Sentencia 7769 de enero 19 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSO TESTIMONIO

EN INTERROGATORIO DE PARTE

EXTRACTOS: «Según el recurrente, la garantía consagrada en el artículo 33 de la Constitución Nacional, por no expresarse en su texto, como sí se hacía en el artículo 25 de la Carta Política de 1886, que es de aplicación exclusiva en asuntos penales, correccionales o de policía, debe entenderse hoy aplicable a todas estas materias, concretamente a la civil, pues fue en una actuación de esta índole donde surgió este proceso. Si el acusado, de conformidad con el ya citado canon constitucional no podía ser obligado a declarar contra sí mismo, obvio resulta que el delito de falso testimonio que se le imputó jamás podía configurarse.

El problema que plantea el casacionista y que, obviamente, resuelve en favor de los intereses que representa, no es la primera vez que lo enfrenta la Sala, que en dos oportunidades ha manifestado su criterio sobre el mismo.

En realidad, el principal y más serio argumento que se da para poder sustentar la tesis del recurrente, es el de que en su nueva formulación, la garantía de no declarar contra sí mismo ni contra los parientes que en la norma se citan, no hace alusión expresa a que ella es de aplicación exclusiva en “asunto penal, correccional o de policía”; es más, podría agregarse con apoyo en la Gaceta Constitucional (publicaciones de abril 16/91, págs. 19 y 20; mayo 2/91, pág. 13; mayo 15/91; septiembre 5/91, septiembre 9/91; junio 15/91; junio 27/91; noviembre 12/91, pág. 15; y, diciembre 21/91), que fue voluntad expresa de la Asamblea Constituyente, que tal agregado no se hiciera.

Pero no obstante lo anterior, considera la Sala que este antecedente histórico, cuya verdadera motivación no alcanza a percibirse a cabalidad de lo relatado en las actas, no es suficiente para concluir de él que esta garantía constitucional sea de aplicación en toda clase de asuntos.

Como se dijo por la Sala Plena de esta Corporación en su fallo de 17 de octubre de 1991 (Magistrado Ponente, Dr. Rafael Méndez Arango), “esta única circunstancia no sería suficiente por sí misma para variar el entendimiento del analizado artículo 33 de la Carta de Derechos, pues la comprensión de este ordenamiento superior no puede hacerse tomando aisladamente uno solo de sus textos; ya que el genuino sentido de los mandatos constitucionales solamente resulta de una interpretación sistemática de todo su articulado de manera tal que no resulten jamás antinomias que destruyan la lógica y la coherencia interna que como norma de normas forzosamente debe tener la Constitución Política”.

Y con base en esa interpretación sistemática de todo el articulado de la Carta, la Sala mantiene firme la conclusión que se plasmó en el memorado fallo de la Sala Plena, en el sentido de que la garantía consagrada por el artículo 33 tiene una aplicación “limitada a los asuntos en que va envuelta la potestad sancionatoria del Estado. Así se desprende de la circunstancia de que la norma se halle enmarcada por otras de innegables connotaciones penales, ya que la disposición en comento está antecedida de un artículo que como el 32 establece los postulados a los cuales debe ceñirse la aprehensión del delincuente sorprendido en flagrante delito y seguida de otros que proscriben la imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, permiten que pueda declararse la extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito “en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social” (art. 34) y prohíben la extradición de colombianos por nacimiento (art. 35), todo lo cual solamente cabe predicar de personas incursas en conductas punibles”.

Otro argumento más que se tuvo en cuenta en este fallo y que ahora reitera la Sala, surge de la consideración de que esta garantía “está íntimamente vinculada con la presunción de inocencia que respecto de las personas juzgadas por delitos establece el artículo 29 de la misma Constitución, mientras no se les haya declarado judicialmente culpables, por reputarse consustancial a esta clase de procesamientos que sea el Estado el obligado a probar la culpabilidad de la persona en la comisión de un hecho calificado previamente como delictuoso. Por este motivo, en rigor lógico y conforme a los principios universales sobre la materia, la prohibición de declarar contra sí mismo sólo puede favorecer a los acusados por la comisión de hechos punibles y no a las personas en sus relaciones entre sí, cuando entre ellas surjan conflictos de interés, puesto que en tales situaciones los particulares se encuentran en condiciones de igualdad frente al Estado para que este dirima sus diferencias”.

Es importante insistir también en que la aplicación extensiva de esta garantía a asuntos distintos de los penales, correccionales o de policía, atentaría contra los deberes y obligaciones que la misma Constitución impone a todas las personas en cuanto al ejercicio responsable y no abusivo de sus derechos, que aparecen previstos en los ordinales 1º y 7º del artículo 95, así, respectivamente: “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, y “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

Con posterioridad al fallo a que se ha hecho referencia, la Corte, en pronunciamiento, también de Sala Plena, fechado el 12 de diciembre de 1991 (ponencia de los magistrados Pedro Escobar Trujillo y Pablo J. Cáceres Corrales), al cual igualmente concurrieron los integrantes de esta Sala de Casación Penal, reiteró su anterior criterio y dio un argumento más, de marcadísima importancia, para insistir, como ahora también se hace por la Sala, en su tesis de que la garantía consagrada por el artículo 33 de la Constitución sólo es aplicable en asuntos penales, correccionales o de policía.

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Nacional, “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, entre los cuales se encuentra la Convención americana sobre derechos humanos, también denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, firmada el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

Pues bien. Si se repasa el contenido de este Pacto, se advierte que en su artículo 8º consagra las “Garantías judiciales”, entre las cuales menciona en primer lugar la del debido proceso, que se exige en actuaciones de orden penal, civil, laboral o “de cualquier otro carácter”. A continuación y en su ordinal segundo, señala los derechos que tiene “toda persona inculpada de delito”. Entre éstos incluye el “derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable” (letra g).

Muy similar a la anterior fue la técnica utilizada por el constituyente colombiano, como que en el artículo 29 consagró la garantía del debido proceso, que también se “aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, y luego, en el artículo 33, estableció la garantía en comento, pero sólo para las actuaciones en las cuales va envuelta la facultad sancionatoria del Estado, según la interpretación de la Corte. Armoniza, pues, esta interpretación con el texto del “Pacto de San José de Costa Rica”, que también es bueno destacarlo, siguió muy de cerca la formulación del “Pacto internacional de derechos civiles y políticos” (aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968), con el cual igualmente es concordante la interpretación dada al canon constitucional.

Como consecuencia de todo lo anotado, la impugnación será desechada y el fallo no se casará».

(Sentencia de casación, enero 19 de 1994. Radicación 7769. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Cuando el M. Duque Ruiz presentó la ponencia en este proceso, el suscrito tenía registrada ponencia en el proceso 7943 (Luis F. Fuentes B.), casaciones en las cuales se cuestionaba el mismo problema (la validez del interrogatorio de parte, cuando se ha faltado al juramento, como constitutivo de un delito de falso testimonio) pero se les daba una total, absoluta y diferente solución. Se decidió, entonces, resolver el asunto en tal forma que la resolución adoptada por la Sala se tendría por definición de las dos casaciones. Se impuso, a la postre, la concepción que expusiera el M. Guillermo Duque Ruiz, con la sola salvedad de voto del magistrado que ahora rubrica este disentimiento.

Valga, entonces, como fundamento de esta insular divergencia reproducir lo que anoté en la ponencia también derrotada de la casación del procesado Luis F. Fuentes B.

Lo que pretendíamos que aceptara la Sala, se presentó del siguiente modo:

Fácil quedaría a la Sala resolver adversamente la pretensión del demandante, bastando para ello invocar el contenido del fallo de constitucionalidad del D. 624/89, art. 748, que contempla un fenómeno de confesión ficta o presunta, en el campo tributario, afincada ésta en la falta de respuesta al requerimiento dirigido al contribuyente, o cuando es dable calificar la contestación como contradictoria o evasiva. La importancia de este pronunciamiento es que el análisis de la cuestión se llevó al ámbito de los mandatos de la nueva Constitución Política, esto es, a las previsiones de su artículo 33.

Conviene extractar sus principales aspectos:

a) Del escrutinio de las actas respectivas publicadas en la Gaceta Constitucional (Nº 13, abril 6/91, G.C. Nº 645; Gaceta Constitucional Nº 74; Gaceta Constitucional números 51 y 82; Gaceta Constitucional Nº 109; G. C. Nº 122; G.C. Nº 123); la Corte dedujo, como interpretación sistemática, que el artículo 33, en cuanto a su ámbito de aplicación se circunscribía a los asuntos en que va envuelta la potestad sancionatoria del Estado.

“Así se desprende de la circunstancia de que la norma se halle enmarcada por otras de innegables connotaciones penales, ya que la disposición en comento está antecedida de un artículo que como el 32 establece los postulados a los cuales debe ceñirse la aprehensión del delincuente sorprendido en flagrante delito y seguida de otros que proscriben la imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, permiten que pueda declararse la extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito “en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social” (art. 34) y prohíben la extradición de colombianos por nacimiento (art. 35), todo lo cual solamente cabe predicar de las personas incursas en conductas punibles”.

Indudablemente el citado art. 33 se refiere a una salvaguarda de la persona humana, en procesos penales, correccionales o de policía, porque de no “se tendría que con grave detrimento de la igualdad de trato por parte de la ley y las autoridades que también consagra el artículo 13 de la Constitución en vigor, en caso de un litigio que enfrentara a dos personas, una de las cuales no fuese un ser humano, resultaría roto el principio de igualdad al serle posible a una de ellas el valerse de la declaración de su contraparte contra sí misma mientras que a la otra tal proceder le estaría vedado”.

c) La prohibición está íntimamente vinculada a la presunción de inocencia, de donde, conforme a principios universales, aquélla “sólo puede favorecer a los acusados por la comisión de hechos punibles y no a las personas en sus relaciones entre sí, cuando entre ellas surjan conflictos de interés, puesto que en tales situaciones los particulares se encuentran en condiciones de igualdad frente al Estado para que éste dirima sus diferencias”.

d) La prerrogativa procura mantener intactos los vínculos de lealtad, solidaridad e intimidad propios al núcleo familiar, impidiéndose así la obligación de colaborar con la administración de justicia, pues aquella finalidad aparece en la Carta como digna de fundamental preservación (arts. 15, 42).

e) “... la aplicación de dicha prohibición es excepcional, pues su indiscriminada aplicación extensiva pugnaría con los deberes y obligaciones generales antes mencionados (art. 95-1 y 7º), que conforme lo dice el art. 95 tienen los miembros de la comunidad nacional”.

f) La sentencia se cierra con este enunciado:

“Analizado el precepto acusado a la luz de los anteriores criterios se impone como única conclusión racional que no existe motivo alguno de inexequibilidad, ya que al contribuyente únicamente se le deducen consecuencias de su conducta omisiva o evasiva al ser requerido por la Administración de Impuestos Nacionales para verificar su capacidad contributiva; de tal manera que la buena fe que debe presidir sus relaciones con las autoridades, según lo ordena el artículo 83 del Código Constitucional, se vería quebrantada si el contribuyente no colabora con las autoridades en la tasación del tributo que debe pagar y, por consiguiente, ha de entenderse que sabedor de ellas se somete voluntariamente a las consecuencias que deduce la ley, si además y como lo prevé el demandado artículo 748 del Decreto 624 de 1989, no concurre a desvirtuar, pudiendo hacerlo, la presunción legal que se configura en su contra.

Agrégase a lo anterior que la confesión proscrita por el ameritado artículo 33 es la obtenida por coacción física o moral o con el empleo de medios aviesos orientados a lograr el quebrantamiento de la voluntad de la persona con olvido de su dignidad como ser humano y que la fuerzan a declarar contra sí misma, su cónyuge o compañero permanente o sus parientes; pero nada de ello es predicable del precepto bajo examen, pues en manera alguna se afecta la dignidad del contribuyente o se quebranta su voluntad para obligarlo a confesar hechos que lo perjudican”.

2. Para reclamar autorización para disentir de este pronunciamiento, al cual concurrieron los integrantes de esta Sala de Casación Penal, débese recordar que el respeto y acatamiento debidos a esa clase de fallos, se contrae a la declaratoria de constitucionalidad de la norma acusada, no así en cuanto a la totalidad de sus motivaciones que pueden desatenderse en buena parte, máxime si su incidencia en otros campos resulta exorbitada e improcedente.

3. No resulta categóricamente suasorio enseñar que la dispensa consagrada en el art. 33 de la C. Política, solamente tenía una finalidad directa en cuanto hace relación a un interrogatorio penal, correccional o policivo, esfera dentro de la cual puede hablarse de principios de solidaridad íntima proyectados sobre la unidad familiar, tan valiosos y prioritarios que llegan a sacrificar el deber moral y la obligación jurídica de respetar la verdad y colaborar con la administración de justicia, la que, en casos tales debe contar con otros medios de realización y apoyo.

Lo que se advierte en la discusión de la fórmula constitucional comentada, es un propósito de ampliar su alcance para llevarlo a espacios jurídicos distintos, como serían, por ejemplo, las cuestiones civiles, comerciales, laborales, tributarias, etc. En este último novedoso terreno no aparece como tesis sólida, si se atiende a necesarios componentes de lógica y armonía conceptual, pretender que el compromiso judicial que pueda afectar notoriamente el patrimonio no tenga ese contenido de preservación buscado por la Carta y referido a la solidaridad íntima y familiar. Tanto se quebranta en aquellos estadios (lo penal, correccional y policivo) como en los segundos si se llama, v.gr., al jefe de familia, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad o primero civil, para que enfrenten, en cualesquiera de las órbitas judiciales señaladas, una declaración bajo juramento que puede definir el mantenimiento de su patrimonio o su pérdida o grave menoscabo. Los bienes materiales, que constituyen la base de proyección de la familia (en las lindes parentales o de relación institucional indicadas) en todos sus órdenes, se exponen y afectan seriamente por razón de una competencia que, bajo la gravedad del juramento y por respeto a éste o el temor a sus consecuencias en el campo cívico, moral, religioso o punitivo, establezca sobre las manifestaciones así obtenidas una retribución laboral, una obligación civil o un gravamen comercial. Y no se diga que esto apenas constituye una carga o deber procesales porque el proceso puede establecerlas pero sólo a contentamiento de la C. Política, en primera e imprescindible consideración, es decir hasta donde ella lo autorice, y, en segunda referencia, mientras la legalidad permita fijarla y desarrollarla. Pero esto último no es, y la observación resulta de molesta obviedad, el patrón jurídico primordial y prevalente; esta característica está reservada a la Carta, que de contradecirse por distingos propios de la ciencia procesal, perderán estos toda importancia y validez. Está bien que la doctrina inserte sus sabios enunciados en los diversos códigos, pero a condición de respetar y acordarse con lo que al respecto haya establecido y mandado la Constitución Política. Si a ésta se la contraría, ninguna teoría, así tenga el respaldo más eximio, podrá merecer atención. Cuando se la desconoce o vulnera, ya no hay sistema, tesis, interpretación, etc., que pueda valer contra un dispositivo de tan altísima categoría. Si esto no fuera así, la dispensa a declarar, así se tratara de compromiso penal, disciplinario o policivo, también podría justificarse y explicarse como carga o deber procesal. Pero las cargas o deberes procesales son tales mientras la Constitución Política permita su establecimiento.

Hasta la expedición de la nueva Constitución bien podía legislarse sobre la forma, contenido, alcance de un interrogatorio de parte, bajo juramento, en los campos extrapenales-correccionales-policivos, porque la Constitución permitía esta especie de compulsión, haciendo prevalecer la necesidad de contar con este medio para demostrar determinados hechos o situaciones, para aliviar así, o hacer más efectivo, el servicio de administración de justicia. Era imperioso el apego a decir toda la verdad y nada más que la verdad así devinieran los mayores perjuicios en el patrimonio del individuo o del núcleo familiar. Pero a partir de la nueva vigencia del nuevo estatuto fundamental, ya es imposible admitir la presencia de instituciones de esta naturaleza y su resonancia tal como está constituida y se le viene interpretando y aplicando.

No resulta forzada sino reflexión de fácil entendimiento aceptar el riesgo y daño de la solidaridad íntima, del privilegiado grupo familiar y a lo que uno y otro recibe como acopio de necesarios y vitales recursos económicos, cuando se propicia o tolera su quebranto mediante la obligación de declarar bajo juramento, porque esta sujeción, en el plano religioso, social y jurídico-penal entraña máximo condicionamiento, apremio, amenaza y obligación. Pero este convencimiento, a expensas de estas razones, también surge por la propia vía de los que pretenden la reducción de la prohibición a lo penal, disciplinario o policivo, aunque sea doloroso tener que reconocer lo tardío de este raciocinio, pues tanto se da ahora como antes, aunque la reforma constitucional llegó a reanalizar el tema y a fijarlo en sus exactas lindes.

a) Cuando se produce el interrogatorio de parte, bajo juramento, se mira este momento de la actuación como totalmente desvinculado del aspecto penal, correccional o policivo. Los que así visualizan el fenómeno, de manera tan recortada, sólo alcanzan o quieren percibir que, el interrogado, está refiriéndose a una obligación de carácter civil, que busca establecer la existencia, exigibilidad y modalidades de la misma. Además, dentro del falso o parcial enfoque de la cuestión, también se menciona la libertad en que se está, por aquél, para aceptar o negar el punto sobre los cuales versan las preguntas. Y nada más. Pero sí hay más y mucho más, pues basta considerar las alternativas del interrogado: si cumple con el respeto que impone el juramento, en sus atributos y alcances legales, sociales y religiosos, puede sobrevenir el empobrecimiento personal o familiar al cual, en un momento determinado, es imposible afrontar adecuadamente; pero, si motivado por esta circunstancia (y tantas otras que pueden incidir en su fuero interno, con múltiples valoraciones) responde negativamente, entonces estará sujeto a investigación penal, pudiendo recibir una condena por falso testimonio. Aquí, precisamente la conexión del apremio, que empieza en la esfera civil pero, simultáneamente con su producción, se impregna de resonancias penales graves. De donde, el temor al problema del proceso penal y sus secuelas, es precisamente lo que altera y anula la libertad de su respuesta, y, obviamente, al no poderse separar totalmente las dos áreas comprometidas en el comportamiento, a la postre se está consiguiendo una declaración que tiene una figuración penal. Aún por este aspecto, por no poderse prescindir por completo de la derivación penal, la garantía constitucional se advierte como desconocida o expuesta y ninguna de estas vicisitudes puede correr tan fundamental resguardo constitucional.

La legislación civil, y lo que se dice de ésta puede afirmarse de todas aquellas que utilizan un igual o similar sistema de hacerse a un acopio probatorio por el medio señalado, exhibe un mayúsculo contrasentido en el tratamiento de este asunto. Para iniciar el planteamiento conviene anotar, sintéticamente, que lo por aquélla repudiado como medio apto de comprobación, en sus propios marcos, resulta a la postre admitido con pleno valor, a pesar de tratarse de los mismos elementos de convicción desechados o impedidos en su obrar, sólo que ahora otra competencia judicial, la penal, los ha hecho valer.

En efecto, si alguien quisiera utilizar un valioso acopio testimonial, indiciario o pericial, para acreditar un contrato de mutuo en cuantía de diez millones de pesos, y sobre el cual no puede exhibir una prueba documental de pleno valor, tal gestión le estaría vedada, pero puede intentar el interrogatorio de parte, bajo juramento. Si el interrogado por razón de la amenaza penal que envuelve su quebranto, acepta ese requerimiento, la obligación está debidamente establecida y constituye un título de acción de excepcional mérito. Mas si se prefiere el azaroso desenvolvimiento que se desata a partir de la traición a ese compromiso juramentado de verdad (el requerido niega todo), el proceso civil se muestra huérfano de los exigibles esclarecimientos y se registra la frustración o inutilidad de su cometido. Pero, entonces, queda el recurso de acudir a la justicia penal, para establecer la comisión de un falso testimonio, proceso que abre sus amplias puertas probatorias, en donde se da cabida a todo lo que en la dimensión civil carecía de eficacia y confiabilidad (testimonios, indicio, pericia, principio de prueba etc.), resultando entonces patente la mendacidad del declarante, y determinándose su responsabilidad penal, que se concreta de otra parte en reconocer la realidad de ese mutuo, acrecentado con todos los sobrecostos inherentes a los perjuicios.

Las cosas debieran ser miradas y solucionadas a derechas: o bien, autorizando al fallador civil para que ante él, en la misma forma que acontece con el sentenciador penal, pueda presentarse y evaluarse ese múliple acervo de probanzas y alcanzar con éxito y ante ellos, el mismo grado de persuasión. Pero lo que inquieta y hasta irrita es que, para condenar a pena privativa de la libertad, con aditamentos importantes de desmedros patrimoniales, se pueda atender a esa variada prueba y llegar a un estado de certeza o probabilidad sobre situaciones jurídicas de la indicada índole, al paso que todo ello, con igual origen, naturaleza y correlación, aparece ante el juez civil, desacreditado, ineficaz y restado en aptitudes de provocar certidumbre de juicio; o bien, descartar por completo, en los dos ámbitos, penales y civiles, esa potencialidad probatoria, quedando vedado establecer este sui generis falso testimonio, y, castigándose así la negligencia, abandono, credulidad, exceso de confianza, imposibilidad de quien debiendo documentar satisfactoriamente una obligación civil, no lo hizo. Y a esto se arribará en uno de los dos sentidos, si quien tiene autoridad para señalar la interpretación del art. 33 (Corte Constitucional) llegare a fijar su exacto sentido y alcance en la dirección apuntada.

Pero de esa incongruencia debe salirse por el sensible contrasentido y la dicotomía procesal-probatoria que se advierte en esta estudiada situación, procurándose la unificación de criterios con el plausible fin de evitar riesgos, deterioros y negaciones de la dispensa de declarar en determinados casos y circunstancias.

4. Unos últimos comentarios.

a) El mantenimiento de una normatividad jurídico-tributaria como la que expresa el art. 748 del D. 624/89, es posible intelectualmente, y hasta puede llegarse a su repetición en ordenamiento similar, afín o distinto, no a expensas de decir que el art. 33 de la C. Política restringe su dominio al terreno cerradamente penal, disciplinario o de policía, sino sobre la base de la necesaria participación (o llamado a participar) de quien va a recibir el peso de sus consecuencias, intervención (no juramentada, por supuesto) que estructura el debido proceso, y que permite al funcionario respectivo calificar las respuestas o actitudes, en sí o en cotejo con otras varias comprobaciones para establecer las consecuencias pertinentes. El legislador, en el citado decreto, no sancionó la repulsa a contestar, o las respuestas reticentes o evasivas con una eventual privación de libertad, ya que allí no se somete la versión al compromiso del juramento. El sistema tributario está facultado para exigir declaraciones y explicaciones del contribuyente y para evaluar el sentido, aceptación o rechazo de éstas, conforme a la legislación que regula estas materias. Ello es perfectamente procedente, al igual que es dable que perduren las ficciones y las presunciones. El ordenamiento procesal respectivo puede conservarlas (deberes procesales, cargas, etc.) pero a condición que las mismas no presupongan un falso testimonio, por el juramento prestado.

También conviene observar que el interrogatorio de parte puede mantenerse pero excluyendo del mismo la juramentación con corolarios penales, policivos o disciplinarios. La forma como se comporte el preguntado y la índole de otras comprobaciones, puede llevar al juez a dar por reconocida la obligación o derecho de que se trate. Y todo queda confinado al trámite civil, laboral, tributario, comercial, etc. Pero sin salirse de sus específicas órbitas judiciales, dándose así el pleno acatamiento de la dispensa señalada en el art. 33 de la Constitución Política.

b) Estas glosas llevan a la Sala a apartarse de la recomendación de su delegada, para quien lo que la Carta prohíbe es la obligación de declarar, pero no la voluntaria exposición, bajo juramento, sabiéndose que puede excusarse con invocación de la garantía de dispensa, la cual debe llevarse a conocimiento del declarante. La opción no sería adecuado remedio ni controla el quebranto que trata de prevenirse.

Esto se dice, porque la persona que quiere reconocer algo, no necesita del apremio del juramento, pues sin él puede hacerlo plenamente, ante autoridad judicial, notarial o valiéndose de otros medios; porque de someterse voluntariamente, bajo la gravedad del juramento, no desaparece la posibilidad de un tratamiento penal porque habiendo asentido a decir, bajo esta conminación, la verdad, faltó a ella; y porque siempre se prestará a discusiones la extensión del consentimiento, la precisión del mismo, su verdadera intención, etc., comprometiéndose así lo que la Constitución quiere que no tenga estas alternativas ni vicisitudes.

No es dable someter a interrogatorio de parte, o diligencia de igual o análogo contenido o alcance, bajo el compromiso del juramento, a quien puede colocarse en la alternativa de responder con la verdad, asumiendo afecciones patrimoniales, o a faltar a ésta con las consiguientes consecuencias propias de un “falso testimonio”, pues la conexión entre uno y otro acontecimiento y personal conducta, quebranta la garantía consagrada en el artículo 33 de la C. Política.

En el caso subexámine, el procesado cuando rindió su interrogatorio de parte, no podía ser requerido a tal efecto bajo el alternativo gravamen de que si faltaba al juramento incurría en un falso testimonio. De allí su manifiesta atipicidad y por tanto la prosperidad del cargo formulado en la demanda de casación, en su parte inicial, o más concretamente la segunda de las censuras.

En la discusión se ahondó más en el asunto, pero a los fines de fundamentar este salvamento, lo anotado centra la cuestión en sus aspectos más salientes, al menos para quien se apartó de la decisión de mayoría. Por eso no insisto en el tema ni trato de recordar esas adicionales réplicas, las cuales ya no importan tanto dada la índole de la definición de este punto jurídico».

Gustavo Gómez Velásquez. 

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