Sentencia 7862 de julio 14 de 1982

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 7862

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. José Eduardo Gnecco C

Bogotá, D.E., julio catorce de mil novecientos ochenta y dos.

Celina Bedoya Carmona, mayor, vecina de Medellín, demandó por medio de apoderado especial a Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. "INCA METAL", domiciliada en Medellín, para que previa la declaratoria de que fue injusta e ilegalmente despedida del servicio de la demandada, se condene a esta a reintegrarla al cargo que tenía al momento del despido, con la subsiguiente obligación de pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. Subsidiariamente pidió que se la condene a pagarle la indemnización por ruptura unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo.

Según los hechos de la demanda Celina Bedoya Carmona trabajó al servicio de INCAMETAL desde el 27 de enero de 1958 hasta el 26 de octubre de 1978; fue despedida sin justa causa, lo que es ostensible por cuanto se la despidió con retroactividad al 28 de agosto invocando una resolución ministerial de fecha posterior; el Sindicato de Trabajadores de la sociedad demandada presentó un pliego de peticiones, pero debido a la intransigencia del patrono la asamblea general votó la huelga en forma unánime. La resolución ministerial a que se alude en la carta de despido fue no solo precipitada sino ilegal, porque se hizo pretermitiendo trámites legales al no dársele cumplimiento al artículo 65 del Decreto 1469 de 1978, pues la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Antioquia no fijó el aviso a que se refiere dicha norma durante cinco días hábiles, y se apresuró a enviar el expediente a Bogotá sin que se hubiera iniciado el período de fijación en lista.

Al contestar la demanda el apoderado de INCA METAL S.A. aceptó como ciertos unos hechos, negó otros y dijo atenerse a lo que se probara en relación con los demás. Propuso las excepciones de prescripción, caducidad, inexistencia de la obligación, pago y petición de lo no debido.

Cumplido el trámite de la primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dictó sentencia el ocho de marzo de mil novecientos ochenta, por medio de la cual absolvió a INCAMETAL S.A. de los cargos formulados en la demanda. No hizo condena en costas.

Apeló el apoderado de Celina Bedoya Carmona. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en fallo de tres de julio de mil novecientos ochenta confirmó el de primer grado. Tampoco condenó en costas.

Recurrió en casación el apoderado de Celina Bedoya Carmona. Concedido el recurso por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria. No se presentó escrito de réplica por la parte opositora.

Alcance de la impugnación

Lo formula el recurrente así: "Se concreta a obtener que, la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, case totalmente la sentencia recurrida, en cuanto confirma la sentencia de primera instancia, para que constituida la Corte en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar condene al reintegro y pago de salarios que se piden en la demanda con la cual se inició el proceso. Se proveerá sobre costas como es de rigor".

Con fundamento en la causal primera de casación el recurrente formula tres cargos, los cuales se estudiarán en su orden.

Primer cargo

"Acuso el fallo impugnado de haber infringido indirectamente, por aplicación indebida las siguientes normas: Decreto 2351 de 1965, artículo 8º numeral 5º y artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1959, artículo 1º de la Resolución 1064 de 1959, Resolución 1091 de 1959, artículos 5º y 6º de la Resolución 342 de 1977 proferidas por el Ministerio de Trabajo y el artículo 11 del Decreto 2733 de 1959. Esta infracción se produjo a consecuencia de los evidentes errores de hecho en que incurrió el ad quem: 1. En haber dado por demostrado, sin estarlo que, la demandante persistió en el paro, una vez conocida su ilegalidad. 2. En haber dado por demostrado, sin estarlo que, la demandante fue despedida con justa causa. 3. No dar por demostrado, estándolo, que a la demandante le fue terminado y liquidado el contrato de trabajo en agosto 29/78, antes de producirse la resolución de ilegalidad (sep. 21/78). 4. En no haber dado por demostrado, estándolo, que la empresa demandada no incluyó a la demandante, en el listado de aquellos trabajadores que consideraba necesario despedir por haber participado en el paro. 5. En no dar por demostrado, estándolo, que la empresa no cumplió a cabalidad el trámite administrativo previo al despido, que exigen, no solo las normas sustanciales ya singularizadas, sino la misma resolución ministerial que declaró la presunta ilegalidad del paro. 6. No dar por demostrado, que la Resolución 3645 que declaró la ilegalidad del paro no era oponible a la demandante, como tercero en ese conflicto por falta de notificación. 7. No dar por demostrado, estándolo, que, en la expedición de la Resolución 3645 que declaró ilegal el paro, se violó el derecho de defensa en forma tan flagrante, tan ostensible, que debió entenderse que la resolución jamás existió.

"Tales errores a su vez provinieron de la equivocada apreciación de unos documentos y de la falta de apreciación de otros, los cuales singularizaré a continuación: Fueron equivocadamente apreciados la carta de despido de folios 9 y la Resolución Ministerial 3645 de septiembre 21/78 de folios 46. A su vez dejó el sentenciador de apreciar la liquidación de prestaciones sociales de folios 10, la petición patronal para que constate la persistencia de unos trabajadores (fl. 68), inspección efectuada por inspector de trabajo (fls. 69 y 70), informe del inspector del trabajo, relacionado con algunos trabajadores que no se han reintegrado al trabajo (fls. 71 y 72), solicitud patronal para despedir a los trabajadores que participaron en el paro (fls. 102 a 104), informe del inspector del trabajo relacionado con el cese colectivo en INCAMETAL S.A. (fls. 107 a 109), resolución del Ministerio de Trabajo, distinguida con el número 0485/78 (fls. 119 a 121).

"Si el sentenciador hubiera apreciado correctamente la carta de despido, hubiera concluido que el despido de la demandante se produjo antes de que el paro hubiera sido declarado ilegal, es decir, en agosto 28. Este error cobra más evidencia frente a la liquidación de prestaciones sociales de folios 10 que no se apreció. De haber sido apreciada, se hubiera concluido lo que se afirma en la carta de despido en el sentido de que el despido se producía a partir de agosto 28/78 y no en octubre 26 como supuesta fecha de la carta de despido, según lo entendió el Tribunal. El análisis correcto de estos documentos, demuestra el error de hecho evidente, invocado en el numeral tercero.

"A su turno, si el fallador de segunda instancia hubiera apreciado los documentos que ignoró, que no apreció, hubiera tenido que concluir que, la demandante no persistió en el paro una vez conocida su ilegalidad, que su despido no fue autorizado por las autoridades administrativas y que en consecuencia su despido fue ilegal e injusto.

"En realidad no otra cosa se desprende del documento de folios 68, 102 a 104 en los cuales la empresa solicita se cumpla el trámite administrativo e inclusive pide autorización para despedir a Israel Marín, Joaquín E. Sánchez y otros, sin que se encuentre en dicha lista la demandante. Y en los informes e investigaciones de las autoridades administrativas del trabajo de folios 69 y 70; 71 y 72; 107 a 109 y 119 a 121, de los cuales se deduce que Celina Bedoya no persistió en el cese de actividades, después de conocida su ilegalidad. En resumen, si el Tribunal hubiera apreciado dicha documentación, necesariamente hubiera concluido que Celina Bedoya no persistió en el paro. Y esto que se afirma cobra especial relievancia frente a la resolución de folios 119 a 121 por cuanto que entre los autorizados para despedir no se encuentra la demandante.

"La apreciación correcta de la resolución que declaró la ilegalidad del cese de actividades (fl. 46), hubiera llevado al fallador a dos importantes consecuencias: 1) Que era imperativo el trámite administrativo para poder despedir legalmente a la demandante, según se desprende de la cláusula o artículo 2° de la parte resolutiva; 2) Que la misma resolución ministerial de folios 46 requería notificación a la demandante, como tercero frente a la misma, notificación que se debió hacer, frente al artículo 11 del Decreto 2733 de 1959 y 12 del mismo estatuto, que modificó el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo como también lo modificó el Decreto 1627 de 1964.

"Ya se había indicado que la sentencia adolece de una motivación muy pobre, en forma tal que, si se pudiera pensar que, ella en lo que respecta a la justificación del despido, se apoya en las declaraciones juramentadas de Fernando A. Buitrago (fl. 22) y Orlando Restrepo (fl. 29), es de anotar, que los errores de hecho invocados, le abren el paso a la honorable Corte para que examine dichos testimonios, que no son claros, precisos y razonados en dar cuenta de la presunta persistencia de la demandante. En efecto, el primero declara que: «Después de eso no la volví a ver trabajando allá... ». Es decir, que por no haber vuelto a ver a la demandante, no se puede concluir que persistía en el paro. Y el segundo afirma: «No recuerdo si participó ... no la recuerdo bien...»".

"Demostrado el cargo, para reemplazar la sentencia recurrida, debe la corporación, en primer lugar tener a la demandante como injustamente despedida y como consecuencia ordenar el reintegro y el pago de salarios, tal como se dejó precisado al formular el alcance de la impugnación".

El Tribunal Superior para fundamentar su decisión absolutoria dijo que el despido se encontraba demostrado con la comunicación de folios 9, que transcribe, y en la cual se hace alusión a la Resolución 3645 de septiembre 21 de 1978 dictada por el Ministerio del Trabajo, y por medio de la cual fue declarada ilegal la suspensión colectiva de labores en la empresa INCA METAL S.A. y agrega: "En los autos hay prueba auténtica de la resolución mencionada (fl. 46). No existe ninguna prueba que Celina Bedoya Carmona, se hubiera hecho presente en la Factoría de INCA-METAL, después de la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, pues ese acto administrativo no necesita de notificación personal, como lo ha entendido la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del mes de abril de 1977 con ponente (sic) del honorable Magistrado doctor Juan Hernández Sáenz, que al respecto dice: «Doctrina de la sentencia. El artículo 450 del Código Sustantivo determina los casos en que es ilegal la cesación colectiva de actividades por parte de los trabajadores y expresa que cuando esa ilegalidad es declarada, cosa que compete hacer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según el artículo 451, el patrono puede despedir libremente a quienes hubieren intervenido o participado en el paro, aun a los amparados por el fuero sindical...»".

Transcribe luego pasajes de un fallo de la Sala de Casación Laboral, y termina: "Estando demostrada la persistencia de Celina Bedoya Carmona en el paro de trabajo, de acuerdo con las normas legales vigentes, la empresa demandada tenía justa causa para despedirla, sin lugar a la indemnización".

Se considera

Respecto del primer error de hecho indicado por el recurrente, o sea el haber dado por demostrado el Tribunal Superior que la demandante persistió en el paro, el fallador lo dedujo del hecho de que no se había probado que Celina Bedoya Carmona se hizo presente en la fábrica después de la declaratoria de ilegalidad. Esta deducción es lógica, pues si no asistió a sus labores, bien podía llegar a la conclusión de que persistía en el paro. Además, que hasta el 23 de octubre de 1978 no se había presentado a laborar, lo constató el inspector de relaciones colectivas al examinar las tarjetas de entradas y salidas, según aparece en el oficio dirigido en esa fecha al jefe de relaciones colectivas, que en fotocopia autenticada obra de folios 71 a 77, y en el cual se lee: "Un gran sinnúmero (sic) de trabajadores cuyo listado anexamos al presente informe, no se habían reintegrado a sus labores ordinarias después de haberse declarado el cese colectivo de labores en dicha empresa por parte de los trabajadores, ilegal, mediante resolución emandada(sic) del Ministerio del Trabajo" (fl. 71). Y en la lista de folios 73, aparece lo siguiente: "Bedoya Carmona Celina".

En relación con el tercer error de hecho observa la Sala que la carta de despido lleva fecha 26 de octubre de 1978, y en ella se dice "que la empresa ha dispuesto dar por terminado su contrato de trabajo por justa causa, a partir de la fecha". Luego aparece puesto por un sellador "28 de agosto de 1978". Si la carta tiene fecha 26 de octubre de 1978, bien podía deducir el Tribunal Superior que el contrato de trabajo se dio por terminado en esa fecha, con posterioridad a la declaración de paro ilegal y no el 28 de agosto de 1978, máxime si en la misma se hace referencia a la Resolución 3645 de septiembre 21 de 1978. No se desvirtúa esta conclusión por el hecho de que algunas prestaciones se hubiesen liquidado hasta el 29 de agosto de 1978, folio 10, porque el patrono puede descontar para esos efectos el tiempo no trabajado. Los intereses a la cesantía, en cambio, fueron liquidados hasta el 30 de octubre de 1978.

Es cierto, error 4º, que la sociedad demandada no incluyó a Celina Bedoya Carmona en la solicitud que hizo al Ministerio de Trabajo para despedir a los integrantes del Comité de Huelga, y cuya copia autenticada obra a folios 102 a 104. Pero la demostración del error no incide en la violación de normas sustanciales, por cuanto el Decreto 2164 de 1959, reglamentario de los artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo, expresamente dice que el patrono quedará en libertad de despedir a todos los trabajadores que, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier causa. Lo que está conforme con el artículo 450 reglamentado.

En cuanto al error 5º, encuentra la Sala que si el patrono quedaba en libertad para despedir a los trabajadores que persistieron en el paro, no estaba obligado a seguir un trámite administrativo para ejercer dicha facultad.

El error 6º, consistente en la falta de notificación de la resolución que declaró la ilegalidad de la huelga, no trae la consecuencia que plantea el recurrente, porque el Tribunal Superior, con base en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral llegó a la conclusión de que no era necesario notificar dicha resolución para que produjera sus efectos. Y este soporte, de carácter jurídico, no es desvirtuable en una acusación por la vía indirecta.

En cuanto al error 7º, si la resolución que declaró la ilegalidad del paro no necesitaba de notificación para que produjera efectos, fundamento del fallo recurrido no desquiciado, no incurrió el Tribunal Superior de manera ostensible en el error fáctico que se le atribuye de no haber dado por demostrado que se violó el derecho de defensa del demandante.

Cuanto al segundo error de hecho, o sea en haber dado por demostrado el fallador de segunda instancia que la trabajadora fue despedida con justa causa, es claro que tiene su fundamento en la demostración de la existencia de los otros errores de hecho o en la incidencia de los mismos en la violación de las normas señaladas como violadas en la enumeración del cargo. Pero ya se vio cómo no se demostró que algunos existieron, y aquellos que fueron demostrados no tienen incidencia en la violación de dichas normas.

Por las razones expuestas el cargo no prospera.

Segundo cargo

"Acuso el fallo impugnado de haber infringido indirectamente, por aplicación indebida las siguientes normas: Decreto 2351 de 1965, artículo 8º numeral 5º; artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164/59; artículo 1º de la Resolución 1064/59; Resolución 1091/59; artículos 5º y 6º de la Resolución 342 de 1977 proferidas por Ministerio de Trabajo, en relación con los artículos 30, 31, 33, 51, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral (D. 2158/480)(sic) y artículos 65, 84, 92-4, 174, 183 y 235 del Código de Procedimiento Civil (D. 1400/70).

"El fallador de segundo grado no le hizo producir a las normas sustanciales, los efectos propios, como consecuencia de la violación de normas procedimentales (infracción medio), lo cual ocurrió por evidentes errores de hecho, originados en la falta de apreciación de los siguientes documentos: diligencia de notificación y traslado de folios 12, poder dirigido al Juzgado 10 Laboral firmado en Medellín el 4 de abril (fl. 13), respuesta a la demanda (fl. 14), acta de audiencia de folios 29 en cuanto se adjunta 167 fotocopias.

"Los errores de hecho consisten: 1. En dar por establecido, sin estarlo legalmente, que el poder de folios 13 fuera idóneo y admisible para actuar el presunto apoderado en este proceso. 2. En no dar por demostrado, estándolo, que el poder de folio 13 es ineficaz por falta de presentación personal ante el secretario del Juzgado 10 Laboral. 3. En no dar por demostrado, estándolo que la prueba documental de folios 37 a 202 no fue regular y oportunamente aportada al proceso.

"Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente el poder de folios 13, habría concluido que era ineficaz y por ende la actuación del apoderado allí designado. En efecto, dicho poder se suscribe en la ciudad de Medellín, pero no es presentado ante el Secretario del Juzgado 10 al cual se dirigía como lo exige el artículo 65 en concordancia con el 84 del Código de Procedimiento Civil.

"Pero si se pensara que el esguince que, se le hace a la ley, al llevar el poder ante un notario de otra ciudad, el que tampoco lo autentica o pone nota de presentación personal, sino que expresa que la firma es igual a la registrada, si este esguince fuera de recibo, repito, es de anotar, que la prueba documental fue irregularmente aportada al proceso. Las oportunidades son las siguientes: anexarlas a la contestación de la demanda o presentarlas en la inspección ocular, circunstancias que no se dieron.

"Entonces, si el sentenciador hubiera apreciado el aludido poder, la contestación de la demanda y el acta de la cuarta audiencia, hubiera concluido necesariamente sobre la aportación irregular e ilegal de la prueba documental y aun de toda por falta de poder. Esta infracción medio llevó al Tribunal a violar las normas sustanciales 'invocadas' al formular el cargo. Es decir, dio por establecido el paro, su ilegalidad y concluyó con la legalidad en el despido. Todo ello, porque la sentencia no se fundó en pruebas regular y oportunamente arrimadas al proceso".

Se considera

Lo planteado en el cargo es un error in procedendo, que solo puede estudiar la Sala si incide en la violación de normas sustanciales y si ha sido propuesto ante los jueces de instancia, conforme lo tiene dicho la jurisprudencia laboral. El recurrente se acomoda a la primera exigencia, pues hace derivar la violación de las normas sustanciales del error in procedendo. Mas no se ha cumplido la segunda de que el vicio se haya planteado en las instancias para tener la posibilidad de ser saneado en las mismas.

El doctor Fabio Aristizábal Zuluaga, mediante poder otorgado por Richard Winger, fechado el 4 de abril de 1979 en Medellín, y autenticada la firma por el Notario Primero del Circuito de Envigado, fue reconocido como apoderado de INCA METAL S.A. en providencia de diecinueve de abril de mil novecientos setenta y nueve, sin que fuera recurrida por la contraparte. En su carácter de apoderado reconocido actuó en todo el proceso, y como tal aportó en la cuarta audiencia de trámite las fotocopias autenticadas que obran de folios 37 a 202, tenidas como prueba por el Juez de Primer Grado sin objeción alguna del apoderado del actor en el proceso.

Planteada la ilegitimidad de la personería adjetiva del apoderado de INCA METAL S.A. dentro del recurso de casación, además de ser extraña al mismo, como ya se dijo, pues en materia laboral no existe la causal de los errores in procedendo per se impediría a la parte presuntamente mal representada, con notoria injusticia, demostrar que el poder sí llena los requisitos legales.

Por las razones expuestas el cargó no prospera.

Tercer cargo

"Infracción directa por aplicación indebida del artículo 8°-5 del Decreto 2351 de 1965, artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo Decreto 2164/49 artículo 1º; resoluciones 1064/59, 1091/59 y 342 de 1977 proferidas por el Ministerio de Trabajo, en relación con los artículos 30, 31, 33, 51, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral y 65, 84, 174, 183 y 235 del Código de Procedimiento Civil.

"El sentenciador de segundo grado no le hizo producir a las normas sustantivas los efectos que le son propios, no sólo por la violación de normas de procedimiento, sino porque hizo una equivocada calificación de los hechos, la que se produjo al deducir que el despido de la demandante era justo y a ese hecho inexistente se le aplicaron indebidamente unas normas, que son las que singulariza el cargo.

"Demostrado el cargo, debe la honorable Corte para reemplazar el fallo impugnado, determinar que el despido justiciado no está demostrado en el proceso y en consecuencia ordenar el reintegro invocado".

Se considera

Aun cuando el impugnador acumula dos conceptos incompatibles de violación de la ley, como son la infracción directa, que supone el desconocimiento de la norma por rebeldía, ignorancia o negación de sus efectos en el tiempo o en el espacio, y la aplicación indebida, qué supone la solución de la litis con base en la norma, entiende la Sala que el recurrente se refiere a la violación de la ley por aplicación indebida sin que medien cuestiones de hecho. Así se estudiará el cargo.

El principal presupuesto fáctico del inciso 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 consiste en que el trabajador haya sido despedido sin justa causa. El sentenciador de segunda instancia concluyó que la demandante Celina Bedoya Carmona no tenía derecho al reintegro, porque encontró demostrado que fue despedida con justa causa. Se trata de una conclusión fáctica y no jurídica, pues no calificó erróneamente un hecho para subsumirlo en la norma, sino que no encontró demostrado el despido sin justa causa, o sea todo lo contrario.

No procede por lo tanto la acusación por vía directa, que presupone el acuerdo del impugnador con los hechos que dio o no dio por demostrados el fallador de instancia, lo que no se presenta en el cargo en estudio, que por lo tanto no prospera.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida dictada el tres de julio de mil novecientos ochenta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en el proceso ordinario seguido por Celina Bedoya Carmona contra INCA METAL S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario, por no haberse causado.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: José Eduardo Gnecco C.,—Jerónimo Argáez CastelloJuan Hernández Sáenz.

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.