Sentencia 8010 de febrero 6 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

REVISIÓN DE ACUERDOS DE LOS CONCEJOS

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL NO TIENE RECURSOS

EXTRACTOS: «El municipio de Pereira, mediante apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de única instancia proferida 31 de mayo de 1996, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad de los artículos 1º a 6º del Decreto 098 del 12 de febrero de 1996, expedido por el Alcalde Municipal de Pereira.

Dicha sentencia fue proferida como consecuencia de la remisión del Decreto 98 de 1996, efectuada por el gobernador del departamento de Risaralda, en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Nacional, con la finalidad de solicitar la declaratoria de invalidez de los artículos 1º a 6º del citado decreto, mediante el cual el municipio de Pereira adoptó “por medio del cual se modifica el período de causación del impuesto de industria y comercio, se señalan las fechas para su declaración y pago y se toman otras determinaciones”.

En relación con dicho trámite, los artículos 119, 120 y 121 del Decreto-Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), establecen que:

Código de Régimen municipal

“ART. 119.—Si el gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.

ART. 120.—El gobernador enviará al tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2º a 5º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (D.·1/84). El mismo día en que el gobernador remita el acuerdo al tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcalde, personero y presidente del concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso.

ART. 121.—Al escrito de que trata el artículo anterior, en el tribunal administrativo se dará el siguiente trámite:

1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.

2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el gobernador y los demás intervinientes. Para la práctica de las mismas se señalará término no superior a diez (10) días.

3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo. El magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno” (se subraya).

De conformidad con los apartes subrayados, la Sala observa que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de mayo 31 de 1996, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró “la nulidad” de los artículos 1º a 6º del Decreto 98 de febrero 12 de 1996, expedido por el Alcalde Municipal de Pereira, es improcedente, toda vez que, el numeral 3º del artículo 121 del Decreto-Ley 1333 de 1986, que constituye una norma “especial” y por lo tanto de carácter “prevalente”, según lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 153 de 1887, respecto del artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, que prevé el recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia de los tribunales, establece claramente que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo, como resultado de la remisión de los actos de los concejos municipales y de los alcaldes (como ocurre en el caso de autos) en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Nacional, “produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados...” y contra ella “...no procederá recurso alguno”.

De conformidad con las razones precedentes, la Sala rechazará por improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el municipio de Pereira».

(Sentencia de febrero 6 de 1998. Expediente 8010 Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, me aparto de la misma, porque creo que al disponer el artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, que contra decisión adoptada por el tribunal no procederá recurso alguno, está referida a los recursos ordinarios, mas no a los extraordinarios, como es el de revisión interpuesto.

Delio Gómez Leyva. 

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