SENTENCIA 7973 DE ABRIL 18 DE 1994

 

Sentencia 7973 de abril 18 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD MÉDICA

EL JUEZ NO FALLA CONTROVERSIAS CIENTÍFICAS

EXTRACTOS: «a) La sentencia impugnada será revocada, pues el ad quem no hace suya la valoración jurídica, fáctica y probatoria que hizo el Tribunal, por no encontrarla ajustada ni a la ley ni al derecho.

El sentenciador de instancia llegó a la conclusión de que en el caso sub examine se dio la falla del servicio porque “...Hubo negligencia, consistente en injustificada demora en practicar la cesárea, que se sabía era indispensable, en procura de obtener una criatura...”. Ocurre, sin embargo, que para el ad quem esta conclusión no tiene respaldo probatorio alguno, como pasa a demostrarse.

A la luz del anterior acervo probatorio resulta imposible para la Sala aceptar que, en el caso sub examine, hubo negligencia en practicar la cesárea a la señora María Dancy Vélez de Acevedo, pues como lo afirma el Dr. Carlos Augusto Durango Medina, cuando se presenta desprendimiento prematuro de la placenta, la intervención puede llevarse a cabo en un término de cuatro a seis horas, contados a partir del momento en que se registra la novedad. Este período no fue superado en el caso que se estudia, pues entre el momento en que se hizo la valoración médica (1:10 p.m.) y el momento de la operación (1:45 p.m.) sólo transcurrieron treinta y cinco minutos. El Dr. José Hebert Aristizábal Bustamante relata muy bien el estado de salud de la paciente, en distintos momentos del tiempo físico, que avalan la anterior conclusión. El afirma que a las 12:30 del día los signos vitales fetales y maternos estaban conservados, sospechándose una “abruptio de la placenta”. Se programa entonces la cirugía para la 1:10 p.m. y ella empieza a la 1:45 p.m., pues era necesario dar unos pasos de preparación de la enferma (instaurar la anestesia). En apoyo de esta última perspectiva médica viene el testimonio técnico del Dr. Jaime López Marín, quien con apoyo en la historia clínica destaca que, ordenada la cirugía, se imponía “...iniciar el manejo médico, es decir, compensarla, estabilizar sus signos vitales y mejorar sus condiciones generales para ser llevada al quirófano...”, actividad que “no se puede cuantificar en tiempo exacto pues todo depende del estado de la paciente...”. Así las cosas, ¿cómo concluir, con fuerza de convicción, que la intervención quirúrgica se dilató en el tiempo físico más de lo razonable? La Sala valora, en todo su universo, lo depuesto por el Dr. Jaime López Marín en el sentido de que no se debe llevar una paciente a cirugía “sin antes mejorar sus condiciones”, pues proceder en sentido contrario podría dar lugar, con sólidos fundamentos fácticos, a la falla del servicio en la prestación de la atención médica.

El ad quem valora, igualmente, lo expuesto por la Dra. Isabel Cristina Salazar Muñoz, quien tuvo a su cargo la intervención quirúrgica, pues es clara en manifestar que, en el caso sub examine, no se operó con un pronóstico de abruptio sino de “sufrimiento fetal agudo”, trabajo que se considera como “una urgencia relativa”. Por ello es muy clara en explicar: “...esta señora tuvieron la sospecha de un abruptio, pero fue una sospecha, porque tenía un sangrado en moderada cantidad, pero el signo clásico del abruptio es la hipertonía uterina y esta señora nunca la tuvo, porque cuando Iván la vio tampoco tenía hipertonía y los sangrados durante el trabajo de parto pueden ser por múltiples razones como una placenta marginal, por una ruptura de un seno marginal, por un desgarro de cuello...”. Finalmente, es muy clara la citada profesional en afirmar que la señora “...recibió el manejo oportuno...” agregando: “...para lo que demoraron los traslados de 1:10 a 1:45, fue muy rápido, no me parece demorado en este caso particular...”.

Por lo que hace relación con el testimonio técnico del Dr. Iván Tabares Marín, “líder sindical”, como él mismo lo destaca en su declaración, la Sala encuentra que él tiene mucho universo probatorio en cuanto afirma que: “...la atención a la paciente María Dancy no pudo haber sido mejor dadas las condiciones de los médicos que intervinieron, como las medidas preparatorias a la cirugía y la habilidad especial que tiene la Dra. Isabel Cristina Salazar”. Sus glosas por falta de un ascensor, hora de visita, dificultad en la localización de la cirujana, no alcanzan a estructurar la falla del servicio, pues son circunstancias que pueden presentarse, de un momento a otro, y que habida consideración del medio en que se actuó, deben ser soportadas por los usuarios. No se puede pretender que en el Hospital San Jorge de Pereira se disponga de todos los ascensores que se pueden ofrecer en un centro hospitalario de primera línea en un país desarrollado, o que cada paciente tenga a su lado un médico, para brindar la mejor atención al paciente, o un número de camas que la demanda exija, para atender situaciones de congestión. Por ello el profesor Jean Rivero enseña:

“286. Carácter concreto de la falta de servicio. El juez, para apreciarla, no se refiere a una norma abstracta, para decidir, en cada especie, si hay falta o no. El se pregunta lo que en ese caso debía esperarse del servicio, teniendo en cuenta de la dificultad más o menos grande de su misión, de las circunstancias de tiempo (períodos de paz, o momentos de crisis), de lugar, de los recursos de que disponía el servicio en personal y en material, etc.

De ello resulta que la noción de falta de servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado como culposo o como no culposo” (Derecho Administrativo, traducción de la 9ª edición, Instituto de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1984, págs. 304 y ss.).

b) La Sala desea dejar en claro que ha desatado el presente conflicto de intereses apoyada en la prueba testimonial a que se hizo referencia en el literal anterior, pues el informe enviado por la Federación Médica Colombiana, no resultó muy útil para la decisión, ya que se analiza la problemática desde un punto de vista simplemente académico, pero sin hacer mayor referencia al caso concreto. El sentenciador encuentra que, confrontados los testimonios técnicos, se presentan aspectos que permiten concluir que en algunas circunstancias y facetas científicas las opiniones de los citados profesionales se encuentran divididas, pero en estos casos la doctrina orienta en el sentido de que el juez no puede tomar partido en tales controversias, filosofía con la cual el punto controvertido, de no existir una prueba científica que lo defina, se queda sin demostración. En la materia que se estudia la Sala hace suya la perspectiva que se recoge en providencia de tribunal argentino, citada por el Dr. Carlos A. Ghersi en su obra “Responsabilidad por prestación médico asistencial”, en la cual se lee:

“Saber si un tratamiento ha sido bien o mal ordenado, si no hubiere sido preferible otro, si tal operación era o no indispensable, si hubo o no imprudencia al arriesgarla, habilidad o no al ejecutarla, si este o aquel instrumento, según este o aquel procedimiento no habría resultado mejor, son cuestiones científicas a debatirse entre médicos y que no pueden constituir casos de responsabilidad civil ni caer bajo el examen de los tribunales, pero ello no es así desde el momento en que los hechos reprochados a los médicos salen de la clase de los que, por su naturaleza, están exclusivamente reservados a las dudas y discusiones de la ciencia, desde el momento que se complican de negligencia, ligereza o ignorancia de cosas que necesariamente deben saber” (voto del doctor De Igarzabal, CNCiv, Sala A, 29/7/77, Ed. 74-563) (Obra citada, pág. 76).

La Sala no hace suya la perspectiva jurídica y fáctica que maneja el apoderado de la parte actora en la demanda cuando afirma que:

“La muerte del hijo de María Dancy Vélez y Gonzalo Antonio Acevedo, obedeció a una falta del servicio o de la administración, pues como ya se dijo inicialmente por defectos de la remodelación de la Clínica Pío XII de los Seguros Sociales, este centro asistencial carecía de una unidad apropiada para atender este tipo de urgencias, debiendo ser trasladados los pacientes hasta el Hospital Universitario San Jorge; además, entre el diagnóstico de las 12:30 p.m., y la orden de cesárea impartida por el médico Iván Tabares Marín transcurrieron 40 minutos; y, entre la 1:10 p.m. y el momento en que se inició la cirugía (1:45 p.m.) transcurrieron otros 35 minutos, tiempo que indiscutiblemente incidió en el empeoramiento de la madre y la criatura; es decir, que de haber existido los medios adecuados para atender la urgencia, probablemente otro hubiese sido el resultado”.

Y no la patrocina, porque el expediente está huérfano de pruebas que permitan disipar la duda que el mismo mandatario judicial se plantea, esto es, la de que “probablemente otro hubiese sido el resultado”. Por lo demás, la simple circunstancia de que en la Clínica Pío XII se estuviesen haciendo algunos trabajos, que determinaban que los pacientes fueran atendidos en el Hospital San Jorge, tampoco da margen para predicar que la administración no prestó el servicio médico que se esperaba de ella. Si el manejo fue oportuno, los médicos científicamente capacitados, y las medidas preparatorias correctas, como lo reconoce el Dr. Iván Tabares, ¿cómo darle entrada a la falla del servicio? Tampoco está probado que el tiempo que transcurrió entre el momento en que se ordenó la operación y aquel en que ésta se hizo haya incidido en “...el empeoramiento de la madre y la criatura...” como lo predica el apoderado de los demandantes. La afirmación es una suposición que no tiene respaldo probatorio. Finalmente, la circunstancia de que la paciente hubiese tenido que ser desplazada de la Clínica de los Seguros Sociales al Hospital San Jorge, tampoco es hecho que tenga universo comprometedor en el resultado que se lamenta, por falta también de pruebas. ¿Dónde está el dictamen médico que permita concluir que el traslado como CAUSA, y la muerte de la criatura como EFECTO, se relacionan con necesidad absoluta? Si en un centro médico se ordena que por falta de recursos se traslade al enfermo a otro, en donde se dispone de mejores medios y elementos para la atención del paciente, ¿se podrá predicar falla del servicio porque éste fallece en el transcurso del viaje? No lo cree así el sentenciador, a menos que la relación causal quede sólidamente demostrada.

En este momento del discurso judicial el ad quem desea dejar en claro que la responsabilidad médica sigue siendo tratada, en la jurisprudencia de la Corporación, como de MEDIOS, o sea de PRUDENCIA Y DILIGENCIA, lo que obliga al profesional de la medicina y a los centros de atención, a proporcionar al enfermo todos aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos, y a la práctica del arte de curar, son conducentes para tratar de lograr el FIN deseado, siendo igualmente cierto que no se puede ni debe asegurar la obtención del mismo. Esta verdad jurídica impone que, de acuerdo con los principios generales que rigen la carga de la prueba, le incumbe al actor la demostración de los hechos en que funda su pretensión, y al demandado la prueba de los hechos que excusan su conducta. En esta materia la Sala sólo reivindica la precisión jurisprudencial que hizo en sentencia de 30 de julio de 1992, con ponencia del Dr. Daniel Suárez Hernández, cuyo universo conceptual no compromete, en el caso en comento, al centro de imputación jurídica demandado, que como en antes se dijo, atendió a la paciente en forma razonable. El sentenciador no avala la tesis de quienes predican que la prestación del servicio médico es una ACTIVIDAD RIESGOSA y que, por lo mismo, su sola ejecución defectuosa comporta una suerte de responsabilidad objetiva, extraña a la idea de CULPA. Por ello no se comparte el criterio de quienes en la doctrina expresan su adhesión a soluciones de lege ferenda y proponen que la sola presencia de la infracción dañosa genera presunción de culpa en contra del médico o del centro hospitalario en que se atendió al enfermo. Verdades con este temperamento obligan al fallador a apreciar la prueba a la luz de las reglas que informan la sana crítica, es decir, con un sentido lógico y un prudente arbitrio que torne armónico y creíble el plexo de los hechos. Es por ello que el profesor Jorge Bustamante Alsina, al ocuparse del estudio de la materia, enseña:

“Este amplio criterio de razonabilidad de que dispone el juez en orden al deber de buena fe con el que deben actuar las partes en el proceso y en relación al mérito probatorio de los elementos arrimados al juicio, permitirán a aquel en el momento de dictar el fallo, determinar presunciones “homini” de culpa contra la parte que observó una conducta pasiva para demostrar su no culpa, cuando se hallaba en condiciones más favorables de hacerlo (favor probationes) que el accionante, a su vez, para probar la culpa del demandado. Esta aplicación del concepto de carga probatoria dinámica es de excepción, pero sin duda se compadece con el criterio de equidad en la relación procesal entre las partes” (Teoría General de la Responsabilidad Civil. Octava Edición, Abeledo Perrot, pág. 497).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia calendada el día diez y nueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso del rubro, y, en su lugar RESUELVE: Deniéganse las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de abril 18 de 1994. Expediente 7973. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta).

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