Sentencia 80-04 de febrero 15 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación 11001 03 25 000 2004 00014 01

Ref.: 0080-04

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Diana Correa Méndez

Demandado: N - Rama Judicial - Consejo Sup - Judicatura

Controversia: Nulidad apartes artículo 8º Acuerdo 25 de 1997

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil siete.

La ciudadana Diana Correa Méndez, en ejercicio de la acción pública de nulidad, presentó el 26 de enero de 2004 demanda contra la Nación —rama judicial— Consejo Superior de la Judicatura, solicitando la nulidad de algunos apartes del Acuerdo 25 del 18 de febrero de 1997, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los preceptos del acuerdo acusado son del siguiente tenor, cuyos apartes demandados se resaltan:

ACUERDO 25 DE 1997 

“Por medio del cual se da aplicación al artículo 161 de la Ley 270 de 1996”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales; en especial del artículo 161 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

“(...).

ART. 8º—En consecuencia, los cargos de carrera de la rama judicial, de conformidad con la denominación y requisitos mínimos que se señalan, se clasifican así:

Nivel administrativo
DenominaciónGradoRequisitos
Secretario de sala de alta corporaciónNominadoTítulo de abogado y tres (3) años de experiencia en la rama judicial.
Relator de alta corporaciónNominadoTítulo de abogado y tres (3) años de experiencia en la rama judicial.
Secretario de tribunalNominadoTítulo de abogado y un (1) año de experiencia en la rama judicial
Coordinador de juzgado regionalNominadoTítulo de abogado y experiencia profesional no inferior a cuatro (4) años

Nivel asistencial
DenominaciónGradoRequisitos
Abogado Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura21Título de abogado y tres (3) años de experiencia profesional.
Abogado de alta corporación21Título de abogado y dos (2) años de experiencia profesional.
Asistente jurídico de juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad19Título de abogado y un (1) año de experiencia en cargos de la rama judicial o en el Inpec.

Nivel profesional
DenominaciónGradoRequisitos
Profesional especializado de alta corporación32, 31, 30Título de formación universitaria o profesional; título de postgrado y tres (3) años de experiencia profesional.
Profesional especializado de alta corporación29,28,27,26Título de formación universitaria o profesional; título de postgrado y dos (2) años de experiencia profesional.
Profesional especializado de alta corporación25,24,23,22Título de formación universitaria o profesional, terminación y aprobación de estudios de postgrado y un (1) año de experiencia profesional.
Profesional universitario de alta corporación21,20Título de formación universitaria y tres (3) años de experiencia profesional.
Profesional universitario de alta corporación19,18,17Título de formación universitaria y dos (2) años de experiencia profesional.
Profesional universitario de alta corporación16,15Título de formación universitaria y un (1) año de experiencia profesional.
Profesional universitario de alta corporación14Terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación universitaria.
Profesional universitario de la dirección ejecutiva de administración judicial20,19,18,17Título de formación universitaria y tres (3) años de experiencia profesional.
Profesional universitario de la dirección ejecutiva de administración judicial16,15,14Título de formación universitaria y dos (2) años de experiencia profesional.
Profesional universitario de la dirección ejecutiva de administración judicial13,12Título de formación universitaria y un (1) año de experiencia profesional.
Profesional universitario de la dirección ejecutiva de administración judicial11Terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación universitaria.
Contador liquidador de alta corporaciónNominadoTítulo de contador público y dos (2) años de experiencia como contador o liquidador de impuestos.
Contador liquidador de tribunal17Título de contador público y dos (2) años de experiencia como contador o liquidador de impuestos.
Bibliotecólogo de alta corporaciónNominadoHaber terminado estudios en licenciatura o formación universitaria en bibliotecología y un (1) año de experiencia relacionada.
Bibliotecólogo de tribunalNominadoHaber terminado estudios en licenciatura o de formación universitaria en bibliotecología y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente social de juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad18Título profesional de preferencia en alguna de las disciplinas sociales como antropología, sociología, psicología, psicopedagogía o trabajo social.
Asistente social de juzgado de familia, promiscuo de familia y menores01Título de formación universitaria en trabajo social.
Asistente social de juzgado familia, promiscuo de familia y menores02Título de formación universitaria en trabajo social.

Nivel técnico
DenominaciónGradoRequisitos
Técnico de alta corporación21, 20, 19Título de formación tecnológica y dos (2) años de experiencia relacionada.
Técnico de alta corporación18, 17, 16Título de formación técnica profesional y dos (2) años de experiencia relacionada.
Técnico de alta corporación15, 14, 13Título de formación técnica profesional y un (1) año de experiencia relacionada.
Técnico de la dirección ejecutiva de administración judicial20, 19, 18, 17Título de formación tecnológica y dos (2) años de experiencia relacionada.
Técnico de la dirección ejecutiva de administración judicial13, 12, 11Título de formación técnica profesional y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de alta corporación16, 15Título de formación técnica profesional y dos (2) años de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de alta corporación14, 13Título de formación técnica profesional y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de alta corporación12, 11Título de formación técnica profesional.
Asistente administrativo de la dirección ejecutiva de administración judicial14Título de formación técnica profesional y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de la dirección ejecutiva de administración judicial13, 12Título de formación técnica profesional y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de la dirección ejecutiva de administración judicial11, 10Título de formación técnica profesional y un (1) año de experiencia relacionada.
Operador de sistemas de alta corporación18Título de formación universitaria o tecnológica en sistemas y dos (2) años de experiencia relacionada.
Jefe de archivo y correspondencia de alta corporación12Título de formación técnica y profesional en archivística, bibliotecología o administración de sistemas y un (1) año de experiencia relacionada.
Administrador de alta corporación11Título de formación técnica profesional relacionada.
Oficinista de tribunal11Título de formación técnica profesional relacionada.
Archivero de alta corporación09Aprobación de dos (2) años de estudios de bibliotecología o haber aprobado curso técnico sobre la materia y un (1) año de experiencia relacionada.

Nivel auxiliar
DenominaciónGradoRequisitos
Secretario de juzgado de circuito y equivalentesNominadoCabecera de distrito: Haber aprobado dos (2) años de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o un (1) año de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la rama judicial.
Cabecera de circuito: Haber aprobado un (1) año de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o diploma en educación media y tres (3) años de experiencia en la rama judicial.
Secretario de juzgado municipalNominadoCabecera de distrito: Haber aprobado un (1) año de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la rama judicial.
Cabecera de circuito: Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia en la rama judicial.

Nivel auxiliar
DenominaciónGradoRequisitos
Relator de tribunalNominadoHaber aprobado cuatro (4) años de estudios en derecho y un (1) año de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor de alta corporaciónNominadoTener cuatro (4) años de estudios de derecho y dos (2) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor de tribunalNominadoHaber aprobado tres (3) años de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor de tribunal13Haber aprobado un (1) año de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y dos (2) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor de tribunal12Haber aprobado un (1) año de estudios de derecho y tener un (1) año de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito y equivalentesNominadoTener cuatro (4) años de estudios de derecho y dos (2) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito y equivalentes11Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor o sustanciador de juzgado municipalNominadoTener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia en la rama judicial.
Oficial mayor o sustanciador de juzgado municipal10Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia como oficinista.
Auxiliar judicial02Haber aprobado dos (2) años de estudios superiores y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o en actividades secretariales.
Auxiliar judicial03Haber aprobado un (1) año de estudios superiores y tener dos (2) años de experiencia en la rama judicial o en actividades secretariales.
Auxiliar judicial04Diploma en educación media y tener un (1) año de experiencia en la rama judicial o en actividades secretariales.
Auxiliar judicial05Tener diploma en educación media.
Almacenista de alta corporación09Diploma en educación media y dos (2) años de experiencia relacionada.
Oficinista judicial de alta corporaciónNominadoHaber aprobado un (1) año de estudios de derecho y dos (2) años de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la rama judicial.
Oficinista de tribunal06Tener cinco (5) años de estudios en educación media y dos (2) años de experiencia como oficinista.
Oficinista de tribunal05Haber aprobado cuatro (4) años de estudios en educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.
Oficinista operador de sistemas juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad11Acreditar título en educación media y certificado de aptitud técnica regularmente expedido como digitador de computadores
Asistente administrativo de alta corporación10,09Diploma en educación media y dos (2) años de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de alta corporación08,07Diploma en educación media y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de alta corporación06,05Diploma en educación media.
Asistente administrativo de dirección ejecutiva y seccionales09,08Diploma en educación media y dos (2) años de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de dirección ejecutiva y seccionales07,06Diploma en educación media y un (1) año de experiencia relacionada.
Asistente administrativo de dirección ejecutiva y seccionales05,04Diploma en educación media
Escribiente de alta corporaciónNominadoHaber aprobado un (1) año de estudios de derecho y dos (2) años de experiencia en la rama judicial o dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la rama judicial.
Escribiente de alta corporación09Tener dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la rama judicial.
Escribiente de alta corporación07Tener diploma en educación media.
Escribiente de tribunalNominadoTener un (1) año de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la rama judicial.
Escribiente de tribunal09Tener diploma en educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente de tribunal08Tener diploma en educación media y un (1) año de experiencia como oficinista.
Escribiente de juzgado de circuito y equivalentesNominadoTener diploma en educación media y un (1) año de experiencia como oficinista.
Escribiente de juzgado de circuito y equivalentes07Diploma en educación media y un (1) año de experiencia relacionada.
Escribiente de juzgado municipalNominadoHaber aprobado cinco (5) años de estudios en educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente de juzgado de circuito y equivalentes06Haber aprobado cuatro (4) años de estudios en educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente de juzgado municipal06Haber aprobado cuatro (4) años de estudios en educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.

Nivel operativo
Nivel operativoGradoRequisitos
Citador de alta corporación05Poseer diploma en educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia relacionada.
Citador de tribunal04Haber aprobado cuatro (4) años en educación media o haber aprobado tres (3) años de educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia relacionada.
Citador de juzgado de circuito y equivalentes03Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación media.
Citador de juzgado municipal y territorial03Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación media
Auxiliar de servicios generales de alta corporación06, 05Diploma en educación media y un (1) año de experiencia relacionada
Auxiliar de servicios generales de alta corporación04,03Aprobación de cuatro (4) años en educación media y un (1) año de experiencia relacionada.
Auxiliar de servicios generales de alta corporación02, 01Aprobación de dos (2) años de educación secundaria.
Auxiliar de servicios generales de la dirección ejecutiva de administración judicial05,04Diploma en educación media y un (1) año de experiencia relacionada.
Auxiliar de servicios generales de la dirección ejecutiva de administración judicial03,02,01Aprobación de cuatro (4) años en educación media y un (1) año de experiencia relacionada.
Conductor06Deberá acreditar título en educación media y que ha obtenido licencia de conducción en categoría 05.
Mensajero de alta corporación04Haber aprobado cuatro (4) años en educación media o haber aprobado tres (3) años de educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia relacionada.
Celador03Haber aprobado educación básica primaria, ser reservista de primera clase y tener 1 año de experiencia general.

ART. 9º—Los requisitos generales para desempeñar los cargos mencionados en el artículo anterior son:

— Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.

— Tener definida la situación militar, para los varones.

— No encontrarse dentro de las causales constitucionales o legales de inhabilidad o incompatibilidad.

— Acreditar los requisitos mínimos establecidos para desempeñar cada cargo.

ART. 10.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Normas violadas y concepto de violación. Se citaron como normas violadas, de la Constitución Política, el preámbulo que establece los valores de justicia, proporcionalidad y razonabilidad, 13 que consagra el principio de igualdad, 40-7 sobre la posibilidad de ejercer control político y los artículos 125 y 209 sobre acceso a los cargos públicos y medios objetivos de escogencia; los apartes donde se exige para varios cargos “Experiencia en la rama judicial” y en el caso del asistente jurídico del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad también sirve la experiencia en el Inpec y para otros “Experiencia como oficinista” comporta un concurso cerrado, por cuanto los únicos que pueden acceder mediante concurso al empleo público son quienes estén vinculados a la rama judicial o los que estén o hubiesen laborado en el Inpec en unos casos y en otros que hubiesen sido oficinistas de la rama judicial, pues son los únicos que pueden demostrar dicha experiencia.

Los concursos cerrados están proscritos en un Estado social y democrático de derecho, para el efecto cita la Sentencia C-266 del 16 de abril de 2002, con ponencia de Manuel José Cepeda Espinosa, donde se declara inexequible la expresión “sólo” contenida en el numeral 2º del artículo 192 del Decreto 262 de 2000, el cual había establecido que para ascender en cargos de carrera de la Procuraduría General, solo podían participar quienes se encuentren inscritos en la carrera de la entidad, es decir que se terminó con los concursos cerrados.

El precepto acusado impide que personas no vinculadas a la rama judicial o al Inpec puedan acceder a los cargos en la rama judicial, de manera que no se garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades a los ciudadanos, lo cual no consulta la equidad, ni la justicia, ni la razón; la discriminación es injusta y desproporcionada e irrazonable, pues ni siquiera se puede validar experiencia en otras entidades de derecho público como son la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, etc.

Los funcionarios de la rama judicial adquieren una calificación adicional en el estudio de hoja de vida por concepto de experiencia según el artículo 30 del Decreto 52 de 1987, calificación adicional que no tiene la persona extraña a la institución, aspecto que también es discriminatorio (fls. 19-28).

Contestación de la demanda

La Nación - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

El acuerdo acusado fue emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en uso de la facultad consagrada en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, que fija los requisitos mínimos exigidos para el desempeño de los cargos de empleados en la rama judicial y otorgó la competencia a la Sala mencionada, para que adicionalmente determine los requisitos sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso a los cargos.

La necesidad del servicio llevó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a mantener algunos requisitos plasmados en el Decreto 52 de 1987, estatuto de la carrera judicial, pues se requería que en aquellos cargos donde las funciones constituyen un apoyo a la labor del funcionario y que van estrictamente ligadas al ejercicio de la administración de justicia se vincularan personas con experiencia en la rama judicial, ya que el conocimiento de la labor fundamental de esta última hace que deba contarse con empleados idóneos y más productivos.

Así para el cargo de asistente jurídico de juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, se exige como requisito un año de experiencia en la rama judicial o en el Inpec, por cuanto la labor en estos sectores requiere de una formación apropiada para el desempeño de las funciones.

El relación con el requisito de la experiencia como oficinista, no se debe entender en sentido restringido sino amplio, es decir que los conocimientos del aspirante guarden relación con las funciones básicas de una oficina, como son el manejo de la mecanografía, redacción, sistemas, clasificación y archivo de oficios y documentos así como la atención al público.

La experiencia en la rama judicial o el Inpec o como oficinista está dentro del concepto de concurso abierto, pues el artículo 21 del Decreto 52 de 1987, describió un aspecto fundamental del concurso abierto y manifestó quiénes deben participar en el mismo, en los siguientes términos “todo concurso será abierto y podrán participar quienes pertenecen a la carrera, al servicio o personas ajenas a ella”.

La participación para el concurso no es cerrado, pues al mismo tienen acceso, no solo las personas que laboran para la rama judicial, sino aquellas que se retiraron y tienen la experiencia requerida, y en realidad son pocos los años que se exigen de labores en las entidades descritas en la norma —máximo 3 años para algunos cargos—.

El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa en uso de la potestad reglamentaria profirió el Acuerdo 25 de 1997, de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 52 de 1987 por remisión del artículo 204 de la ley estatutaria.

La Sala Administrativa en sesión del 6 de junio de 1995, amplió los criterios señalados en el acto acusado, por cuanto determinó que para todos los efectos de los concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera de empleados de corporaciones nacionales, tribunales y juzgados la experiencia en la rama judicial debe entenderse como experiencia relacionada.

Bajo este concepto, las equivalencias contenidas en el artículo 41 del Decreto 52 de 1987, permiten el acceso de aspirantes que no se desempeñan exclusivamente en dependencias de la rama judicial, puesto que determina:

“PAR.—Quienes no reúnan los requisitos exigidos en este artículo se les aplicarán las siguientes equivalencias:

Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia relacionada o viceversa.

Un (1) año de educación media por un (1) año de experiencia relacionada o viceversa”.

En consecuencia se concluye que los concursos de méritos convocados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para la provisión de empleos en la rama judicial no son cerrados como lo manifiesta el demandante sino que son públicos y abiertos, conforme lo dispone el artículo 163 de la Ley 270 de 1996.

De otra parte, en relación con la manifestación sobre el aspecto discriminatorio que señala el artículo 30 del Decreto 52 de 1987, al determinar que los funcionarios de la rama judicial adquieren una calificación adicional en el estudio de la hoja de vida por concepto de experiencia, que no la tiene la persona extraña a la institución, observa que el parágrafo del artículo 161 de la Ley 270 de 1996 confirma dicho ordenamiento al determinar: “Cuando se trate de acceder a los cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de cada uno de los niveles establecidos en este artículo, la experiencia judicial adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este cómputo no tendrá efectos salariales”. Esta disposición fue declarada exequible en Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional (fls. 59-66).

Alegatos de conclusión

La actora guardó silencio en esta oportunidad procesal; la demandada por su parte insiste en que se denieguen las pretensiones reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, solicita la nulidad de las expresiones “En la rama judicial” y “o en cargos en la rama judicial o el Inpec” y mantener la legalidad del aparte “como oficinista” consagradas en el artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Aduce en su escrito que los apartes acusados del Acuerdo 25 de 1997, vulneran el derecho a la igualdad y el acceso a la administración pública —rama judicial— e imposibilitan el ejercicio del control político al requerir para personas ajenas a la rama judicial mayores exigencias para que accedan a los empleos descritos en la demanda.

Luego de transcribir apartes de la sentencia de la Corte Constitucional que examinó la Ley 270 de 1996, concluye que el Consejo Superior de la Judicatura olvidó el tratamiento igualitario frente a la ley, porque la persona que reúna a cabalidad los requisitos previstos para concursar y ocupar un cargo en la rama judicial debe ser tratado en igualdad de condiciones frente a los que tienen experiencia en la rama judicial.

En lo atinente a la expresión “como oficinista” no encuentra reparo alguno, porque entiende que es un requisito sano que va dirigido a la idoneidad y capacidad profesional, más no un premio a la labor ejecutada anteriormente (fls. 74 a 87).

Consideraciones

En este proceso se reclama la nulidad de las expresiones “en la rama judicial”, “o en cargos en la rama judicial o el Inpec” y “como oficinista” contenidas en el artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que estableció los requisitos para los distintos empleos de carrera en la rama judicial.

Los apartes del artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997 fueron derogados tácitamente por el Acuerdo 3560 del 10 de agosto de 2006, “por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”, no obstante la Sala se pronuncia sobre los mismos en razón a los efectos que pudieron producirse durante su vigencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura remitió como antecedente del acuerdo acusado copia del acta de la sesión ordinaria de deliberación y decisión de la Sala Administrativa del 18 de febrero de 1997, aprobatoria del acuerdo, documento que para efectos de estudio de la controversia planteada no hace mayor aporte dado que sobre las expresiones enjuiciadas en relación con la experiencia no contiene discusión alguna (fls. 39-47).

La Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, prescribe en su artículo 156 que la carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.

Por su parte la Corte Constitucional al pronunciarse sobre el estatuto judicial respecto del artículo 156, dijo:

“Como puede apreciarse, el artículo bajo examen se encuentra en concordancia con las consideraciones expuestas, pues procura que dentro del régimen de carrera judicial se aplique siempre el derecho fundamental a la igualdad y se le otorguen plenas garantías a los trabajadores que se vinculen a la administración de justicia, todo ello de conformidad con los artículos 25, 53, 122, 125 y 228 de la Carta Política.

Por lo demás, conviene establecer que, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta providencia, resulta propio de una ley estatutaria sobre administración de justicia el fijar los principios generales que regularán la carrera judicial, todo ello sin perjuicio de las leyes de carácter ordinario que sobre el particular expida el Congreso de la República, con base en las facultades constitucionales anteriormente citadas. No obstante, dentro de estos parámetros, debe precisarse que las leyes ordinarias que se dicten sobre estos asuntos, deberán, en todo caso, ceñirse a los preceptos que sobre la materia contiene la estatutaria cuyo proyecto se revisa y, lógicamente, a los postulados constitucionales”.

En relación con los requisitos especiales para ocupar cargos en la rama judicial, el artículo 160 de la ley estatutaria de administración de justicia, exige:

“Para el ejercicio de cargos de carrera en la rama judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la presente ley...”.

La misma corporación al resolver sobre la exequibilidad de este precepto expresó:

“Esta norma es un desarrollo de las atribuciones que la Carta Política le ha conferido al legislador para regular el sistema de carrera judicial (arts. 125 y 150-23). Por lo demás, esta corporación no halla vicio alguno de constitucionalidad en el hecho de que se establezca como requisito para acceder a los cargos en la rama judicial, además de haber aprobado los procesos de selección y evaluación correspondientes, el tener que acreditar el curso de formación que el presente proyecto de ley le encarga reglamentar al Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257-3). Con ello, se logra que los funcionarios que se vinculen sean personas de alta capacidad profesional cuyo conocimiento jurídico garantice la seriedad y la profundidad de las decisiones que habrán de tomar, lo cual se traducirá a su vez en una mejor prestación del servicio público de administrar justicia”.

Respecto de los requisitos adicionales el artículo 161 de la ley estatutaria en el artículo 161 establece:

“Para ejercer los cargos de empleado de la rama judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las disposiciones generales y a aquellos que fije la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en particular de acuerdo con la clasificación que establezca y las necesidades del servicio, los siguientes requisitos mínimos:

1. Niveles administrativo y asistencial: Título de abogado o terminación y aprobación de estudios de derecho.

2. Nivel profesional: Título profesional o terminación y aprobación de estudios superiores.

3. Nivel técnico: Preparación técnica o tecnológica.

4. Nivel auxiliar y operativo: Estudios de educación media y capacitación técnica o tecnológica.

PAR. 1º—Cuando se trate de acceder a los cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de cada uno de los niveles establecidos en este artículo, la experiencia judicial adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este cómputo no tendrá efectos salariales.

PAR. 2º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinará los casos en que, por tratarse de despachos judiciales situados en provincias de difícil acceso, puedan vincularse a cargos de empleados personas sin los títulos académicos mínimos señalados en este artículo”.

Sobre la constitucionalidad de este precepto se ocupó la Corte Constitucional en la sentencia precitada, en los siguientes términos:

“Al igual que en el caso anterior, la Carta Política le asigna plena competencia al legislador para determinar los requisitos mínimos necesarios para que los empleados de la rama judicial vinculados al sistema de carrera puedan aspirar a ciertos cargos (C.P., arts. 125 y 150-23). Así, pues, la preparación y el esfuerzo del trabajador, junto con su experiencia profesional —que para estos casos se constituye en elemento de gran trascendencia— son criterios válidos y razonables que fundamentan las decisiones que las autoridades competentes deban tomar al respecto, en particular en lo que atañe a los ascensos dentro de la rama judicial. En igual sentido, no sobra agregar que resulta ajustado a la Constitución, y a la filosofía misma de la carrera, el que la ley fije diferentes requisitos para acceder a cargos que se han catalogado en diferentes niveles, como el administrativo, el profesional, el técnico, etc.”.

El artículo 163 de la ley estatutaria enfatiza que “Todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial serán públicos y abiertos”.

El estatuto judicial, en el artículo 204 autoriza la vigencia del Decreto-Ley 52 de 1987 y del Decreto 1660 de 1978, en lo pertinente, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución Política y a la ley estatutaria, hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y se establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales.

A su vez, el Decreto 52 de 1987 en su artículo 41 fijó los cargos y requisitos mínimos para su desempeño en la rama judicial, disposición derogada según la Corte Constitucional (Sent. C-308, mar. 30/2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra) por la Ley 270 de 1996, toda vez que en su artículo 161 se refiere a la experiencia para ejercer cargos en la rama judicial en forma genérica, es decir sin limitación a que se haya obtenido en la rama judicial, en el Inpec o en el ejercicio como oficinista (1) , contrario al artículo 41 del Decreto-Ley 52 de 1987 y apartes acusados del artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997.

Resalta la Sala que lo que acontece con la experiencia en la rama judicial, para efectos del ascenso en cargos de carrera, se computa doblemente, como lo prescribe el parágrafo 1º del artículo 161 de la Ley 270 de 1996.

En apoyo a lo anterior, es pertinente traer algunos apartes de la Sentencia C-308 de 2004, de la Corte Constitucional:

“El artículo 156 de la Ley 270 de 1996, establece que la carrera judicial se funda en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de la gestión, en la garantía de igualdad de oportunidades para el acceso al servicio “para todos los ciudadanos aptos al efecto”, teniendo como consideración primordial el mérito para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio. Por su parte, el artículo 164 ibídem determina que el concurso de méritos es el proceso “mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo”.

Sobre la experiencia, la misma sentencia dijo:

“Si bien el legislador extraordinario de 1987 otorgaba a la experiencia judicial un valor preponderante (D. 52/87, arts. 30 y 41), lo cierto es que el artículo 164 de la ley estatutaria de la administración de justicia, se refiere a una evaluación entre otros aspectos, como se vio, del factor experiencia en términos generales, sin hacer referencia expresa a la experiencia en la rama judicial como componente que privilegie el acceso a los cargos de carrera. Solamente, la experiencia en la rama judicial es tratada en el artículo 161, parágrafo 1º pero para efectos del ascenso para los cargos de empleados de carrera, evento en el cual la experiencia en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente, cómputo que no tendrá efectos salariales...”.

Entonces, el requisito de la experiencia se relaciona directamente con las funciones del cargo al que se aspira. Por eso, el Acuerdo 3560 de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reemplazó dichas expresiones por “el poseer experiencia relacionada” o “experiencia en actividades secretariales”, según el caso.

Por último, advierte la Sala que la restricción enjuiciada quebranta el preámbulo y el artículo 13 de la Constitución Política que garantizan el derecho a la igualdad de oportunidades a los ciudadanos, lo cual no consulta la equidad, ni la justicia, ni la razón; pues la discriminación es injusta, desproporcionada e irrazonable, toda vez que ni siquiera se puede validar experiencia en otras entidades de derecho público como son la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, donde en determinadas áreas se cumplen funciones afines.

A criterio de la Sala no se justifica la excepción hecha en el acto acusado, porque para trabajar por ejemplo, como relator, oficinista no se necesita de experiencia judicial.

Del contexto normativo y jurisprudencial que precede, la Sala concluye que los apartes acusados del artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, son contrarios al artículo 161 de la Ley 270 de 1996, que no estableció limitación alguna para acceder a la carrera judicial, en relación con la experiencia para desempeñar cargos, en consecuencia se procederá a declarar la anulación de los mismos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de las expresiones “en la rama judicial” “en cargos de la rama judicial o en el Inpec” y “como oficinista” contenidas en el artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha precitada.

Magistrados: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Jesús María Lemos Bustamante—Alejandro Ordóñez Maldonado.

(1) Cuando los apartes acusados del artículo 8º del Acuerdo 25 de 1997 establecen como requisito de experiencia el haber sido “oficinista”, debe entenderse dirigido a los cargos de esa denominación creados en la rama judicial, pues del contexto del acuerdo donde aparece la denominación de los empleos se encuentra el de “oficinista”.

(2) C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.(sic)

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