Sentencia 7880 de noviembre 29 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRUEBAS DE OFICIO

PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE HERMANO CARNAL EN UN PROCESO DE SUCESIÓN

EXTRACTOS: «1. El original artículo 1047 del Código Civil prescribía que el tercer orden sucesoral estaba conformado por los hermanos legítimos como herederos tipos o principales, y el cónyuge y los hijos naturales como herederos concurrentes, agregando que “... la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal”.

Aunque los órdenes sucesorales fueron reformados por las leyes 57 y 153 de 1887, 60 y 45 de 1936, 140 de 1960, 75 de 1968, 5ª de 1975 y 29 de 1982, la regla consignada en dicho precepto, en torno a la porción hereditaria del hermano carnal, ha sido mantenida, comoquiera que, derogado el citado precepto por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936, tal prescripción se conservó en el artículo 1048, modificado por el artículo 21 del mismo cuerpo legal, y derogado este por el artículo 10 de la Ley 29 de 1982, se recogió en el artículo 1047, en el texto que le introdujo el artículo 6º del mismo ordenamiento, precepto que, a vuelta de estatuir que si el difunto no deja descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le suceden sus hermanos y cónyuge, por mitad, que a falta de cónyuge la reciben los hermanos en su totalidad y a falta de estos aquel, prescribe que “... los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos”, circunstancia que pone de relieve el trato preferencial que desde siempre le ha brindado el legislador al hermano carnal, al entregarle una porción equivalente al doble de la que corresponde al hermano medio o de simple conjunción, distinción que por lo demás encuentra su razón de ser en las normas que reglamentan el parentesco y sirven de fundamento a los órdenes sucesorales, las cuales confieren distinta calidad a los hermanos carnales o de doble conjunción, frente a los hermanos paternos o maternos o de simple conjunción.

2. La sucesión por causa de muerte, modo por el cual se adquiere el dominio de los bienes hereditarios, y al cual sirven de título, bien la ley, ora el testamento, requiere para su operancia de una serie de sucesos, como la muerte del causante, la delación o llamamiento para heredar y la aceptación de la herencia.

Reunidos sus elementos constitutivos, ha dicho la Corte, “... en cabeza del sucesor, existe como elemento positivo el derecho hereditario, patrimonial, individualizado y autónomo, de tal manera que cuando sobreviene la partición no es para transferir al heredero un derecho que ya tiene y en ejercicio del cual interviene en ella, sino para liquidar la comunidad universal hereditaria, y poner término a la indivisión, distribuyendo los bienes entre los copartícipes a prorrata de su derecho, con efecto desde el día de la muerte” (G.J. t. XCII, págs. 909 y ss.).

Conforme a lo anterior, la partición del acervo hereditario no constituye un título o modo de adquisición del dominio distinto de aquel, sino un acto enmarcado dentro de él, cuya finalidad, al tenor del artículo 1394 del Código Civil, consiste en liquidar a cada uno de los coasignatarios lo que se le “deba”, es decir, su asignación hereditaria, derecho que según prescriben los artículos 1012 y 1013 ejusdem, es adquirido por los asignatarios desde que la “asignación” se defiere; “... esto es desde el momento de la muerte del causante” (Cas. Civ., jun. 14/71) y que, en tratándose de sucesión intestada, es determinado por la ley.

Dicho en otras palabras, se trata de un acto formal mediante el cual se le paga a cada heredero su asignación, y por ende debe limitarse a declarar ese derecho, determinado con base en los órdenes sucesorales y la vocación hereditaria, derecho que por lo demás está constituido en cabeza del heredero desde la fecha de la delación de la herencia, que de no ser condicional, coincide con la de la muerte del causante.

3. La determinación del alcance y límites del poder-deber de decretar pruebas de oficio que corresponde al juez, a la luz del sistema procesal vigente, que como se sabe, toma elementos tanto del sistema inquisitivo como del dispositivo, así como sus repercusiones en el ámbito del recurso de casación, han sido aspectos abordados desde antaño por la Corte.

Así, desde su sentencia del 12 de febrero de 1977, tiene sentado la corporación que a la luz del orden jurídico actual, el proceso no es un escenario donde se ventilen exclusivamente intereses particulares, comoquiera que él apunta así mismo a la satisfacción del interés público del Estado en la cabal realización del derecho material, de ahí que la concepción privatista del juez espectador haya quedado atrás, para dar paso a la del juez director del proceso, dotado de amplios poderes de verificación oficiosa en ejercicio de los cuales le corresponde esclarecer, con la mayor exactitud posible, la verdad histórica de la cuestión fáctica en disputa, a tono con la cual pueda el litigio recibir una solución justa, atribución que al estar guiada por un interés público, “... de abolengo superior, cual es la realización de la justicia, uno de los fines esenciales del Estado moderno”, no está sujeta a las restricciones impuestas a las partes, ni condicionada a los medios que por ellas se propongan para la comprobación del sustrato fáctico del litigio, y en cuya virtud “... es deber y también derecho de dicha autoridad el realizar las investigaciones que estime convenientes sin que quede restringida su iniciativa al empleo de tales medios, habida consideración que la ley, con algunas justificadas cortapisas, le otorga los poderes suficientes para utilizar, en procura de formar su conciencia y adquirir el grado de convicción necesario, otros instrumentos de verificación distintos o complementarios que surjan de las alegaciones formuladas, de la conexión interna entre las varias fases del proceso o de la lógica misma de la controversia jurídica planteada” (Cas. Civ., mar. 4/88).

Y en punto a las implicaciones que en el ámbito del recurso tiene el apuntado deber de verificación oficiosa, tiene igualmente decantado que el camino de la impugnación resulta expedito cuando su ejercicio es impuesto por la ley, o cuando por circunstancias particulares, objetivamente verificables y ajenas a conductas torticeras de los litigantes, el decreto oficioso de pruebas se torna imperioso para alcanzar la realidad histórica de los hechos en disputa, y evitar el pronunciamiento de una decisión inicua, es decir, en aquellos eventos en los que, como explicó la corporación en el antecedente atrás citado, “... lejos de mediar razón atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza, omitido por el juez o tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una decisión jurisdiccional absurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta reducida moldura y para los fines propios del recurso en cuestión, ante situaciones que no tengan la entidad apuntada no puede configurarse yerro probatorio de derecho porque, en opinión del censor, era factible alguna forma de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses o, también según el pensamiento del recurrente, porque sin fundamento se dispuso esa indagación complementaria”.

4. El recurrente, como ya se mencionó, le reprocha al fallador sustraerse al deber de verificación impuesto por los artículos 37-4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, cuando omitió ordenar la incorporación oficiosa de las pruebas que acreditan la condición de hermano carnal de Manuel Abraham Castañeda García frente al causante, pruebas que no obstante obrar en los autos no podían ser apreciadas para el fin indicado, por no haber sido oportunamente aducidas, conducta que a su juicio lo llevó a violar, de rebote, las normas sustanciales que enuncia el cargo, particularmente el artículo 1047 del Código Civil, que le otorga el derecho a recoger doble porción de la que corresponde a los hermanos de simple conjunción, o de padre o madre.

5. Examinados los planteamientos de la censura a la luz de la doctrina sentada por la corporación sobre el tema que se propone, sin dificultad se devela la fundabilidad del ataque, pues como se verá, las especiales circunstancias que exhibe el caso, tornaban inexcusable el empleo de los poderes que en materia probatoria asisten al fallador, para ajustar el pronunciamiento decisorio del proceso a la verdad real de los hechos y evitar el pronunciamiento de una solución que por discrepar abiertamente con aquella, además de reñir con los dictados de ley, resultaba abiertamente injusta.

En efecto: incumbiéndole al fallador verificar la conformidad de la partición con el ordenamiento positivo, como presupuesto indispensable para impartirle aprobación, dada la función de control que dicho acto está llamado a cumplir por mandato del artículo 611 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, el apropiado ejercicio del citado deber, así como la existencia material en los autos de las partidas de bautismo de Manuel Abraham y Luis Daniel Castañeda García, que dan fe del verdadero vínculo de parentesco existente entre ellos, es decir, de su condición de hermanos carnales, por cuanto indican que tuvieron por madre a Jacinta García, y fueron reconocidos como hijos extramatrimoniales de Manuel Abraham Castañeda, en sentencia dictada por el Juez Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, según atestación marginal, sin lugar a dudas le permitían evidenciar la ilegalidad de la partición, por desconocer el derecho del primero a recoger en la herencia del segundo, una porción doble en relación con la que corresponde a los hermanos de simple conjunción, derecho que según se expuso ab initio adquirió desde el momento de la delación de la herencia, que en el caso coincide con la fecha de la muerte del causante, por no ser condicional, y que en tal acto se debía liquidar y pagar.

Frente a tal estado de cosas, no se remite a duda que para evitar el pronunciamiento de un fallo a todas luces contrario a los principios de justicia y legalidad, se tornaba imperioso para el fallador emplear los poderes de los cuales está investido en la materia indicada, para tornar expedita la apreciación de las referidas pruebas y dejar por establecido, en la forma debida, el real parentesco del recurrente con el causante, con el fin de acoplar el trabajo partitivo con su asignación legal.

Empero, como se sustrajo a tal deber, terminó aprobando una partición que por no liquidar la masa herencial de acuerdo al derecho real y sustancial de cada uno de los herederos, ni entregarle lo realmente debido a cada uno de ellos, de acuerdo con su asignación legal, no se conforma con el derecho, pues se reitera, si en el tercer orden sucesoral dicha asignación es doble para el hermano carnal, este es el derecho que adquirió Manuel Abraham Castañeda García con la delación que se le hizo al momento de la muerte del causante, y por tanto ese es el derecho que en tal acto se le debe reconocer, so pena de contrariar el ordenamiento legal.

Agrégase que su ejercicio no estaba entrabado por la falta de impugnación de la providencia que resolvió objeciones ajenas al tema que aquí se discute, pues esa circunstancia, en rigor, no privaba al recurrente del derecho de objetar el trabajo partitivo rehecho por decreto oficioso, por razones diversas de aquellas, resolución cuya ejecutoria no excluía, en todo caso, el deber insoslayable del ad quem de adoptar las medidas necesarias para acercar la verdad procesal a la real y asegurar de ese modo que la solución del litigio estuviese a tono con esa realidad y con los principios a los que se ha hecho alusión.

Así las cosas, como el desacierto del fallador en el punto, lo condujo a inaplicar el artículo 1047 del Código Civil, norma que otorga al hermano carnal el derecho desconocido en la partición, se impone la casación del fallo. No obstante, antes de resolver lo pertinente y haciendo uso de las facultades atribuidas por los artículos 179, 180 y 375 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, se decretará por la Corte la prueba que enseguida se indicará.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia del 4 de mayo de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Familia, en el proceso de sucesión de Luis Daniel Castañeda García.

2. De oficio se ordena tener como prueba las partidas de bautismo de Luis Daniel y Manuel Abraham Castañeda García, visibles a folios 17 y 18 c. 6. Ténganse en cuenta por los interesados, las prescripciones del artículo 289-1 del Código de Procedimiento Civil.

3. Sin costas en el recurso de casación.

Notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de casación, 29 de noviembre de 2004. Expediente 7880. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar).

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