Sentencia 7774 de diciembre 13 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consideraciones de la Sala

EXTRACTOS: «Para precisar si la norma acusada excede los límites de la disposición superior que pretende reglamentar, es menester, en primer lugar, determinar el alcance y sentido de esta última, es decir, del artículo 242 de la Ley 223 de 1995, y cuyo texto es como sigue:

“ART. 242.--Saneamiento para entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial que no hubieren presentado la solicitud de calificación, podrán hacerlo hasta el 28 de febrero de 1996. En dicho caso, el término para declarar se extiende hasta un mes después de la fecha en que se resuelva definitivamente la solicitud de calificación”.

Como se desprende del texto legal transcrito, el beneficio fiscal tan sólo ampara a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, es decir, a las previstas en el artículo 19 del E.T., que no hayan presentado la solicitud de calificación.

El beneficio consiste de una parte, en poder presentar la solicitud de calificación ante el comité de entidades sin ánimo de lucro, hasta el día 28 de febrero de 1996, y, de otra, en ampliar el término para declarar, término que se extiende hasta un mes después de la fecha en que se resuelva definitivamente la solicitud de calificación por parte del comité.

A juicio de la Sala, el texto legal en mención sólo concede el beneficio en el evento de que además de no haberse presentado solicitud de calificación ante el comité, la entidad sin ánimo de lucro tampoco hubiera presentado declaración de renta, pues si bien es cierto la primera parte de la norma se refiere genéricamente a las entidades sin ánimo de lucro que no hubieren presentado solicitud de calificación, la segunda prevé que el término para declarar se extiende hasta un determinado momento, previsión que no tendría sentido si se tratara de entidades que ya declararon, o lo que es lo mismo, la ampliación del término para declarar sólo tiene lógica si la entidad sin ánimo de lucro que no ha solicitado calificación, tampoco ha declarado.

De consiguiente, no comparte la Sala la interpretación que del artículo 242 de la Ley 223 de 1995 formula la parte demandada, en el sentido de que como la aludida norma no hizo distinción alguna, el beneficio fiscal se entiende concedido a aquellas entidades sin ánimo de lucro que presentaron la respectiva declaración de renta sin haber obtenido la previa calificación.

Así las cosas, y en el entendido de que el doble beneficio a que alude el artículo 242 de la Ley 223 de 1995, sólo cobija a las entidades sin ánimo de lucro a que alude el artículo 19 del E.T., que no hayan presentado solicitud de calificación ante el comité de entidades sin ánimo de lucro y tampoco hayan presentado la respectiva declaración de renta, procede la Sala analizar si el texto acusado excede o no los límites legales ya precisados.

El artículo 9º del Decreto 196 de 1996 es del siguiente tenor:

“Saneamiento para entidades sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial obligadas a solicitar la calificación para la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, que no hubieren presentado la solicitud, podrán hacerlo hasta el 28 de febrero de 1996, extendiéndose el término para declarar hasta un mes después de la fecha, en que se resuelva definitivamente la solicitud de calificación, sin que se genere sanción.

El beneficio también ampara a las entidades sin ánimo de lucro, que presentaron la declaración del impuesto sobre la renta sin solicitar previamente la calificación del comité de entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial o liquidación”.

Como puede observarse, el texto acusado, es decir, el inciso 2º del artículo 9º del Decreto 196/96, extiende el beneficio a las entidades sin ánimo de lucro que presentaron declaración sin tener la solicitud de calificación, y adicionalmente, señala unos requisitos no contenidos en la norma reglamentada, relativos a la oportunidad para obtener el beneficio, todo lo cual evidencia que excede los límites de la norma superior que reglamenta.

De otra parte, no resulta de recibo el razonamiento de la demandada en el sentido de que la limitación relacionada con la notificación del régimen especial o de la liquidación, debe entenderse como desarrollo del artículo 245 de la Ley 223 de 1995, relativa al saneamiento de impugnación, pues el inciso acusado prevé beneficio especial para las entidades sin ánimo de lucro que hayan presentado declaración sin elevar la solicitud previa ante el comité de entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial o liquidación, en tanto que el artículo 245, referido a todos los contribuyentes y responsables de varios impuestos y retención en la fuente, regula otro tipo de saneamiento con distintos efectos y siempre y cuando los contribuyentes o responsables desistan totalmente de las objeciones, recursos o acciones administrativas, saneamiento para el cual es indiferente si la entidad sin ánimo de lucro haya efectuado o no solicitud ante el comité de entidades sin ánimo de lucro.

De consiguiente, se configura un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria que el artículo 189-11 de la Carta confiere al Presidente de la República, y la norma acusada debe desaparecer del ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ANÚLASE el inciso 2º del artículo 9º del Decreto 196 de 1996 cuyo texto es el siguiente:

“El beneficio también ampara a las entidades sin ánimo de lucro, que presentaron declaración del impuesto sobre la renta sin solicitar previamente la calificación del comité de entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial o liquidación”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(Sentencia de diciembre 13 de 1996. Expediente 7774. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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