de pesos ($ 156.000.000), pactados como cláusula penal.

2. AUTORIZAR la compensación hasta concurrencia de sus valores, de las sumas que mutuamente se deben las partes.

3. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primer grado.

4. CONDENAR en costas de la apelación a la parte demandada”.

Sin costas en casación al haber prosperado parcialmente el recurso.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de procedencia.

Magistrados: Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno—Édgar Villamil Portilla.

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