Sentencia 7781 de agosto 28 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

DESPIDO COLECTIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

EXTRACTOS: «Como ya se dijo, se trata de dilucidar la legalidad de las resoluciones 893, 1307 y 3514 de 1992 expedidas por autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante las cuales se autorizó un despido colectivo de trabajadores en las empresas Metalcol Ltda y Sofasa Renault S.A. (fls. 4 a 35 cdno. ppal.).

(...).

En lo atinente a los cargos formulados en el escrito introductorio contra las resoluciones acusadas, observa la Sala que respecto a la circunstancia de que la empresa “Sofasa no presentó el listado de las personas cuyo contrato pretendía se autorizara la terminación” (fls. 186 y 211 cdno. ppal.) el numeral 4º del artículo 37 del Decreto 1469 de 1978 lo que determina es que el funcionario comisionado deberá establecer primordialmente las modalidades de los contratos de trabajo, su duración, el tiempo de servicios de cada uno de los trabajadores de la empresa y demás hechos que sean de interés para la investigación; sin que exista obligación legal de la empresa de presentar el listado al que elude la parte actora como condición previa e indispensable para dar trámite por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la petición de despido colectivo, pues en el evento de que este organismo conceda la respectiva autorización compete al empleado seleccionar los trabajadores que serán desvinculados de la empresa.

Tampoco prescribe dicha norma tal exigencia legal al funcionario comisionado.

El artículo 67 de la Ley 50 de 1990 que modifica el artículo 40 del Decreto-Ley 2351 de 1965 señala que con la solicitud de autorización previa al ministerio se deberá igualmente comunicar en forma simultánea, por escrito, a los trabajadores de la petición.

Lo anterior con el fin de que los trabajadores de la empresa tengan conocimiento de la petición de despido colectivo y puedan en consecuencia hacerse parte y controvertir la actuación administrativa que se lleve a cabo por el ministerio para tal efecto.

Si bien es cierto, como consta en el plenario, que en el caso sub judice no se efectuó por la empresa en forma simultánea la comunicación a los trabajadores con la solicitud de despido colectivo formulada, esa sola circunstancia de por sí no es suficiente para que se proceda anular los actos impugnados, ya que, como se vio, en virtud del acta de ratificación del 7 de enero de 1992 el representante legal de Sofasa-Renault adquirió el compromiso de cumplir con ese requisito legal; llevándose por ende a cabo las respectivas comunicaciones al personal, en varias de las cuales consta haber sido recibidas por trabajadores de la empresa el día 8 de enero de 1992, vale decir, con anterioridad a la fecha en que el ministerio procedió a iniciar la correspondiente actuación administrativa.

Se añade a lo anterior el hecho de que la organización sindical demandante ya tenía conocimiento desde el 5 de diciembre de 1991 de la posible solicitud de autorización de despido colectivo ante el ministerio por la empresa y que el 20 de enero de 1992 funcionarios de ese organismo se reunieron con representantes del sindicato con el fin de comunicarles dicha petición.

De allí que la parte demandante tuvo la oportunidad, al igual que trabajadores de la empresa que lo hicieron a nombre propio y apoderados de los mismos de participar y controvertir la actuación administrativa adelantada por el ministerio, sin que por el hecho de no haberse efectuado la comunicación simultánea de que trata el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 se presentara impedimento para dicha participación, cumpliéndose así con la finalidad perseguida por el referido precepto legal.

Concluye por consiguiente la corporación al respecto que era un hecho notorio dentro de la empresa y sus trabajadores la solicitud de autorización de despido colectivo, por lo que no es viable admitir que por la falta de conocimiento de algunos de ellos de la petición se infringieron sus derechos, pues si así lo hubieran querido como lo hicieron otros empleados habrían podido hacerse parte en la actuación administrativa.

De otra parte, frente al artículo 14 del CCA invocado como infringido en la demanda (fl. 189 ibídem), lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 en cuanto a la forma de comunicación simultánea, por escrito, a los trabajadores de la empresa de la solicitud de autorización de despido colectivo tiene aplicación preferencial por ser norma de carácter especial en esa materia, razón por la cual aquel precepto no ha podido ser vulnerado en este asunto; además porque como se infiere del artículo 67 ibídem los trabajadores no tienen la calidad de terceros, pues son parte interesada en esta clase de actuación administrativa.

En lo que concierne a que en el proceso de notificación de los actos enjuiciados se incurrió en distintas fallas procedimentales, es decir, que no hicieron las notificaciones en la forma prevista en la ley (fls. 193, 213, 215 y 216 ibídem) ha manifestado la Sala sobre el tema que no existe disposición legal que permita la anulación de un acto por no haber sido publicado, comunicado o notificado. El acto que ha sido proferido por funcionario que tiene competencia para ello, sin desviación de poder y sin violación de normas superiores, es un acto correctamente expedido y no envuelve de por sí, irregularidad alguna. Si es necesario notificar el acto y el lo no se hace, o se hace irregularmente, las consecuencias de dicha omisión o deficiencia son bien diferentes a los de nulidad de manifestación de la voluntad de la administración, pues según las voces del artículo 48 del CCA, en tales condiciones no “producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales”.

En el caso sub lite se tiene, como ya se dijo, que por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se surtieron diligencias con el fin de proceder a la notificación personal y por edicto de las resoluciones acusadas, habiendo interpuesto el apoderado de la organización sindical demandante, trabajadores a nombre propio y a través de apoderados, dentro del término legal, los recursos de reposición y apelación, como consta en la resolución impugnada 1307 de 1992 (fls. 11 y 12 ibídem).

De otro lado, la circunstancia de que en la ciudad de Medellín no existiera copia del expediente para consultarlo (fl. 194, 214 y 326 ibídem) no tiene mayor relevancia jurídica, pues de por sí ese hecho no desconoce el ejercicio del derecho de defensa, ya que lo que el CCA exige en su artículo 44 es la notificación de la decisión que pone término a la actuación administrativa, con el fin de que contra ella el interesado si lo considera pertinente interponga los recursos legales a que haya lugar; notificación que se efectuó en el caso sub examine a las personas que demostraron su interés y participación en dicha actuación, tanto así que dentro del término oportuno interpusieron tales recursos».

(Sentencia de agosto 28 de 1997. Expediente 7781. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

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