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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA

PROHIBICIÓN A DOCENTES

EXTRACTOS: «En el proceso se demostró plenamente que el 27 de marzo de 1979 el señor Valmiro Rangel Rangel tomó posesión del cargo de profesor de enseñanza secundaria de la Escuela Normal de Corozal, para el cual fue nombrado en propiedad el 8 de marzo de 1979 por Resolución 3097 del Ministerio de Educación (fl. 25). También, que mediante la Resolución 01089 del 1º de febrero de 1990, el Ministerio mencionado estableció la planta de personal en las categorías directivo docente, docente y administrativo en dos planteles nacionales, entre ellos la Escuela Normal Nacional de Varones en la que el señor Rangel Rangel fue ubicado en la segunda de las categorías mencionadas (fls. 20-21).

Demostrado está también que en condición de profesor de tiempo completo Valmiro Rangel laboró hasta el 20 de marzo de 1992, según certificaron el secretario de educación y el alcalde municipal de Corozal (fl. 24).

Como educador que prestaba sus servicios en una institución del orden nacional, Valmiro Rangel Rangel era empleado oficial (D. 2277/79, art. 3º), hecho que si bien es cierto admite su apoderado, a juicio de éste no genera inhabilidad alguna para ser concejal pues, asegura, la única limitación que el estatuto docente (D. 2277/79) impone a la participación en política de los educadores es la no utilización de la cátedra para hacer proselitismo político (art. 46 lit. i), advirtiendo, además, que el artículo 127 de la Carta al señalar taxativamente los funcionarios del Estado a quienes les está prohibido tomar parte en actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, excluye a los docentes.

El artículo 83 del C. R. M. dispone que no podrán ser elegidos concejales quienes “... dentro de los dos años anteriores a la elección hayan sido contratistas del respectivo municipio o dentro de los seis (6) meses anteriores a la misma fecha hayan sido empleados oficiales ...”.

Para la Sala el sentido claro y simple de esta norma, que no requiere de interpretación especial, indica que en este caso se cumplieron los supuestos señalados en ella, porque Valmiro Rangel Rangel fue elegido concejal de Corozal (Sucre) en los comicios realizados el 8 de marzo de 1992 (fls. 15 a 19) cuando se encontraba ejerciendo el cargo de docente, cargo que, como quedó visto, es un empleo que da a quien lo desempeña la calidad de empleado oficial.

Lo hasta aquí expuesto sería suficiente para admitir la viabilidad de la anulación, sin embargo al Sala considera conveniente hacer las siguientes precisiones:

El artículo 127 de la Constitución Nacional prevé la participación en política de algunos empleados del Estado, en los siguientes términos:

“Art. 127. (...) A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley’’.

La norma constitucional transcrita admite que ciertos servidores públicos participen en actividades y controversias políticas, pero es evidente que no consagró una autorización absoluta, pues el mismo texto condiciona el ejercicio de tales actividades y controversias a lo que señale la ley que para su reglamentación debe expedirse. Será el legislador quien indique en cuáles condiciones podrán participar “los empleados” no contemplados en la prohibición entendida en dicho canon constitucional. Pero, se repite, hasta tanto no se produzca la reglamentación, se aplicarán las normas vigentes, en este caso el tantas veces citado artículo 83 del Decreto 1333 de 1986 que, como se dijo, hace inelegibles —como concejales— a quienes hayan sido “empleados oficiales” dentro de los 6 meses anteriores a la elección.

No sobra anotar que los regímenes especiales que regulan las condiciones y el desempeño laboral de quienes trabajan al servicio del Estado, como por ejemplo los de la Contraloría General de la República (L. 20/75), el estatuto docente (D. 2277/79), Telecom (D. 2200/87), no tienen la virtualidad de abstraer a sus miembros de la categoría genérica de empleados oficiales».

(Sentencia de noviembre 6 de 1992. Expediente 0779. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

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