Sentencia 79535 de julio 17 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Ref.: Expediente 79535

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil uno.

EXTRACTOS: «“Para resolver, SE CONSIDERA:

1. La regla general que guía el tema del efecto de recurso de casación, tiene que ver con que la interposición del mismo no impide el cumplimiento de la sentencia impugnada a excepción de los específicos eventos que prevé el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los cuales, valga anotarlo desde el inicio, no se encuentra el asunto que en este caso se puso a consideración de la Sala.

En esas condiciones, para dar vía libre a dicho postulado, la ley ha previsto que “en el auto en el que se conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que expidan las copias que el tribunal determine” (CPC, art. 371, inc. 3º), lo que significa que es el tribunal, en primer lugar, el encargado de advertir sobre dicha carga procesal.

Ocurre, empero, que puede el tribunal inadvertir esa circunstancia, hipótesis en la que será entonces el recurrente el que solicitará la expedición de las referidas copias, si “las considera necesarias” (inc. 4º de la norma citada).

De otro lado, para evitar que se de cumplimiento a la sentencia, el recurrente puede ofrecer caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, en cuyo caso se sigue el procedimiento previsto en el inciso 5º de la norma antes citada.

2. Son dos, pues, las situaciones que se pueden generar frente a una sentencia recurrida en casación susceptible de ser cumplida; la primera, la de expedir las copias necesarias para su cumplimiento, y la segunda la de ofrecer caución para obtener que sus efectos se suspendan. Para el primer caso, es el tribunal el que debe advertir sobre dicha carga, pero si él omite hacerlo, es el recurrente el que debe reparar dicha desatención.

Sobre lo último dice el ahora recurrente en reposición que ello sólo ocurre cuando el impugnante en casación “lo considera necesario” y hace ver dicha función como meramente potestativa, de tal forma que sería entonces dicho impugnante el que dispondría a su antojo el cumplimiento del precepto legal que impone la ejecución provisional de la sentencia impugnada, lo cual es abiertamente equivocado porque la única actividad facultativa en su favor, se refiere a la posibilidad que tiene de solicitar las copias para el cumplimiento de la sentencia o asegurar con caución la suspensión de ésta. De suerte que cuando la ley se refiere a la discrecionalidad del impugnante en casación para solicitar la expedición de copias, lo está haciendo con vista en la facultad que tiene para prestar la caución, pero si no hace ni lo uno ni lo otro, necesariamente debe soportar la sanción prevista en la ley en cuanto a la deserción del recurso.

3. El punto en cuestión lo ha definido de tiempo atrás esta corporación y por eso, con insistencia, ha dicho que “...si el tribunal omite tal orden al recurrente, éste no puede ampararse en ese silencio para sustraerse de la carga procesal de suministrar las copias para el cumplimiento del fallo atacado, pues, ello sería tanto como autorizar que en esa hipótesis el efecto de la concesión del recurso de casación se tornara en suspensivo...” (Auto de febrero 20/98, entre otros).

Bastan, pues, las anteriores consideraciones para que la Corte mantenga el auto recurrido y, por lo tanto, se dispondrá no reponerlo.

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