Sentencia 7928 de octubre 17 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

RENUNCIA DEL EMPLEADO

NO SE PRUEBA POR CONFESIÓN FICTA

EXTRACTOS: «A fin de dilucidar la contención planteada en el sub lite, es menester precisar que si bien para la época en que se expidió el decreto demandado por el cual se desvinculó al actor del servicio mediante la aceptación de su renuncia no existía a nivel municipal una disposición que regulara lo concerniente a esta forma de separación del servicio, jurisprudencialmente se ha aceptado que, con fundamento en lo previsto en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 se apliquen las disposiciones que gobiernan iguales aspectos de administración de personal en el ámbito nacional.

El Decreto 2400 de 1968 regula lo relativo a la renuncia de los empleados de la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional y en su artículo 27 dispone:

“... Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente.

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio...”.

Es requisito entonces, según lo preceptuado en este artículo, que la renuncia del empleado público conste por escrito.

Pues bien, el demandante afirma no haber presentado jamás renuncia de su empleo y aduce como prueba, la constancia fechada el 25 de febrero de 1992, que reza:

“La jefe de la división de personal de la secretaría administrativa del municipio

HACE CONSTAR:

Que revisada la hoja de vida del señor Luis Fernando Herrán Méndez C.C. Nº 14.210.673 de Ibagué, no se encontró carta de renuncia presentada por el citado señor” (fl. 7).

No obstante tal certificación, aceptando los planteamientos expuestos por el apoderado de la entidad demandada al alegar de conclusión (fl. 46), el a quo apoyándose en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, admitió como prueba de la existencia de la dimisión del demandante, la confesión ficta o presunta de éste, derivada de su no concurrencia a la diligencia de interrogatorio de parte, en la cual se le debía formular un cuestionario, conformado entre otras preguntas, por la asertiva referente a la presentación de su renuncia al cargo que ocupaba en la Secretaría de Gobierno de Ibagué.

Al respecto observa la Sala, que si el ordenamiento jurídico regulador de la renuncia prevé que ella debe efectuarse por escrito, no le era dable al juzgador, haciendo caso omiso de la inobservancia de este requisito y con base en el artículo citado del Código de Procedimiento Civil, admitir como prueba de la presentación de la dimisión del accionante, la confesión ficta a que se ha hecho alusión, toda vez que a la luz de lo normado en dicho artículo, únicamente procede presumir como ciertos, en caso de que la parte citada no concurra al interrogatorio, aquellos hechos sobre los cuales versen las preguntas asertivas pero susceptibles de confesión; y si bien la conducta elusiva del actor podría dar lugar a que se entendiera que se había operado la presunción establecida en dicha norma, como el artículo 27 del Decreto 2400 de 1968 prevé que para que exista renuncia debe darse la manifestación por escrito y en forma inequívoca de la voluntad del funcionario de separarse definitivamente del servicio, no puede otorgarse a la actitud del señor Herrán Méndez tal consecuencia, porque se iría en contravía de lo normado en el artículo últimamente citado, en el sentido de que la renuncia debe constar por escrito.

Erró entonces el a quo al dar como acreditada la presentación de la renuncia por parte del demandante y negar por ello las pretensiones de la demanda, a las cuales debe accederse, en virtud de que el decreto acusado tiene una motivación falsa, puesto que la dimisión que se acepta no existió, o por lo menos no aparece acreditada en el proceso».

(Sentencia de octubre 17 de 1996. Expediente 7928. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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