Sentencia 7769 de agosto 1º de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PROCESO DE FILIACIÓN CONTRA HEREDEROS

NO ES POSIBLE DEMANDAR ÚNICAMENTE A HEREDEROS INDETERMINADOS

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Ref.: Expediente 7769

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil tres.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 10 de noviembre de 1998, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de petición de herencia iniciado por la señora Irma Matilde Torres López, en representación de su hijo menor de edad David Fernando Villamil Torres, contra Margoth Silva de Villamil, en calidad de heredera de Javier Fernando Villamil Silva.

I. El litigio

1. Pretende el demandante que se declare que en su calidad de hijo reconocido del causante Villamil Silva, le asiste mejor derecho que a la demandada, quien reclamó la herencia en calidad de madre; y en consecuencia pide que se decrete la nulidad de la adjudicación que se hiciera en el trámite sucesoral que se cumplió ante la Notaría 29 de Bogotá, y la cancelación o nulidad de la escritura pública Nº 1222 de 19 de febrero de 1992, así como la de su registro; se le tenga como único heredero de los bienes herenciales; se ordene en su favor la entrega de éstos; y se condene a la demandada también a restituir los frutos naturales y civiles correspondientes.

2. Los fundamentos de hecho de la demanda, admiten el siguiente resumen:

a) El demandante nació en Bogotá el 20 de febrero de 1983, como fruto de las relaciones extramatrimoniales de Irma Matilde Torres López y el causante, filiación que fue declarada respecto de éste mediante sentencia de 19 de agosto de 1994 dictada por el Juzgado 12 de Familia de Bogotá.

b) Esta sentencia declaró igualmente sus efectos patrimoniales en aplicación del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, y en tal sentido precisó la vocación hereditaria del demandante en relación con los bienes de padre difunto; tal providencia fue confirmada en la consulta de que fue objeto por haberse proferido contra demandados indeterminados.

c) De otro lado, mediante escritura pública se le adjudicaron los bienes a la demandada, a título universal, en su calidad de ascendiente y única heredera.

3. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que sólo se enteró de la sentencia de filiación con la notificación de la demanda el 26 de agosto de 1996, y propuso como excepción la de nulidad del proceso en que se dictó aquella, aduciendo que la madre del menor, pese a que la conocía muy de cerca y conocía su residencia, deliberadamente adelantó el mencionado trámite judicial a sus espaldas.

4. La sentencia de primera instancia declaró no probada la excepción de mérito propuesta; que el actor, como hijo del causante, es heredero de mejor derecho y que en tal condición desplaza del todo a la demandada y tiene derecho a que se le adjudiquen los bienes en la sucesión de aquél; en consecuencia, ordenó que se rehaga la partición efectuada, a fin de que se tenga como heredero al menor Villamil Torres y se le adjudiquen los bienes; la restitución correspondiente de bienes y del valor de los frutos civiles, el cual fue cuantificado en la suma de $ 7.472.049.

5. Ambas partes apelaron esta decisión, y el Tribunal, en la sentencia que aquí es objeto de impugnación, la confirmó en su integridad.

II. Fundamentos de la sentencia impugnada

En síntesis, son los siguientes:

1. Conforme al artículo 1321 del Código Civil, el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia; en tal sentido, en el proceso de filiación que se adelantó, al actor se le reconocieron unos derechos patrimoniales en la herencia de su padre.

2. Por su parte, carece de respaldo probatorio la excepción propuesta por la parte demandada de nulidad del mencionado proceso y por consiguiente de la sentencia allí dictada. En efecto, el fallo declarativo de la paternidad extramatrimonial que reconoció también los derechos patrimoniales del demandante, se encuentra debidamente ejecutoriado y goza de valor probatorio suficiente para fundamentar el derecho de éste a recoger la herencia de su difunto padre; tal providencia “produce efectos erga omnes en cuanto a la filiación natural y efectos relativos cuando tiene que ver con los derechos patrimoniales sobre la herencia de su padre, ya que no pueden ser reclamados ante quienes no fueron demandados”.

3. Precisa el Tribunal que dada la manifestación del actor sobre el desconocimiento de los herederos determinados del causante, dirigió la demanda en el proceso de filiación contra herederos indeterminados, “atendiendo lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, lo que indica que ese emplazamiento cobijó a la señora Margoth Silva de Villamil, madre del causante”; y que realizado en debida forma el emplazamiento y designado el curador ad litem con quien se adelanta el proceso, “el fallo que se dicte, surte efectos contra todos, pues de lo contrario, carecería de sentido demandar a estos herederos”. Y agrega:

“Por eso, no le asiste razón al apelante cuando afirma que por haber sido adelantado el proceso de filiación natural contra herederos indeterminados, la señora Margoth Silva de Villamil (madre del causante) no está comprendida entre ellos y por lo tanto, contra ella no surte efectos la sentencia que reconoció efectos patrimoniales”.

4. De estas consideraciones concluye el tribunal que “la declaratoria de paternidad extramatrimonial permite que el menor David Fernando Villamil pretenda derechos patrimoniales en la herencia de su padre, porque el derecho que ostenta, es el de hijo, convirtiéndose en heredero de mejor derecho frente a su abuela paterna a quien desplaza por disposición de la ley”.

5. Finalmente, anota que “por cuanto en el proceso quedó plenamente establecido que el demandante ostenta la calidad de hijo del causante, y la parte pasiva fue demandada en proceso de filiación como heredera indeterminada, hay legitimación, tanto como por activa como por pasiva, por lo que la sentencia apelada está llamada a ser confirmada”.

III. La demanda de casación

Dos cargos se elevan en ella contra la sentencia de segunda instancia, de los cuales se despachará sólo el segundo, por estar llamado a prosperar.

Cargo segundo:

En el ámbito de la causal primera de casación, se acusa a la sentencia de violar los artículos 10, inciso final, de la Ley 75 de 1968, 404 del Código Civil y 332, inciso 4º, del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación; los artículos 403, 961, 963, 964, 1321, 1322, 1323 y 1324 del Código Civil y 81 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación indebida; y los artículos 1º, literal f, de la Ley 30 de 1987 y 1º del Decreto 1260 de 1970, por interpretación errónea.

La acusación se sustenta del modo siguiente:

1. La falta de aplicación del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en lo que atañe con la extensión de los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación, consiste en que, tal como está demostrado, la demandada, heredera del causante, no lo fue en el proceso de filiación que el actor adelantó únicamente contra los herederos indeterminados, por lo que, respecto de ella, no puede producir efectos patrimoniales la sentencia que allí se profirió, lo cual fue desconocido por el tribunal al conferirle efectos patrimoniales erga omnes a la declaratoria de filiación paterna, por no haber distinguido entre el estado civil y dichos efectos.

2. Por esta misma razón se viola el artículo 404 del Código Civil, pues se deduce de la sentencia impugnada que la citación de los herederos al proceso de filiación es para el fallador algo intrascendente; de haber sido tenida en cuenta esta disposición, el tribunal habría concluido que a la demandada ni le aprovecha ni le perjudica la sentencia de filiación, por no haber sido citada al proceso.

3. Es erróneo predicar el efecto erga omnes de la sentencia de filiación por el hecho de haberse demandado a herederos indeterminados, por cuanto el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable a los procesos de filiación, que se regulan por la Ley 75 de 1968 y los artículos 402, 403 y 404 del Código Civil, entre otras cosas, porque la Ley 30 de 1987 facultó al ejecutivo para modificar el estatuto procesal civil, mas no las normas sustanciales citadas, y porque la sentencia de filiación no se obtuvo en juicio contra legítimo contradictor.

4. Finalmente, indica que las demás normas citadas son de exclusiva aplicación al evento en que el heredero demandado en acción de petición de herencia haya sido vencido en proceso de filiación, exigencia que no está satisfecha en el presente caso.

5. En consecuencia, solicita que se case la sentencia impugnada y se disponga la revocatoria de la sentencia de primera instancia, declarando inoponible el título del heredero demandante a la demandada en el presente proceso.

IV. Consideraciones de la Corte

1. En lo que concierne con el señalamiento de los sujetos entre quienes debe trabarse el proceso de filiación paterna de carácter extramatrimonial, el legislador patrio ha obrado con especial previsión: si bien es cierto que ha entendido la necesidad de fijar precisas reglas conducentes a la verificación de tal estado civil, como derecho fundamental de toda persona a establecerlo, ante la falta de un reconocimiento espontáneo del mismo padre; no lo es menos que también se ha guardado de que la respectiva definición judicial no sea el resultado de un proceso tramitado sin la presencia de las personas que efectivamente puedan ofrecer resistencia a dicha pretensión y, por contera, que están en posibilidad de aportar elementos de juicio destinados a deducir la verdad sobre los hechos que la configuran.

Tan grave resulta, entonces, hacer frustránea de cualquier modo la posibilidad del hijo que busca despejar la incógnita sobre la filiación paterna, y que con ese propósito acude ante un juez para ejercer la correspondiente acción de estado; como darle cabida a su pretensión sin ningún miramiento del significado que tiene establecerla respecto de la familia, y, sobre todo, sin mediar una justa defensa, o dando pie a que se fije una falsa paternidad inspirada meramente en motivos de orden patrimonial o de otra índole, o abriéndole paso a una decisión apenas formalmente cierta, cuanto que adviene apoyada en pruebas que han pasado sin mediar una verdadera réplica y en mucho casos sin la práctica de contrapruebas, por falta de opositor cierto; en todo caso, sin la presencia de los interesados en oponerse a la respectiva demanda o de quienes en tal carácter han de sobrellevar las consecuencias de la eventual sentencia estimatoria.

2. Las normas que han regido la materia confirman la conclusión relativa al alcance restrictivo que el legislador ha adoptado en esa materia; ellas indudablemente reflejan el cuidado con que el legislador ha querido rodear las situaciones que, por su naturaleza, se originan en actos y conductas que tocan las fibras más íntimas y sensibles de los seres humanos; decir que una persona es padre o hijo de otra no tiene el mismo significado que certificar otra clase de relaciones jurídicas ajenas a la personalidad jurídica, éstas generalmente menos sublimes y trascendentales para las personas.

3. En efecto:

1) Antes de la Ley 45 de 1936, si no se daba el respectivo reconocimiento voluntario del padre por medio de escritura pública o testamento, sólo se le concedía al “hijo ilegítimo” el derecho a que aquél fuera citado ante un juez a declarar bajo juramento si creía serlo, sin que fuera admisible ninguna otra indagación o, como ahora, presunción de paternidad; y eso con el único objeto de que el hijo pudiera exigir alimentos (L. 153/887, arts. 66 a 70).

2) La Ley 45 de 1936 vino a reparar esa evidente injusticia e instauró un sistema de libre investigación de la paternidad, cualquiera fuera la condición del hijo nacido fuera de matrimonio, y al efecto en el artículo 4º consagró los casos en que hay lugar a declararla judicialmente, los mismos que en términos semejantes y salvo algunas diferencias que obran respecto de la causal de las relaciones sexuales sucedidas entre la madre y el supuesto padre por la época de la concepción, fueron consideradas en el artículo 6º de la Ley 75 de 1968 bajo la denominación de presunciones de paternidad.

4. A la par con el anterior desarrollo de las posibilidades de reconocimiento judicial de la paternidad extramatrimonial, se ha preocupado el legislador por señalar no solo las personas que se hallan legitimadas en la causa para demandar y ser demandadas con ese fin, sino para designar contra quiénes se extienden los efectos de la respectiva sentencia.

En primer lugar, cuando en la práctica se reducía la verificación de la paternidad a la mera citación del presunto padre para indagarlo sobre si reconocía su condición de tal, era evidente que el encuentro sólo podía darse entre el hijo y el compareciente; por fuerza, esa hipótesis exigía el enfrentamiento estando ambos con vida.

En segundo lugar, el artículo 7º de la Ley 45 de 1936, optó por remitirse a las reglas del Código Civil en materia de acciones sobre la legitimidad materna y paterna; en tal sentido dispuso que “las reglas de los artículos 395, 398, 399, 401, 403 y 404 del Código Civil, se aplican también al caso de la filiación natural”, denominada ésta como extramatrimonial a partir de Ley 29 de 1982.

En aplicación de dicha ley, en una primera época, la jurisprudencia soportada en los artículos 403 y 404 del Código Civil, el uno que apunta como legítimo contradictor en la cuestión de paternidad al padre contra el hijo, y viceversa, y el otro a que “los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia; y el fallo pronunciado en favor o en contra de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica a los coherederos que, citados, no comparecieron”, concluyó que en la primera de tales normas “se reconoce como exclusivo y legítimo contradictor en este juicio al mismo padre, o a sus herederos y representantes, si fallece antes de fenecer el proceso. Si no fuera esta la única interpretación que puede dársele al mencionado texto, quedaría sin sentido ni aplicación el artículo 404, en cuya virtud los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia; lo que quiere decir que la acción tiene que iniciarse en vida del pretendido padre. (...) Los (efectos) de la filiación, para que prosperen, siempre han de seguirse contra legítimo contradictor, so pena de nulidad, y los fallos siempre producirán efectos erga omnes” (G. J. XLIX, pág. 259, sent., abr. 26/40).

Después, en una segunda época, admitió la posibilidad de iniciar el proceso contra los herederos del presunto padre, o sea ya fallecido éste; a ese respecto dijo la Corte: “como es indiscutible que si el presunto padre natural fallece después que se le haya notificado la demanda y antes que la haya contestado puede continuar con los herederos de aquel, no se ve la razón por la cual no habría de ser jurídicamente posible el ejercicio de la acción de filiación natural después de muerto el pretenso padre, pues, en realidad, aun en el primer caso el juicio viene a surtirse exclusivamente con los herederos, como si se hubiera iniciado con ellos” (G. J. LXXVIII, pág. 649, sent., sep. 23/54).

5. Surge de lo anterior, de un lado y por remisión a las normas civiles citadas, según lo ha predicado esta corporación de antiguo, que en punto de los procesos de filiación, “son parte legitimada en la causa el padre o la madre y el hijo, o los herederos de aquéllos o de éste, con las siguientes precisiones: a) que trabado el litigio entre el padre o la madre y el hijo, dichas partes reciben el calificativo legal específico de ''legítimos contradictores'' el que apareja consecuencia jurídica de señalada importancia, cual es la de que el fallo proferido en el juicio produzca efecto absoluto o erga omnes, ofreciendo así excepción al postulado de la relatividad de la cosa juzgada; b) que los herederos del legítimo contradictor fallecido inter mora litis, ocupan el lugar de este, con el preindicado efecto concerniente a la cosa juzgada, siempre y cuando que dichos herederos hayan sido citados al juicio, comparecieran o no a éste; c) que iniciada la litis con posterioridad al fallecimiento de los presuntos padre o madre, los herederos del difunto, sin merecer el calificativo de ''legítimos contradictores'', dado el restringido alcance que la ley le atribuye a este, sí tienen la personería necesaria para responder de la acción de estado y que en esta última hipótesis el respectivo fallo, según la regla general, ya no tiene efectos erga omnes sino relativos a quienes hayan participado en el juicio o hayan sido citados al mismo” (sent., sep. 19/69, G.J. T. CXXXI, pág. 208); conclusión la última que, valga decirlo, no tendría que variar por el hecho de que se convoquen herederos indeterminados.

6. Por último, el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, además de mantener la remisión a las normas civiles mencionadas, agregó a ellas el artículo 402 del Código Civil; igualmente dispuso, justamente con el fin de zanjar las dudas que había suscitado la aplicación de la Ley 45 de 1936, en consonancia con las susodichas normas, que “muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge. Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos y a su ascendientes”.

Y por si fuera poco, extremó las precauciones en punto de la legitimación pasiva y de los efectos patrimoniales dimanantes del fallo de filiación, cuando reiteró la extensión de los últimos a quienes, de modo determinado, se convoquen al proceso como herederos o cónyuge del fallecido padre; o sea a quienes puedan ser opositores, siempre que opere la notificación del correspondiente auto admisorio dentro de un término relativamente breve, cuanto dispuso que “la sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

Quiere decir lo anterior que la Ley 75 de 1968, aun vigente en la materia de que se trata, no sustrajo la sentencia de filiación extramatrimonial de la legitimación y de los efectos restringidos demarcados en la normatividad precedente, sino que la reafirmó, incorporando únicamente un término de caducidad de los efectos patrimoniales, no previsto antes; tanto que aludió nuevamente a las normas civiles, e incluso agregó, como atrás se anotó, el artículo 402 del Código Civil, cuya aplicación había sido considerada por la jurisprudencia aun sin haberse referido a él la Ley 45 de 1936, para otorgar efectos generales a los fallos judiciales que declaran la paternidad siempre “que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor”.

En conclusión, desde el punto de vista de las normas civiles y leyes complementarias que son las aplicables para el caso, no hay duda de que no se configura la posibilidad de trabar el litigio solamente con herederos indeterminados del presunto padre extramatrimonial.

7. De otro lado, tampoco son de recibo las normas procesales que disponen la citación o emplazamiento de personas indeterminadas, como manda el artículo 81 del estatuto procesal civil para “cuando se pretenda demandar en proceso de conocimiento a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se ha iniciado y cuyos nombres se ignoran, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el artículo 318”, ni por consiguiente el penúltimo inciso del artículo 332 ibídem que, en tal hipótesis, subsecuentemente otorga los efectos de cosa juzgada a la sentencia que se llegue a dictar en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento —efectos erga omnes—; dado que el mismo código establece que cuando se trata de cuestiones relativas al estado civil únicamente pueden obrar las normas civiles y complementarias.

En verdad, cuando se expidió el código judicial, por medio de la Ley 105 de 1931, el artículo 475 consagró: “los efectos de la cosa juzgada respecto de las sentencias dictadas en juicios en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se producen en los términos del Código Civil”.

En términos semejantes tal previsión se mantuvo con la expedición del Código de Procedimiento Civil que empezó a regir en el año de 1971, en cuyo artículo 332, inciso 4º, contempló que “los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias”, precepto que ha pasado intacto ante las reformas contenidas en el Decreto 2282 de 1989 y en la Ley 794 de 2003; de donde puede aseverarse que las normas del ordenamiento procesal civil han conservado para las acciones de Estado la aplicación de las normas civiles vigentes sobre el particular, a las cuales se remite, como se dijo, el artículo 10 de la Ley 75 de 1968; ni por causa de tales reformas esta disposición ha sido modificada.

Y no es dable pensar que el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 pasó por alto la posibilidad de precaver la convocatoria de herederos indeterminados para extender de modo general los efectos pecuniarios derivados de la sentencia de filiación, únicamente porque a la sazón las normas procesales no contemplaban la posibilidad de convocar en todo proceso de conocimiento personas o herederos indeterminados —prevista por primera vez en el artículo 81 en la redacción del código procesal de 1971—, o el deber de hacerlo como lo impuso la reforma a ese artículo dispuesta en el Decreto 2282 de 1989; por el contrario, lo lógico es inferir que las reformas del Código de Procedimiento Civil son las que han dejado a salvo el régimen especial sobre la cosa juzgada respecto de los asuntos relacionados con el estado civil; de otra manera no se explica que se halle vigente desde 1931 y hasta la fecha el inciso 4º del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, antes citado.

8. No debe olvidarse que el mismo artículo 332 señala, directamente o por remisión, las excepciones a los efectos relativos de las sentencias, o lo que es igual, indica los eventos en que ellas producen efectos erga omnes, es decir, aun frente a las demás personas que no fueron convocadas al proceso, fundadas principalmente en la naturaleza de las acciones incoadas, pero con exclusión de las que se dictan en los procesos sobre el estado civil, sobre las cuales la misma norma expresamente dispone la aplicación de las leyes civiles y complementarias.

Tales son, a guisa de ejemplo, las sentencias dictadas en los procesos seguidos por acción popular, dada la finalidad que se persigue con ella de obtener la protección de intereses colectivos, y en aquellos “en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte”, caso en el cual “la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento”, salvedad que comprende ciertas acciones de naturaleza real, cuya citación dispone la ley por edictos o avisos públicos a fin de extender justamente el carácter oponible de aquéllos.

9. Armonizan así, salvo para los procesos en que se ventilen las cuestiones relativas al estado civil, lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil y el penúltimo inciso del artículo 332 ibídem: por el primero se impone el deber de dirigir la demanda indeterminadamente contra todos los que tengan la calidad de herederos, cuando se pretenda demandar a éstos en proceso de conocimiento, siempre y cuando el respectivo proceso de sucesión no se haya iniciado y el demandante ignore los nombres de aquéllos, integrándose de ese modo en el evento de coexistir o de presentarse algunos herederos determinados, un litisconsorcio necesario por disposición de la ley, para quienes se ha de decidir la causa con efectos para todos y de modo uniforme (CPC, arts. 51 y 83); y por el segundo, que cuando tal convocatoria se haya cumplido, y así debe hacerse en aplicación del artículo 81 ibídem, la correspondiente sentencia, en cuanto haya sido proferida previo el emplazamiento de personas indeterminadas para que comparezcan como parte, ha de surtir efectos de cosa juzgada contra todas las comprendidas en dicho emplazamiento, pues de otra manera no tendría ningún objeto imponer el llamamiento de aquéllas; mas como se ha señalado esa consecuencia no alcanza a los procesos de filiación, los que por tratarse de un estado civil deben regirse por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias, según lo estatuye el mismo artículo 332.

10. Por consiguiente, no se aplica a las causas de paternidad el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, pues contraría el régimen propio de las leyes especiales de investigación de la paternidad —conducentes al establecimiento del estado civil correspondiente—; es el mismo estatuto procesal civil que se remite a ellas y por contera a distintas normas del código civil que, ni por asomo, admiten la posibilidad de disputar la paternidad del hijo únicamente contra herederos indeterminados, ni consagran los efectos erga omnes de la correspondiente sentencia.

11. Y no puesde afirmarse que cuando el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 dispuso que la sentencia declaratoria de la paternidad “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”, resulta admisible que tales efectos se pueden producir llamándose únicamente a herederos indeterminados con los cuales se pueda surtir tal notificación; y no es así, puesto que en el contexto en que se halla incluido tal precepto y en el de las normas reguladoras del establecimiento de ese estado civil resulta inaceptable deducir conclusión semejante.

Primero, porque esa misma norma se remite a la aplicación de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil que excluyen la hipótesis de los herederos indeterminados como contradictores legítimos, o representantes de éstos; y segundo, porque el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 estatuyó, antes de considerar los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación, que “muerto el presunto padre la acción de paternidad podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge”, a quienes necesariamente se refiere, como sujetos determinados, cuando condiciona los efectos pecuniarios a que medie la notificación dentro del referido bienio. De allí que no se pueda sostener que para que el fallo de filiación extramatrimonial produzca efectos patrimoniales, da igual, que se convoque a herederos determinados que únicamente a indeterminados.

O para mejor decirlo, si específicamente el artículo 404 del Código Civil, una de las normas a que se remite por el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, señala que “los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia; y el fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica a los coherederos, que citados, no comparecieron”, no se ve cómo pueda suplirse tal citación con la mera convocatoria de herederos indeterminados, ni menos se ve posible admitir que éstos, en lugar de herederos determinados, son los que representan al contradictor legítimo por conducto de un curador ad litem, pues vacua quedaría la previsión legal de que se trata.

12. Agrégase a lo dicho que en materia de efectos patrimoniales derivados de la declaración de la filiación extramatrimonial, que es la que concierne en la especie de este proceso, provocada por demanda presentada después de ocurrida la muerte del presunto padre, el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, consagra sin ambages el efecto relativo de la cosa juzgada de la sentencia respectiva, cuanto dispone que la sentencia que declara la paternidad no produce consecuencias económicas “sino en favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio”, y eso a condición de que la demanda haya sido notificada “dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

Lo anterior ha dado pie inclusive para estimar que no es necesario demandar a todos los herederos del difunto padre, en la medida en que así ellos vienen a conformar un litisconsorcio facultativo por pasiva, toda vez que resulta en esos términos admisible definir por separado y autónomamente la relación jurídica respecto de cada uno de los que son convocados al proceso, pues es el demandante mediante la integración del mismo quien expande o restringe los susodichos efectos patrimoniales desde el punto de vista subjetivo, según que la demanda cobije a todos los herederos, lo que debe de entenderse individualmente considerados, como que se exige su presencia para que se pueda deducir, según las circunstancias particulares, la caducidad de tales efectos patrimoniales; o según que él mismo limite la convocatoria contra uno o varios de tales herederos, caso en el cual sólo contra éstos se produce la referida secuela pecuniaria.

En ese sentido, ha dicho la Corte de tiempo atrás, con referencia al proceso de filiación extramatrimonial que por estar ya muerto el presunto padre cuando se inicia el mismo contra los herederos, “el litisconsorcio pasivo así formado entre éstos, no es necesario, (...), sino meramente facultativo o voluntario, pues nada impedía (ni impide) que la pretensión se hubiera deducido solamente contra uno o varios de ellos: la sentencia en tal caso sólo aprovecharía o perjudicaría a quienes fueron citados al juicio” (G.J. LXXVI, pág. 261; CXLII, pág. 52).

13. En fin, que la legislación colombiana no admita el litigio entre el hijo y sólo herederos indeterminados, no constituye un oprobio contra quien se vea precisado a demandar la paternidad, ni se debilita, per se, el efecto tuitivo que se le atribuye a las normas sobre la materia, particularmente a partir de la Ley 45 de 1936: se trata simplemente de reconocer paladinamente que debe mediar un equilibrio entre los derechos de la persona ávida de obtener la filiación y el consiguiente estado civil, y los de las personas que estarían obligadas a admitir a esa persona en el ámbito de la familia y a soportar las secuelas patrimoniales correspondientes.

14. A ese respecto adviene importante anotar que la cuestión de los sujetos del proceso cobra su real dimensión cuando la legitimación por pasiva corresponde a varios herederos interesados que pueden ser determinados o no, caso en el cual “es necesario armonizar lo que impone la naturaleza propia del estado, con la garantía de la defensa en juicio. (...). Sucede que tanta trascendencia y jerarquía tiene el Estado, como las reglas del debido proceso” (1) ; aspecto este que el legislador colombiano previó en la acción de estado y desde luego también en lo que atañe con los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación, como se advirtió atrás, dado que la Ley 75 de 1968 encontró indispensable la defensa de los derechos patrimoniales de terceros, pues para que el hijo extramatrimonial que los quiera disputar a quienes se dicen herederos del difunto padre, exige, sin ambages, la participación de éstos en el proceso.

(1) Crespi, Jorge Edgardo. La Cosa Juzgada en el Derecho de Familia. Edición Depalma, 1980, pág. 230.

15. Traído lo expuesto anteriormente a la especie de este proceso, y de acuerdo con el compendio efectuado atrás de los antecedentes, la sentencia de segunda instancia y del cargo que contra ella se formula, la Corte observa y concluye lo siguiente:

1) Que a nombre y en favor del menor David Fernando Villamil Torres se promovió el presente proceso de petición de herencia contra la señora Margoth Silva de Villamil, en la condición de heredera de Javier Fernando Villamil Silva, con respaldo en la declaración judicial de paternidad de éste frente a aquél previamente obtenida en proceso de filiación extramatrimonial que se adelantó únicamente contra herederos indeterminados del padre, bajo el supuesto de ignorarse entonces el nombre de los herederos del mismo.

2) Que el sentenciador de segunda instancia, acogió la acción de petición de herencia y ordenó las restituciones correspondientes, tras de encontrar legitimadas en la causa a ambas partes, bajo la consideración, respecto de la demandada, de que a pesar de no haber sido convocada al proceso de filiación extramatrimonial quedó comprendida, y surte efectos patrimoniales contra ella la respectiva sentencia que resolvió la acción de estado civil, en virtud del llamamiento que allá se hizo a herederos indeterminados.

3) Que tal conclusión, según lo discurrido atrás, permite deducir que el sentenciador incurrió en los yerros puramente jurídicos denunciados que la censura le atribuye consistentes en afirmar que la sentencia dictada en el proceso de filiación, no obstante que la demanda correspondiente estuvo dirigida únicamente contra herederos indeterminados, en atención a lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, comprende y era oponible a la demandada para deducir contra ella los efectos patrimoniales derivados de la declaración judicial de paternidad, no obstante que la señora Margoth Silva de Villamil, madre y heredera del padre causante, no fue convocada personalmente, ni desde luego notificada oportunamente de la demanda de filiación, lo que era indispensable en los términos del artículo 10 de la Ley 75 de 1968; y de paso por haber considerado que la demanda de filiación extramatrimonial dirigida contra herederos indeterminados, tal como se deduce de la sentencia, produce efectos absolutos —o erga omnes—, y en particular respecto de todos los que después aparezcan como herederos del difunto padre.

4) Que en tal virtud no debió considerar legitimada en la causa a la demandada, dado que contra ella es inoponible, para efectos patrimoniales, la sentencia de filiación, de acuerdo con lo explicado.

5) Que por consiguiente el sentenciador violó directamente las normas sustanciales reseñadas en el cargo, fundamentalmente el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 que, directamente y también por remisión a otras normas civiles, específicamente consagra el efecto relativo de la sentencia de filiación extramatrimonial, en cuanto a las secuelas patrimoniales que puedan derivar de la misma, y el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil que regula los efectos de la cosa juzgada.

6) Que como el cargo está llamado a prosperar, la sentencia impugnada debe ser casada, en cuyo lugar la Corte, actuando en sede de instancia, procederá a reemplazarla dictando fallo absolutorio de la demandada, dado que ésta no se encuentra legitimada en la causa, de acuerdo con lo explicado, en la medida en que la sentencia de filiación extramatrimonial que obtuvo el menor en proceso anterior, no produce efectos patrimoniales en su contra, por lo que la acción de petición de herencia incoada no le es oponible.

16. No se impondrá condena en costas en el recurso de casación dado que prospera; en cambio, se impondrán a la parte demandante en ambas instancias, en tanto que resulta vencida.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 10 de noviembre de 1998, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de la referencia, y actuando en sede de instancia DISPONE: Revocar el fallo estimatorio dictado en primera instancia, en cuyo lugar se dispone denegar las súplicas de la demanda y absolver a la parte demandada.

Condénase en costas de ambas instancias a la parte demandante.

No hay lugar a costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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