Sentencia 7817 de julio 11 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente 7817

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá D.C., once de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de junio de 1999 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Jesús María Ruiz Ruiz frente a Telésforo Corredor Cabra.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. Es sabido que el recurso de casación se encuentra instituido como un mecanismo mediante el cual la Corte estudia la conformidad de la sentencia de segunda instancia con el ordenamiento jurídico, dentro de los precisos límites de la acusación delineada por el recurrente; por lo mismo, es nítido que este medio de impugnación no actúa sobre la plenitud del proceso, sino que se contrae a aquellos aspectos específicos que el impugnador proponga, correspondiéndole a él la tarea de descalificar, de manera integral, los fundamentos sobre los que viene cimentada la sentencia, puesto que, de no conseguir tal cometido, ella continuará respaldada por la presunción de acierto en cuanto a la contemplación de los hechos y a la aplicación del derecho.

Igualmente, tiene dicho esta corporación que cuando las censuras están vinculadas al material de convicción, el casacionista debe demostrar la comisión de errores de derecho, tocantes con la contemplación jurídica de los medios, o de hecho, como aquí se pretende, concernientes a su apreciación objetiva, bien sea por haberlos supuesto, preterido o distorsionado, siempre que el desatino sea manifiesto o inocultable, es decir, tenga dimensión mayúscula o superlativa, al punto que ninguno pueda sustraerse a él o ignorarlo, y, además, posea influencia relevante en la dirección de la sentencia fustigada, esto es, en cuanto sea trascendente.

2. En el caso que ocupa la atención de la Corte, la sentencia del tribunal desestimó las pretensiones del actor, en apretada síntesis, sobre la base de que para la explotación de la finca “El Placer” las partes no tuvieron intención alguna de asociarse, sino que se acogieron a otra especie de negocio jurídico que, aunque podría semejarse al de sociedad, correspondía exactamente al de aparcería, regulado por las leyes 100 de 1944, 135 de 1961 y 6ª de 1975.

Ahora bien, el planteamiento que el recurrente efectúa en los dos primeros cargos apunta esencialmente a demostrar que el sentenciador incurrió en yerros fácticos de apreciación probatoria, toda vez que, en su opinión, el material demostrativo arrojaba que Jesús María Ruiz Ruiz y Telésforo Corredor Cabra perfeccionaron un contrato de sociedad de hecho y que, desde luego, les asistió ánimo o intención para vincularse bajo ese tipo asociativo.

Así las cosas, el despacho de las censuras impone una confrontación del contenido material de las probanzas frente al raciocinio que, a partir de ellas, elaboró el tribunal, en orden a establecer si tal entendimiento y, por así decirlo, la adecuación contractual, muestra algún error y si este, de haberse presentado, posee la envergadura y características que la ley forzosamente reclama para determinar el éxito del recurso extraordinario de casación.

Por tanto, esta es la tarea que seguidamente emprenderá la Sala, no sin antes hacer algunas anotaciones en relación con el contrato de aparcería.

3. Para empezar, es de verse que el Código Civil regula a partir de su artículo 2036 lo concerniente al arrendamiento de predios rústicos, estableciendo, entre otras materias, lo tocante con las relaciones entre arrendador y colono o arrendatario rústico, las obligaciones y derechos de cada uno de ellos, el precio o renta y la duración del vínculo contractual. Dentro de este marco normativo aparece una referencia indirecta al contrato objeto de estudio, consistente en que, conforme al inciso segundo del artículo 2041, “el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha”, salvo en el caso del “colono aparcero”, habida cuenta que en virtud de “la especie de sociedad que media entre el arrendador y él, toca al primero una parte proporcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo antes o después de percibirse los frutos ...” (se resalta).

Esta misma figura fue contemplada, con más precisión, por la Ley 100 de 1944, que en su artículo 1º declaró de conveniencia pública el incremento del cultivo de las tierras y de la producción agrícola, a través de sistemas que entrañaran “alguna especie de sociedad o de coparticipación en los productos, entre el arrendador o dueño de tierras y el cultivador, tales como los contratos de aparcería y los conocidos, según la región, como de agregados, ‘poramberos’, arrendatarios de parcelas, vivientes, mediasqueros, cosecheros, etc.” (se resalta). Del mismo modo, dispuso los requisitos formales de esta especie de acuerdos, las previsiones que se entenderían incorporadas en ellos, así como las causales para su terminación, entre otros asuntos.

Con la Ley 6ª de 1975 se introdujo un estatuto especial dedicado al tema que, de alguna manera, condensó los antecedentes legislativos con las prácticas y costumbres existentes, para definir el contrato de aparcería como aquel por virtud del cual una parte denominada propietario acuerda con otra que se llama aparcero, explotar en mutua colaboración un fundo rural o una porción de este con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación, previéndose la deducción a favor del aparcero de su inversión en insumos y mano de obra de terceros que hubiere asumido, y a favor del propietario, de los jornales pagados al aparcero y a terceros y los demás gastos (arts. 1º y 8º).

Este contrato impone al propietario del fundo, por fuera de la entrega del bien, el aporte al aparcero, en dinero o en especie, de lo que sea necesario para afrontar los gastos asociados a la explotación, como, verbigracia, la compra de semillas, siembras y renovación de plantaciones, abonos, insecticidas, fungicidas, herramientas, utensilios de labranza, beneficio y transporte de los productos y contratación de mano de obra de terceros, así como el suministro, en calidad de anticipo, imputable a la parte que a este corresponda por utilidades, de sumas no inferiores al salario mínimo legal por cada día de trabajo en el cultivo y recolección de la cosecha, anticipo que no está sujeto a devolución en caso de no producirse utilidades por causa no imputable al aparcero. Por su parte, la obligación básica del aparcero consiste en adelantar las labores de cultivo del fundo y las propias de dirección, administración, conservación y manejo de las plantaciones y productos, a la que se agrega la observancia de las normas pertinentes en materia de recursos naturales renovables.

Delineada así esta relación negocial, de ella emerge la mera tenencia del aparcero, que no obstante ser tal, le confiere a este el derecho a ejercer la retención del predio y de las utilidades que correspondan al propietario, en garantía de los derechos suyos derivados del contrato (art. 18); adicionalmente, la posición jurídica de las partes es distinta desde el punto de vista de su aporte económico, porque, respecto del propietario, no hay desplazamiento alguno de la propiedad, sino consenso para la explotación de la misma, manteniendo a los contratantes en ángulos diversos, y, en cuanto al aparcero, por cuanto la carga económica que sea necesaria para adelantar la explotación es imputable inicialmente al propietario, pudiendo recuperar dicha inversión al momento de distribuir los frutos o utilidades, lo que lo deja al margen de tal rubro económico, a cambio de su gestión y trabajo.

4. Ahora bien, al encarar los reproches que el demandante formula frente a la providencia del tribunal, estima la Corte que de ellos no se desprende la comisión de un error fáctico manifiesto o notorio que sea suficiente para descalificar el análisis probatorio realizado por el sentenciador, pues, aunque pudiera no estar libre de críticas, sí muestra una valoración razonablemente apegada a su contenido y al régimen del contrato de aparcería, que, por lo mismo, mantiene el fallo incólume, conforme pasa a explicarse.

5. En cuanto a la contestación de la demanda laboral promovida en contra de Telésforo Corredor Cabra y al alegato presentado durante la segunda instancia de dicho litigio, el recurrente destacó, con el propósito de sacar avante una confesión, que aquél había reconocido la existencia de un contrato de mutua colaboración, donde cada parte realizaba un aporte para contribuir a la explotación agrícola y ganadera, y en el que compartían un resultado porcentual. De la misma manera, resaltó la autonomía técnica y administrativa con que Ruiz Ruiz manejaba las actividades, con una rendición periódica de cuentas al propietario, sin que, por demás, existiera subordinación laboral.

Pues bien, si el tribunal estimó que tales manifestaciones debían entenderse dentro del “marco del contrato de aparcería presuntiva, que, en cierta forma, inducen una especie de libertad vigilada en la administración y explotación productiva”, ha de decir la Corte que en ello no observa una postura contraevidente o alejada del contenido de las mentadas piezas procesales, pues los elementos de juicio que de ellas pueden extraerse no riñen abiertamente con las características propias de un contrato de aparcería, sin que resulten forzosamente ligados a una sociedad de hecho, como para que pueda afirmarse inequívocamente que este fue el acuerdo concluido entre las partes.

Como se ha puntualizado en otras ocasiones, siendo “... soberanos los tribunales en el ámbito de apreciación de los hechos y de la interpretación de los contratos, la Corte solo puede entrar a modificar la sentencia objeto del recurso en tanto esta se finque en una interpretación originante de un yerro de las características indicadas, el cual se presenta cuando el elemento de convicción solo tenga una forma de interpretación posible y esta sea la propuesta por el impugnante, en contraposición con la elaborada por el tribunal, que entonces se muestra como absurda e ilógica. Si tal elemento es susceptible de diversos entendimientos, todos ellos razonables, entonces no ocurre el defecto en mención, máxime, cuando en el punto concreto de interpretación de los contratos, se repite con fundamento en la doctrina de la Corte, se está frente a una ‘cuestión que corresponde a la discreta autonomía de los juzgadores’, razón por la cual, la tarea hermenéutica del ad quem, solo es susceptible de desvirtuarse en casación, por fuerza ‘de la demostración de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ellas es de tal alcance que contradice la evidencia’ (G.J. t. CXLII, págs. 218 y 219)” (sent. sep. 4/2000, exp. 5420, no publicada aún oficialmente).

Ha de verse cómo, evidentemente, el mandatario judicial de Corredor Cabra, pese a que utilizó algunas expresiones que pudieran asimilarse con una sociedad de hecho, las empleó, pero bajo el claro entendido de estarse ante un contrato de aparcería u otro similar, toda vez que siempre antepuso a sus afirmaciones la existencia de este acuerdo de voluntades.

Adicionalmente, debe decirse que no son exactas las aseveraciones del recurrente cuando indica que la actuación en un plano de igualdad y la distribución de los resultados de la explotación no son rasgos propios de la aparcería, pues, sobre el particular, debe notarse cómo, de antiguo, la doctrina jurisprudencial ha sostenido, en sentido contrario, que “... en ese contrato las partes actúan y sus relaciones se desarrollan sobre un mismo plano jurídico y en evidente pie de igualdad, lo que de suyo excluye la subordinación o dependencia del uno para con el otro” (sent. nov. 6/47, G.J. t. LXIII, pág. 97), o, por otro lado, que uno de los elementos de la aparcería “... es la distribución que ha de hacerse entre el arrendador y el colono aparcero de los frutos que se cojan en la proporción convenida por ellos; distribución que no es posible llevarla a cabo sin saber a cuánto ascendieron esos frutos, o cuál fue el valor de ellos, operación que naturalmente ha de basarse en los datos que suministre el colono aparcero, por ser este el encargado de la administración del negocio. Y si en el contrato de sociedad el socio administrador está obligado a rendir cuentas, por la misma razón debe estar obligado a rendirlas el colono aparcero, ya que la analogía en este punto es rigurosamente completa” (sent. sep. 24/14, G.J. t. XXIV, pág. 215). A dicha analogía, aludió también la Corte en otras providencias (G.J. t. XXV, pág. 218; XXXVIII, 564).

También, en oposición a lo que el impugnador insinúa, en el sentido de que el aparcero actuaba con absoluta y total independencia, el examen integral de las pruebas muestra que sí contaba con cierta autonomía para el desempeño de sus labores, pero, en todo caso, rendía cuentas al propietario del fundo, lo que no se asimilaba a una subordinación laboral y coincidiría con ciertas características del contrato, al igual que con el entendimiento que esta corporación le ha dado a la institución, como se vio, sin confundirse con la sociedad.

En lo que toca con el interrogatorio de parte absuelto por el demandado, respecto del cual el impugnador concentra su atención en el uso de expresiones, relacionadas con Jesús María Ruiz Ruiz, en el sentido de que las labores de explotación eran ejecutadas “en compañía”, como “socios” o “compañeros”, es de notarse que ellas en manera alguna constituyen elementos que forzosamente remitan el negocio jurídico al terreno societario, o que descarten per se la existencia de la aparcería o de algún otro convenio similar.

Ciertamente, como se viene insinuando, es la propia ley la que ha resaltado las innegables semejanzas entre los contratos de aparcería y sociedad —C.C., art. 2041 y L. 100/44, art. 1º—, sin que ello quiera decir que se confundan o correspondan exactamente a la misma categoría, pues lo que se señala es que el primero es una “especie de sociedad”, mas no la sociedad misma, en especial, ha de decir la Corte, por cuanto solo en el último está presente el animus societatis, elemento esencial y típico del negocio societario. Esta circunstancia, por demás, ha sido claramente ratificada por la jurisprudencia, cuando ha señalado, por un lado, cómo es “...indudable que el contrato de que se viene hablando —aparcería— no es de compañía, porque, como ya se dijo, no reúne los elementos esenciales determinados por la ley para que pueda considerarse tal; pero como el artículo 2041 del Código Civil dice que entre el arrendador y el colono aparcero hay una especie de sociedad, es claro que reconoce semejanza con esta en alguno, por lo menos, de sus elementos constitutivos...” (sent. sep. 24/14, G.J. t. XXIV, pág. 215, se resalta); y, por el otro, que “... si bien es cierto que la ley considera al colono aparcero como socio del arrendador en esa sociedad especial, esa asimilación de la ley es para ciertos efectos, como el señalado en el artículo 2041, por ejemplo, pero en lo demás está sometido a las reglas del contrato de arrendamiento...” (sent. mar. 26/31, G.J. t. XXXVIII, pág. 564, se resalta).

En lo que atañe a la valoración de la pruebas testimoniales, recuérdese que el sentenciador destacó, de manera global, que eran “... coincidentes en manifestar que en la finca se desarrollaban la siembra de papa y la ganadería, en especial la lechería, de la cual se encargaba el actor y partían las utilidades en compañía, inclusive se vendían terneros y los cheques se hacían a nombre del propietario de la finca, la explotación de la papa no es muy concreta su permanencia (sic), salvo, claro está, el contrato de aparcería cuya prueba documental se adjuntó a la contestación de la demanda. Todos inducen una administración del demandante bajo las órdenes de quien era el patrón porque a él se le rendían cuentas, se entregaban las utilidades de la leche luego de sufragar los gastos y que se repartían luego, se le pedía autorización para vender las reses, pero su producido le pertenecía exclusivamente al demandado, también que el demandante tuvo cría de cerdos para su libre explotación, ello ocurrió desde 1963 ó 64 hasta el año de 1990, cuando fue despedido por los hijos del causante demandado”.

En verdad, este es un compendio que se aproxima al tenor de los medios demostrativos, y que, a su turno, guarda alguna correspondencia con los lineamientos de un contrato de aparcería o similar, de suerte que no se ve ninguna alteración, suposición, o cualquier otro vicio que pueda abrir paso a un error fáctico manifiesto. Por demás, ha de rememorarse que al recurrente no le basta mirar los testimonios desde una óptica diversa o novedosa, sino que debe demostrar que el escrutinio realizado por el tribunal fue, a todas luces, arbitrario o antojadizo, tornándose, por lo mismo, inaceptable.

Así mismo, no es pertinente el argumento por el cual el recurrente afirma que la existencia de una explotación ganadera resultaba incompatible con el contrato de aparcería, toda vez que este puede desplegarse en una modalidad pecuaria, como en su momento lo reconoció el artículo 3º de la Ley 100 de 1944, al establecer que el plazo de duración mínima del contrato “no rige para los predios destinados a la industria pecuaria ... quedando en estos casos ... sometida a la libre estipulación de las partes” (se resalta).

Ahora, en cuanto al reconocimiento documental hecho por Jorge Corredor Moscoso, hijo del demandado y, por ende, tercero en el proceso laboral, es de verse que no puede ser calificado jurídicamente de confesión, como equivocadamente lo pretende el censor, a más de que su contenido solo muestra una aislada y escueta referencia a la “sociedad” existente entre las partes, la cual, en el contexto de las demás pruebas, resulta completamente irrelevante y carente de significado.

Por último, acerca del contrato de aparcería que las partes suscribieron el 8 de junio de 1969, con una vigencia de dos años a partir de su firma, basta señalar que su celebración no choca con el hecho de que esa misma vinculación haya sido la que existió, desde el inicio, entre las partes, aun cuando no se hubiere observado dicha formalidad. En este punto, nótese que si bien el artículo 2º de la Ley 100 de 1944 señalaba que los contratos indicados en su artículo 1º debían constar por escrito, también establecía, a renglón seguido, que “si así no constaren, se presumirán celebrados de conformidad con los modelos que el gobierno promulgará ...”.

Con todo, la existencia del mencionado contrato escrito de aparcería no acreditaría, por sí sola, el perfeccionamiento de otro tipo de acuerdos paralelos o concurrentes, sino que ello debía ser objeto de demostración, la cual, como se viene explicando, no aparece de manera inequívoca en el acervo que tuvo a disposición el tribunal.

6. En suma, de lo dicho emerge que el tribunal realizó un sensato análisis de las pruebas y de las peculiaridades de la convención estudiada, raciocinio que, al no haber sido derrumbado por el censor, continúa en pie, y permite que la sentencia siga amparada por la presunción de acierto con que llegó a la Corte.

7. No prosperan los cargos.

Cargo tercero

Se denuncia la comisión de errores de derecho, por infracción de los artículos 185, 187, 194, 195, 197 y 198 del Código de Procedimiento Civil, que, a su turno, condujo a la violación de los artículos 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1527, 1602, 1603, 1604, 1605, 1618, 1619, 1621, 1622, 1625, 2079, 2081, 2083, 2085, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 y 2117 del Código Civil, 23, numeral 4º, 98, 99, 101, 122, 123, 137, 138, 150 y 196 del Código de Comercio, por falta de aplicación, y de las leyes 100 de 1944 y 6ª de 1975, por aplicación indebida.

1. El censor sostiene que el tribunal infringió las normas de disciplina probatoria mencionadas, al dejar de apreciar las confesiones de Telésforo Corredor Cabra y Jorge Corredor Moscoso, efectuadas dentro del proceso laboral. Para sustentarlo, acompaña su afirmación de la trascripción de los apartes pertinentes de las piezas demostrativas.

Seguidamente, insiste en la misma vulneración normativa, mas argumenta que ella se configuró “al apreciar indebidamente la confesión hecha por el apoderado de Telésforo Corredor, al contestar la demanda laboral”, aserto que refuerza con la reproducción del pasaje correspondiente.

2. De otro lado, afirma que las citadas pruebas fueron válidamente trasladadas, como lo permite el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, y, además, no fueron tachadas, a la par que se observaron las formalidades tocantes con su aducción, contradicción y publicidad, y no están prohibidas para acreditar los hechos de la demanda. Así las cosas, el impugnador discrepa de lo dicho por el tribunal, cuando manifestó que la valoración probatoria adoptada dentro del proceso laboral no ataba al juez civil, ni acreditaba las condiciones discutidas en el presente litigio.

Consideraciones de la Corte

1. Para despachar este cargo, basta que la Corte advierta, sin preámbulo, las graves irregularidades de argumentación que presenta y que forzosamente conllevan su fracaso.

2. En efecto, a pesar de que se denuncia la comisión de errores de derecho, que, como es sabido, aluden a la contemplación jurídica de las pruebas, en aspectos como su aportación, práctica, contradicción, entre otros, salta a la vista que el cargo no hace ningún planteamiento que corresponda a este tipo de yerro, pues se limita a mencionar diversas normas de disciplina probatoria, que acompaña de meras trascripciones y de críticas que no son propias de esta especie de infracción indirecta de la ley sustancial, y que, desde luego, no le pueden servir de sustento.

Ha de verse cómo los únicos reproches concretos que trae el recurrente atañen a la apreciación objetiva de los medios de convicción, en la medida en que no hace otra cosa que denunciar, por lo demás de modo genérico e impreciso, la preterición o alteración de los mismos, desatinos que son propios del error de hecho y que no pueden entremezclarse con yerros de otra naturaleza.

En todo caso, si en gracia de discusión pudiera entenderse que el recurrente intentó demostrar la comisión de errores de hecho por parte del tribunal, tampoco podría abordarse el estudio del cargo, pues solo se copiaron apartes de las pruebas, sin hacer ningún análisis o cotejo frente a las conclusiones del tribunal, y, peor aún, sin explicar la forma como se habría infringido el derecho material.

Por último, es de verse que tampoco acierta el censor cuando se duele de que el tribunal haya dicho que no estaba atado a la valoración probatoria realizada en el proceso laboral. En efecto, una cosa es que, por razones de economía procesal, la ley permita que las pruebas practicadas en un proceso sean trasladadas a otro, siempre que ello se hubiese hecho a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, y otra cosa es que la ponderación inicialmente realizada deba reproducirse en el proceso al que son trasladados los medios de convicción. Desde luego, es claro que aunque el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil dispone que, trasladadas debidamente las pruebas, “serán apreciables sin más formalidades”, ello per se no implica que tal apreciación no pueda efectuarse en el otro proceso según las reglas de la sana crítica, dentro del marco de la soberanía imperante en la materia, sin cortapisa alguna, puesto que, se insiste, como lo ha dicho la Corte, la valoración probatoria hecha en el proceso primitivo no obliga al juzgador del proceso al cual son trasladadas (G.J. t. CCXXXIV, pág. 243).

3. Por tanto, no prospera el cargo.

IV. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 8 de junio de 1999 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso referenciado.

Costas a cargo del recurrente. Tásense en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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