Sentencia 8017 de diciembre 13 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BASE GRAVABLE EN EL MUNICIPIO DE LA SEDE FABRIL

EXTRACTOS: «De los extremos a los que se contrae la litis, la Sala advierte, como principal, el que hace a los alcances del artículo 77 de la Ley 49 de 1990, frente a las demás normas vigentes en materia del hecho generador y la base imponible del impuesto de que se trata y sobre el que en diversos fallos procedentes se abordó el tema.

En efecto, la sentencia de 12 de mayo de 1995(1), proferida en el proceso 5226, con ponencia del señor consejero Delio Gómez Leyva, que la parte demandada invoca, y que tuvo como cuestión por definir, la exequibilidad del numeral 2º del artículo 154 del Decreto Ejecutivo 1421 de 21 de julio de 1993, cuya conexión con el citado artículo 77 de la Ley 49 de 1990 estaba dada por la reproducción que, mutatis mutandis, hizo de este numeral, observó que la similitud normativa advertida por la demandante, no implicaba extralimitación de la potestad impositiva, ni la creación de un tratamiento preferencial para el municipio de la sede industrial, respecto del hecho generador que se configurara en municipios diferentes.

Así mismo, la sentencia de 24 de junio de 1994(2), dictada en el proceso 5454, con ponencia del señor consejero Guillermo Chahín Lizcano, también citada por la demandada e, igualmente, por el tribunal en el presente asunto, avocó el tema en cuestión, expresando que, para el caso ahí ventilado, “conforme al artículo 77 de la Ley 49 de 1990, el impuesto de industria y comercio, por su actividad industrial (la de la demandante), debe ser cancelado en esta ciudad (la de la sede fabril), teniendo como base los ingresos brutos de su comercialización...”.

(1) Véase J y D., Nº 283, pág. 771 (N. del D.).

(2) Véase J y D. Nº 273, pág. 1131 (N. del D.).

Otras sentencias consultadas en el tema, como la de 11 de agosto de 1995, expediente 6062, Consejero Ponente, Dr. Delio Gómez Leyva, que remite a la de 24 de febrero de 1994, expediente 4638, del mismo consejero, se pronunciaron en el marco de situaciones análogas, con referencia expresa al comentado artículo 77 de la Ley 49 de 1990.

Dichos fallos destacan el hecho de que el artículo en mención, “normativamente no establece lo mismo que la Ley 14 de 1983, pues como ya tuvo oportunidad de expresarlo la Sala en la sentencia que declaró la nulidad del artículo 20, parágrafo del Acuerdo 001 de 1984, del Concejo de Sibaté, es diferente la regulación que sobre la base gravable para la actividad industrial establece la nueva ley con respecto a lo que había previsto la Ley 14 de 1983 en forma general para todas las actividades “industrial, comercial y de servicios” sometidas al impuesto de industria y comercio, “tan diferente, que obligó precisamente a expedir una nueva ley para cambiar o modificar un elemento de la obligación tributaria como lo es la base gravable en el impuesto de industria y comercio para el sector industrial”...”.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia(3), en la interpretación que hace del cuestionado artículo 77 de la Ley 49 de 1990, al pronunciarse por su exequibilidad, plantea las hipótesis del productor que, dentro o fuera de la sede industrial, vende directamente sus productos al consumidor o a un distribuidor mayorista o minorista, “siempre que ello no constituya en sí mismo ejercicio de actividad comercial”; y del productor que, dentro o fuera de la sede industrial, distribuye sus productos, a través de su propia infraestructura comercial, dotada de “puntos de fábrica, almacenes, locales (y) establecimientos de comercio...”.

(3) Véase la sentencia Nº 131 de octubre 17 de 1991, en J y D., Nº 241, pág. 43 (N. del D.).

En la primera hipótesis, añade la Corte, el productor despliega, “una inequívoca actividad industrial”, cuyo objetivo es, “colocar su producción”, caso en el que si la venta se realiza tanto en el municipio de la sede industrial, como en uno diferente, tributa en el primero de estos, sobre los ingresos brutos obtenidos en ambos, “siéndole vedado al segundo municipio (...), ejercer la potestad tributaria sobre la actividad industrial” (destacados fuera de texto).

En la segunda, que, al decir de la Corte, “diferente substancialmente” de la primera, el tributo tendría que satisfacer en los municipios en los que realice las ventas, sobre el promedio mensual de ingresos brutos determinado, conforme a los artículos 195 y 196 del Decreto 1333 de 1986.

Si las dos hipótesis se dieran simultáneamente, en un mismo municipio, esto es, explica la Corte, que el empresario actuara como industrial y comerciante, “responderá entonces en un caso como fabricante, habiendo de pagar el impuesto de industria y comercio únicamente en el municipio de la planta y como empresario industrial no puede ser gravado en municipio distinto; y en otro caso, como comerciante, tributará solamente al municipio en donde cumple la actividad de mercadeo, y que puede ser el mismo de la sede fabril, u otro municipio, si en cada uno de estos entes territoriales o en alguno de ellos actúa como comerciante, y sin que en ningún caso se grave al empresario industrial más de una vez sobre la misma base gravable...”.

Así las cosas, puesto el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, es suficientemente claro en cuanto a que el impuesto de la actividad industrial debe satisfacerse en el municipio de la sede fabril o industrial, teniendo por base imponible el total del ingreso bruto generado por la comercialización de la producción, no cabe duda de que, en el caso, el municipio de Manizales obró con sujeción a la aludida norma al haber adicionado, a los ingresos declarados, la fracción de los ingresos obtenidos por la demandante en la comercialización de su producción en otros municipios, excluidos injustificadamente de la base gravable en la sede industrial.

Es que la sustancial modificación introducida por el artículo 77 en cita, consistió, precisamente, en que, ante el municipio de la sede fabril, ya no es admisible la prueba de la comercialización de la producción en municipios diferentes, sino que es a éstos a los que se les debe probar que los bienes o productos vendidos en sus territorios, son fabricados o manufacturados por el vendedor y sobre los mismos se ha pagado el gravamen sobre la actividad industrial. Esto, obviamente con el propósito de que, como lo dice la Corte, no se liquide otro impuesto sobre la misma base gravable.

Como consecuencia, independientemente de la eficacia intrínseca de la prueba documental y contable aducida por la accionante, resulta perfectamente claro que la misma era notoriamente inconducente para el caso.

No está, pues, llamado a prosperar el recurso de que se conoce».

(Sentencia de diciembre 13 de 1996. Expediente 8017 Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

__________________________________