Sentencia 7986 de septiembre 29 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PARENTESCO DE AFINIDAD ILEGITIMA

NO AGRAVA EL HOMICIDIO

EXTRACTOS: «Como se dijo, el censor sostiene que la mujer del ofendido, Blanca Luz Artunduaga Osorio, no es cónyuge del mismo y, por tanto, no procede el agravante previsto en el artículo 324-1 del Código Penal, el cual se le cargó a los afines ilegítimos de la víctima.

Para responder a la inquietud de la Delegada, ha de recordarse cómo en el anteproyecto de Código Penal de 1974, y luego en los proyectos de 1976 y 1978, se consagró expresamente como agravante del homicidio que éste se cometiera en la persona del compañero o compañera permanente, con razones sociológicas juiciosas. Empero, la comisión de 1979 eliminó esa interesante innovación, dejando sólo como agravación (art. 324-1 C.P. de 1980) el homicidio cometido en la persona del cónyuge.

La Corte, desde luego, conoce las preocupaciones teóricas que se han dado a este respecto, en el sentido de que si lo que la ley quiere tutelar con esa mayor sanción penal son “los lazos de afecto” o el mayor respeto por la integridad de quienes “están muy cerca” de uno por razón de la convivencia —la amante, concubina o como se le quiera llamar a la mujer con quien se hace vida en común—, debería ciertamente estar al lado del cónyuge “la compañera o compañero permanente” como sujetos pasivos del homicidio agravado.

Hay que reconocer, sin embargo, que esa es apenas una inquietud teórica agitada, por cierto desde hace mucho tiempo, y que, desde el punto de vista de lege ferenda, ninguna dificultad tiene la Corte en prohijarla, pues ciertamente amerita mayor sanción por ser más intenso el grado de reprochabilidad, el dar muerte a la persona con quien se ha compartido en la intimidad, sin más razón que el sentimiento noble del amor, los momentos de dificultad y de gozo que hacen la vida del ser humano. Empero, como la ley vigente trae como causal de agravación del homcidio que éste se cometa en la “persona del cónyuge”, entre los varios sujetos que refiere, a esa ley solamente debe estarse el juez pues no es posible analogía alguna en perjuicio del procesado, y menos aún hoy de cara al artículo 230 de la Carta Política actual, según el cual los jueces en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley”.

Como no existe discusión alguna en torno a que Blanca Luz Artunduaga Osorio no es “cónyuge” de la víctima del homicidio imperfecto aquí juzgado —Guillermo Melo Flórez—, por la sencilla razón de no haber contraído matrimonio con este ciudadano, fuerza concluir que los hermanos de ésta (los aquí procesados), si bien son cuñados ilegítimos del ofendido, la ley penal no los considera sujetos del agravante deducido, como sí reiterada e inexactamente lo sostuvo el fallador en ambas instancias. El parentesco de afinidad que tuvo en cuenta el legislador penal para estos efectos ha sido solamente el denominado por el Código Civil “legítimo” (art. 47) y el referido al final del artículo 48 de dicho estatuto, que no obstante ser “ilegítimo”, por fundarse en un matrimonio válido y no en el simple conocimiento carnal, obviamente queda cobijado con el agravante.

Significa lo anterior que el parentesco de afinidad existente entre los hermanos Robert y Gustavo Artunduaga con la víctima, por no estar constituido con base en una unión conyugal de ésta, no tiene trascendencia jurídica en el particular caso juzgado, razón suficiente y definitiva para que por ese aspecto no se pueda predicar de ellos el agravante deducido por las instancias.

Ahora bien, respecto de la otra inquietud de la Delegada, se tiene: es verdad que la norma citada se refiere “al pariente hasta el segundo grado de afinidad” lo cual, con una hermenéutica puramente exegética como la que desarrolla la Delegada, ciertamente habría que entender que el legislador no distinguió aquí entre el parentesco de afinidad originado en una relación conyugal y del fundado en una unión marital de hecho; sin embargo, la interpretación que demanda el precepto en busca de su verdadero sentido y alcance es la sistemática que, al aplicarla, permite hallar cómo el numeral 1º del artículo 324 del Código Penal en su contexto involucra como víctimas y a la vez como sujetos activos para efectos de la agravación, en primer término, a los vinculados por un parentesco de consanguinidad (ascendencia o descendencia), sea esta matrimonial o extramatrimonial, pues en ambos casos, frente a la ley que consagró la igualdad de dicha parentela, lo que se ha tenido en cuenta es la relación originada exclusivamente en la sangre.

Ahora, en cuanto al parentesco de afinidad, al consagrar la norma en referencia dentro de las víctimas al “cónyuge” —que significa inequívocamente la unión matrimonial válida, por contraposición a la unión libre o “marital de hecho”, como la denomina la Ley 54 de 1990—, obviamente quiso limitar ese parentesco exclusivamente al originado en la unión matrimonial, pues de haber querido tutelar el parentesco de afinidad sin distinción alguna, como lo propuso inicialmente la Comisión Redactora, hubiese consagrado al lado del cónyuge el compañero o compañera permanente como suele hacerlo en numerosas disposiciones donde esa ha sido su voluntad (ver, por ejemplo, los artículos 26, 103-3, etc. del CPP).

Sostener lo contrario es llegar al absurdo de afirmar que si el concubinario no puede ser sujeto activo del homicidio agravado, por la causal en referencia, cuando da muerte a la persona de su concubina por no ser esta “su cónyuge”, sí resultaría agravada su conducta cuando da muerte a un hermano de su compañera permanente.

Ahora, es verdad que la unión matrimonial o la marital de hecho fundadas en el amor deben, por regla general, despertar sentimientos de solidaridad, de respeto y de afecto suficientemente sólidos entre quienes las han constituido y entre éstos y los consanguíneos más cercanos de sus respectivas familias, sentimientos dignos —se repite— de una protección legal igual desde el punto de vista de lege ferenda, y, con mayor razón, frente a un texto constitucional que al tutelar la familia no sólo lo hace sin distinción alguna, sino que expresamente se refiere a la que nace de vínculos naturales, esto es, “por la voluntad responsable de fundarla”; pero, no siempre es lo mismo lo que es y lo que debe ser legalmente hablando, máxime cuando el mismo texto constitucional (art. 42) dice: “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. (resaltado fuera de texto).

Y aun cuando la norma penal en referencia pudiera resultar cuestionable frente al texto constitucional transcrito, no podría desconocerse para hacerla mayormente gravosa a los procesados que cometieron el hecho en su vigencia, pues constituye derecho fundamental de rango igualmente constitucional el que el juzgamiento se haga “por motivo previamente definido en la ley” (principio de legalidad del delito y de la pena, de universal reconocimiento).

No puede, entonces, aplicarse válidamente a los aquí procesados el agravante con el sólo argumento de que han atentado contra los vínculos afectivos que rigen las relaciones de familia con base en toda clase de parentescos, puesto que el parentesco de afinidad originado en la relación marital de hecho no fue tenido en cuenta por el legislador penal en la causal de agravación referida, vigente para la época de la comisión del hecho punible juzgado por las instancias. Así las cosas, sale avante el cargo formulado por el casacionista».

(Sentencia de casación, septiembre 29 de 1993. Radicación 7986. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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