SENTENCIA 780 DE NOVIEMBRE 6 DE 1992

 

Sentencia 780 de noviembre 6 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CANDIDATOS A ALCALDES

IRREGULARIDADES EN LA INSCRIPCIÓN

EXTRACTOS: «Como ya se dejó expuesto, la demanda se dirige contra el acto por el cual se declara la elección del señor Luis Miguel Vergara De León como Alcalde de Corozal (Sucre), por considerar que al no haberse cumplido al momento de la inscripción con el requisito de manifestar bajo juramento los aspectos requeridos en la Ley 78 de 1986 (inciso 3º del artículo 26) la inscripción quedó viciada de nulidad afectando la votación en favor del candidato elegido y la declaratoria misma de la elección, por cuanto tal causal está prevista como de nulidad por el artículo 29 ibídem. La norma que se indica como violada es del siguiente tenor:

“ART. 26.—Normas electorales.

...

Los términos y requisitos para la inscripción y aceptación de los candidatos a las alcaldías serán establecidos en la ley para la elección de concejales municipales. Con su aceptación el respectivo candidato acompañará, además, manifestación escrita, bajo la gravedad del juramento que es vecino del lugar, cumple los requisitos para ser elegido y no se encuentra dentro del régimen de inhabilidades previsto en esta ley, ni ha aceptado ser candidato a alcalde en otro municipio”.

Por su parte el artículo 29 de la misma Ley 78 de 1986, también invocado, dice:

“Artículo 29.—Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de nulidad sobre la elección de alcaldes y el Consejo de Estado en segunda instancia.

Son causales de nulidad la falta de calidades para ejercer el cargo, la violación del régimen de inhabilidades, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo, Código Electoral, Ley 96 de 1985 y las previstas en esta ley’’.

Antes de cualquier comentario sobre las disposiciones transcritas, la Sala debe precisar, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, que las normas que establecen causales de nulidad son taxativas; por su naturaleza excepcional son de aplicación restrictiva y, por lo mismo, excluyen la interpretación analógica o por extensión.

En este orden de ideas debe precisarse, igualmente, que por simple deducción no se puede dar a una irregularidad naturaleza y consecuencias nulitantes, si el legislador no lo determina expresamente.

Sentado lo anterior, observa la Sala que la primera de las normas transcritas establece, entre otras cosas, la obligación, para quienes inscriben su candidatura como aspirantes al cargo de alcaldes, de manifestarse bajo juramento sobre los aspectos allí previstos.

Pero, observa también, que dicha disposición no erige la omisión en el cumplimiento del requisito en estudio como causal de nulidad por lo que no puede deducirse tal consecuencia de la norma misma.

Ahora bien, de la transcripción del artículo 29 de la Ley 78 de 1986, se deduce claramente que la norma en mención no erige, como hubiera podido hacerlo, en causal de nulidad la irregularidad de que trata el artículo 26 a la cual se hizo referencia anteriormente. Se limita a considerar como causales de nulidad las previstas en su mismo articulado en el cual como ya se dijo, la omisión en la manifestación no se trata como causal de nulidad.

De lo anterior se sigue que si el artículo 26 ya citado no erige expresamente como causal de nulidad la omisión de presentar la manifestación bajo juramento sobre los aspectos allí mencionados y el artículo 29 de la misma ley tampoco lo hace, no se le puede dar a la omisión en estudio la entidad pretendida en la demanda.

De otra parte en las demás disposiciones vigentes a la ocurrencia de los hechos que originan el presente proceso y que regulan el aspecto que se analiza no se establece como causal de nulidad la irregularidad en la inscripción a que se refiere el artículo 26 de la Ley 78 de 1986, por lo que no puede considerársele como tal.

Es necesario precisar que la redacción del artículo 29 de la Ley 78 de 1986 obedece a la técnica legislativa adoptada en tal oportunidad: en efecto, si se lee desprevenidamente el articulado se deduce claramente que en él se establecen las calidades para ser alcalde pero no se dice en forma expresa que la falta de las mismas constituya nulidad de la elección, como sí se precisa en relación con las inhabilidades que en él se establecen y que también aparecen tratadas en otros estatutos como causales de nulidad. Para recoger y precisar el aspecto en discusión, en el artículo citado se erige como causal de nulidad la violación del régimen de calidades, consecuencia que no le fue asignada en el artículo correspondiente, mencionó las establecidas como nulidades dentro de la misma ley en clara referencia al régimen de inhabilidades cuya violación constituye nulidad de la elección por así preceptuarlo el artículo que las establece, pero añade las inhabilidades mencionadas en otros estatutos y las demás nulidades que pueden afectar la elección se relacionen o no con inhabilidades o calidades, todo sin perder de vista el fundamento que se expresó al comienzo de este estudio o sea que de manera expresa se erijan como causal de nulidad.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la providencia apelada>>.

(Sentencia de noviembre 6 de 1992. Expediente 0780. Consejera Ponente: Dra. Miren de la Lombana de Magyaroff).

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