Sentencia 7795 de julio 9 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD MÉDICA

AUTORIZACIÓN PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LA MUJER

EXTRACTOS: «a) La sentencia impugnada será revocada, pues el ad quem no hace suya la valoración jurídica, fáctica y probatoria que hizo el sentenciador de instancia, por no encontrarla ajustada ni a la ley ni al derecho. Por lo demás, no es una decisión justa.

En el caso sub examine no hay espacio para la duda que impida concluir que se dio la falla del servicio. A lo largo del proceso resultó bien probado, como lo relata el Fiscal Primero ante el a quo, que a la señora Aracelly..., “...se le practicó la tubectomía esterilizante “pomeroy”, sin su consentimiento, aunque por razones médicas o, según dice el médico tratante, de protección para la salud e inclusive la vida de la paciente. No obstante, confrontando este criterio con el de los otros deponentes, médicos también y que conocieron directamente el caso, no aparece a nuestra vista de una necesidad estricta la operación, la tubectomía tipo “pomeroy”, con su característica de irreversibilidad”.

En la valoración de la realidad fáctica resultan determinantes, para la Sala, el testimonio del Dr. Iván Salas y el dictamen pericial presentado por los médicos Dres. Orlando Zuluaga O. y Alejandro Gómez A. (C. 1, fol. 227), cuyo universo probatorio se estudiará por separado.

Testimonio del Dr. Iván Salas Vergara 

De profesión médico, presta sus servicios en forma particular, quien trató a la señora Aracelly ... cuando ésta lo consultó por la inquietud que tenía al no poder tener hijos, destaca a lo largo del extenso interrogatorio que se le hizo, en dos momentos distintos, lo siguiente:

1. Que solicitó la historia clínica de la paciente al Hospital General de Medellín, con el fin de fomarse un concepto más claro de lo que estaba sucediendo.

2. Que encontró que “...la paciente fue intervenida por cesárea debido a un trabajo de parto difícil y en la misma nota operatoria, de la descripción operativa aparece que la paciente le fue practicada una tubectomía que es una cirugía que consiste en cortar las trompas de falopio y ligarlas, por lo tanto eso constituía la causa evidente de su incapacidad para concebir...”.

3. Que en la historia clínica “...no aparece autorización ninguna de parte de la paciente, de su esposo para ésta última intervención...”.

4. Que a él como médico le queda claro “...la indicación de la cesárea, que era necesaria, pero no encuentra ninguna justificación médica en la historia para la tubectomía...”.

5. Que “...la causa más frecuente para practicar tubectomía, es a solicitud y el deseo de la paciente de someterse a un procedimiento que la esterilice con el propósito de no tener más familia. Hay otras causas de tipo estrictamente médico, que serían procesos inflacionarios, tumores y otras patologías asociadas al sistema reproductor que pudieran implicar necesidad para salvar la vida de la paciente, hacer este tipo de intervención. Repito en la historia no aparece la descripción de ninguna causa médica que implicara este tipo de cirugía...”.

6. Que hasta donde llegan sus conocimientos “...la tubectomía tipo pomeroy es prácticamente irreversible, precisamente por ello se requiere la autorización expresa de la paciente. Hay una técnica más moderna que no se usa rutinariamente en los hospitales que puede ser reversible logrando buenos resultados hasta en un sesenta por ciento de los casos, pero en la tubectomía tipo pomeroy es prácticamente irreversible...”.

7. Que para llevar a cabo la tubectomía tipo pomeroy el médico no debe proceder “...sin previa autorización por escrito de la paciente y del es-poso...”.

8. Que “...lo usual en las instituciones hospitalarias es a pesar de la solicitud expresa de muchas pacientes que están sometidas a intervenciones gineco-obstetras como una cesárea, y que aprovechando la circunstancia de hacer una tubectomía no debe hacerse en el mismo acto quirúrgico y posteriormente algunos meses más tarde practicar la tubectomía, porque o para ello hay razones creo yo que valederas, porque una paciente en condiciones de estres, pudiera tomar decisiones apresuradas, creo que todo paciente tiene un derecho a que se le explique los riesgos y las consecuencias de la cirugía a la que se somete y a tener un tiempo para reflexionar al respecto, en circunstancias emocionales de tranquilidad. Una expresión muy común de las mujeres en el momento del trabajo del parto, es la que quisieran ligarse y no volver a pasar por ese trance, por tanto, creo que el médico debe saber entender las circunstancias afectivas y emocionales de la paciente y postergar una intervención tan definitiva como está para otra oportunidad en la cual haya sido una decisión mucho más madurada y reflexionada por parte de la paciente...”.

9. Que cuando tuvo a la vista la historia clínica de la paciente le explicó a ésta que en ella “...quedaba claramente explicado la causa de su esterilidad, puesto que le habían practicado una tubectomía...” Que “...ella rompió en llanto, yo le pregunté si había dado algún tipo de autorización verbal o escrita, manifestándome que no, que ella estaba consciente durante la intervención quirúrgica y que ni siquiera le preguntaron que su esposo estaba en el mismo hospital y que tampoco a él le pidieron ningún consentimiento. Esta circunstancia, inclusive, generó en la paciente un estado depresivo que tuvo que ser traado farmacológicamente...”

10. Que lo único que puede decir, como médico que atendió a la paciente demandante es “...que en la historia clínica de la descripción de los hallazgos prequirúrgicos, no hay ninguna explicación que justifique el tipo de intervención que se le hizo sin su consentimiento. No se describe allí las condiciones del útero, de los anexos, simplemente se explica la cesárea por un trabajo de parto prolongado con sufrimiento fetalasociado, lo cual lógicamente indica la cesárea, pero no hay ninguna justificación, repito, médica en la historia que implique la necesidad de la tubectomía...”.

11. Que es perfectamente posible y de hecho sucede que en momento del acto quirúrgico y debido a los hallazgos sea necesario proceder a hacer cierto tipo de intervenciones no planeadas previamente, “pero creo que estas no eran las condiciones de la paciente Aracelly..., no se puede concluir nada distinto de lo descrito en la historia clínica...”

El anterior deponente, a solicitud del apoderado de la parte demandada, volvió a declarar el día veintiocho (28) de junio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), habiéndosele interrogado con apoyo en la historia clínica del Hospital San Vicente. En esta oportunidad el citado galeno concretó su declaración técnica, dentro del siguiente temperamento:

a) “La historia clínica del Hospital San Vicente no me hace cambiar mi opinión al respecto...”

b) “...no aparece en la historia ninguna recomendación específica de que la paciente tuviera inconvenientes o riesgos para embarazos y partos posteriores diferentes a propios de cualquier embarazo...”

c) “...que en la historia clínica del Hospital General de Medellín aparecen dos tipos de intervenciones simultáneas, es decir realizadas en el mismo acto quirúrgico y con propósitos diferentes, la primera es una cesárea que aparece indiscutiblemente en dicha historia y en segundo término una tubectomía, tipo pomeroy, cuya única indicación clínica es la esterilización definitiva por tanto mi concepto, mi opinión médica es que habiendo como hay otro tipo de métodos de planificación este definitivo debe ser decidido expontáneamente por el paciente, y en dicha historia yo no encuentro este asentamiento por parte de la paciente que repito, me consultó posteriormente por su incapacidad para concebir y al comunicársele la causa de su imposibilidad de quedar embarazada me comunicó en el consultorio que desconocía que le hubieran practicado esta cirugía para impedir la concepción. Pero un concepto que debe quedar claro es que la tubectomía no es una cirugía de urgencia, nunca es una cirugía que el cirujano durante el acto quirúrgico se vea obligado necesariamente a hacer, porque como decía anteriormente el únicio propósito es el de evitar la concepción futura, ya en caso de tumores pues hay otro tipo de cirugías, está la salpingectomía, o una anexohisterectomía...”.

d) “Que... consecuencias físicas de partos anteriores no había ninguna, solamente la cicatriz de la cesárea, yo hice un examen físico completo y todas sus estructuras aparecían normales, un examen completo y ginecostétrico...”.

e) “Que la paciente tuvo dos embarazos “...anteriores normales con partos por cesárea y que la integridad de su órgano de la reproducción fue alterado quirúrgicamente. Por tanto es de suponer que si esto no se hubiese hecho muy probablemente la paciente estuviera en posibilidad de concebir familia...” (C 1, fl. 191 y ss.).

Dictamen pericial

Por lo que hace relación con el dictamen pericial (C 1, fol. 227), él tiene el siguiente universo científico:

“La Sra. Aracelly ... fue sometida el día 15 de junio de 1987, cuando tenía 29 años, a una operación cesárea por desproporción céfalo pélvica (DC) y tubectomía (técnica pomeroy) en el Hospital General de Medellín.

La operación cesárea indudablemente era la técnica adecuada para conducir a feliz término el embarazo deseado de ésta madre.

La operación de pomeroy (tubectomía bilateral), si bien estuvo dirigida a la mejor calidad de vida de la madre, se convirtió en un hecho desafortunado para la Sra. Aracelly ..., dado su interés en continuar uin programa procreador, no obstante los riesgos que ello significaría para su vida.

Desafortunadamente para la Institución, no se previó el requisito fundamental de exigir “por escrito” la autorización de la paciente y/o de su cónyuge, para realizar la técnica de la tubectomía que la privaría definitivamente para un programa conceptivo voluntario.

La literatura médica sobre reanastomosis tubarica no se muestra muy exitosa y apenas si aparecen cifras no más allá del 40 a 50% de éxito, (ver Gomel, V. “Profile of women Requesting riversal Sterilization, Fertil and Steril 30/ 39-1978).

El pronóstico de “irreversibilidad” en éste caso es absolutamente seguro según la descripción hecho por el cirujano en su testimonio ante el Tribunal Administrativo (Folios 195 a 203).

CONCLUSION:

Nuestro peritazgo afirma la culpabilidad de la institución: Hospital General de Medellín por no haberse cumplido el requisito de la autorización por escrito para realizar la tubectomía bilateral con técnica de pomero y”.

b) A la luz del anterior acervo probatorio la responsabilidad del centro de imputación jurídica demandado resulta incuestionable. La perspectiva jurídica que maneja su mandatario judicial no la hace suya la Corporación, pues ella est[á montada, en todo momento, sobre una filosofía de futuro. Esta verdad explica que tanto en el alegato que presentó ante el a quo, ante en el que hizo ante el ad quem, se registre literatura como el siguiente contenido:

“... es claro que la paciente corría un grave riesgo para su vida, en caso de quedar nuevamente embarazada, y el riesgo era no solo para ella, sino también para la criatura que Eventualmente llegare a ser engrendada” (C. 1, pág. 234).

(...) justamente lo que determinó la intervención quirúrgica reprochada el médico era el grave deterioro de los tejidos abdominales de la paciente, lo que impedía futuras intervenciones quirúrgicasa de esos mismos tejidos. Así las cosas, si el médico no hubiese procedido como lo hizo, la paciente, posteriormente, no habría podido soportar una nueva intervención quirúrgica para ligarle las trompas o para tener un nuevo parto por cesárea (...).

Podría argumentarse que cada quien es dueño de su cuerpo, y que era libertad de la paciente quedar o no nuevamente en embarazo. Sin embargo, ello sería olvidar que un nuevo embarazo significaba no sólo la posibilidad de muerte de la madre, sino la casi absoluta certeza de que la criatura iría a fallecer, pues el trabajo de parto en tales condiciones sería de tal manera complicado, que la criatura no habría resistido.

Así las cosas, la madre no estaría decidiendo pro ella sola, sino también por una futura criatura que no tendría por qué soportar las decisiones de su madre. La mujer es dueña de su cuerpo, pero no de las criaturas por ella concebidas, al momento del alumbramiento.

En consecuencia, el médico en cierta forma estaba también protegiendo a las eventuales criaturas producto de un nuevo embarazo(...).

En efecto, suponiendo que las trompas no hubieren sido ligadas, el estado de los tejidos abdominales de la paciente eran tan precarios, que de hecho, ésta se encontraba imposibilitada para procrear nuevos hijos(...).

De dos cosas una: O pese al peligro de muerte la paciente hubiese decidido quedar nuevamente en embarazo en embarazo, arriesgando así la vida de la criatura, y entonces el comportamiento del médico se justifica plenamente, o bien, la paciente dado su estado de salud, hubiese renunciado a su maternidad y entonces la ligadura de las trompas era el método anticonceptivo más adecuado.

Como se ve, con ligadura de las trompas o sin ella, era el estado de deterioro del organismo de la paciente, lo que en la práctica impedía la procreación de nuevos hijos.

(...) el daño no es imputable a la intervención quirúrgica, ya que de todas forams el estado de salud que tenía la paciente antes de la intervención, hacían medicamente imposible un nuevo parto sin consecuencias nefastas”.

Como se vivencia de la lectura de los párrafos anteriores, el médico que operó a la señora ARACELLY..., Dr. Hernan Alberto Ocampo Jiménez, optó, en el curso de la cirugía programada, por hacer otra que no estaba programada, IMPONIENDO a la paciente un tratamiento no consentido por ella ni por su esposo, con olvido de que, por principio, el enfermo tiene el derecho de libre elección entre las opciones que le presente el profesional de la medicina, salvo el evento en que de la no intervención surja un riesgo grave para la salud pública. Los enfermos no pueden ser colocados en situaciones de tal dependencia y sumisión, que su dignidad personal resulte, a la postre, a merced del personal encargado de su asistencia. Su desvalimiento exige, como lo recuerda bien el profesor Jesús González Pérez, “...que se le rodee de unas garantías eficaces que le protejan frente a cualquier olvido de su condición de persona”. Por ello agrega:

“Sorprende que en las distintas normas reguladoras de la sanidad y, concretamente, de los hospitales, se haya olvidado aspecto tan esencial. Se levantan voces exigiendo garantías de su dignidad como persona de la mujer, de los hijos de los escolares, de los soldados, de los detenidos y presos... hasta del consumidor. Pero se olvida la situación de desamparo en que se encuentra el enfermo...” (La Dignidad de la Persona. Editorial Civitas, pág. 152 y ss.).

A la paciente Sra. Aracelly ..., y a su esposo Sr. Rubén ..., los privó el médico ya citado, de la POSIBILIDAD DE ELEGIR, con lo cual se les creó un vacío existencial. So pretexto de evitar que ella corriera en el futuro con el grave riesgo de quedar nuevamente embarazada; con el argumento de que la futura criatura “iría a fallecer”, con la tesis de que el grave deterioro de los tejidos abdominales de la enferma, impedía futuras intervenciones quirúrgicas de esos mismos tejidos, etc. etc., se violó el derecho a DECIDIR, que el hombre debe conservar y defender, en todo momento, ora para bien, ora para mal, pues sólo así podrá edificar, como lo recordaba algún escritor, el “monumento de su existencia”. “Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio camino” (El hombre en busca de sentido. Victor E. Frankl, pág. 69).

El pesimismo sobre la suerte futura de la señora Aracelly ... y de sus nuevas criaturas, produjo el entuerto de acabar con los ratones quemando la casa. ¿Por qué causa, motivo o razón el médico tenía que ocupase, en el caso sub exámine , de las decisiones futuras que tomara la paciente?. Ella podía decidir, a su sola voluntad, si corría el riesgo de tener un nuevo hijo o de no tenerlo. Podía también aceptar, con resignación cristiana, el futuro sufrimiento, aceptando inclusive la muerte. ¿Con qué argumentos científicos serios se concluye que en el evento de un nuevo embarazo la criatura “no habría resistido”?. Todos estos planteamientos llevan al sentenciador a recordar al psiquiatra y escritor ya citado, cuando al relatar sus experiencias en un campo de concentración destaca cómo hay personas que olvidan muchas veces que una situación extrema, excepcionalmente difícil, puede ser la que le da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Son las que no toman la vida en serio y la desdeñan como algo inconsecuente. Esta realidad lo lleva a recordar las palabras de Bismarck:

“La vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado”. Parafraseando este pensamiento, podríamos decir —agrega— que muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir les había pasado y, sin embargo, la realidad es que representó una oportunidad y un desafio: que o bien se puede convertir la experiencia en victorias, la vida en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoríua de los prisioneros”. (Obra ya citada, pág. 75).

En el caso sub examine se impone concluir que la actuación del médico acabó con esa OPORTUNIDAD y ese DESAFIO para la madre, que bien podía volver a serlo, con todos los riesgos que ello comportaba, o abstenerse de manejar esa posibilidad, pensando en su salud, etc. El ejercicio de esa libertad sólo a ella y al esposo incumbían. A nadie más.

c) En el manejo de la responsabilidad médica la Sala no descarta la posibilidad de que en el curso de una operación se presentenn complicaciones intempestivas que lleven al profesional de la medicina a decidir, a su sola voluntad, si abre o no otros frentes de acción para tratar de mantener y conservar la vida del enfermo. Para estos casos no necesita la autorización de nadie, pues el reto que en tales circunstancias se le presenta es el de luchar por la conservación de la vida misma. Pero la “tubectomía tipo pomeroy”, como bien lo destaca el doctor Iván Salas Vergara, en su declaración, “no debe hacerse en el mismo acto quirúrgico” sino algunos meses después.

La Sala aprecia, en todo su universo, lo depuesto por el citado profesional de la medicina, porque sus explicaciones son claras, precisas, valerosas, sin solidaridad de gremio, por todo lo cual tienen fuerza de convicción. La administración de justicia sería menos difícil si las personas que declaran, bajo la gravedad del juramento, dijesen siempre la verdad, y no se dejaran llevar por perjuicios subliminales. Las profesiones liberales se deben sentir honradas con ejemplares humanos que corren todos los riesgos, inclusive el de no ser contratados laboralmente, o perder la vida, por rendirle culto a ella. El apoderado del centro de imputación jurídica demandado pregunta en el escrito en que se recoge su alegato ante el ad quem “¿Por qué no creerle al médico, que no ha sido demandado, estas aseveraciones?”. Y la Sala responde: Porque las razones dadas por el Dr. Hernan Alberto Ocampo Jiménez, quien operó a la paciente, no convencen al sentenciador. Porque el futuro obstétrico de ella no tenía por qué jugar en el caso en comento. Porque él no tenía por qué anticipar catástrofes para la madre, cuando todo indica que el manejo del problema admitía una tregua. Toda su argumentación en el sentido de que en un embarazo posterior se presentaría “una deicencia de la cicatriz o ruptura uterina por la cicatriz que sería un hecho catrastrófico para la madre”, no deja de ser una ANSIEDAD ANTICIPATORIA. Su afirmación en el sentido de que “...la señora no debía ni debe tener más embarazos así pudiera tenerlos...” obedece a un manejo de valores espirituales que no son los de la Sala. La maternidad da un sentido a la vida. Es verdad que este difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra. Pero es igualmente cierto que ese sentido de la existencia no puede ser reemplazado en su función, pues cada persona tiene un cometido concreto para llevar a cabo. En una palabra: A cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida RESPONDIENDO POR SU PROPIA VIDA. Sólo siendo responsable puede contestar a la vida.

Finalmente, la prueba pericial viene en apoyo de lo expuesto por el Dr. Iván Salas Vergara. Los doctores Orlando Zuluaga y Alejandro Gómez tampoco vacilan en afirmar que “La operación de Pomeroy (tubectomía bilateral), si bien estuvo dirigida a la mejor calidad de vida de la madre, se convirtió en un hecho desafortunado para la Sra. ARACELLY ..., dado su interés en continuar su programa procreador, no obstante los riesgos que ello significaría para su vida” (C 1, fol 228).

d) La oportunidad se muestra propicia para fijar pauta jurisprudencial en el sentido de que, en casos como el presente, cuando es posible aplazar la intervención médica, sin consecuencias mortales para el paciente, se impone obtener el consentimiento expreso, tanto de la esposa como del esposo, si se quiere aprovechar la ocasión de la operación cesárea para practicar la “tubectomía tipo pomeroy”. La prueba de que tal declaración de voluntad se produjo, le corresponde a quien busca excusar su conducta, y ella puede darse, por todos los medios de ley (documento escrito, grabación, testigos). Por lo demás, ese consentimiento debe darse en condiciones de libertad jurídica, tomando el concepto en todo su sentido. A la persona que está bajo los efectos de la anestesia, el dolor, la angustia, extendida en la mesa de cirugía, no se le puede pedir que decida sobre su suerte, pues hay situaciones dolorosas en que el hombre suele perder la razón. Ante una situación anormal, la reacción anormal —se enseña— constituye una conducta normal.

Y se predica que el esposo, encaso como el presente, también debe dar su asentamiento, porque la familia goza de la especial protección del estado y la célula fundamental de la sociedad. Ella, por lo demás, se edifica sobre las relaciones armoniosas de la pareja, y en frentes tan importantes y determinantes para la vida de los esposos, como es el relacionado con los hijos, tenerlos o no tenerlos, entran en juego aspectos religiosos, económicos, sociales, etc. etc, que necesariamente demandan el mutuo acuerdo. Por voluntad única de la madre no se puede privar al esposo de la oportunidd de robustecer su hogar, y viceversa.

e) La oportunidad se muestra propia para glosar dos planteamientos hechos por el distinguido profesional, apoderado de la parte demandada, cuando excusa la conducta del médico diciendo que “...en cierta forma estaba también protegiendo a las eventuales criaturas producto de un nuevo embarazo” y cuando afirma que: “...si el médico no hubiese procedido como lo hizo, la paciente POSTERIORMENTE no habría podido soportar una nueva intervención quirúrgica para ligarle las trompas o para tener un nuevo parto por cesárea”. Respecto a lo primero cabe concluir que es filosofía dañina, porque manejando esa forma de protección por la voluntad de terceros, en forma indiscriminada, puede ocurrir que seres sin Dios y sin Ley pretendan justificar los internamientos en centros psiquiátricos, o en campos de concentración, métodos muy utilizados en el pasado por gobiernos totalitarios. No se puede proteger a “las eventuales criaturas” eliminando de entrada toda posibilidad para su existencia.

Por lo que hace relación con la filosofía de AHORRO DE SUFRIMIENTO a la paciente, de quien se afirma que en el futuro no habría podido SOPORTAR una nueva intervención quirúrgica, viene bien la anédocta que Victor E. Frankl, en la obra ya citada, recoge en su obra, la cual tiene el siguiente universo:

“En una ocasión, un viejo doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía dos años y a quien él había amado por encima de todas las cosas. ¿De qué forma podía ayudarle? ¿Qué decirle? Pues bien, me abstuve de decirle nada y en vez de ello le espeté la siguiente pregunta: “Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido?” “Oh, dijo, para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo” A lo que le repliqué: “Lo ve, doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento; pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte”.

No dijo nada, pero me tomón la mano y, quedamente, abandonó mi despacho. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio” (Obra citada, pág. 111) (subrayas de Sala).

f) Por lo que hace relación con el daño y la relación causal, la Sala lo encuentra debidamente probado. Para llegar a esta verdad jurídica basta apreciar el universo que tiene el dictamen pericial que obra en el cuaderno Nº 1, fol 227, que se transcribió en antes. También la declaración del Dr. Iván Salas Vergara, quien es claro en concluir que la tubectomía tipo pomeroy” Es practicamente irreversible”. Es decir, que la señora Aracelly ... no podrá en el futuro tener un nuevo hijo. Se le ha causado, pues, un daño fisiológico que debe ser indemnizado, pues así se solicitó en la demanda. El monto por este concepto se fija para ella en dos mil gramos (2.000) de oro fino. Como se le han causado perjuicios morales, la Sala los señala en un mil (1.000) gramos, también de oro fino.

Los perjuicios morales causados al esposo, señor Rubén ... se fijan en un mil (1000) gramos de oro, y los correspondientes al joven Edison ..., en la cantidad de quinientos (500) gramos de oro fino.

El pago se deberá hacer en pesos colombianos teniendo en cuenta el precio del oro en el momento de quedar ejecutoriada la presente sentencia, según certificación que sobre el particular expida el Banco de la República:

En materia de perjuicios fisiológicos o a la alegría de vivir, la Corporación reitera la pauta jurisprudencial que se recoge en sentencia de seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), Expediente Nº 7428, actor John Jairo Meneses, Consejero Ponente, Dr. Julio César Uribe Acosta».

(Sentencia de julio 9 de 1993. Expediente 7795. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta).

__________________________