Sentencia 7969 de julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

VINCULACIÓN DE SUPERNUMERARIOS

DERECHO A PRESTACIONES SOCIALES

EXTRACTOS: «De acuerdo a las pruebas allegadas se puede establecer que el doctor José Javier Agudelo Atehortúa prestó sus servicios así:

— Del 30 de septiembre de 1986 al 2 de noviembre de 1986, ejerció el cargo de médico, especialista en ginecobstetricia, clase I, grado 34, dedicación parcial cuatro (4) horas, en la UPI-01 Clínica León XIII, para el cual fue nombrado provisionalmente mediante Resolución 2474 del 22 de septiembre de 1986, proferida por el gerente seccional de los Seguros Sociales de Antioquia (fls. 42 a 47).

— El día 3 de noviembre de 1986 fue lunes festivo.

— Del 4 de noviembre de 1986 al 27 de noviembre de 1986, ejerció el cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase IV, grado 40, en la UPI-01 Clínica León XIII, como supernumerario, con jornada de ocho (8) horas diarias, para el cual fue nombrado mediante Resolución 2034 (fls. 42, 51 a 53).

— Del 28 de noviembre de 1986 al 27 de marzo de 1987, ejerció provisionalmente el cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase IV, grado 40, UPI-01, Clínica León XIII, dedicación completa ocho (8) horas, para el cual fue nombrado mediante la Resolución 3061 (fls. 42 y 54 a 61).

— Los días 28 y 29 de marzo de 1987 fueron sábado y domingo.

— Del 31 de marzo de 1987 al 30 de julio de 1987, desempeñó el empleo de médico especialista en ginecobstetricia, clase IV, grado 40, dedicación completa ocho (8) horas, UPI-01 Clínica León XIII, para el cual fue nombrado mediante la Resolución 0725 (fls. 42 y 62 a 68).

— Del 18 de agosto de 1987 al 16 de septiembre de 1987, ocupó como supernumerario el cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase III, grado 38, en la UPI-01, Clínica León XIII, con una jornada de ocho (8) horas diarias, para el cual fue nombrado mediante la Resolución 2411 (fls. 42, 69 y 70).

— Del 17 de septiembre al 16 de octubre de 1987, como supernumerario desempeñó el cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase III, grado 38, en la UPI-01, Clínica León XIII, con una jornada de ocho (8) horas diarias, para el cual fue nombrado mediante Resolución 2684 (fls. 42, 71 y 72).

— Del 17 de octubre al 16 de noviembre de 1987, en condición de supernumerario desempeñó el cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase III, grado 38, en la UPI-01, Clínica León XIII, con una jornada de ocho (8) horas diarias, para el cual fue nombrado mediante la Resolución 2873 (fls. 42, 73 y 74).

— Del 23 de noviembre de 1987 al 21 de enero de 1988, como supernumerario ejerció el cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase III, grado 38, en la UPI-01, León XIII, con una jornada de ocho (8) horas diarias (fls. 42, 75 y 76).

Por último, conforme se anotó inicialmente en las consideraciones de este proveído está acreditado que el actor se desempeñó como funcionario de hecho, ejerciendo el cargo de médico especialista en ginecobstetricia del 31 de julio al 17 de agosto de 1987 y del 17 al 22 de noviembre de 1987.

Así pues, todo este recuento histórico conlleva a dar por sentado que durante el lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 1986 y el 21 de enero de 1988, el demandante siempre estuvo vinculado en un cargo asistencial, directamente relacionado con la prestación de los servicios propios de atención integral de la salud (D. 1651/77, art. 2º), en específico, como médico especialista en ginecobstetricia, en la UPI-01, Clínica León XIII, del Instituto de Seguros Sociales, seccional Antioquia, funciones que desempeñó en forma habitual y permanente. Simplemente se presentaron algunas variantes en cuanto a la jornada laboral (que en principio fue de cuatro horas); con referencia a la clase y grado del cargo y con respecto al tipo de nombramiento efectuado.

Ahora bien, el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, preceptúa:

De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.

También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.

En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial del gobierno cuando se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores.

La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de remuneración establecidas en el presente decreto, según las funciones que deban desarrollarse.

Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa, en la cual deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la asignación que vaya a pagarse”.

De conformidad con las nítidas voces de la norma pretranscrita la vinculación de los auxiliares de la administración, como son los supernumerarios, únicamente procede en tres casos:

a) Para proveer vacancias temporales en caso de licencias;

b) Para surtir vacancias temporales en caso de vacaciones, y,

c) Para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.

En cuanto al término de vinculación la norma nos enseña que no puede sobrepasar de tres (3) meses, salvo cuando el gobierno autorice un término mayor y finalmente, con referencia a las prestaciones sociales el precepto indica que solamente proceden cuando la vinculación exceda del lapso señalado, aspecto que, conforme lo enseña el doctor Diego Younes Moreno en su obra Derecho Administrativo Laboral es inequitativo “... puesto que las prestaciones sociales han de ser también consecuencia del trabajo en forma independiente de la mayor o menor duración de la vinculación” (Obra citada, Editorial Temis, Séptima Edición, página 30).

Si se analiza la situación del actor frente al precepto traído a colación se concluye que la actividad que aquél desempeñó durante el período al que se ha hecho referencia de ninguna manera puede catalogarse como transitoria, habida cuenta que como se vio, en forma continua, sin que existiera solución de continuidad en la prestación de sus servicios, se desempeñó como médico ginecobstetra, función propia de la atención integral de la salud, inherente a la naturaleza, organización y estructura de la entidad demandada.

De otra parte, si bien es cierto los actos administrativos por virtud de los cuales se le hacen los diferentes nombramientos como supernumerario al actor no sobrepasan individualmente considerados el término de tres (3) meses y se encuentran fundamentados en que se presentan vacantes temporales por comisiones de servicio o vacaciones que se han concedido a sus respectivos titulares, también lo es que mediante las resoluciones 2684 (fl. 71 ) 2873 (fl. 73) y 3224 (fl. 75), se le nombró exactamente para desempeñar el mismo cargo de médico especialista en ginecobstetricia, clase II, grado 38, en la UPI-01 de la Clínica León XIII, en condición de supernumerario, por encontrarse en comisión de servicios el doctor Guillermo Orozco Vásquez. Luego si desempeñó el mismo cargo por espacio superior a los tres meses, resulta inequitativo, injusto y violatoria del derecho al trabajo, protegido tanto en la Constitución anterior (vigente para la fecha en que se configuró el acto presunto demandado) como en la actual, y a los principios mínimos laborales contemplados, entre otros, en el artículo 53 de la última Carta, tales como la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la estabilidad en el empleo, que no se le reconozcan las prestaciones sociales a que tiene derecho, so pretexto de que cada nombramiento individualmente considerado no sobrepasó el término atrás mentado.

La Corte Constitucional, en pronunciamiento del 19 de marzo del año en curso, recaído dentro del expediente D-1430, actor Norberto Ríos Navarro y otros, en el que actuó como ponente el doctor Hernando Herrera Vergara, sostuvo:

“No es cierto, entonces, como lo indican los accionantes que cada vez que una entidad presente una insuficiencia de personal en su planta, pueda acudirse como remedio expedito de la misma al contrato de prestación de servicios a fin de solventar la crisis que se pueda generar; la contratación de personas naturales por prestación de servicios independientes, únicamente, opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden. Desde luego que si se demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón a la función desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, al derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, para lo cual el trabajador puede ejercer la acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata de un trabajador oficial o ante la jurisdicción contencioso administrativa, con respecto al empleado público (...).

Al respecto esta corporación considera pertinente señalar que los principios mínimos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 53 constitucional son de carácter general y aplicables a todas las modalidades de la relación laboral (...).

Preferentemente, el principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia en el asunto sub lite, en los casos en que se haya optado por los contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de manera que, configurada esa relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación que haya adoptado el vínculo que la encuadra, desde el punto de vista formal, con lo cual “agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado mismo”.

Cabe reiterar que de conformidad con el artículo 25 de la Carta Política, el trabajo constituye un derecho que goza “... en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”

De ahí que, haya sido clara la jurisprudencia de la corporación en señalar que “La administración no está legalmente autorizada para celebrar un contrato de prestación de servicios que en su formación o en su ejecución exhiba las notas de un contrato de trabajo” y en caso que se presente un abuso de las formas jurídicas, “en gracia del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, se llegue a desestimar un aparente contrato de prestación de servicios que en su sustancia material equivalga a un contrato de y trabajo, en cuyo caso la contraprestación y demás derechos de la persona se regirán por las normas laborales más favorables””.

Y aun cuando aquí no se está frente a contratos de prestaciones de servicios, sino frente a nombramientos provisionales y como supernumerario, las directrices jurisprudenciales y los razonamientos expuestos en el fallo pretranscritos son igualmente aplicables al caso controvertido en el sentido de que la administración no se puede amparar en este tipo de vinculaciones para evitarse el pago de prestaciones sociales que legalmente le corresponde asumir, pues lo que realmente importa es el predominio y la preponderancia de la verdad, autenticidad y la certeza sobre las exigencias y procedimientos instituidos por aquélla al vincular a sus servidores públicos».

(Sentencia de julio 10 de 1997, Expediente 7969. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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