Sentencia 7933 de octubre 31 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CADUCIDAD DE LOS EFECTOS PATRIMONIALES DE LA SENTENCIA DE FILIACIÓN

LOS TÉRMINOS DE LA LEY 75 DE 1968 Y DEL ART. 90 DEL CPC SON OBJETIVOS Y FATALES

EXTRACTOS: «1. Según el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, “muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge”, y la sentencia respectiva “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

Sobre el alcance de dicha disposición deben considerarse dos aspectos que atañen con la definición del presente recurso de casación y sus consecuencias: uno, la compatibilidad que se da entre dicho término de caducidad bienal y el concebido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para hacer inoperante aquella con la presentación de la respectiva demanda, a condición de que el auto admisorio se notifique al demandado dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la notificación al demandante de tal providencia, pues “pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”; y otro, el carácter de litisconsorcio meramente facultativo por pasiva que conforman el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos del presunto padre convocados como demandados.

2. Sobre la aplicación armónica e integrada de los artículos 10 de la Ley 75 de 1968 y 90 del Código de Procedimiento Civil, dijo esta corporación en reciente ocasión lo siguiente: “si quien pretende su reconocimiento como hijo extramatrimonial aspira además a que tal declaración produzca efectos patrimoniales, debe, por regla de principio, lograr la notificación de la demanda al demandado dentro de los dos años siguientes a su fallecimiento de su causante; y que en procura de obtener ese mismo fin, debe adicionalmente conseguir que el auto admisorio de la demanda se notifique al demandado dentro de los 120 días siguientes a cuando tal determinación le fue a él enterada, ya sea que la notificación se realice dentro del bienio de que habla el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 o por fuera de él, pues en ambos casos habrá lugar a otorgar al actor el beneficio económico que persigue, en tanto que en los dos supuestos la presentación de la demanda impide la configuración como tal de la caducidad” (Sent. de Cas. Civil, jul. 4/2002, Exp. 6364, sin publicar).

Se deduce de lo anterior que el vencimiento del término previsto en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil producido antes de haber pasado los dos años de caducidad de los efectos patrimoniales no impide la inoperancia de esta, puesto que si de todos modos se efectúa la notificación al demandado dentro del bienio de que trata el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 recae sobre el notificado la mencionada secuela pecuniaria; en cambio, cuando la demanda de filiación se presenta estando próximo a fenecer los dos años contados a partir del fallecimiento del presunto padre, deja de obrar el término de caducidad que viene corriendo en la fecha de presentación de la misma, siempre y cuando la notificación del auto admisorio se haga dentro de los 120 días contados como señala el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, así sea después de vencido el mencionado bienio.

3. En esas circunstancias deviene ineluctable, lógica y jurídicamente, que ambos términos legales mencionados antes —dos años y 120 días—, los cuales se conjugan en la forma explicada según sea el caso, son objetivos y, por consiguiente, su vencimiento resulta fatal, lo cual significa que la notificación al demandado que se efectúe con posterioridad ya no impedirá que obre con todo su vigor la caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la sentencia de filiación.

Por consiguiente, no resulta admisible hacer consideraciones de orden subjetivo para obstruir esa fatal consecuencia tendientes a establecer que la notificación tardía ha obedecido a la conducta de alguna de las partes o a la culpa de los funcionarios y empleados judiciales encargados de velar porque ella se practique, como otrora y muy especialmente antes del Decreto 2282 de 1989 lo admitió esta corporación, decreto que reformó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para ampliar el término en el que debe hacerse la notificación al demandado si se quiere interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad con la presentación de la demanda.

4. Antes de la citada reforma, el artículo 90 establecía una serie de pasos y términos relativamente cortos para que se pudiera impedir la caducidad una vez que fuera admitida la demanda, tales como eran que el demandante proveyera lo necesario para la notificación del demandado dentro de los cinco días siguientes a dicha admisión, “y que si la notificación no se hiciere en el término de diez días, efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes”.

El artículo 1º, modificación 41, del citado Decreto 2282, introdujo una reforma que rigió hasta cuando entró en vigencia la Ley 794 de 2003, siendo aquella norma anterior aplicable para este caso, la cual consistió básicamente en considerar la presentación de la demanda —que no la de su admisión— como medio eficaz para obtener tal interrupción, y en ampliar el término para que se efectúe la notificación al demandado con ese fin, en tanto que determinó que debe producirse “dentro de los ciento veinte días siguientes” a la notificación al demandante del auto admisorio de la demanda.

Dicho término de ciento veinte días (120), el cual fue concebido justamente para eliminar todas las dificultades que presentaba el señalado en la norma anterior y para facilitar a su vez el cumplimiento de la carga del demandante de obtener la notificación oportuna de la demanda a fin de impedir la prescripción o la caducidad, debe considerarse como un término objetivo y por consiguiente fatal, pues basta con establecer dos extremos: la notificación al demandante y el transcurso de los 120 días hábiles previsto a la sazón en el artículo 90 —hoy de un año de conformidad con la Ley 794 de 2003—, pues vencidos estos “los mencionados efectos (o sea la inoperancia de la caducidad o la interrupción de la prescripción, en su caso) sólo se producirán con la notificación al demandado”, expresión, la subrayada, que evidentemente no da margen para establecer una posibilidad distinta a la de calificar ese término como determinante, sin más, y por supuesto refractario a cualquier alargamiento sin importar la causa que lo pueda explicar o justificar.

5. Ahora bien, como esta corporación, según se explicó atrás siguiendo las pautas trazadas en la sentencia de casación de 4 de julio de 2002, ha considerado viable la ecuación que se integra entre el término bienal a que alude el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y el de 120 días consagrado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, deviene como consecuencia lógica el que también deba calificarse de fatal el primero de los términos mencionados en cualquiera de las hipótesis que pueden darse:

a) Si la demanda de filiación se presenta dentro de los dos años siguientes a la defunción del presunto padre a fin de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la respectiva sentencia, pero estando próximo a vencer dicho término, así sea el último día, se cumple ese cometido desde su presentación, siempre y cuando se notifique al demandado el auto admisorio dentro de los 120 días contados como dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, vencidos los cuales únicamente se tendrá en cuenta la fecha de notificación al demandado, o sea después de vencido el referido bienio y sin ninguna posibilidad de alargamiento de este.

b) Si la demanda de filiación se presenta dentro de los dos años siguientes a la defunción del presunto padre a fin de impedir que obre la caducidad de los efectos patrimoniales de la respectiva sentencia, pero con suficiente anticipación que no importa que venza el término de 120 días para notificar al demandado consagrado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que resta aún parte del período bienal para conseguirla; resulta allí evidente que el demandante cuenta con una mayor oportunidad para lograr su aspiración de no dejar decaer aquellos efectos patrimoniales, por lo que no se abre paso la posibilidad de interferir el vencimiento de los dos años para prolongarlo con apoyo en omisiones de las partes o de los funcionarios y empleados judiciales que puedan haber conducido a la tardía notificación del demandado.

6. Corolario: si quien estando próximo a vencer el término de dos años previsto en la Ley 75 de 1968 presenta la demanda de filiación pretende hacer inoperante la caducidad de los efectos patrimoniales, debe obtener la notificación del demandado dentro de los 120 días de que trata el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, siendo este un término fatal de acuerdo con lo explicado, pues de lo contrario debe considerarse para esos efectos únicamente la fecha de notificación del demandado; con mayor razón debe sujetarse a esa consecuencia quien para lograr ese objetivo tiene a su disposición no únicamente 120 días, sino además todo el término que falta para completar el bienio; desde esa perspectiva, no resulta consistente considerar legal, externo y objetivo el término concebido en la norma procesal, pero subjetivo e interno, según las vicisitudes del proceso y la conducta de los sujetos procesales, el término consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

7. Bajo las precedentes premisas y situada la Corte en la especie de este proceso, se le halla razón a la parte impugnante en cuanto en el cargo segundo denuncia la violación directa del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por el hecho de que se le haya otorgado efectos patrimoniales a la sentencia de filiación en contra del demandado Edisson Yesid Charry no obstante que este fue notificado del auto admisorio de la demanda después de más de tres años de ocurrida la defunción del presunto padre, esto es, habiendo caducado los efectos patrimoniales, en consideración, según el tribunal, a que la notificación tardía obedeció a omisiones imputables a las autoridades judiciales que, de acuerdo con lo explicado, legalmente no pueden impedir el vencimiento del término de dos años de caducidad de los efectos patrimoniales, salvo el caso en que por aplicación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil se llegue a sobrepasar el mismo [hipótesis del literal a, del párrafo 5 anterior, que no es la que aquí se presenta], por lo que hay lugar a quebrar el fallo impugnado. Decisión de casar esta que, valga anotarlo, si bien se comparte por todos los integrantes de la Sala, sin embargo se halla precedida de distintas consideraciones sobre la aplicación de dicho término, tal como se consigna en los respectivos escritos de aclaración del voto.

Fallo sustitutivo:

1. Obra en el expediente que el presunto padre falleció el 12 de abril de 1993, que la demanda de filiación fue presentada el 18 de noviembre de 1993 y el auto admisorio de la misma le fue notificado al demandado Edisson Yesid Charry apenas el día 11 de junio de 1996, por conducto de curador ad litem; y que en consecuencia entre esta y aquella época transcurrieron más de tres años, por lo que los efectos patrimoniales derivados de la sentencia de filiación caducaron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, según lo explicado al despachar el cargo segundo.

2. Importa anotar además que para los efectos del presente fallo sustitutivo, el demandado Edisson Yesid Charry se considera un litisconsorte facultativo junto con su madre y hermana vinculadas al proceso, y no necesario como sostiene el censor. Sobre el particular dijo la Corte en sentencia de casación civil de 1º de agosto de 2003, expediente 7769, lo siguiente:

“Agrégase a lo dicho que en materia de efectos patrimoniales derivados de la declaración de la filiación extramatrimonial, que es la que concierne en la especie de este proceso, provocada por demanda presentada después de ocurrida la muerte del presunto padre, el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, consagra sin ambages el efecto relativo de la cosa juzgada de la sentencia respectiva, cuanto dispone que la sentencia que declara la paternidad no produce consecuencias económicas “sino en favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio”, y eso a condición de que la demanda haya sido notificada “dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

Lo anterior ha dado pie inclusive para estimar que no es necesario demandar a todos los herederos del difunto padre, en la medida en que así ellos vienen a conformar un litisconsorcio facultativo por pasiva, toda vez que resulta en esos términos admisible definir por separado y autónomamente la relación jurídica respecto de cada uno de los que son convocados al proceso, pues es el demandante mediante la integración del mismo quien expande o restringe los susodichos efectos patrimoniales desde el punto de vista subjetivo, según que la demanda cobije a todos los herederos, lo que debe de entenderse individualmente considerados, como que se exige su presencia para que se pueda deducir, según las circunstancias particulares, la caducidad de tales efectos patrimoniales; o según que él mismo limite la convocatoria contra uno o varios de tales herederos, caso en el cual sólo contra estos se produce la referida secuela pecuniaria.

En ese sentido, ha dicho la Corte de tiempo atrás, con referencia al proceso de filiación extramatrimonial que por estar ya muerto el presunto padre cuando se inicia el mismo contra los herederos, “el litisconsorcio pasivo así formado entre estos, no es necesario, (...), sino meramente facultativo o voluntario, pues nada impedía (ni impide) que la pretensión se hubiera deducido solamente contra uno o varios de ellos: la sentencia en tal caso sólo aprovecharía o perjudicaría a quienes fueron citados al juicio” (G.J. LXXVI, pág. 261; CXLII, pág. 52)”.

De allí que la caducidad de los efectos patrimoniales sólo favorece a dicho demandado y no a los litisconsortes facultativos que no están en la misma condición.

3. Por consiguiente, la Corte, en sede de instancia, ordenará a excluir al nombrado demandado de los efectos patrimoniales deducidos en su contra en la sentencia del tribunal, y a eso se restringe la consecuencia de la prosperidad de la impugnación, y en esa medida se harán los ajustes consiguientes; los demás ordenamientos del tribunal, intocados en casación, se mantendrán incólumes».

(Sentencia de casación, 31 de octubre de 2003. Expediente 7933. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «En relación con la norma que rigió durante el tiempo en que en este asunto se iniciaron y concluyeron las diligencias encaminadas a vincular a los demandados, me parece que con ese razonamiento se desconoce cómo en vigencia del citado Decreto 2282 era posible pensar que aun cuando por diversos factores, ajenos a la diligencia normal utilizada por el demandante, a aquellos no se alcanzaba a efectuar en tiempo tal vinculación, atendidas esas circunstancias externas al querer del interesado, la presentación del acto introductorio cumplía el fin fundamental de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad.

Independientemente de las circunstancias que, dentro del proceso permanente de evolución del derecho puedan llegar a presentarse con la puesta en vigencia del nuevo decreto que vino a reformar el que se deja citado —794 de 2003—, del que eventualmente podría ocuparse la jurisprudencia según las necesidades que en su momento surjan, lo cierto es que ello encontraba su razón de ser, y aún podría pensarse que actualmente el tema no sería del todo inusitado, en que debía tenerse presente que con la exigencia de la formulación tempestiva del libelo que contuviera consecuencias patrimoniales se pretendía, amén de la seguridad jurídica que generalmente debe presidir entre los asociados, que a los herederos del difunto y a su cónyuge no se le sometiera indefinidamente a acciones notoriamente retardadas, toda vez que con este proceder demorado se dificultaba enormemente la defensa de aquellos, pero sin perder tampoco de vista la evidente intención del legislador de proteger los derechos de los hijos extramatrimoniales que, aparte del reconocimiento de tales, buscaban que el fallo produjera los beneficios económicos que le eran consecuentes.

Evidentemente, bajo la cardinal apreciación de que el demandante presente con la antelación debida el libelo y que luego emplee en el desarrollo del proceso la debida diligencia en orden a noticiar a los demandados el auto admisorio de la demanda, en procura de determinar la oportunidad de que trata la Ley 75 de 1968 no se pueden soslayar otros factores que, por resultar completamente anormales a su actividad, entorpezcan o dificulten en gran medida tal comunicación como, verbi gratia, el comportamiento ladino de los causahabientes del de cujus, con conductas tales como la ocultación tendiente a obstruir el enteramiento de esa providencia, o la negligencia de los empleados encargados de efectuar los actos propios de notificación.

De ahí que, de llegar a establecerse que la parte actora acató a cabalidad los lineamientos que se dejan anotados, tanto en la formulación que a tiempo se efectúe del acto introductorio, puesto que a él le corresponderá calcular prudencialmente el lapso que normalmente puede utilizarse para la práctica de las respectivas actuaciones, así como que no hubo incuria posterior en su gestión, por cuanto de esta manera se pone a salvo de cualquier hecho irregular o extraordinario que impida la notificación, ha de pensarse que si esta diligencia se efectúa por fuera de los términos contemplados en la ley, aun así la sola presentación oportuna de la demanda produce el efecto de impedir la caducidad.

El colofón de todo es que por equidad y justicia no se han de excluir ciertos aspectos subjetivos; el cómputo objetivo del término, por tanto, no deja de ser áspero en determinadas circunstancias, como seguramente hubo de reconocerlo el legislador de 2003 cuando decidió ampliar dicho lapso. Antes de la reforma, no se sabe cuántos fueron maltratados en sus derechos con el proclamado conteo del término, sin atender factor distinto al tiempo transcurrido.

En el asunto del que aclaro el voto, no obstante que el demandante presentó con la anticipación debida la demanda, toda vez que fallecido Cristino Yesid Charry Castillo el 12 de abril de 1993 lo hizo el 18 de noviembre del mismo año, lo cierto es que después, durante la etapa subsiguiente del proceso, no asumió el mismo cuidado, para lo cual basta anotar, entre otros antecedentes, que la tardanza en lograr la puntual notificación también obedeció a su incuria, como se observa a folios 165 y siguientes del cuaderno 1, pues de conformidad con las constancias respectivas el interesado no atendió con esmero la actuación que era de su incumbencia, como que no suministró a tiempo las expensas respectivas para lograr la efectiva vinculación del demandado Edisson Yesid Charry Rodríguez.

Bajo estas apreciaciones, esto es, atendida la culpa de la que tampoco fue ajeno el demandante, comparto la decisión».

César Julio Valencia Copete 

* * *

Adhiero a esta aclaración de voto.

Manuel Isidro Ardila Velásquez. 

ACLARACIÓN DE VOTO

Con profundo respeto hacia los restantes integrantes de la Sala, me permito exponer las razones que me han llevado a aclarar mi voto en el presente juicio de filiación:

1. El suscrito firmó la sentencia dictada por esta Sala el 4 de julio de 2002 (Exp. 6364), en la que se consideró que sí era posible conjugar el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y el 10 de la Ley 75 de 1968, para efectos de determinar la caducidad de los efectos patrimoniales que eventualmente puedan presentarse en procesos de filiación.

En la mencionada providencia, precisando los alcances del artículo 90 del estatuto procesal civil, la Corte estableció que los 120 días —término hoy modificado por la Ley 794 de 2003— eran días hábiles y corrían sin que fuere posible su interrupción, salvo cuando el expediente se encontrara al despacho con el fin de resolver peticiones del actor relacionadas con la notificación personal o con el emplazamiento y el nombramiento del curador ad litem del demandado, eventos en los cuales debía hacerse el descuento correspondiente al computar el respectivo término.

2. En la parte motiva de la presente sentencia se ha expresado que los términos previstos en los artículos 10 de la Ley 75 de 1968 y 90 del Código de Procedimiento Civil “son objetivos, y por consiguiente, su vencimiento resulta fatal”, no siendo “admisible hacer consideraciones de orden subjetivo para obstruir esa fatal consecuencia” y que el término previsto en el Código de Procedimiento Civil es “refractario a cualquier alargamiento sin importar la causa que lo pueda explicar o justificar”.

3. Aunque en el presente asunto, es patente que la notificación al demandado Edisson Yesid Charry se realizó más de tres años después de la presentación de la demanda, motivo por el cual estoy de acuerdo con la decisión de fondo adoptada por la Corte, estimo que los alcances del precitado artículo 90, fijados en el fallo dictado el 4 de julio de 2002 deben seguir teniéndose en cuenta para la contabilización del plazo allí previsto.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 

ACLARACIÓN DE VOTO

En sentencia del 4 de julio de 2002, señaló esta Sala que mientras el expediente estuviese al despacho con miras a resolver las peticiones del actor relacionadas con la notificación personal del demandado o su emplazamiento, no corría el término de 120 días contemplado en el entonces vigente artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, criterio este en cuyas bondades aún persisto, muy a pesar de algunas de las afirmaciones que el fallo contiene, sólo que para el caso es irrelevante, habida cuenta que aún a pesar de tenerlo en consideración en el asunto de esta especie, de todos modos se configura la caducidad de que aquí se reconoce.

Comedidamente,

Jorge Antonio Castillo Rugeles. 

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