Sentencia de homologación 7964 de diciembre 4 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

REGÍMENES CONVENCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL

ARMONIZACIÓN CON LA LEY 100

EXTRACTOS: «Para decidir este punto resulta indispensable efectuar algunas consideraciones a propósito del sistema de seguridad social integral creado por la Ley 100 de 1993.

Con arreglo al artículo 48 de la Constitución Nacional, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En desarrollo de este texto fundamental, el sistema de seguridad social integral, concebido por la Ley 100 de 1993, se propone como objetivo el de garantizar a todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social y, consiguientemente, una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección necesaria ante las contingencias que estos sufran.

Para conseguir este propósito se enuncia como indispensable y obligatoria la adopción de mecanismos de solidaridad que comprometan a los integrantes de la comunidad, que puedan hacerlo, a contribuir a fin de que los sectores sin la capacidad económica suficiente accedan al sistema y a sus prestaciones en términos integrales.

Consecuentemente con esta finalidad, el sistema general de pensiones se formula como aplicable obligatoriamente a todos los habitantes del territorio nacional (Ley 100 de 1993, art. 11), salvo situaciones excepcionales (ibídem, art. 279). Pues si el régimen fuera meramente voluntario se haría ilusoria la solidaridad indispensable para conseguir el objetivo propuesto. En otros términos, a propósito de empleadores y trabajadores, todos, salvo las excepciones de ley, se hallan sujetos y comprometidos con el sistema, de manera que los últimos no sólo carecen de la facultad de renunciar a las prestaciones y derechos propios que el mismo otorga, sino que tampoco tienen la posibilidad jurídica de evadir o eludir los aportes y contribuciones pertinentes, aun en el evento de que en virtud de la negociación colectiva o individual obtuvieran mejores protecciones.

En otros términos, los derechos y garantías que les concede la Ley 100 a los trabajadores configuran un mínimo legal pero con características un poco diversas de las del principio enunciado por el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto no es posible la autoexclusión del régimen legal con el pretexto de haber obtenido uno convencional de mejor calidad, cosa que es usualmente válida en materia laboral en desarrollo del principio de favorabilidad de aplicación normativa, ya que no se trata sólo de proteger a los trabajadores, sino de la obligación ciudadana de éstos y de los empleadores de contribuir para que los sectores no laborales de la población se puedan beneficiar con la seguridad social integral.

Desde luego, dentro de este contexto, mal puede entenderse abolida la posibilidad de los trabajadores de mejoramiento de su situación jurídica mediante la negociación colectiva o individual, con relación a los temas regulados por la Ley 100 de 1993 y las normas reglamentarias; lo que ocurre es que cualquier derecho, garantía o prerrogativa que se convenga sólo es admisible en tanto resulte paralelo o complementario de los de la ley, pero de ninguna manera, si pretenden en alguna medida ser derogatorios de ésta.

Por consiguiente, si por cualquier motivo los empleadores tienen a su cargo regímenes convencionales que cubran en forma total o parcial los mismos riesgos que asume el sistema de seguridad social, con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para estos empresarios y sus trabajadores, la necesidad imperiosa de adaptar los respectivos convenios al sistema obligatorio, y se explica, entonces, la disposición del artículo 11 de la ley y la del artículo 48 del Reglamentario 692 de 1994, textos que recuerdan la facultad, que tienen las partes interesadas, de denunciar los convenios colectivos y someter el punto al arbitramento, incluso por iniciativa de una sola de ellas.

Ahora bien, importa aclarar que ni la Ley 100 de 1993 ni sus reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que reconocen que la introducción de un sistema obligatorio e ineluctable puede afectar, en sentido jurídico o por sus repercusiones económicas, las estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron concebidas sin considerar las obligaciones y prestaciones que impuso el sistema de seguridad social integral.

En el asunto examinado estima la Sala que si bien es claro que Sintraisa aceptó someter el tema pensional al arbitramento, también resulta patente que no lo hizo para excluir a algunos de sus afiliados (concretamente los vinculados a partir del 23 de diciembre de 1993) del derecho jubilatorio anticipado de la convención colectiva, sino que corresponde entender que admitió la posibilidad de armonizar dicha prestación extralegal con el régimen sobreviniente de seguridad social. Por su parte, Interconexión Eléctrica, no esgrimió razones de tipo económico relativas a la dificultad o imposibilidad de cubrir la pensión, sino que su denuncia tuvo como fundamento la necesidad de sujetarse al sistema de seguridad social. Dentro de este orden de ideas, para la Sala aparece claro, respecto del parágrafo tercero en cuestión, que al adoptarlo el Tribunal exageró los propósitos de la Ley 100 y sus reglamentarios, en tanto lo que éstos en principio sugieren es una armonización del régimen convencional respecto del legal y no necesariamente una eliminación de aquél para los operarios enganchados luego de la vigencia de éste, como parecieron entenderlo los arbitradores al excluir del beneficio ex-tralegal a los trabajadores sindicalizados vinculados a ISA a partir del 23 de diciembre de 1993.

Esta exclusión, por tanto, se revela excesiva en relación con el tema del arbitraje y se impone su anulación no sólo por este aspecto sino también porque:

Pierde de vista que la vigencia del sistema general de pensiones comenzó el 1º de abril de 1994, de manera que se daría un interregno normativo pensional para los empleados afectados.

No toma en consideración que la vigencia de la convención colectiva denunciada se extendía hasta el 30 de abril de 1994, de manera que, conforme lo anota el recurrente, el tribunal desbordó su competencia al decidir a partir del 23 de diciembre de 1993.

Olvida, por último, que el artículo 53 de la Constitución Nacional en su inciso final dispone “...La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores...”.

En efecto, esta disposición constitucional consagra un principio clásico del derecho laboral, valga decir el que se ha denominado de la condición más beneficiosa, cuyo sentido es el de preservar, más que los derechos adquiridos, el régimen favorable a los trabajadores contenido en las diversas fuentes jurídicas formales, frente a a la reforma de dicho régimen. Este principio no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido, la supervivencia de la empresa o de los empleos que ella ofrece, lo inequitativas y exorbitantes de las prestaciones en juego, la imprevisión y el ostensible cambio de las circunstancias en las cuales han de cumplirse las obligaciones laborales. Pues bien, en el presente caso no se esgrimieron razones plausibles para excluir a los trabajadores vinculados a partir del 23 de diciembre de 1993 a ISA, del régimen pensional de que disfrutan los demás operarios, fuera de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pero ya se vio que ésta no impuso a partir de su vigencia la derogatoria de los sistemas convencionales sino que, sin negar la autonomía negocial, busca que éstos se adapten».

(Sentencia de homologación, diciembre 4 de 1995. Radicación 7964. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez)

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