DELITO DE TORTURA

ES EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO PENAL

EXTRACTOS: «La disposición acusada. Su tenor literal es el siguiente:

“Decreto 100 de 1980

(Enero 23)

Por el cual se expide el nuevo Código Penal

De los delitos contra la autonomía personal

ART. 279.—Tortura. El que someta a otro a tortura física o moral, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor”.

c) Principios fundamentales que condicionan el ejercicio de la soberanía punitiva del Estado.

El punto de partida para el análisis del precepto acusado está en la definición de los principios fundamentales que enmarcan el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, a través de la cual se busca proteger los valores éticos y sociales indispensables para la convivencia social en un momento dado, cuando han sido puestos en peligro o lesionados por comportamientos que rompen el equilibrio del sistema social y deben por ende reprimirse.

Como lo ha señalado la Corte en ocasiones anteriores, la facultad del Estado para imponer penas por comportamientos reprochables debe ejercerse con sujeción a lo dispuesto en los artículos 20, 23, 26 y 28 de la Constitución Política, a los cuales se adecua el concepto de tipicidad consagrado como principio rector del Código Penal que exige perentoriamente de conformidad con los cánones constitucionales citados, que “La ley definirá el hecho punible de manera inequívoca”.

De las normas superiores citadas dimana para el legislador la exigencia de definir de antemano y en forma clara, expresa, inequívoca e impersonal la conducta merecedora de la pena, quedando proscrito el señalamiento de sanciones por comportamientos ambiguos o de contornos indeterminados, pues en este supuesto quedaría al arbitrio de quien debe aplicar la ley la definición de los actos punibles, los cuales serán o no sancionables según el criterio personal de quien los califique.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la Corte precisó con toda nitidez en la sentencia de febrero 10 de 1983 que trae a colación el Procurador, el alcance y sentido de los postulados citados y los armonizó con las demás normas del Estatuto Fundamental. De ellos dijo, en particular del principio de la estricta legalidad que él, “... no significa que el legislador esté facultado para pasar al otro extremo y eliminar la aptitud apreciativa del juez, pues en la medida en que aquél le suprime a éste su capacidad de “juzgar” e interpretar la ley, no sólo deshumaniza la conducta sino que termina asumiendo, además de su función de legislar, la de administrar justicia, con lo cual se violaría el principio de la separación de poderes consagrado en el artículo 55 de la Constitución”.

d) Tortura

La determinación del tipo penal denominado tortura, no es como lo califica el actor, equívoco o ambiguo, pues los elementos descriptivos y normativos que señala el legislador son perfectamente claros y definidos y además contribuyen a precisar sus contornos, lo cual impide interpretaciones caprichosas o arbitrarias del juzgador sobre la acción punible, a pesar de que no se defina en qué consiste la tortura moral o física, pues en estos casos las reglas generales de hermenéutica indican que las palabras de la ley deberán entenderse en su sentido natural y obvio (art. 28 Código Civil). Para concretar pues, el alcance de la figura delictiva basta acudir al significado semántico de los vocablos y frases e integrarlo al contexto del enunciado genérico.

La tortura ha sido definida como “acción de atormentar” es decir, “causar molestia o aflicción”, acepciones éstas que en la antigüedad se vinculaban a la finalidad específica de obtener una confesión o infligir un castigo. Sin embargo, para el análisis del tipo penal definido en la norma cuestionada, importa señalar que, ésta no exige sujeto activo calificado. Tampoco que el autor de la infracción haya estado animado por algún propósito específico; por tanto, el logro de la finalidad buscada no incide en la configuración del ilícito, aunque eventualmente podría devenir en una acción punible distinta, como la definida en el artículo 24 del Decreto 180 de 1988, hallado exequible por la Corte, que contempla una sanción más drástica para el caso en que la tortura física o síquica se ejecute en cumplimiento de actividades terroristas.

Por ello, como lo advierte con acierto el señor Procurador, la definición legal no conduce a interpretaciones que dependan exclusivamente del criterio apreciativo del juzgador, lo que acontece es que está estructurada en forma amplia de tal manera que permita subsumnir en ella la tortura física o síquica ocasionada por cualquier medio apto para lograr el resultado, pues todos los empleados con este fin serán pasibles de la sanción preestablecida, la cual debe graduar el juez dentro de los límites que fija el legislador; empero ello no significa que con base en la formulación legal que define los rasgos esenciales para considerar la tortura como delito, puedan sancionarse conductas semejantes que el legislador no ha querido prever.

De otra parte, con fundamento en el principio de legalidad que informa el derecho penal, no puede exigirse al legislador que al definir el tipo penal contemple la extensa gama de formas de tortura que pueden presentarse en la vida real, pues la sociedad en su continua y constante evolución crea mecanismos e instrumentos aptos para emplearse con fines ilícitos y que el legislador no puede prever al establecer la hipótesis normativa.

e) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La citada Convención que en criterio del Procurador explica el sentido y alcance del artículo 279 del Código Penal, entró en vigor en Colombia el 7 de enero de 1988, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 27, luego de haberse cumplido las etapas de adhesión (abril 10 de 1985), aprobación (Ley 70 de 1986) y ratificación (8 de diciembre de 1987). El artículo 1º en lo pertinente dice así:

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales...”.

Esta parte de la disposición acordada como norma de derecho internacional, viene a corroborar que el sentido de la norma impugnada tal como se ha dicho no es otro que el que se desprende del significado natural de sus expresiones, pues en cuanto a las finalidades y razones a que hace referencia, el precepto de derecho interno, acusado en esa oportunidad, tiene mayor alcance, pues como antes se anotó, para la represión de la tortura no se exige que el autor ostente una calidad especial, ni que para la agresión se utilicen determinados medios o que ésta se realice por determinados motivos o razones, ya que la sola lesión del bien jurídico tutelado, permite la adecuación típica al supuesto de hecho que estructura el delito.

La misma Convención establece que lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

Por las razones expuestas considera la Corte que el precepto acusado es exequible, pues no adolece de los vicios de inconstitucionalidad invocados por el actor y por el ciudadano que coadyuva la petición de inexequibilidad, ni de ningún otro. Así habrá de decidirse.

VII. Decisión

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 279 del Decreto 100 de 1980 —Código Penal—.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 8, enero 31 de 1991. Expediente 2153. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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