Sentencia 7942 de abril 7 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Ref.: Expediente 0162 (7942).

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: José Alonso Escandón Bravo.

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Sala.

La Resolución 5704 de 18 de octubre de 2000 dispuso el decomiso del vehículo automotor clase camioneta, marca Chevrolet Blazer, placa ARN 394, que había sido aprehendido cuando se hallaba en poder del señor Roberto Serna Mosquera y se abstuvo de exonerar de responsabilidad, entre otros, al actor porque, según allí se indica la responsabilidad por la importación del mismo cobija a todos los que lo tuvieron en posesión, bien sea como importadores, propietarios o intermediarios, a la luz de los artículos 3º y 4º del Decreto 1909 de 1992.

En consecuencia, ordenó compulsar copias de dicha resolución para efectos de la acción administrativa sancionatoria a que hubiere lugar (fls. 10 y 11, cdno. ppal.).

El actor interpuso recurso de reconsideración alegando la buena fe en la adquisición del vehículo, el cual fue resuelto a través de la Resolución 6297 de 21 de diciembre de 2000 y del contenido de su parte motiva no se infiere, como lo considera la agencia del Ministerio Público, que al haber dispuesto la DIAN el archivo de las diligencias, hubiera prescindido de vincular al actor a la actuación.

De las motivaciones del acto acusado claramente se advierte que se le está desechando al demandante el argumento de la buena fe que invocó en apoyo de su solicitud de ser desvinculado de la actuación administrativa pues, a juicio de la entidad, a ella le corresponde verificar la legal introducción de la mercancía extranjera al territorio nacional y no solamente quedarse en los principios de la buena fe, pues el decomiso es una medida administrativa que resulta de comprobar —previo trámite administrativo— que su importación se produjo en contravención a las disposiciones del régimen aduanero; y, que, conforme a lo expresado por el Consejo de Estado en sentencia de 10 de septiembre de 1998, el cumplimiento de las obligaciones aduaneras puede reclamarse del importador, del propietario, del tenedor o de quien se haya beneficiado de la misma, pues una interpretación diferente conduciría al absurdo de afirmar que basta con traspasar las mercancías a un tercero de buena fe para que quedaran legalizadas (fls. 21 y 22).

De otra parte, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la Resolución 6297 se dispuso que en firme la misma se remitiera copia al servicio de comercio exterior o servicio de aduanas; a control de cambios o fiscalización aduanera; a comercialización y al depósito en el que se encuentra la mercancía. Luego, la orden de enviar el expediente para su archivo a la división de documentación o de recursos físicos no significa que se haya desvinculado al actor de la actuación administrativa, sino que es consecuencia lógica de que dicha actuación terminó porque contra la misma no procede ningún recurso en la vía gubernativa (fls. 23 y 24).

De tal manera que corresponde a la Sala dilucidar la controversia, la cual gira en torno de establecer si en aplicación del principio de la buena fe debe el actor ser exonerado de responsabilidad y restituido en la posesión de la mercancía que le fue decomisada.

Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:

De conformidad con el artículo 2º del Decreto 1909 de 1992 la obligación aduanera nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional y comprende: la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de conservar los documentos que soportan la operación, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes.

En este caso está plenamente demostrado que el vehículo en cuestión ingresó al país ilegalmente, hecho este que no es discutido por el demandante. Luego, respecto de dicho vehículo no se cumplió con las obligaciones aduaneras de presentar la declaración de importación y de pagar los tributos aduaneros. Por esta razón la entidad demandada en los actos acusados dispuso su decomiso con fundamento entre otras disposiciones, en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, el cual prevé: “... Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación...” (fl. 8).

El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones aduaneras da lugar a que la administración pueda declarar el abandono de la mercancía o proceder a su aprehensión o decomiso, según lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 1909 de 1992.

Ahora el artículo 3º del Decreto 1909 de 1992, claramente prevé:

“Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario, y el declarante...”

Significa lo precedente que no solo al importador sino al propietario o al tenedor de la mercancía y a quien se haya beneficiado de la operación aduanera, por ser sujetos responsables de las obligaciones aduaneras, se les puede reclamar su cumplimiento.

El Decreto 1800 de 1994 “por medio del cual se unifican procedimientos en materia aduanera y se dictan otras disposiciones” en el artículo 1º, señala el procedimiento para definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas y prevé al efecto que la división de fiscalización puede formular pliego de cargos al declarante, al tenedor, a quien tenga derecho sobre la mercancía y/o a la empresa transportadora, según el caso.

Y aun en el supuesto de que no sea posible aprehender la mercancía, es responsable quien se haya beneficiado de la operación, o tuvo derecho de disposición sobre la mercancía o quien de alguna manera intervino en la operación, según las voces del artículo 12, ibídem.

De todo lo precedente concluye la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, pues el actor se benefició de la operación aduanera en la medida en que tuvo derecho de disposición sobre el vehículo como propietario que fue del mismo y el hecho de que hubiera obrado de buena fe no hace desaparecer la conducta que dio lugar al decomiso. Así también lo sostuvo esta corporación en la sentencia de 10 de septiembre de 1998 (Exp. 4921, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), citada como sustento de la Resolución 6297 de 21 de diciembre de 2000, en que al efecto precisó que “Una interpretación diferente conduciría al absurdo de afirmar que basta que quien introduzca al país mercancías extranjeras, que no han sido declaradas y sobre ellas no se han cancelado los tributos aduaneros, se deshaga de las mismas traspasándolas a un tercero, ese sí de buena fe, para que ipso facto queden legalizadas, porque a este no se le puede reclamar cumplimiento de obligación alguna. No, ese no es ni puede ser el criterio que orienta a la legislación aduanera, en cuya efectividad de sus normas descansa, en buena parte, la economía del país”.

Por lo demás, cabe resaltar que si al demandante se le causó algún perjuicio bien pudo instaurar acción contra las autoridades que, en su criterio, lo indujeron a error cuando investigó sobre la legal procedencia del vehículo.

Así pues, debe la Sala denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2005».

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