Sentencia 795 de agosto 14 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CREACIÓN DE MUNICIPIOS

NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA

Consejero Ponente:

Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez

Ref.: Exp. 795

Actor: Municipio del Líbano

Santa Fe de Bogotá, D. C., catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno.

Procede la Sección Primera de la Corporación a resolver sobre los escritos presentados el 15 y el 30 de julio de 1991 por el apoderado del municipio de Murillo, departamento del Tolima (fls. 178 y 184), en los cuales se solicita a esta Corporación se dé por terminado el proceso de la referencia, en razón de haberse producido el fenómeno jurídico denominado “purga de legalidad”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transitorio No 40 de la actual Constitución Política de la República de Colombia.

Antecedentes

El municipio del Líbano, a través de su alcalde, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada con el artículo 84 del C.C.A., demandó ante el Tribunal Administrativo del Tolima la declaratoria de nulidad de la Ordenanza No 83 de 5 de diciembre de 1985, mediante la cual fue creado el municipio de Murillo, e igualmente el concepto favorable a su creación, emitido por el Departamento Nacional de Planeación (fls. 53 a 61, cdno. No 1).

El Tribunal de primera instancia, mediante sentencia de 7 de octubre de 1987, entre otros aspectos, denegó las pretensiones de la demanda (fls. 245 a 252, cdno. No 1).

Apelada como fue la decisión del Tribunal, esta Corporación en sentencia de 12 de diciembre de 1988, declaró la nulidad de la Ordenanza demandada (fls. 74 a 79, cdno. No 2).

Dentro del término de notificación de la sentencia de segunda instancia, se hicieron presentes en el proceso el municipio de Murillo y los ciudadanos Marcel Tangarife Torres y Alvaro González Romero, quienes solicitaron la nulidad de todo lo actuado, la aclaración de la sentencia e interpusieron recurso extraordinario de súplica, respectivamente (fls. 114 a 118, 121 a 123 y 124 a 132, cdno. No 2).

Mediante providencia de 28 de julio de 1989 se rechazó la aclaración de la sentencia y se ordenó tramitar el incidente de nulidad formulado (fls. 154 a 156, cdno. No 2).

Por auto de 13 de septiembre de 1990 se rechazó, por improcedente, el incidente de nulidad propuesto y se resolvió que en firme tal decisión se dispondría lo pertinente sobre la solicitud del recurso extraordinario de súplica interpuesto, decisión ésta que recurrida como fue, se confirmó mediante providencia de 18 de julio de 1991 (fls. 179 a 183, cdno. No 2).

Consideraciones de la Sala

Para la fecha en que se profirió la sentenciaa de segunda instancia, doce de diciembre de 1988, era indiscutible la vigencia de la Ley 14 de 1969 y, en virtud de haberse constatado la violación de sus artículos 1º, ordinal 4º y 6º, se declaró la nulidad de la ordenanza demandada.

También resulta cierto que tanto la sentencia de primera instancia, como la proferida por esta Corporación no se encuentran ejecutoriadas y, por ende, no han quedado consolidados sus efectos.

Precisados los aspectos anteriores, se procede a resolver sobre la viabilidad de las solicitudes formuladas por el apoderado del municipio de Murillo así:

Señala el artículo transitorio No 40 de la Constitución Política:

“Son válidas las creaciones de municipios hechas por las asambleas departamentales antes del 31 de diciembre de 1990”.

De la norma transcrita fluye la consecuencia de que el constituyente, “en ejercicio de su poder soberanó'', como lo señala el preámbulo de la Constitución, le imprimió sello de validez a todos los actos mediante los cuales se crearon municipios con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, independientemente de que ellos hubieran sido creados o no de conformidad con los requisitos exigidos por las normas jurídicas vigentes en ese momento de su creación y de que los actos de creación hubieran sido o no objeto de acciones por la vía contencioso administrativa; obviamente, siempre y cuando en el primer evento la posible decisión anulatoria no se haya ejecutoriado, pues en tal caso el acto de creación habrá desaparecido de la vida jurídica, debido a los efectos de la cosa juzgada.

La Sala estima que en el presente caso no cabe predicarse de manera irrestricta la ocurrencia del fenómeno jurídico denominado “purga de ilegalidad” (y no “de legalidad”, como lo expresa el peticionario). Tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación a partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 29 de mayo de 1933, según la cual se considera no viciado de nulidad un acto administrativo que fue ilegal en el momento de su nacimiento, si la norma señalada como quebrantada ha desaparecido de la vida jurídica en el momento de proferirse el fallo por el juez administrativo, por derogatoria, subrogación, o por haber sido declarada inexequible o nula, o porque haya recibido sustento legal con posterioridad a su expedición.

En efecto, como quedó visto, la ordenanza demandada fue declarada nula por esta Corporación, por considerarse violatoria de los artículos 1º, ordinal 4º y 6º de la Ley 14 de 1969 y la norma de rango constitucional que se impone aplicar no ha hecho desaparecer aquella ley de la vida jurídica, sino que el constituyente primario ha saneado, por vía general y abstracta, los vicios en que hubieren podido incurrir los actos de creación de municipios anteriores al 31 de diciembre de 1990, entre los cuales se encuentra el de creación del municipio de Murillo, por estimar, muy seguramente, conveniente su existencia.

Es decir, frente al caso controvertido no procede afirmarse que el acto demandado no haya quebrantado la ley, pues es indiscutible la existencia del fallo que así lo declara, sino que, en primer término, las violaciones en que se incurrió por parte del mismo fueron subsanadas con posterioridad a la sentencia en virtud de la tan citada norma constitucional y, en segundo lugar, por efecto de tal validación la justicia administrativa ha perdido jurisdicción sobre el acto objeto del proceso y, por consiguiente, ha de predicarse la imposibilidad de continuar con su trámite.

En este mismo orden de ideas se tiene que al haber perdido jurisdicción esta Corporación para seguir conociendo del proceso deberá decretar su terminación y declararse inhibida para pronunciarse sobre el recurso extraordinario de súplica interpuesto.

En razón de las anteriores consideraciones, la Sección Primera del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Dar por terminado el proceso de la referencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, declárase inhibido para conceder el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia de 12 de diciembre de 1988.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno.

Libardo Rodríguez Rodríguez, Presidente—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Miguel González Rodríguez—Yesid Rojas Serrano.

Víctor M. Villaquirán, Secretario.

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