Sentencia 7979 de febrero 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 68001-23-15-000-2001-01317-02(7979)

Ref.: Apelación sentencia

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Cámara Colombiana del Libro

Demandado: Concejo Municipal de Bucaramanga

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

A través del acuerdo acusado, el Concejo Municipal de Bucaramanga dispuso, entre otras ordenaciones, el establecimiento de un texto básico para las siguientes áreas: Matemáticas, naturales, sociales y lenguaje en la educación básica primaria y secundaria; como herramienta pedagógica que impulse y fortalezca la construcción de los ideales colectivos de comunidad educativa.

Conforme lo advirtió esta corporación al desatar el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Bucaramanga contra el auto del a quo que decretó la suspensión provisional del acto acusado, medida esta que fue confirmada en segunda instancia, del texto del acuerdo cuestionado claramente se advierte que está imponiendo la obligación a los establecimientos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga de adoptar la unificación de textos escolares básicos; y si bien es cierto que, conforme se aduce en la contestación de la demanda no se está prohibiendo la utilización de otros textos, no lo es menos que dicha utilización sería procedente además de la adopción del texto unificado para las áreas allí señaladas, lo que significa que siempre debe utilizarse, como mínimo, el texto unificado.

El artículo 73 de la Ley 115 de 1994 expresa que cada establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica el proyecto educativo institucional, en el que, entre otros aspectos, deben quedar consignados la estrategia pedagógica y los recursos didácticos disponibles y necesarios.

Según el artículo 74, ibídem, el Ministerio de Educación Nacional y la junta nacional de educación (conformada, entre otros, por delegados de las entidades territoriales departamentales y municipales), constituyen el sistema nacional de acreditación, que tiene a su cargo, de acuerdo con el artículo 75, ibídem, incluir la descripción detallada del proyecto educativo institucional; y en este proyecto, conforme al artículo 102, ibídem, se definen los textos escolares.

El artículo 76 de la citada ley establece que el currículo y plan de estudios son los criterios, planes, programas, metodologías y procesos que sirven para llevar a cabo el proyecto educativo institucional, e incluye los recursos humanos, académicos y físicos.

El artículo 77, ibídem, prevé que dentro de los límites de la ley y del proyecto educativo institucional, las instituciones de educación gozan de autonomía para, entre otras facultades, introducir asignaturas y adoptar métodos de enseñanza.

Del contenido de las normas reseñadas y su cotejo con el acto acusado, deduce la Sala que efectivamente se vulnera la autonomía de los establecimientos educativos, en cuanto a la adopción de textos escolares se refiere, pues ello hace parte del currículo y del proyecto educativo Institucional que le corresponde elaborar directamente a tales establecimientos.

Si bien es cierto que los municipios, por mandato del artículo 2º de la Ley 60 de 1993, en materia de educación, deben administrar los servicios educativos y ejercer la inspección, vigilancia, supervisión y evaluación de los mismos, no lo es menos que imponer la obligación de adoptar un texto unificado para determinadas áreas va más allá de las citadas funciones.

Nada obsta para que los propósitos buscados con el acto acusado se puedan plasmar a través de sugerencias en la junta nacional de educación, de la cual son parte los entes territoriales municipales, para que junto con el Ministerio de Educación Nacional se fijen parámetros de planeación de la educación y determinación de políticas educativas, esas sí obligatorias de adoptar en todos los proyectos educativo institucionales y en los currículos o planes de estudio, conforme a las voces de los artículos 76 y 78 de la Ley 115, pero no hacer regulaciones en forma directa, como se hizo en el evento sub lite, pues con ello se invade la autonomía de los establecimientos educativos.

Así pues, se impone la confirmación de la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero de 2009».

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