SENTENCIA 7760 DE OCTUBRE 29 DE 1992

 

Auto 7760 de octubre 29 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

SI SE OMITE NO HAY NULIDAD

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Expediente 7760

Actor: Sociedad Seguros Alfa S. A.

Entra a decidir la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 11 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el auto de fecha 25 de junio de 1992, proferido por la Sección Tercera de dicha autoridad judicial, mediante el cual se dispuso “NEGAR la nulidad propuesta”, a instancia del mencionado agente del Ministerio Público, quien entiende que al no señalarse fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación prevista por el Decreto 2651 de 1991, se ha alterado seriamente la actuación procesal hasta el punto de generar nulidad de lo actuado con posterioridad.

Aunque la providencia objeto del recurso no es muy explícita en cuanto a las razones que el tribunal tuvo para rechazar la pretensa nulidad, la Sala la confirmará, por la elemental razón de que el régimen de nulidades procesales, imperante en derecho colombiano, tiene como fundamento el principio de la TAXATIVIDAD, aspecto que se resalta por el actual artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, como también antes lo hacía el artículo 152 de dicho estatuto, al emplear la expresión de que el proceso es nulo, en todo o en parte, SOLAMENTE, en las circunstancias allí anotadas.

Así las cosas, la pretermisión de la convocación a audiencia para que las partes y el juzgador intenten conciliación de las diferencias materia de la litis, no se encuentra enlistada como circunstancia de anulación de lo actuado, por lo que, entonces, el juzgador no puede declarar la ineficacia de la actuación subsiguiente en virtud de dicha omisión.

Por último, observa la Sala que analizado en su conjunto el Decreto 2651 de 1991, el juzgador de primera instancia, una vez agotada la etapa probatoria, deberá intentar la conciliación allí prevista, pero sin que ello permita concluir que la omisión de dicho paro procesal llegue a generar nulidad de la actuación procesal subsiguiente.

Por lo expuesto, la Sala RESUELVE:

CONFIRMASE el auto apelado, esto es el de fecha 21 de junio de 1992.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.

Daniel Suárez Hernández, Presidente—Carlos Betancur Jaramillo, Salvo voto—Juan Montes Hernández—Julio César Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto me separo de la decisión mayoritaria.

Si bien es cierto el régimen de las nulidades procesales está gobernado en Colombia por el principio de la taxatividad que resalta el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil no es menos cierto que el Decreto 2651 de 1991 (estatuto posterior que no pudo tener en cuenta el indicado código) al introducir en las acciones de reparación directa y contractuales una etapa conciliatoria obligatoria y no voluntaria dentro del proceso ordinario (habrá por lo menos una oportunidad de conciliación, dice el artículo 6o del último decreto) con miras a la descongestión de los despachos, su pretermisión borra la posibilidad de acuerdo y desconoce la normatividad procesal creada a ese respecto, que es de forzosa aplicación para el juez y de obligado acatamiento para las partes.

Estimo que el no acatamiento de ese mandato cambia el procedimiento que debe seguirse en esta clase de acciones y afecta de nulidad el proceso con apoyo en la causal 4a del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Incluso creo que vencido el período probatorio en estos procesos se entienden suspendidos hasta tanto se cumpla esa etapa de conciliación. Etapa que sólo será importante si se da el acuerdo, porque en el caso contrario servirá para calificar indiciariamente la conducta procesal de las partes.

Con todo respeto,

Carlos Betancur Jaramillo