Sentencia 7791 de octubre 30 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIÓN DE JUBILACIÓN

DERECHO A REAJUSTE

EXTRACTOS: «Debe decirse que le asiste razón a la recurrente cuando censura el fallo por interpretar erróneamente el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, puesto que la circunstancia cierta de haberse eliminado en dicho precepto legal la exigencia que hacía el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, en el sentido de requerirse como condición para el reajuste de la pensión la calidad de pensionado durante por lo menos un año, no significa que pueda aplicarse el reajuste coetáneamente en un caso en el que, como lo tuvo por establecido la sentencia: “La pensión jubilatoria le fue reconocida al actor (Iván Tovar Galeano) a partir del 1º de enero de 1989 en cuantía de $ 110.972 mensuales como lo acredita el documento que en copia obra al folio 37, por haber renunciado a su cargo a partir de la misma fecha, según se lee en la comunicación de folio 33” (fl. 8, C. del Tribunal).

Además de ser incontrovertible el argumento de la impugnante, conforme al cual no se puede reajustar una pensión que no preexiste al día en que se dispone el aumento de su valor, debe tenerse en cuenta que el tenor literal es claro y coincide exactamente con la finalidad de los reajustes pensionales. El texto es claro; pero si fuera necesaria la investigación de su “espíritu”, él está manifestado “en la historia fidedigna de su establecimiento”, para decirlo con las palabras del artículo 27 del Código Civil, pues su intención no fue otra diferente a la de evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que resultaba de aplicar la fórmula de reajuste prevista en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, como lo explicó el entonces Ministro de Trabajo en la exposición de motivos, al expresar que no obstante que los reajustes ordenados en la Ley 4ª de 1976 venían aplicándose desde esa fecha, “las pensiones han disminuido en relación con su inicial poder adquisitivo” (Anales del Congreso, Nº 151, 4 de noviembre de 1981, pág. 31).

En la exposición de motivos, y con el fin de ilustrar la disminución del poder adquisitivo que resultaba con la anterior fórmula legal, el Ministro de Trabajo presentó un cuadro comparativo en el que tomó como base para 1980 un salario de $ 10.000 mensuales, que consideró representativo, y aplicándole los reajustes anuales de salarios decretados por el gobierno para los servicios públicos, obtuvo para 1987 un salario de $ 37.847. Con esa misma base salarial tomó $ 7.500 para el año de 1980, suma correspondiente al 75% y equivalente al valor de la pensión que le habría correspondido a un trabajador que ganara dicho salario en esa fecha, y luego de efectuar los reajustes ordenados por la Ley 4ª de 1976, desde 1982, por cuanto era necesario esperar al 1º de enero siguiente a la fecha de retiro del trabajador de su empleo para que adquiriera el derecho a recibir el primer reajuste de la pensión, obtuvo para 1987 como pensión reajustada la suma de $ 22.850.19, que al decir del funcionario representaba solamente el 60.4% del salario reajustado a la misma fecha.

En la misma línea de pensamiento se orientaron los legisladores que tuvieron a su cargo las ponencias en los correspondientes debates de Cámara y Senado, conforme se establece en los respectivos “Anales del Congreso”, en los que se dijo por el representante que actuó de ponente ante la Cámara, que la enmienda propuesta en el proyecto “en forma radical le alivia a los pensionados la pérdida de uno y hasta dos años de reajuste pensional que el gobierno venía decretando el día 2 de enero de cada año” (Anales del Congreso, Nº 127, 12 de octubre de 1988, pág. 6).

Por su lado el senador que fue ponente de la hoy Ley 71 de 1988, aseveró que al acoger como índice de reajuste el mismo porcentaje que se utilizara para la variación del salario mínimo, se ponía fin “a la tendencia de aproximación al salario mínimo, o de pérdida de capacidad adquisitiva frente a éste, que se marca en todas las pensiones que le son superiores”, y sostuvo que así se atendía “el clamor que reclama el recorte de la distancia entre el salario base y el recorrido histórico de la pensión”, para que de esta manera se pudiera cumplir el principio según el cual “la pensión debe subvenir a la subsistencia congrua del titular, determinada por el nivel de trabajo donde la obtuvo” (Anales del Congreso, Nº 151, 4 de noviembre de 1988, pág. 31).

Como se ve, si del tenor literal de la ley no resultara claramente su sentido, aunque para la Corte no hay duda de que sí resulta, se tendría entonces que de la historia fidedigna de su establecimiento plasmada en la exposición de motivos de la ley y los argumentos expresados por los legisladores durante los debates del correspondiente proyecto, aparece indiscutible que la intención o espíritu de la Ley 71 de 1988 fue fundamentalmente evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no obstante los reajustes que bajo la vigencia de la Ley 4ª de 1976 debían hacerse anualmente, buscando por ello que a la luz de la nueva norma dichos reajustes se hagan “automáticamente con el salario mínimo”; pero, como es obvio, no es razonable afirmar que una pensión que se reconoce el mismo día en que el trabajador se retira del servicio sufre en esa misma fecha una merma o disminución como consecuencia de la desvalorización de la moneda colombiana.

Así lo asentó ya esta Sala en sentencia de 14 de septiembre de 1994 (Rad. 6912), en la que explicó que “los sistemas de ajuste del valor de las pensiones encuentran su razón de ser en la necesidad de garantizar a los jubilados el poder adquisitivo de las mesadas que se ven afectadas por los ciclos económicos inflacionarios”, lo que llevó a que en la Constitución Política vigente se asignara en el artículo 53 de la misma al Estado el deber de garantizar el reajuste periódico de las pensiones legales; y por ello precisamente en aquellos casos en que la pensión se causa o se reconoce —como en el sub lite lo dio por establecido el Tribunal— el mismo día en que se produce el incremento del salario mínimo y opera el consecuente reajuste de las pensiones ya existentes, es claro entonces que dicha prestación no ha perdido poder adquisitivo alguno “ni aparece lógico que deba reajustarse lo que estrictamente aún no ha existido”, conforme se dijo en el fallo memorado.

En consecuencia, se impone concluir que le asiste razón a la recurrente, quien desde la contestación de la demanda inicial planteó, reiterándolo en la demanda de casación, que “no es posible reajustar lo que no existe”, por lo que las disposiciones sobre reajustes, bien sea de salarios o de pensiones, o de cualquier otra índole, “parten del supuesto de la existencia y materialización de los derechos sobre los cuales se van a aplicar tales reajustes, pues lo contrario es un imposible ontológico”, para decirlo con las palabras de la impugnante.

Prospera entonces el cargo y se casará la sentencia conforme se solicitó al fijar el alcance de la impugnación, para, en sede de instancia, y sin necesidad de razones diferentes a las expresadas al despachar el recurso, confirmar la sentencia absolutoria que dictó el juzgado».

(Sentencia de casación, octubre 30 de 1995. Radicación 7791. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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